TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 667/2015-RA-L

Sucre, 21 de septiembre de 2015


Expediente        : Potosí 27/2011

Parte Acusadora        : Juan Carlos Llanos Arandia

Parte Imputada        : Carmen Mónica Aparicio Jiménez

Delitos        : Apropiación Indebida y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 30 de agosto de 2011, cursante de fs. 104 a 106 vta., Rafael F. Montoya Rivera en representación legal de Carmen Mónica Aparicio Jiménez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 20 de 15 de agosto de 2011, de fs. 96 a 98 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por Yumanz Yecid Andrade Caballero contra la representada del recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


  1. En mérito a la acusación particular presentada por Juan Calos Llanos Arandia en representación de Yumanz  Yecid Andrade Caballero (fs. 4 a 5), subsanada por memorial  (fs. 14 y vta.), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, pronunció la Sentencia 06/2011 de 10 de junio (fs. 74 a 78), por la que declaró a la imputada, Carmen Mónica Aparicio Jiménez, autora de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP, condenándole a sufrir la pena de tres años de reclusión, a ser cumplido en el Centro de Readaptación Productiva de Santo Domingo de Cantumarca de la ciudad de Potosí, más costas y responsabilidad civil a favor de la parte querellante.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Carmen Mónica Aparicio Jiménez, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 81 a 83 vta.), resuelto por Auto de Vista 20 de 15 de agosto (fs. 96 a 98 vta.) dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que declaró improcedente el recurso interpuesto y confirmó la Sentencia apelada.


  1. Notificada la recurrente con el referido Auto de Vista impugnado el 22 de agosto de 2011 (fs. 99), interpuso recurso de casación el 30 del mismo mes y año, cuyos argumentos son motivo del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


Alega que no obstante su solicitud de exclusión probatoria sobre la prueba de cargo, codificada como P.Q.1 correspondiente al detalle contable de conciliación de montos apropiados de 3 de febrero de 2010, por un monto de $us. 32.424,82.- (treinta y dos mil cuatrocientos veinticuatro 82/100 dólares estadounidenses); por haber sido obtenida de forma unilateral, prueba de ello es que su persona no firmó y menos suscribió dicho documento, que además fue recabado sin intervención de la autoridad jurisdiccional, vulnerando el principio de inmediación y lo establecido por los arts. 307 y 375 del Código de Procedimiento Penal (CPP); el Juez de la causa se limitó a responder que el Auto Supremo que se adjuntó oportunamente para justificar la exclusión, no le alcanza; incurriendo de esa forma, en errónea valoración de la prueba, violando el debido proceso y la legítima defensa así como el principio de igualdad, e inobservando lo establecido por los arts. 124 y 173 del CPP; al emitir una Sentencia con el defecto comprendido en el art. 370 inc. 6) del CPP, en base a hechos inexistentes y no acreditados, basados en valoración defectuosa de la prueba; lo que constituye un defecto absoluto contenido en el art. 169 incs. 1), 2) y 3) del CPP. Invoca en calidad de precedente contradictorio, el Auto Supremo 12 de 26 de enero de 2007, que estaría referido al valor probatorio de las pruebas judicializadas.


Agrega que el Tribunal de alzada no examinó su recurso de apelación, dado que se limitó a reiterar los argumentos del Juez, sin explicar de manera motivada cuáles son los criterios de hecho y de derecho que les llevó a la convicción de confirmar la Sentencia en base a la precitada prueba, obtenida incluso antes de interponer la acusación, violando su derecho a la defensa, al condenarla en base a una documental, de la que jamás participó.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto, inadmisible para su consideración de fondo.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo de interposición del recurso, habida cuenta que su representada fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 22 de agosto de 2011 (fs. 99), presentando su recurso de casación el 30 del mismo mes y año; teniendo presente que el 26 y 27 de agosto de ese mismo año, mediante Circular 22/11 de 18 de agosto de 2011, la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, determinó la suspensión de actividades con motivo de la festividad de San Bartolomé; por lo tanto, ambas fechas no se toman en cuenta a efectos del cómputo del plazo, cumpliendo con lo preceptuado por el art. 417 del CPP, correspondiendo; por  tanto, verificar a continuación el cumplimiento de los demás requisitos.


En cuanto al motivo denunciado, referido a que el Juez de la causa dictó Sentencia condenatoria en base a la prueba codificada como P.Q.1 relativa al detalle contable de conciliación de montos apropiados, de 3 de febrero de 2010, el que arroja un monto de $us. 32.424,82.- (treinta y dos mil cuatrocientos veinticuatro 82/100 dólares estadounidenses); contra la cual, la parte acusada, planteó incidente de exclusión probatoria por considerar que fue obtenida de manera unilateral; de un lado, porque no cuenta con su firma al no haber sido suscrita por su parte; y de otro, por cuanto, se la recabó sin intervención del Juez a cargo del proceso, en franca vulneración de lo prescrito por los arts. 307 y 375 del CPP; sin embargo, dicha autoridad jurisdiccional, le respondió simplemente que el Auto Supremo que adjuntó oportunamente para justificar la exclusión solicitada, no le alcanza; lo que denuncia de lesivo de lo prescrito por los arts. 124 y 173 del CPP, al haberse emitido una Sentencia con el defecto comprendido en el art. 370 inc. 6) del CPP, es decir, en base a hechos inexistentes y no acreditados; lo que a criterio de la imputada, constituye defecto absoluto de conformidad al mandato contenido en el art. 169 incs. 1), 2) y 3) del CPP.


Previo a ingresar al análisis del caso concreto, corresponde señalar que la labor de este Tribunal Supremo de Justicia se encuentra restringida a efectuar un control eminentemente de derecho sobre el contenido y lo resuelto en el Auto de Vista cuestionado, siempre en correlación a las actuaciones realizadas por el Tribunal de alzada, así se desprende de lo establecido en los arts. 416 y 417 del CPP, referidos a la procedencia y requisitos indispensables que viabilicen la admisibilidad del recurso de casación; en los que se dispone que éste recurso procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia, antes Cortes Superiores y Autos Supremos dictados por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia que sienten o ratifiquen doctrinal legal.


En virtud a lo cual, corresponde a quien recurre de casación, motivar en términos claros y precisos la supuesta contradicción entre los argumentos del Auto de Vista y los contenidos en el precedente contradictorio que invocó.


En ese entendido, de la revisión del agravio denunciado, se puede establecer que de todo lo relatado y que corresponde a la primera parte del memorial interpuesto por el representado de la acusada, se evidencia que corresponde exclusivamente a un relato sobre las supuestas actuaciones irregulares que hubieren sido cometidas por el Juez de Sentencia a tiempo de pronunciar el fallo de mérito; omitiendo exponer agravio alguno sobre la valoración probatoria que le hubiere sido provocado por el Auto de Vista; pretendiendo que este Tribunal realice su función nomofiláctica con relación a la Sentencia, buscando inducir a un nuevo control de legalidad dentro de una etapa procesal que no se encuentra reservada para ello, puesto que la misma ya fue objeto de análisis por parte del Tribunal de alzada, en todo caso, corresponde al recurrente cumplir con la carga de realizar una fundamentación de forma objetiva, identificando expresamente cuáles son los actos procesales que provocaron la presunta vulneración legal; pero, siempre con relación al Auto de Vista emitido a tiempo de resolver la apelación restringida y no así la Sentencia de mérito; por lo tanto, el precedente contradictorio invocado en esta parte, resulta inaplicable al motivo analizado; en consecuencia, puesto que no es posible legalmente, retozar etapas y menos utilizar un instituto jurídico desnaturalizando su verdadero alcance y objetivo; no resulta coherente el planteamiento del recurso de casación mediante la denuncia de actuaciones procesales vinculadas al juicio oral, en atención a su diferente finalidad.


No obstante lo señalado, en el último párrafo del memorial de casación, el recurrente hace una mera referencia a los supuestos actos lesivos de parte del Tribunal de alzada, alegando que a tiempo de atender al recurso de apelación restringida planteado por su parte, resolvieron reiterando los argumentos del Juez de Sentencia, sin explicar de manera motivada cuáles son los criterios de hecho y de derecho que llevaron a la convicción de confirmar el fallo de mérito, cuando en los hechos, a su decir, la prueba fue obtenida incluso antes de presentar la acusación, violando su derecho a la defensa y condenándola sobre la base de una documentación en la que jamás participó; no obstante lo denunciado con relación a la supuesta al Auto de Vista; el recurrente omitió invocar precedente legal alguno; y por lógica, tampoco demostró su contradicción con los argumentos del Auto de Vista impugnado, impidiendo que este órgano cumpla con su labor unificadora de jurisprudencia ante la ausencia de cita de doctrina legal que permita realizar la labor de contrastación, inobservando lo establecido por los arts. 416 y 417 del CPP, referidos a la procedencia y requisitos indispensables que viabilicen la admisibilidad del recurso de casación.


Finalmente, ante la denuncia de vulneración del derecho a la defensa, corresponde verificar el cumplimiento de los supuestos de flexibilización a fin de analizar si la parte recurrente acató los supuestos contenidos en el apartado IV de la presente Resolución; los que una vez revisados permiten avizorar que dicha tarea, tampoco fue cumplida, puesto que si bien se explica, de modo general, los hechos que supuestamente le hubieren ocasionado agravio a la acusada; es decir, aquellos generadores del agravio; empero, no señala con precisión en qué consistió la restricción o disminución del derecho denunciado, como tampoco explica el resultado dañoso ni lo vincula o denuncia como defecto absoluto no susceptible de convalidación. Por lo tanto, el presente agravio resulta inadmisible también de manera extraordinaria.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE, el recurso de casación interpuesto por Rafael F. Montoya Rivera en representación de Carmen Mónica Aparicio Jiménez, cursante de fs. 104 a 106 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA