TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 685/2015-RA-L

Sucre, 21 de septiembre de 2015


Expediente                Tarija 21/2011

Parte acusadora        : Ministerio Público

Parte imputada        Marcelino Tapia Ortega y otros

Delitos                Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y otros

 

RESULTANDO


Por memoriales presentados el 17 y 18 de junio de 2011, cursantes de fs. 429 a 432 vta. y 438 a 439, Abel Yamil Torrejón Vilca y Marcelino Tapia Ortega, respectivamente, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 20/2011 de 28 de mayo de fs. 402 a 410, pronunciado por la Sala Penal de la entonces Corte Superior de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes, además de Juan Ronald Efraín Orosco Ramallo y Rubén Darío Durán Cuellar, por la presunta comisión de los delitos de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Concusión, Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica y Estelionato previstos y sancionados por los arts. 150, 151, 153, 221, 224,  y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO 


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 038/2009 de 15 de octubre (fs. 325 a 329), el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Distrito Judicial de Tarija, declaró a Marcelino Tapia Ortega, Abel Yamil Torrejón Vilca y Juan Ronald Orosco Ramallo absueltos de la comisión de los delitos de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Concusión, Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica previstos y sancionados por los arts. 150, 151, 153, 221 y 224 del CP y al último de la comisión de los delitos de Contratos Lesivos al Estado y Estelionato previstos y sancionados por los arts. 221 y 337 del CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular Antonio Soruco Retamozo, en representación de la Prefectura del departamento de Tarija, formuló recurso de apelación restringida (fs. 353 a 357 vta.), resuelto por Auto de Vista 20/2011 de 28 de mayo emitido por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, que declaró con lugar el citado recurso y dispuso la sustanciación de un nuevo juicio por diferente Tribunal de igual grado y materia.


  1. Notificados los recurrentes, con el referido Auto de Vista el 13 de junio de 2011 (fs. 426), interpusieron los recursos de casación el 17 y 18 del mismo mes y año.

II. MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De la revisión de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1. Recurso de Casación de Abel Yamil Torrejón Vilca


  1. A decir del recurrente, el Auto de Vista recurrido  habría acogió parcialmente de manera favorable el recurso de apelación restringida; por lo que denuncia vulneración del principio de congruencia, señalando que no habría coherencia entre lo que se pidió en el recurso de apelación restringida y lo resuelto por el referido Auto de Vista, indicando: i) Que se habría desestimado las denuncias de errónea aplicación de la ley sustantiva, respecto a los delitos de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la función pública y Conducta antieconómica, por no haber expuesto con claridad que disposición considera que se aplicó erróneamente; ii) Se dio curso a la denuncia de errónea aplicación de la ley en relación al delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución Política del Estado, sin embargo este aspecto a decir del recurrente habría sido resuelto encuadrando su análisis sobre un marco normativo ajeno a lo denunciado, por lo que como se señaló en este motivo se estaría vulnerando el principio de congruencia; y, iii) Finalmente en relación al delito de Contratos Lesivos al Estado, señala el recurrente que Tribunal excede su competencia, realizando conjeturas más allá de lo denunciado, indica que en este punto tampoco se habría mencionado normas sustantivas que hubieran sido aplicadas erróneamente, o en que consiste el error o cuál sería la correcta aplicación de la norma sustantiva, sin embargo este punto habría sido acogido favorablemente por el Tribunal de apelación, vulnerando el principio de igualdad; por lo que ha decir del recurrente la anulación total de la Sentencia es excesiva, indicando que el nuevo juicio solo se debe concretar a dilucidar los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y la Leyes, y el delito de Contratos Lesivos al Estado; cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 152 de 2 de febrero de 2007 y 74 de 18 de marzo de 2008.


  1. Arguye, que el Tribunal de apelación incurrió en revaloración de prueba, al resolver la acusación referente a la insuficiente fundamentación en que hubiere incurrido el A quo, por hacer referencia a aspectos materiales surgidos en el debate del juicio oral, al señalar que la sentencia debió circunscribir la valoración de elementos que evidencian la existencia del terreno y la construcción de un edificio en él, para asumir sobre la consumación o no de delitos de conducta antieconómica o contratos lesivos al Estado; cita como precedente contradictorio el Auto Supremo 69 de 20 de marzo de 2006.


II.2. Recurso de Casación de Marcelino Tapia Ortega


Denuncia infracción al principio de celeridad procesal  y justicia pronta y cumplida, señalando que el Auto de Vista recurrido habría sido pronunciado fuera de plazo legal, contradiciendo el Auto Supremo 344 de 17 de septiembre de 2002.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales de Justicia), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo de Justicia) o Autos de Vista pronunciados por las Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, inicialmente se establece que los recursos fueron interpuestos dentro del plazo previsto por la normativa penal, habida cuenta que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista recurrido el 13 de junio de 2011, interponiendo el recurso de casación el 17 y 18 del mismo mes y año, es decir dentro de los cinco días hábiles que les otorga la ley.


IV.1 Del recurso de casación de Abel Yamil Torrejón Vilca.


Se observa que el recurrente, en el primer motivo acusa, incongruencia entre lo pedido en el recurso de apelación restringida y lo resuelto en el Auto de Vista recurrido, señala que la acusación de errónea aplicación de la ley sustantiva, respecto a los delitos de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública y Conducta Antieconómica fueron desestimados, y que solo se dio curso a las denuncias de errónea aplicación de la ley sustantiva, respecto a los delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, además de Contratos Lesivos al Estado; al efecto cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 152 de 2 de febrero de 2007 y 74 de 18 de marzo de 2008. En el segundo motivo acusa, revalorización de la prueba, por haber hecho referencia a aspectos materiales surgidos en el debate del juicio, citando como precedente contradictorio el Auto Supremo 69 de 20 de marzo de 2006; sin embargo, se observa que el recurrente no cumple con la técnica recursiva de establecer la posible contradicción entre los precedentes citados y el Auto de Vista recurrido, tampoco expone de forma clara y precisa la comparación como hechos similares de los precedentes y el caso de autos, tampoco se refiere a que se hubiera aplicado una norma distinta o una misma norma con diverso alcance, no siendo suficiente la transcripción que realiza, omisiones que determina la imposibilidad que este Tribunal ingrese al análisis de fondo; respecto a la denuncia de vulneración del principio de igualdad, no refiere de qué manera se hubiera restringido ese derecho, o cual sería la relevancia o incidencia de esa omisión; en consecuencia se determina que este recurso deviene en inadmisible.  


IV.2 Del recurso de casación de Marcelino Tapia Ortega

El recurrente acusa, vulneración del principio de celeridad procesal y justicia pronta y cumplida, señalando que el Auto de Vista recurrido habría sido pronunciado fuera de plazo legal, contradiciendo el Auto Supremo 344 de 17 de septiembre de 2002; se advierte, que, el recurrente no cumple con la carga procesal de señalar la contradicción entre el Auto de vista recurrido y el citado precedente, menos señala la similitud o que normas se habría aplicado con sentido diverso o cual el precepto que debiera aplicarse, en consecuencia esta omisión no puede ser suplida por este Tribunal, deviniendo en consecuencia este recurso en inadmisible.


POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Abel Yamil Torrico Vilca de fs. 429 a 435 vta. y Marcelino Tapia Ortega de fs. 438 a 439.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA