TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 689/2015-RA-L

Sucre, 21 de septiembre de 2015


Expediente

:

Tarija 35/2011

Parte Acusadora

:

Ministerio Público y otro

Parte Imputada

:

Darwin Fredd Caballero Bejarano y otros


Delitos

:

Peligro de Estrago y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2011, cursante de fs. 778 a 782, Luisa Elizabeth Luizaga Saavedra, en representación legal de Transredes, ahora YPFB Transporte S.A., interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 51/2011 de 22 de noviembre de fs. 758 a 762, pronunciado por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Empresa recurrente contra Darwin Fredd Caballero Bejarano, David Darío Duran Ojopi, Hilda Cardona Ortiz de Ivanovich, José Carlos Torrez Zárate, Ray Rivas Burgos, Juan Díaz Barrientos, Gualberto Ivanovich Balderrama y Nelson Condori Ventura, por los delitos de Peligro de Estrago, Incendio, Actos Dirigidos a Impedir la Defensa Común, Atentado contra la Seguridad de Servicios Públicos, Destrucción o Deterioro de los Bienes del Estado y la Riqueza Nacional, Daño Calificado, Sabotaje, Lesiones Graves y Leves, Privación de Libertad, Amenazas, Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, Atentados contra la Libertad de Trabajo, Robo Agravado, Resistencia a la Autoridad e Impedir o Estorbar el Ejercicio de Funciones, previstos y sancionados por los arts. 208, 206, 209, 214, 223, 358, 232, 271, 292, 293, 298, 303, 331, 159 y 161 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación pública (fs. 47 a 59 vta.) y particular presentada por Luisa Elizabeth Luizaga Saavedra, en representación de YPFB Transporte S.A. (fs. 76 a 85 vta.), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, pronunció la Sentencia 46/2009 de 21 de diciembre (fs. 662 a 673), por la que declaró absueltos a los imputados Darwin Fredd Caballero Bejarano, David Darío Durán Ojopi, Hilda Cardona Ortiz de Ivanovich, José Carlos Torrez Zárate, Ray Rivas Burgos, Juan Díaz Barrientos, Gualberto Ivanovich Balderrama y Nelson Condori Ventura, por los delitos de Peligro de Estrago, Incendio, Actos Dirigidos a Impedir la Defensa Común, Atentado contra la Seguridad de Servicios Públicos, Destrucción o Deterioro de los Bienes del Estado y la Riqueza Nacional, Daño Calificado, Sabotaje, Lesiones Graves y Leves, Privación de Libertad, Amenazas, Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, Atentado contra la Libertad de Trabajo, Robo Agravado, Resistencia a la Autoridad e Impedir o Estorbar el Ejercicio de Funciones, previstos y sancionados por los arts. 208, 206, 209, 214, 223, 358, 232, 271, 292, 293, 298, 303, 331, 159 y 161 del CP.

  1. Contra la referida Sentencia, la acusadora particular Luisa Elizabeth Luizaga Saavedra en representación de YPFB Transporte S.A., interpuso recurso de apelación restringida (fs. 681 a 684), resuelto por Auto de Vista 51/2011 de 22 de noviembre, cursante de fs. 758 a 762, dictado por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, que declaró sin lugar y confirmó la Sentencia apelada.


  1. Notificada la Empresa YPFB Transporte S.A. con el referido Auto de Vista, el 29 de noviembre de 2011 (fs. 770), interpuso recurso de casación el 5 de diciembre del mismo año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad. 


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


La recurrente, luego de efectuar un análisis de los antecedentes que dieron origen al proceso penal, respecto a la valoración de la prueba, expresa que el Auto de Vista no consideró tal como exige la doctrina legal aplicable, que la Sentencia realizó un relato impreciso de los hechos ocurridos el 17 y 18 de abril de 2007, al menospreciar la prueba de cargo ofrecida por el Ministerio Público y por las partes civiles, tomando como hecho relevante que siete de los acusados no prestaron su declaración ante el Tribunal, aspecto que no implica la posibilidad de conocer la participación de los imputados en el hecho; agrega que, es inconcebible que el Tribunal en su totalidad haya adquirido certeza de lo suscitado el 17 y 18 de abril de 2007, por la credibilidad que otorga al testigo Eudal Valdez Saracho, quien manifestó que vio los hechos por televisión y fotos y a dos de los acusados en condición de protagonistas, pero que su testimonio no sirva para adquirir certeza de su participación.


Posteriormente, la recurrente procede a realizar un resumen de los fundamentos de la Sentencia con relación a todos los tipos penales acusados a los imputados, aseverando que los mismos se hubiesen demostrado en el juicio oral, extrañando que sus autores fueron absueltos sin mayor fundamento, vulnerándose los arts. 173 y 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), incurriendo en el defecto de sentencia incurso en el art. 370 inc. 5) del mismo Código, pese a ello, el Auto de Vista confirmó la decisión consolidando la vulneración del ordenamiento jurídico y el entendimiento del Auto Supremo 535 de 29 de diciembre de 2006; concluye que el Tribunal de alzada realizó una crítica al recurso de apelación restringida que interpuso, cuando su labor era subsanar los yerros cometidos por el Tribunal de Sentencia y revisar aún de oficio.     


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Con relación al plazo para la interposición del recurso de casación, la entidad recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado, el 29 de noviembre de 2011 (fs. 770) y presentó el recurso de casación el 5 de diciembre del mismo año (fs. 782); es decir, dentro del plazo de los cinco días que refiere el art. 417 del CPP, correspondiendo observar los demás requisitos de admisibilidad del presente recurso.


Con relación al único motivo, la representante de la Empresa recurrente, respecto a la valoración de la prueba, expresa que el Auto de Vista no consideró que la Sentencia realizó un relato impreciso de los hechos ocurridos el 17 y 18 de abril de 2007, al menospreciar la prueba de cargo ofrecida por el Ministerio Público y por las partes civiles, tomando como hecho relevante que siete de los acusados no prestaron su declaración ante el Tribunal, aspecto que no implicaba la imposibilidad de conocer la participación de los imputados en el hecho; agrega que, es inconcebible que el Tribunal de juicio hubiese adquirido certeza de lo acontecido el 17 y 18 de abril de 2007, por la credibilidad que otorgó al testigo Eudal Valdez Saracho, quien manifestó que vio los hechos por televisión y fotos y a dos de los acusados en condición de protagonistas, pero que esa declaración no haya servido para adquirir certeza de la participación de los imputados.


En ese contexto la parte recurrente extraña que los autores de los hechos acusados hayan sido absueltos sin mayor fundamento, vulnerando los arts. 173 y 124 del CPP e incurriendo en el defecto de sentencia incurso en el art. 370 inc. 5) del mismo Código, pese a ello, el Auto de Vista confirmó la decisión consolidando la vulneración del ordenamiento jurídico y el entendimiento del Auto Supremo 535 de 29 de diciembre de 2006; sin embargo, la parte recurrente no advierte que la admisibilidad del recurso de casación y posterior análisis de fondo, exige el cumplimiento de la carga procesal de señalar la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado, en términos precisos; pues se limita en dos partes de su memorial a sostener que la resolución recurrida contradice el precedente, sin establecer fundadamente las razones que acreditarían ese extremo, incurriendo en una omisión que impide a este Tribunal efectuar la labor de contraste que la norma le asigna y que de modo alguno puede ser suplido de oficio, a más de una falta de precisión de cuál el agravio concreto que le hubiere ocasionado el Auto de Vista impugnado; por lo que ante el incumplimiento de los arts. 416 y 417 del CPP, el presente recurso deviene en inadmisible.

 

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Luisa Elizabeth Luizaga Saavedra, en representación legal de la Empresa YPFB Transporte S.A.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA