TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 696/2015-RRC-L

Sucre, 21 de septiembre de 2015


Expediente        : Santa Cruz 44/2011

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Luis Alberto Sotocorno Gómez y otra

Delitos        : Falsedad Material y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Martiza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 21 de febrero de 2011, cursante de fs. 369 a 372, Rosario López Pesoa, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 13 de diciembre de 2010, cursante de fs. 357 a 360, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la recurrente contra Luis Alberto Sotocorno Gómez y Silvia Patricia Vera de Sotocorno, por los delitos de Falsedad Material e Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 203 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)  En mérito a la acusación pública (fs. 6 a 10) y particular presentada por Rosario López Pesoa (fs. 17 a 21 vta.), desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia de 18 de mayo de 2010 (fs. 308 a 313 vta.), por la que absolvió de culpa y pena a los imputados Luis Alberto Sotocorno Gómez y Silvia Patricia Vera de Sotocorno, por los delitos de Falsedad Material e Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 203 y 337 del CP, dejando sin efecto las medidas cautelares personales que se les hubiere impuesto.


b)  Contra la mencionada Sentencia, Carmen Subirana Flores, apoderada de la acusadora particular Rosario López Pesoa, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 329 a 333), resuelto por Auto de Vista de 13 de diciembre de 2010 (fs. 357 a 360), dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz (fs. 357 a 360), que declaró admisible e improcedente el recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando el recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 487/2015-RA-L de 13 de agosto (fs. 389 a 391 vta.), se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre los cuales este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del  Código de Procedimiento Penal (CPP).


La recurrente previa mención a los cuatro motivos que fueron objeto de apelación restringida, señala que el Tribunal a quo, en una actitud parcializada le negó su derecho a participar como testigo y víctima, afirmando que el Tribunal de alzada no se pronunció respecto a los puntos apelados, limitando su accionar a realizar consideraciones intrascendentes y una relación de lo que puede hacer el Tribunal y nada más, vulnerándose sus derechos y garantías constitucionales como el debido proceso, igualdad judicial y legalidad pregonados en los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE) y los arts. 12, 13, 167, 169 inc. 3), 172, 173, 345, 346, 350 y 356 del CPP, los cuales debieron ser restaurados por el Tribunal de alzada.    


I.1.2. Petitorio


La recurrente solicita que en una verdadera expresión de justicia, se restauren sus derechos y garantías constitucionales, el debido proceso y el principio de igualdad de las partes casando el Auto de Vista, disponiéndose la devolución de obrados a la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de Santa Cruz, para que dicte nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal aplicable.


I.1.3. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 487/2015-RA-L de 13 de agosto, cursante de fs. 389 a 391 vta., este Tribunal determinó la admisión de recurso de casación para el análisis de fondo vía flexibilización.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


El Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia de 18 de mayo de 2010, por la que absolvió a los imputados Luis Alberto Sotocorno Gómez y Silvia Patricia Vera de Sotocorno, por los delitos de Falsedad Material e Ideológica, con base a los siguientes fundamentos: i) Se constató que la querellante Rosario López Pesoa, es propietaria del lote de terreno ubicado en la UV.59. Manzana 61, Lote 18, con una superficie de 400 mts. 2, debidamente registrado en Derechos Reales; ii) Los imputados no son autores de los delitos endilgados, por no haber adecuado sus conductas a las previsiones estipuladas en nuestro ordenamiento jurídico, conclusión que emerge de la valoración de todos los elementos de prueba conforme a los arts. 171 y 173 del CPP; y, iii) No se demostró la existencia de firmas falsificadas en los documentos impugnados referentes a la transferencia del inmueble y su reconocimiento de firmas, tampoco el dolo en el actuar de los imputados Luis Alberto Sotocorno Gómez y Silvia Patricia Vera de Sotocorno.


II.2. De la apelación restringida.


Carmen Subirana Flores, en su condición de apoderada de la acusadora particular Rosario López Pesoa, por memorial de fs. 329 a 332 vta., interpuso recurso de apelación restringida con los siguientes argumentos vinculados al recurso de casación: Denunció inobservancia de la ley adjetiva penal, expresando que el Tribunal de juicio, no dio correcta aplicación al art. 350 del CPP, norma que de ninguna manera impide la declaración de un testigo; en el caso, a su poderdante se le negó prestar su declaración en el juicio, constando en el acta de registro del juicio oral la protesta de apelación restringida; por otra parte, el art. 356 del CPP, permite la participación de la víctima aunque no hubiere participado en el proceso, derecho que también se le negó por la presidenta del Tribunal, acusando el citado artículo también de inobservado, vulnerándose sus derechos y garantías constitucionales como el debido proceso e igualdad de las partes pregonados en los arts. 115 y 119 de la CPE y los arts. 12, 13, 167, 169 inc. 3), 172, 173, 345, 346, 350 y 356 del CPP.


II.3.Del Auto de Vista.


Radicado el proceso en la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista de 13 de noviembre de 2010, declarando admisible e improcedente el recurso de apelación restringida; en base a los siguientes fundamentos: a) El Tribunal Sexto de Sentencia, al dictar el fallo judicial apelado ha procedido en forma correcta y tomando en cuenta la doctrina legal aplicable, sin incurrir en ningún defecto previsto por el art. 370 del CPP; además, ha valorado correctamente la prueba ofrecida por ambas partes, fundamentando correctamente las razones por las cuales le otorgan un determinado valor; b) De la revisión de los datos del proceso se evidencia que las acciones no habrían ido ejecutados por los imputados, además de que no existe elemento subjetivo traducido en dolo falsario o voluntad de alterar conscientemente la verdad por medio de una acción que quiera trastocar la realidad convirtiendo en veraz lo que no es; c) La recurrente no ha cumplido con las condiciones exigidas por el art. 408 del CPP, ya que no hace una expresión de agravios, no cita las leyes que considera violadas o erróneamente aplicadas ni cuál la aplicación que se pretende.


III. VERIFICACIÓN DE LA VULNERACION DE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN EL AUTO DE VISTA IMPUGNADO


Conforme el Auto Supremo de admisión, el recurso de casación se admitió vía flexibilización, por tal razón, corresponde verificar si efectivamente hubo vulneración a los derechos y garantías constitucionales del debido proceso e igualdad de las partes denunciados por la recurrente en el Auto de Vista impugnado.


III.1. Jurisprudencia sobre el principio de trascendencia 


Este Tribunal, mediante el Auto Supremo 550/2014-RRC de 15 de octubre, se refirió sobre las nulidades y sobre el principio de trascendencia entre otros; indicando: La nulidad procesal, de manera general, significa castigar con ineficacia algún acto jurídico llevado a cabo en el proceso con inobservancia de algunos de los requisitos que la ley establece para su validez.


En la legislación boliviana, el Código de Procedimiento Penal, en la primera parte (Parte General), Libro Tercero, Título VIII, establece el sistema de control de la actividad procesal defectuosa, que de forma implícita regula el régimen de nulidades en materia procesal penal, estableciendo en el art. 167: “No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado.


En los casos y formas previstos por este Código, las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causaran agravio”.


Por otra parte, el art. 169 del mismo cuerpo legal señala “No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a:


1. La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria;


2. La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece;


3. Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y,


4. Los que estén expresamente sancionados con nulidad” (Las negrillas son nuestras).


El art. 170 del CPP, refiere: “Los defectos relativos quedarán convalidados en los siguientes casos:


1. Cuando las partes no hayan solicitado oportunamente que sean subsanados;


2. Cuando quienes tengan derecho a solicitarlo hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto; y,


3. Si no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin con respecto a todos los interesados” (Las negrillas son nuestras).


Los defectos previamente descritos, se encuentran directamente vinculados a los principios procesales que rigen las nulidades, cuya finalidad es la de asegurar la garantía jurisdiccional de la defensa (art. 15 parágrafo III de la CPE); sin embargo, la nulidad procesal encuentra su límite en los principios que la rigen y a su vez excluyen los actos de la nulidad procesal; pues, bajo ningún aspecto se puede consentir el uso indiscriminado de esta institución, que de forma lógica atenta al principio de celeridad que es una de las características principales de nuestro actual sistema procesal, por lo que resulta trascendental  dejar sentando que no todo defecto y/o irregularidad en un acto procesal o en un procedimiento tiene como efecto la nulidad, tal cual señala nuestra normativa.


Entre los principios que rigen las nulidades procesales, se tiene entre otros, los siguientes:


El principio de legalidad o especificidad, señala, no hay  nulidad sin texto (pas de nullite sans texte); es decir, que el acto procesal irregular reclamado, debe estar castigado con nulidad de manera expresa en la ley, no siendo suficiente que la ley procesal establezca ciertas formalidades, y que ante su omisión o incumplimiento, se produzca la nulidad, sino, ella debe estar específicamente predeterminada en aquella Ley.


El principio de finalidad de las formas o de instrumentalidad de las nulidades procesales, mantiene que las nulidades no tienen como fin establecer el incumplimiento de las formas procesales, sino, sostiene que los actos procesales son válidos si han cumplido sus efectos, no obstante que hubiese algún defecto formal; es decir, cuando la normativa establece la exigencia de ciertos requisitos para el cumplimiento de un acto procesal, pero esa formalidad no se encuentra sancionada con nulidad de forma expresa, el acto será válido aunque haya sido realizado de forma distinta y haya cumplido su fin o su propósito.


El principio de convalidación, establece la posibilitad de subsanar el acto procesal, constituye un remedio procesal que evita que el acto sea declarado nulo por su efecto “saneador”. Nuestra normativa procesal penal, consagra este principio en el art. 170 del CPP -transcrito anteriormente- estableciendo los supuestos en los que la nulidad queda convalidada. Es preciso recalcar que la invalidez de un acto, necesariamente debe ser estudiada en función a la trascendencia del vicio o defecto alegado, respecto a la garantía alegada como infringida, consecuentemente, no opera contra actos castigados con nulidad absoluta, por ser inconvalidables.


El principio de trascendencia (pas nullite sans grief), que significa que “no hay nulidad sin perjuicio”; es decir, que únicamente es posible declarar la nulidad, cuando los defectos procedimentales denunciados provoquen un daño de tal magnitud que dejen en indefensión material a las partes y sea determinante para la decisión adoptada en el proceso judicial, debiendo quedar claro que de no haberse producido dicho defecto, el resultado sería otro, o que el vicio impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido. Para que opere la nulidad (art. 169 del CPP), quien la solicite debe: i)  Alegar el perjuicio o daño, señalando de forma clara, cuál el acto que no pudo realizar o que se realizó incumpliendo las formas procesales, no resultando suficiente una invocación genérica de algún defecto, sin explicación clara y precisa de dichas circunstancias; ii) Debe acreditar de forma específica la existencia de perjuicio cierto, concreto y real en desmedro de sus derechos y/o garantías constitucionales, demostrando que la única forma de enmendar el error es por medio de la declaratoria de nulidad; iii) Debe existir interés jurídico en la subsanación, por lo que  quien solicita nulidad, debe explicar por qué la solicita, toda vez que el argumento de impetrante es el que permite, al juzgador, establecer el ámbito de pronunciamiento. 


El principio de protección, referido a que nadie puede solicitar la invalidez de un acto cuando esa es la parte que provocó la causal de nulidad, aplicándose el aforismo “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, que interpreta como “nadie será oído si alega su propia torpeza”, pues nadie puede ir legítimamente contra sus propios actos.


El principio de Subsanación, que establece que no hay nulidad si el vicio alegado, no influye en el sentido o resultado del fallo o en las consecuencias del acto viciado, por lo que puede ser objeto de subsanación sin que afecte al fondo del proceso.


Todos estos principios (y otros que no fueron citados) orientadores de las nulidades, deben ser interpretados de manera restrictiva cuando se alegue nulidad. Se debe tomar en cuenta el interés y la magnitud del detrimento ocasionado, toda vez que “no hay nulidad por la nulidad misma”, sino, requiere para su declaración, que el incumplimiento de las formas se traduzca en un efectivo detrimento a los intereses de la defensa; es decir, que este tenga relevancia constitucional, lo contrario implicaría aceptar nulidades con base en un excesivo formalismo, que en muchos de los casos daría lugar a la invalidación de una gran cantidad de actos y en algunos casos de procesos, afectando con ello la búsqueda de la verdad material, por errores u omisiones involuntarias, en clara infracción al principio de celeridad (art. 115.II de la CPE) (negrillas propias).


En este marco doctrinal y jurisprudencial que antecede, entre otras cosas tenemos que, las irregularidades que originan una nulidad y por ende la invalidación de lo actuado, solo serán en aquellas que son trascendentes para la salud del proceso, claro está, siempre y cuando tengan una incidencia; además de ello, para que opere o pretenda la nulidad, necesariamente debe cumplir requisitos, los cuales se encuentran detallados en la jurisprudencia que antecede y que otorgan efectividad en la aplicación del principio de trascendencia.    


Análisis del caso concreto.


De la revisión de la acusación particular (fs. 17 a 21 vta.), se advierte que la acusadora particular Rosario López Pesoa, fue ofrecida como testigo; sin embargo, en la etapa de producción de prueba conforme el acta de registro del juicio oral (fs. 239 a 241 vta.), en el momento en que la parte acusadora intentó incorporar como prueba la declaración testifical de la víctima, el Juez Técnico hizo notar a la presidenta del Tribunal que la testigo estuvo presente en la audiencia y siendo querellante no podía estar en la misma; al respecto, la Juez Técnico presidenta del Tribunal, señaló que ese aspecto debió prever la defensa de la acusadora Rosario Pesoa y para evitar nulidades, dispuso que no declare como testigo en aplicación del segundo párrafo del art. 350 del CPP, acto seguido la víctima por intermedio de su abogado realizó protesta de apelación restringida.     


Por otra parte, concluida la exposición de las conclusiones de las partes (acta de registro de juicio de fs. 303 a 307), el imputado Luis Alberto Sotocorno Gómez, intervino con derecho a la última palabra conforme el último párrafo del art. 356 del CPP; sin embargo, cuando el abogado de la acusadora particular solicitó se le conceda la palabra a la víctima para que pueda intervenir y decir su verdad, la presidenta del Tribunal, expresó que no solicitó la palabra a tiempo y que el Tribunal se retira a deliberar.   


Ahora bien, la denuncia de la recurrente, versa fundamentalmente en la vulneración de la ley adjetiva procesal penal, concretamente los arts. 350 y 356 del CPP, los que permiten la participación de la víctima como testigo en el juicio y a intervenir antes del cierre del debate, aun así no hubiese participado en el proceso, en el caso, al restringirse su intervención, se hubiese vulnerado el debido proceso y el principio de igualdad de las partes, sobre cuya denuncia no se pronunció el Tribunal de alzada, pese a que se reclamó en apelación restringida, para cuyo efecto corresponde realizar algunas consideraciones previas.


De acuerdo a los antecedentes del proceso, nótese que la negativa para que no intervenga la víctima como testigo, fue una determinación personal de la presidenta del Tribunal de juicio; sin embargo, pese a que la acusadora particular por intermedio de su abogado realizó protesta de apelación restringida, no utilizó los medios de impugnación adecuados; es decir, ante la negativa de la presidenta del Tribunal, conforme el art. 401 del CPP, correspondía la interposición del recurso de reposición, puesto que la decisión de la presidenta fue un providencia de mero trámite, la misma que de acuerdo al segundo párrafo del art. 338 del CPP, debió ser resuelto por el Tribunal en pleno; y, en caso de negativa de dicho Tribunal, recién correspondía realizar la protesta de apelación restringida. 


Consiguientemente, si el Tribunal de alzada no se pronunció al respecto, eso no conlleva o incidirá en el resultado, pues en el hipotético caso de que este Tribunal anule el Auto de Vista para que la Sala Penal se pronuncie sobre dicho aspecto, pues llegaríamos al mismo resultado, justamente porque la recurrente no activo un medio expedito y previsto en el ordenamiento jurídico como es el recurso de reposición y por ende, el nuevo Auto de Vista tendría el mismo razonamiento que ahora se realiza, en este sentido, como se dijo, correspondía que ante la  referida negativa se utilice el alcance del art. 401 del CPP y con la respuesta de la misma, realizar la protesta de apelación restringida conforme a procedimiento, para que así recién el Tribunal de alzada pueda ingresar a dilucidar la presente denuncia. 


En este sentido, si bien la victima efectivamente podía ser testigo, no es menos cierto que el anular obrados por este hecho, no resulta trascendente constitucionalmente y relevante jurídicamente para llegar a otro resultado, justamente porque no provoca un daño material que haya dejado en indefensión absoluta a la querellante y que la presunta vulneración haya sido acreditada en este sentido; pues su declaración no cambiara el alcance de la determinación jurisdiccional, más aun si en el marco de la objetividad, se han valorado en su conjunto las pruebas testificales y documentales de cargo, y por ende, la declaración de la víctima en calidad de testigo, no podría cambiar radicalmente el sentido de la Sentencia; por eso mismo, no se evidencia una situación que justifique anular un acto y por eso mismo, que afecte derechos y garantías constitucionales.

 

En cuanto a la negativa de la intervención de la acusadora particular en su condición de víctima antes de la clausura del debate, en los términos del quinto párrafo del art. 356 del CPP, concordante con los arts. 11 y 12 del mismo Código, cabe expresar que es un derecho que le asiste a la víctima para que pueda expresar su criterio personal respecto a la acusación que presento, pero la Presidenta del Tribunal rechazó su participación con el argumento de que no solicitó la palabra a tiempo y por ende ingresó inmediatamente a la fase de la deliberación del proceso.

   

En este marco, la omisión de la Presidente del Tribunal de juicio, a prima facie conllevaría a disponer la nulidad de obrados; sin embargo, es importante tomar en cuenta que en materia de nulidades procesales rigen principios que deben ser estrictamente observados antes de determinar una nulidad y para ese efecto debemos remitirnos a la jurisprudencia descrita del apartado III.1 de la presente resolución y que hace parte del principio de trascendencia; así dicha jurisprudencia estableció que quien alega la nulidad debe: “i)  Alegar el perjuicio o daño, señalando de forma clara, cuál el acto que no pudo realizar o que se realizó incumpliendo las formas procesales, no resultando suficiente una invocación genérica de algún defecto, sin explicación clara y precisa de dichas circunstancias; ii) Debe acreditar de forma específica la existencia de perjuicio cierto, concreto y real en desmedro de sus derechos y/o garantías constitucionales, demostrando que la única forma de enmendar el error es por medio de la declaratoria de nulidad; iii) Debe existir interés jurídico en la subsanación, por lo que  quien solicita nulidad, debe explicar por qué la solicita, toda vez que el argumento de impetrante es el que permite, al juzgador, establecer el ámbito de pronunciamiento”. 


En este sentido, si bien en el recurso de casación la recurrente identifico él y los actos que no pudieron ser realizados, sin embargo de ello, no alego mínimamente el perjuicio o daño de dicha irregularidad; menos acredito de manera clara, objetiva y específica, la existencia de perjuicio cierto, concreto y real en desmedro de sus derechos, demostrando así que la única forma de enmendar el error es por medio de la nulidad de obrados como así exige la jurisprudencia de carácter vinculante; por ello mismo, este Tribunal entiende objetivamente y en el marco de los principios que rigen la materia, que en caso de nulidad se llegaría al mismo resultado sin ninguna trascendencia para el efecto. En coherencia con lo referido, se tiene el principio de trascendencia que establece que, no hay nulidad de forma si la alteración procesal no tiene vital importancia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, responde a la máxima “no hay nulidad sin perjuicio”, no pudiendo hacerse valer la nulidad cuando las partes no han sufrido un gravamen con la infracción; por otra parte, el principio de conservación, que impone al juzgador procurar la conservación de los actos procesales cuando el vicio inexistente en el acto no produce indefensión de las partes; en la problemática en particular -como se dijo-  así hubiese participado la víctima como testigo e intervenido antes de clausurado el debate, no era determinante para la decisión final adoptada por el Tribunal de Sentencia; es decir, el resultado final hubiese sido el mismo; esto es, la absolución de los imputados; por cuanto, para esta determinación  el Tribunal de juicio valoró otros medios probatorios incorporados al juicio los que sirvieron de sustento para la decisión, de tal forma que, la participación de la acusadora en su condición de víctima, no hubiese generado convicción para la condena de los imputados; en consecuencia, la nulidad de obrados pretendida no se encuentra embestida de relevancia constitucional, en todo caso, se ocasionaría una demora judicial innecesaria contraviniendo el principio de celeridad y el derecho a una justicia pronta, oportuna y cumplida, concluyéndose que el Tribunal de alzada pese a no considerar la denuncia de la acusadora particular, resolvió el recurso de apelación restringida de manera correcta, no siendo evidente -en el presente caso- la existencia de un defecto absoluto que vulnere derechos y conlleve a una indefensión absoluta que justifique anular el Auto de Vista.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Rosario López Pesoa, cursante de fs. 369 a 372.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA