TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 675/2015-RA-L

Sucre, 21 de septiembre de 2015


Expediente                : Potosí 39/2011        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Grover Moreira Cruz y otros

Delitos                : Robo agravado y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 11 de octubre de 2011, cursante de fs. 141 a 142 vta., Grover Moreira Cruz, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 36/2011 de 17 de septiembre de 119 a 121 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Claudio López Díaz, Natividad Quispe Valda, Javier Veliz Ramos, Orlando Chambi Luna, María Choque Muraña de Pérez, María Luz Tito de Lazo y Rómulo Salvatierra Cruz contra el recurrente, José Miguel Colque Flores, Milton Muraña Cruz y Noemí Vásquez Chauque, por los delitos de Robo, Robo Agravado con relación a Hurto Agravado, Asociación Delictuosa, Complicidad y Concurso Real previstos y sancionados por los arts. 331, 332 incs 2) y, 4), con relación al 326 incs. 1) y 5), 132, 23 y 45 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 03/2011 de 18 de junio (fs. 68 a 82), el Tribunal de Sentencia de Uyuni del Distrito Judicial de Potosí, declaró: a Grover Moreira Cruz, autor del delito de Hurto previsto y sancionado en el art. 326 del CP, imponiéndole la pena de dos años de reclusión; José Miguel Colque Flores y Milton Muraña Cruz, autores del delito de Hurto en grado de Complicidad previsto y sancionado en el art. 326 con relación al 23 de CP, imponiéndoles la pena de un año y seis meses, al mismo tiempo se les concedió el beneficio del perdón judicial. Asimismo, fueron absueltos por los delitos de Robo, Robo Agravado, Asociación Delictuosa y Concurso Real previstos y sancionados por los arts. 331, 332 incs. 2) y, 4) con relación al 326 incs. 1) y, 5), 132 y 45 del CP. Respecto a Noemí Vásquez Chauque, fue declarada absuelta de los delitos atribuidos.


  1. Contra la mencionada Sentencia el Ministerio Público formuló recurso de apelación restringida (fs. 85 a 94 vta.), resuelto por Auto de Vista 36/2011 de 17 de septiembre emitido por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de Potosí, que declaró procedente el citado recurso y anuló la Sentencia apelada, dictando nueva Sentencia condenatoria contra los tres imputados por el delito de Hurto agravado, imponiéndoles la pena de tres años y seis meses de reclusión a Grover Moreira Cruz y  tres años de reclusión a José Miguel Colque Flores y Milton Muraña Cruz y manteniendo la absolución a favor de Noemí Vásquez Chauque.


  1. El 5 de octubre de 2011 (fs. 127), fue notificado el recurrente con el Auto de Vista referido y el 11 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El recurrente denuncia, que el Auto de Vista impugnado es general e incompleto,  carece de motivación clara, positiva, completa y lógica, incurriendo así en franca vulneración de la garantía constitucional del debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa, porque en la modificación del hecho fáctico y en la imposición de la pena, se limitó a señalar que correspondía agravar la condena considerando que el hecho fue cometido por dos o más personas, que se utilizó una llave falsa y que aprovecharon que las cosas se encontraban fuera del control del dueño, sin tomar en cuenta que el hecho criminoso por el que fue acusado el recurrente es uno diferente al endilgado a los otros imputados, que reparó íntegramente el daño civil, que tenía dieciséis años al momento del hecho, que era su primer delito, no contaba con antecedentes penales, era estudiante y contaba con una familia constituida; además el Tribunal de alzada no especificó cuál o cuáles agravantes concurren en el hecho perpetrado por el recurrente, ni cuáles agravantes al hecho perpetrado por los imputados José Miguel Colque Flores y Milton Muraña Cruz, ni el por qué se le imponía una sanción mayor a los coimputados siendo que en segunda instancia era condenado por el delito de hurto agravado al igual que los otros imputados. Señala también que el Auto de Vista es contradictorio a la ratio decidendi contenida en la Sentencia Constitucional 757/2003 de 4 de junio y a la doctrina establecida en los Autos Supremos 99/2005 de 24 de marzo y 114/2006 de 20 de abril.


  1. Reclama que el Auto de Vista impugnado fue emitido fuera del plazo legal previsto en el art. 411 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que era de cumplimiento obligatorio, en consecuencia el Tribunal de alzada habría perdido la competencia.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales de Justicia), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo de Justicia) o Autos de Vista pronunciados por las Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo  referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, el recurso de casación fue interpuesto dentro del plazo cinco días hábiles que otorga la ley, habida cuenta que 5 de octubre de 2011, el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado y el 11 del mismo mes y año, formuló el recurso de casación sujeto al presente examen de admisibilidad; es decir, en cumplimiento del requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Con relación a los demás requisitos de admisibilidad, como primer motivo, la parte recurrente esencialmente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en falta de motivación por cuanto, en el Auto de Vista impugnado, no expresó cuáles fueron las razones para modificar las circunstancias del hecho delictivo, el por qué debía agravarse la condena, ni por qué la condena impuesta a su persona era superior a la de los coimputados, vulnerando de esta manera la garantía del debido proceso en su vertiente de la fundamentación, la seguridad jurídica y su derecho a la defensa; así como entró en contradicción con la doctrina legal establecida en los Autos Supremos 99/2005 de 24 de marzo y 114/2006 de 20 de abril, cumpliendo así los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, para su admisión. Respecto a la Sentencia Constitucional invocada, no se constituye en precedente conforme el alcance del art. 416 del CPP.


En cuanto al segundo motivo, el recurrente denuncia el incumplimiento del plazo legal para la emisión del Auto de Vista, arguyendo que el Tribunal de alzada perdió competencia; sin embargo, en desconocimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, explicados ampliamente en el acápite anterior, que han sido establecidos por el legislador teniendo en cuenta la naturaleza y finalidad del recurso de casación en el ordenamiento jurídico vigente, no invoca precedente alguno y en consecuencia no existe explicación alguna, respecto a cuál la situación de hecho similar y principalmente en qué consistiría la contradicción en relación a lo determinado en el Auto de Vista impugnado, para que este Tribunal, en caso de ser evidente la denuncia efectuada, proceda a enmendar posibles errores y omisiones cometidas por el Tribunal de apelación; teniendo en cuenta que estos requisitos resultan ineludibles para disponer la admisibilidad del recurso, al constituirse en una obligación que tiene trascendental importancia, pues de su observancia, partirá el análisis de contradicción a efectuarse en una resolución de fondo. Consiguientemente, ante el incumplimiento con los requisitos exigidos en los arts. 416 y 417 del CPP, el presente motivo deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación de fs. 141 a 142 vta., interpuesto por Grover Moreira Cruz; únicamente respecto del primer motivo del acápite II inc. 1) de la presente Resolución; Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA