TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 699/2015-RRC-L

Sucre, 21 de septiembre de 2015


Expediente                        : La Paz 78/2010

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Felicidad Skarlem Tapia Márquez y otros

Delitos                : Ejercicio Indebido de Profesión y otros 

Magistrada relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 10 de marzo y 10 de abril de 2010, cursantes de fs. 245 a 252 vta. y de fs. 259 a 261, Felicidad Skarlem Tapia Márquez, Víctor Hugo Morales Torrico y Ronald Fausto Viscarra Olazabal, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 17/2010 de 22 de febrero, de fs. 223 a 226 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Empresa de Correos Bolivia (ECOBOL) representado por Alwyn Frank Choquehuanca Troche contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Ejercicio Indebido de Profesión, Uso de Instrumento Falsificado, Falsedad Material y Falsedad Ideológica, previstos y sancionados por los arts. 164, 203, 198 y 199 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)  Desarrollada la audiencia del juicio oral y público, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, por Sentencia 14/2009 de 14 de agosto (fs. 122 a 133), que declaró a Felicidad Skarlem Tapia Márquez, Víctor Hugo Morales Torrico y Ronald Fausto Viscarra Olazabal, autores y responsables de la comisión de los delitos de Ejercicio Indebido de Profesión, Uso de Instrumento Falsificado y Falsedad Ideológica, previstos y sancionados por los art. 164, 203 y 199 del CP, condenándoles a la pena de ocho años de reclusión, más el pago de costas a favor del Estado a calificarse en ejecución de Sentencia; asimismo, declaró absueltos de culpa y pena de la comisión del delito de Falsedad Material, previsto y sancionado por el art. 198 del CP.


b)  Contra la mencionada Sentencia, Felicidad Skarlem Tapia Márquez, Víctor Hugo Morales Torrico y Ronald Fausto Viscarra Olazabal, interpusieron recursos de apelación restringida (fs. 140 a 145 vta. y 165 a 167), resueltos por el Auto de Vista 17/2010 de 22 de febrero (fs. 223 a 226 vta.), emitido por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró improcedente los fundamentos de los citados recursos, y en consecuencia, confirmó la Sentencia.

I.1.1. Motivos de los recursos


La recurrente Felicidad Skarlem Tapia Márquez, alega vulneración del debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa por no habérsele notificado con la realización de la audiencia de fundamentación de la apelación restringida, considerando que en la misma ofreció prueba que demostrarían las falsedades cometidas contra su persona y las irregularidades del juicio, extremos que hizo conocer oportunamente presentando excepciones, pero que fueron rechazadas, entre las irregularidades, señala que su persona no fue notificada legalmente con las acusaciones fiscal y particular, ni con el Auto de apertura de juicio, realizándose las diligencias de notificación con testigos de actuación, sin indicar la razón por la que firman; además que los C.I Nº 3471961 LP y Nº 4244323 LP, según los datos del Servicio Nacional de Identificación Personal, el Kardex y Tarjeta prontuario de las referidas cédulas de identidad, el primero “SE ENCUENTRAN INCOMPLETOS EN LA DILIGENCIA CURSANTE A FS. 26…”(sic) registrando su domicilio en Villa Pabón, a kilómetros de donde se realizó la diligencia, y la segunda no corresponde a los referidos en la diligencia cometiéndose una falsedad, poniéndola en indefensión y desigualdad jurídica por desconocer los delitos que se le acusaban e impidiéndole presentar pruebas de descargo, defecto previsto en el art. 169 inc.1) y 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), emitiéndose la Sentencia sin tener en cuenta la existencia de estos defectos y lo referido por el Auto Supremo 442 de 19 de agosto de 2004; agrega que constituía una obligación del Tribunal de Sentencia, a través de la central de notificaciones, hacer cumplir lo establecido en el art. 163 del CPP para proceder a notificar con las debidas formalidades. Añade que, conforme el Auto de apertura, se instauró el proceso en base a la acusación fiscal, no así de la particular extrañándose su intervención, permitiéndoles interrogar, introducir prueba y participar en el juicio oral, con cuya permisión participativa del acusador particular, se incurrió en el defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP vulnerándose su derecho a la defensa, la igualdad procesal y el debido proceso, así como los defectos previstos por el art. 370 inc. 4), 6) y 11) del CPP; agrega que la Sentencia no podía basarse en elementos de prueba introducidos por el acusador particular y que fueron valoradas, existiendo “mala valoración de los elementos de prueba al momento de emitirse la Sentencia ahora apelada… no existe congruencia entre la Sentencia ahora apelada y la Acusación” (sic) señalándose en la fundamentación fáctica de la Sentencia la parte acusadora particular  en la primera hoja que se sustanció sobre la base de la acusación fiscal y particular consignada en el Auto de apertura, aspecto falso porque el acusador particular no fue mencionado ni individualizado, conforme se desprende de la primera página de la Sentencia, vulnerándose el art. 360 inc. 1) del CPP; contraviniendo lo referido en el “Auto de Vista 739 de 01 de diciembre de 2004” (sic) y vulnerándose el debido proceso. Sobre el Auto de Vista, manifiesta que esta Resolución convalida las irregularidades descritas precedentemente al afirmar que no constituye defecto la falta de mención del acusador particular porque se notificó a las partes con la Acusación Particular, además que la omisión en el Auto de apertura fue un acto consentido por la apelante por no evidenciarse algún reclamo de manera oportuna, cuando justamente se denunció falta de notificación con la acusación fiscal y particular; por cuanto, no podía realizar ningún reclamo, agrega que tampoco se le notificó con la audiencia de fundamentación de la apelación restringida coartando su derecho a demostrar la existencia de tales irregularidades. Refiere que para la realización de la audiencia de fundamentación se le notificó en la calle Potosí Nº 132 y no en el domicilio señalado en su memorial de apelación restringida, debido a que presentó su recurso patrocinada por un nuevo abogado defensor adjuntando al efecto el pase profesional, por lo cual no asistió a la misma, siendo suspendida y llamándose la atención al oficial de diligencias, señalándose otra fecha para ese acto procesal que le fue notificado en su domicilio procesal; sin embargo, también se suspendió el acto fijándose nueva fecha que erróneamente fue notificado en el domicilio procesal de la calle Potosí Nº 132; por cuanto, no asistió a la misma, no habiéndose cumplido con la finalidad de la notificación emitiéndose posteriormente el Auto de Vista sin considerar los agravios denunciados en su apelación restringida, negándole la oportunidad de presentar las pruebas ofrecidas respecto a los agravios causados por la Sentencia, causándole indefensión y vulneración del debido proceso al no ser notificada para asistir a la audiencia de fundamentación de la apelación. Al efecto transcribe los arts. 161, 162, 166 167, 169 inc. 3) del CPP y parte del Auto Supremo 442 de 19 de agosto de 2004.


En su acápite “VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA ABSOLUTA” reitera la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales debido a que en su apelación restringida ofreció pruebas testificales y documentales solicitando se señale audiencia de fundamentación que no se le notificó en el domicilio señalado en su recurso, emitiéndose el Auto de Vista confirmando la Sentencia que también vulneró sus derechos y garantías así como lo dispuesto en los arts. 160, 161, 162, 166, 167, 169. 410 y 412 del CPP, transcribiendo al efecto los citados arts. 410, 411 y 412.


Los recurrentes Víctor Hugo Morales Torrico y Ronald Fausto Vizcarra Olazabal denuncian que no fueron notificados con el señalamiento de la  audiencia de fundamentación del recurso de apelación restringida, y para su realización exigieron la presencia del fiscal, impidiéndole fundamentar y ampliar su recurso, vulnerando su derecho a la defensa y “violado la previsión del Art. 370 num.1), 3), 4), 5), 8) y 11) del Código de Procedimiento Penal” (sic) conculcándose los principios del debido proceso y legalidad causándole indefensión previstos por los arts. 162, 163 164, 166, 167, 169 y 170 del CPP.


I.1.2. Petitorio


Los recurrentes solicitan se declare fundado su recurso y se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, y se emita un nuevo fallo.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 314/2015-RA-L de 6 de julio, de fs. 323 a 326 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por Felicidad Skarlem Tapia Márquez y sólo el tercer motivo interpuesto por los imputados Víctor Hugo Morales Torrico y Ronald Fausto Vizcarra Olazabal, los cuales coinciden en denunciar la falta de notificación con el señalamiento de la realización de la audiencia de fundamentación de los recursos de apelación restringida.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, dictó Sentencia condenatoria en contra Felicidad Skarlem Tapia Márquez, Víctor Hugo Morales Torrico y Ronald Fausto Vizcarra Olazabal, por la comisión de los delito de Ejercicio Indebido de Profesión, Uso de Instrumento Falsificado y Falsedad Ideológica, imponiéndoles la sanción de ocho años de reclusión. Asimismo, declaró absueltos de la comisión del delito de Falsedad Material, en razón a que la prueba aportada fue insuficiente para generar convicción sobre su responsabilidad penal. Bajo los siguientes fundamentos:


i) Por la declaración de la coimputada Felicidad Skarlem Tapia Márquez, siendo egresada de la carrera de contaduría pública el año 2001, ingresó a trabajar a ECOBOL el año 2002, presentando la documentación solicitada y previo llenado de formulario, para trabajar como auditora junior; al emitir un informe que fue rechazado en razón a que su persona no era auditora, se realizó un proceso administrativo en el cual se le indicó que el título de administradora de empresas fue fraguado.


ii) Los coimputados Víctor Hugo Morales Torrico y Ronald Fausto se abstuvieron de declarar.


iii) De las declaraciones testificales de cargo se tiene que, los mismos tomaron conocimiento de los funcionarios que trabajaban en la empresa quienes eran profesionales y quienes no, habiendo los imputados firmado como licenciados la documentación del área de auditoría.


iv) Que, las literales MP-1, MP-2 y MP-3 fueron forjadas conforme los parámetros del art. 198 del CP, empero, no se demostró que se haya efectuado por los imputados, generando duda razonable al respecto.


v) Las pruebas MP-1, MP-2 y MP-3 consistentes en fotocopias de títulos en provisión nacional a nombre de Felicidad Skarlem Tapia Márquez, Víctor Hugo Morales Torrico y Ronald Fausto Vizcarra Olazabal, como licenciados en administración de empresas, corroboradas por las pruebas MP-5 y MP-6, según los Informes de DDA Nº 75/07 y 113/07 evacuados por el Jefe de  la División Documentos y Archivos de UMSA y del Oficio de Rectorado Nº 1208/07, se tiene que, en las gestiones 2001 y 2002 NO figuran los nombres de los imputados, indicando que las mismas son falsas y la caligrafía no corresponde a la UMSA, que los números son alterados y no guardan relación con la numeración que ellos manejan. Conforme la prueba MP-4 los imputados, con mano propia declaran en su hoja de registro personal y curriculum vitae como licenciados en administración de empresas, firmando la múltiple documentación que se arrima, con el grado académico de Licenciados. Las pruebas MP-7 a la MP-10 cotejadas con las pruebas PQ-2, PQ-4 y PQ-6 fueron resultas internamente por ECOBOL sobre la base de lo referido.


vi) La defensa de los imputados Víctor Hugo Morales Torrico y Ronald Fausto Vizcarra Olazabal, ofreció las pruebas codificadas como PD-2-A, PD-12 A y PD-1 B, PD-10 B consistentes en fotocopias de memorándums que no enervan ni destruyen las pruebas producidas por la acusación.   

II.2. De la apelación restringida.


Felicidad Skarlem Tapia Márquez, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 140 a 145 vta.) denunciando como agravios de la Sentencia:


i) Que, su persona no fue notificada con la acusación fiscal, ni con la  particular, hecho que vulnera sus derechos y garantías al dejarle en indefensión, debido a que supuestamente se le notificó en su domicilio real con la actuación de una testigo, insertándose datos falsos en la diligencia de notificación que no corresponden al Nº de cédula de la testigo Aleida Melean, conforme los datos del Servicio Nacional de Identificación Personal, incurriendo en el defecto absoluto previsto por el art. 169 incs. 1)  y 3) del CPP.


ii) Tampoco fue notificada con el Auto de apertura de juicio, haciendo constar en la diligencia de notificación un nombre ilegible, cuya firma sería del mismo Oficial de diligencias y la cédula de identidad no corresponde a los datos de la ficha Kardex del Servicio Nacional de Identificación Personal, dejándole en indefensión y desigualdad jurídica, desconociendo los datos de los acusadores y los delitos que le endilgaban.


iii) Conforme el Auto de apertura, el proceso se instauró a instancias del Ministerio Público; sin embargo, se permitió la participación del acusador particular permitiéndoles interrogar a los testigos, introducir prueba y participar en todos los actos del juicio, sin que en el referido Auto se establezca su participación, por cuanto no podía incorporar elementos probatorios, empero, ofreció e introdujo pruebas que fueron valoradas, incurriendo en el defecto previsto por el art. 370 inc. 4) del CPP; asimismo, no existiría congruencia entre la Sentencia y la acusación, debido a que se hace referencia a la acusación particular en la fundamentación fáctica, cuando la misma no fue base para la Apertura de juicio; otro aspecto que guarda relación con lo acusado es que en la Sentencia no se individualiza al acusador particular a objeto de demostrar la actividad procesal defectuosa ofrece pruebas documentales y testificales.


Por su parte, los coimputados Víctor Hugo Morales Torrico y Ronald Fausto Vizcarra Olazabal, argumentaron que:


i) Que, la Sentencia se basa en hechos inexistentes y no acreditados, como se hizo constar en su momento.


ii) Que, hicieron reserva de recurrir respecto al hecho de que el acusador particular carecía de un poder específico, sin embargo, se continuó con el juicio.


iii) La Sentencia carece de fundamentación vulnerando el art. 124 del CPP, por hacer una relación de los hechos en base a fotocopias presentadas por ambos acusadores, además, que los testigos de cargo no conocían a los imputados.


iv) Que, existe contradicción en la Sentencia cuando indican en su quinto punto: “dejando duda razonable en los miembros del Tribunal” (sic) Las pruebas MP-1, MP-2, MP-3 y MP-4 son documentos que nunca fueron aceptados como suyos, tampoco se realizó un estudio grafo técnico para avalar su autenticidad, además, que se trataban de simples fotocopias.


II.3.Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera de la ex Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, resolvió declarar improcedentes los argumentos de los recursos de apelación restringida, confirmando la Sentencia, en base a los siguientes fundamentos:


i) Que, la supuesta falta de notificación con la acusación fiscal, Auto de radicatoria, acusación particular y su decreto, fueron notificados a Felicidad Skarlem Tapia Márquez, el 7 de mayo de 2009 conforme la diligencia de fs. 26; mediante memorial de 15 de mayo del mismo año (fs. 28) Fernando Troche Gutiérrez devuelve el cedulón, el Auto de apertura de juicio es notificada a la imputada el día 18 de julio de 2009 (fs. 44) por cedulón, ante lo cual la imputada interpone recurso de reposición el 21 de julio  de 2009 (fs. 47 a 48), señalando que encontró el cedulón con el Auto de apertura de juicio pero que no fue notificada con la acusación fiscal ni particular, recurso rechazado por providencia de 21 de julio del citado año (fs. 49 vta.) en base al informe elevado por el Secretario; sin embargo, en la apelación restringida, la apelante refiere que los nombres y cedulas de los testigos de actuación, no coinciden según las fichas Kardex y Tarjetas prontuario, empero, la impugnante no presentó pruebas que demuestren dicha irregularidad que comprueben el defecto absoluto y la comisión de un delito, por cuanto no puede considerarse dicho extremo.


ii) Respecto a la denuncia de que en el Auto de apertura no se señale al acusador particular, el mismo no constituye un defecto absoluto en razón a que la imputada fue notificada con la acusación particular, notificaciones que son valederas hasta que no se demuestren las alegadas irregularidades, siendo de conocimiento de los imputados; además, dicha omisión constituye un acto consentido por la parte apelante, toda vez que en los actuados no se evidencia reclamo oportuno, precluyendo con la aceptación de los mismos.


iii) No constituye incongruencia el hecho de que se valoren pruebas presentadas por el acusador particular aun cuando no este mencionado en el Auto de apertura, conforme a las precisiones detalladas precedentemente.


iv) El poder presentado por el querellante la defensa de Felicidad Skarlem Tapia interpuso excepción de falta de acción que fue resuelta en Sentencia (fs. 101), decisión apelada por la defensa, sin embargo, en apelación restringida, no se establecen los elementos que causarían agravios con dicha decisión, además, que los apelantes no observaron el mismo a momento de asumir defensa permitiendo su convalidación,


v) Respecto a la vulneración del art. 124 del CPP, se tiene que la misma cuenta con una debida fundamentación intelectiva de hecho y derecho, con una fundamentación fáctica y una fundamentación jurídica así como de la pena, con una valoración integral de los elementos de prueba y tratándose de los delitos de Ejercicio Ilegal de Profesión Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Falsedad Material, se busca a través de la prueba testifical que los imputados hayan incurrido en los mismos, no siendo necesario que los conozcan personalmente, debido a que los testigos como funcionarios de ECOBOL señalaron que los imputados trabajaban en dicha entidad figurando en las planillas como licenciados en el área de auditoría y posterior a la investigación interna, se determinó que no contaban con el título profesional.


vi) Los imputados fueron absueltos por el delito de Falsedad Material, además, de no existir evidencia de que los imputados hubieran solicitado algún estudio grafo técnico de los documentos presentados.


vii) Que, el Ejercicio Indebido de Profesión está en función a las actividades y profesiones que requieren título o licencia para su ejercicio para evidenciar su idoneidad y proteger a la sociedad y las persona; se consuma con el hecho de ejercer aun cuando no exista daño.


viii) Conforme la nueva filosofía de la Ley 1970, la apelación restringida no es un medio para revalorizar la prueba, sino para ejercer control sobre la Sentencia y evidenciar errores de procedimiento o en la aplicación de las normas sustantivas, velando por los derechos y garantías constitucionales y la correcta aplicación de la ley.


III. VERIFICACIÓN DE LA VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN SU VERTIENTE DEL DERECHO A LA DEFENSA POR FALTA DE NOTIFICACIÓN CON LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA


Previo a desarrollar el análisis del caso, es preciso establecer en el ámbito legal, jurisprudencial y doctrinal, el entendimiento asumido por este alto Tribunal de Justicia respecto a la temática de vulneración del debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa por omisión o defectuosa notificación con la celebración de la audiencia de fundamentación del recurso de apelación restringida.


III.1. Fundamentos jurídicos

El Auto Supremo 255 de 18 de octubre de 2012, resolviendo un caso similar en el cual, entre otros agravios, se denunció vulneración del derecho a la defensa, en razón a la falta de comunicación correcta y efectiva del señalamiento de la audiencia de fundamentación oral del recurso de apelación restringida, debido a que se notificó en un domicilio procesal incorrecto, pese a existir un señalamiento expreso del domicilio procesal, hecho que impidió la asistencia de la impugnante para producir la prueba que ofreció en su recurso de apelación restringida, emitió la siguiente doctrina legal:


“De igual manera, se violentan los derechos a la defensa y al debido proceso supra referidos, cuando las partes, no obstante haberse apersonado ante un Juez o Tribunal, y constituido o señalado domicilio real o procesal, este último, destinado para que se practiquen en él, las diligencias de notificación con las resoluciones que se emitan dentro del proceso, resultan ser notificados en un domicilio distinto, hecho que les impide el conocimiento oportuno de las actuaciones efectuadas en el proceso. En el caso analizado, la falta de notificación legal con el señalamiento de audiencia de fundamentación oral del recurso de apelación restringida, en el que se ofreció producir prueba conforme al art. 412 del CPP, violenta el derecho a la defensa y al debido proceso, y es contrario al principio de publicidad en la administración de justicia, puesto que si las actuaciones o decisiones no son públicas, difícilmente los sujetos procesales tendrán la posibilidad de ejercer la contradicción al interior del proceso respectivo; sobre el particular, el art. 5 concordante con el 84 del CPP señala: ...El imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las Convenciones y los Tratados Internacionales vigentes y este Código le reconozcan, desde el primer acto del proceso hasta su finalización, uno de esos derechos, es precisamente el de ser debidamente informado en las diversas instancias del proceso, que permite materializar dentro de este, el derecho a la defensa en igualdad de condiciones, y en de definitiva, ejercer su derecho a ser oído (art. 1 del CPP)”.


III. 2 Análisis del caso concreto


Constando los antecedentes del caso, el fundamento jurídico aplicable al motivo traído en casación y, siendo que los motivos de los recurrentes son coincidentes al señalar que no fueron notificados con la fecha de audiencia de fundamentación del recurso de apelación restringida, provocándoles indefensión, el mismo será resuelta de manera conjunta a objeto de verificar si el Auto de Vista impugnado vulneró el citado derecho de los recurrentes.


Tomando en cuenta que los recurrentes Felicidad Skarlem Tapia Márquez, Víctor Hugo Morales Torrico y Ronald Fausto Vizcarra Olazabal, principalmente denuncian vulneración de su derecho a la defensa, conviene señalar que, si bien el mismo se encuentra inmerso dentro de la garantía y derecho al debido proceso, el constituyente lo consagró en el nuevo orden constitucional de manera independiente, así el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), señala: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones", precepto que distingue esta garantía fundamental, y que debe ser interpretada siempre conforme al principio de favorabilidad, antes que restrictivamente, sea cual fuere la característica del proceso (administrativo, judicial o constitucional).  Con ese antecedente, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional y la del propio Tribunal Supremo de Justicia, al referirse al derecho a la defensa resaltó sus alcances señalando, que es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que un segundo elemento o alcance, es el entendido como el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme al procedimiento preestablecido y por ello mismo, resulta inviolable por las personas o cualesquier autoridad.


Ingresando en análisis del caso, la denuncia efectuada por los recurrentes se centra en el hecho de que se hubiera vulnerado su derecho a la defensa debido a que, posiblemente no fueron notificados en la fecha de realización de la audiencia de fundamentación de los recursos de apelación restringida; en el caso de la coimputada Felicidad Skarlem Tapia Márquez, porque no fue notificada en su domicilio procesal correcto, pese a que en su recurso señaló de manera precisa la nueva dirección a efecto de su notificación en razón al cambio de su abogado patrocinante, estando impedida de asistir a dicha audiencia y producir la prueba que a decir de la recurrente- demostrarían los defectos procesales en los que incurrió el Tribunal de Sentencia, pruebas que habrían sido ofrecidas en su recurso de apelación restringida. Con relación a los coimputados Víctor Hugo Morales Torrico y Ronald Fausto Vizcarra Olazabal, éstos manifiestan que tampoco fueron notificados con la fecha de audiencia, exigiendo para la realización del mismo, la presencia del Fiscal, impidiéndoles ampliar y fundamentar su recurso.


Revisados los antecedentes del proceso, se advierte que la recurrente Felicidad Skarlem Tapia Márquez, en su recurso de apelación restringida, en el otrosí, manifiesta: “De conformidad a las previsiones establecidas en el artículo 410 del Código de Procedimiento Penal, con el objeto de demostrar actividad procesal defectuosa ofrezco los siguientes medios de prueba: PRUEBA DOCUMENTAL 1) Fotocopia legalizada de la ficha Kardex y tarjeta prontuario de la Cédula de Identidad Nº 3471961 L.P. 2) Fotocopia legalizada de la ficha Kardex y tarjeta prontuario de la Cédula de Identidad Nº 4244323 L.P.; 3) La diligencia de notificación cursante a fs. 26 del cuaderno de juicio del presente caso; 4) La diligencia de notificación cursante a fojas 44 del cuaderno de juicio del presente caso; 5) El Auto de Apertura de Juicio de fecha 13 de junio de 2009, cursante a fojas 42 y 43  del cuaderno de juicio del presente caso; 6) La Sentencia Nº TS-1 LP Nº. 14/2009 de fecha 14 de agosto de 2009 emitida por el Tribunal de Sentencia Primero del Distrito de La Paz;  PRUEBA TESTIFICAL: JUAN CARLOS PEREZ AGUIRRE, mayor de edad hábil por derecho, vecino de esta ciudad, FLORA ALEYDA MILLAN VILLAGOMEZ, mayor de edad, hábil por derecho, vecino de esta ciudad” (sic); por otro lado, en su otrosí segundo solicita: “Remitido el presente recurso ante el superior en grado, al amparo del artículo 412 de la ley 1970 solicito se señale día y hora de Audiencia Pública de producción de prueba y fundamentación oral donde me reservo el derecho de ampliar en forma oral el presente y poder aportar mayores elementos probatorios. (…) OTROSÏ 4º Señalo NUEVO DOMICILIO PROCESAL en la calle Yanacocha Nº 290, Edificio Casanovas Piso 08 Oficina 803” (sic). Mereciendo la providencia de 18 de septiembre de 2009 que en lo pertinente al caso en análisis señaló: “AL OTROSÍ.- Se tiene por ofrecidas. AL OTROSÍ 2.- Se tendrá presente por el Tribunal de Alzada (…) AL OTROSI 4.- Por señalado el nuevo domicilio procesal” (sic) (El resaltado es propio). 


Por su parte, los coimputados Víctor Hugo Morales Torrico y Ronald Fausto Vizcarra Olazabal en el otrosí 2º de su recurso de apelación restringida manifiestan: “Asimismo, de conformidad al Art. 412 de  la Ley 1970, solicito señale día y hora de audiencia de prueba y fundamentación del presente recurso (…) OTROSI 4ro.- Señalamos como domicilio Procesal calle Potosí Nº. 1321. Edf. Max Salzmann  4to piso of. 407” (sic)”, mereciendo el decreto de 7 de octubre de 2009: "AL OTROSÍ 2do.- Se considerará por el Tribunal de Alzada.  AL OTROSI 4to.- Por señalado" (sic) (El resaltado nos corresponde).


Remitidos los antecedentes ante el Tribunal de apelación, por proveído de 30 de noviembre de 2009, se señaló fecha de audiencia de fundamentación de los recursos de apelación restringida, para el miércoles nueve (9) de diciembre de 2009 (fs. 212), notificándose a los imputados Felicidad Skarlem Tapia Márquez, Víctor Hugo Morales Torrico y Ronald Fausto Vizcarra Olazabal de manera conjunta el 8 de diciembre de 2009 en la oficina del Abogado, Dr. Federico Candia Rojas, ubicada en el Edif. Max Salzmann, piso 4to oficina 407, con firma de recepción de Fernando Tejada (fs. 213). Instaurada la audiencia en la fecha señalada, el nuevo abogado de la coimputada Felicidad Skarlem Tapia Márquez, manifestó que no se encontraba presente su defendida debido a que tomó conocimiento recién a medio día de la realización de la audiencia, ello en razón a que no fue notificada en su nuevo domicilio procesal señalado en su memorial de apelación restringida, razón por la cual, los de alzada determinaron suspender la audiencia, señalando que la notificación con la nueva fecha se realice en el nuevo domicilio de la coimputada; por proveído de 21 de diciembre de 2009 (fs. 215), se fijó fecha para el jueves 24 de diciembre del citado año, notificándose a los imputados el 23 de diciembre (fs. 216); sin embargo, el día señalado para la audiencia, pese a encontrarse presentes los acusados, la misma fue suspendida debido a que uno de los miembros de la Sala se encontraba celebrando una audiencia de amparo constitucional, difiriéndose la realización de la audiencia de fundamentación para el día jueves 14 de enero de 2010 mediante proveído de 5 de enero del referido año.  Ahora bien, los imputados fueron notificados el día 12 de enero de 2010 de manera conjunta en la oficina del Abogado Dr. Federico Candia Rojas, ubicada en la calle Potosí Nº 1321, Edif. Max Salzmann, piso 4to oficina 407 (fs. 219). Instaurada la audiencia en la fecha señalada, la secretaria de cámara informó sobre las notificaciones  encontrándose presentes el representante del Ministerio Público, el abogado del acusador particular y ausente la parte procesada; la Presidenta de la Sala Penal Tercera manifestando haberse cumplido con las notificaciones y no encontrándose presentes los imputados, determinó que obrados pasen a despacho para resolución.


En ese contexto, se evidencia que la coimputada Felicidad Skarlem Tapia Márquez, fue notificada con la última fecha señalada para la celebración de la audiencia de fundamentación de los recursos de apelación restringida en su antiguo domicilio procesal ubicado en la calle Potosí Nº 1321, Edif. Max Salzmann of. 407 del 4to piso, pese a que existía el antecedente de que se suspendió la primera fecha de la celebración de la audiencia justamente porque fue notificada en su anterior domicilio y no en el nuevo señalado en su memorial de apelación, incluso se llamó la atención al oficial de diligencias, disponiéndose que en caso de reiterarse el error se comunicaría al Consejo de la Judicatura (fs. 214 vta.).


En lo que concierne a los coimputados Víctor Hugo Morales Torrico y Ronald Fausto Vizcarra Olazabal, se tiene que los mismos fueron debidamente notificados en su domicilio procesal ubicado en la calle Potosí Nº 1321, Edif. Max Salzmann, piso 4to oficina 407 (fs. 219), por cuanto asumieron conocimiento de la fecha fijada para la realización de la audiencia de fundamentación del recurso de apelación restringida, no siendo cierto ni evidente la expresado por los coimputados de que no fueron notificados con esta fecha; asimismo, no resulta correcta alegar que se vulneraron sus derechos, en especial de la defensa  al impedírseles fundamentar y ampliar su recurso.


Debe tenerse presente que la audiencia de fundamentación prevista en el art. 412 del CPP, es un derecho de las partes y tiene vital importancia especialmente para quien ha ofrecido producir prueba, en la que además, puede efectuar una fundamentación complementaria al recurso de apelación restringida en su cometido de impugnación de la Sentencia, argumentos que serán sometidos a consideración del Tribunal de apelación, instancia que conforme al párrafo tercero del art. 412 del CPP, podrá interrogar libremente a los recurrentes sobre los aspectos insuficientes de la fundamentación o de la solución propuesta, la doctrina que sustenta sus pretensiones o la jurisprudencia que se utilizó, sin que ello implique prejuzgamiento; dentro de ese marco, este Tribunal concluye que, la denuncia de vulneración del derecho a la defensa efectuada por la recurrente, resulta evidente, puesto que habiendo solicitado y ofrecido prueba que según su criterio- demostraría los defectos procesales en los que incurrió el Tribunal de Sentencia, se vio imposibilitada de hacerlo, en razón a la errónea notificación efectuada en un domicilio distinto al que señaló en su memorial de apelación restringida, lo que impidió que tuviera conocimiento del día y hora en que debía efectuarse dicho actuado, lo que también trae como consecuencia, la vulneración del debido proceso consagrado en la Constitución Política del Estado concordante con el art. 1 del CPP, cuando señala que nadie será condenado a sanción alguna si no es por Sentencia ejecutoriada, dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral y público, celebrado conforme a la Constitución, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el Código Procesal Penal, por cuanto el recurso de casación interpuesto por la recurrente Felicidad Skarlem Tapia Márquez, deviene en fundado.


Cabe aclarar, que en el caso de los coimputados Víctor Hugo Morales Torrico y Ronald Fausto Vizcarra Olazabal, quienes también alegaron restricción de su derecho a la defensa por omisión de notificación con la fecha de realización de la audiencia de fundamentación, el motivo denunciado no resulta evidente porque los mismos fueron debidamente notificados en su domicilio procesal, conforme se tiene expuesto precedentemente, deviniendo su denuncia en infundada. 


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Felicidad Skarlem Tapia Márquez, de fs. 245 a 252 vta. e INFUNDADO el recurso de los coimputados Víctor Hugo Morales Torrico y Ronald Fausto Vizcarra Olazabal, de fs. 259 a 261, conforme los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del precitado art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 17/2010 de 22 de febrero, de fs. 223 a 226 vta., disponiendo que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo a resolver los recursos de apelación restringida, señale fecha de audiencia de fundamentación, en conformidad a los fundamentos jurídicos establecidos en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus presidentes, pongan en conocimiento de los jueces en materia penal de su jurisdicción.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA