TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 641/2015-RA-L

Sucre, 18 de septiembre de 2015


Expediente         Cochabamba 116/2011

Parte Acusadora          Ministerio Público y otros

Parte Imputada         : Ángel Salomón Maire de la Fuente y otros

Delito                    Estafa y otros.


RESULTANDO


Por memorial presentado el 23 de agosto de 2011, cursante de fs. 624 a 627, Ángel Salomón Maire de  la Fuente y Pedro Zanizo Cerezo, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista  de 9 de junio de 2011 (fs. 599 a 601 vta.), pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Pedro Mamani Rojas y Emilio Agustín Flores Chinchilla, en representación de Lucio Espinoza Valdivia, Hilarión Rojas Heredia, Desiderio Condori Coronel, Basilio Espinoza Phuru, Luis Guillermo Quispe Bazualdo y Fermín Mamani Vargas, contra los recurrentes, Oscar Arce Vargas y Víctor Basualdo, por la presunta comisión de los delitos de Falsificación de Sellos, Papel Sellado y Timbres, Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado, Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 190, 198, 199, 203, 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 16 de diciembre de 2010 (fs. 510 a 521) y Auto Complementario de 20 de diciembre del 2010 (fs. 521 y vta.), declarando a Ángel Salomón Maire de  la Fuente, Pedro Zanizo Cerezo, Oscar Arce Vargas y Víctor Basualdo, autores de la comisión del delito de Falsedad Ideológica, previsto y sancionado por el art. 199 del CP,  imponiéndoles a Ángel Salomón Maire de  la Fuente y Pedro Zanizo Cerezo, a tres años de reclusión, en tanto que a Oscar Arce Vargas y Víctor Basualdo, a dos años de reclusión (concediendo a estos últimos el beneficio de perdón judicial), más al pago de costas a todos los imputados.


Por otra parte, absolvió a Ángel Salomón Maire de  la Fuente, Pedro Zanizo Cerezo, Oscar Arce Vargas y Víctor Bazualdo de la comisión de los delitos de  Falsificación de Sellos, Papel Sellado y Timbres, Falsedad Material, Uso de Instrumento Falsificado, Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 190, 198, 203, 335 y 337 del CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia, las imputados Ángel Salomón Maire de  la Fuente, Pedro Zanizo Cerezo, interpusieron recursos de apelación restringida (fs. 554 a 557 vta. y 565 a 569 respectivamente),  que fueron resueltos por Auto de Vista de 9 de junio de 2011 (fs. 599 a 601 vta.) pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que declaró improcedentes los recursos y confirmó la Sentencia impugnada.


  1. Notificados con el Auto de Vista los imputados Ángel Salomón Maire de  la Fuente el 17 de agosto de 2011 (fs. 610) y Pedro Zanizo Cerezo el 19 de agosto de 2011 (fs. 611), interpusieron recurso de casación -conjuntamente- el 23 del mismo mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Los recurrentes, por una parte acusan defectuosa valoración de la prueba relativa a la testifical prestada por Hila Ines Maire López en audiencia de juicio oral, sosteniendo que dicha atestación es coincidente con la declaración prestada por sus personas cuando señalaron categóricamente que cuando llegaron a Yurac Vinto, comenzó la asamblea de reorganización de la Cooperativa San Rafael Ltda., en fecha 13 de agosto de 2006.


Afirman que la declaración de la testigo de descargo precitada, en la que señaló que estuvo presente la Lic. Lourdes Pedregal, Directora Regional de Cooperativas, no fue considerada en su verdadero alcance, ello en infracción a los arts. 171 y 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), cometida tanto por el Tribunal de Sentencia como por el Tribunal de alzada, toda vez que la misma era de suma importancia a la hora de establecer la verdad histórica de los hechos y que además fue confirmada por la declaración del testigo de descargo José Rufo Maire López.


Por otra parte, aseveran que la base de la acusación es la afirmación  realizada por el Ministerio Público, en sentido de que no se llevó a cabo la Asamblea de Reorganización de la Cooperativa San Rafael, el 13 de agosto de 2006 y que al haber presentado el coimputado Salomón Maire Cuico (fallecido) dicha Acta a la Dirección nacional de Cooperativas para su aprobación, constituyó delito de Falsedad Ideológica; acusación que dicen no es evidente ni cierta, puesto que al margen de las testificales ya señaladas, y habiéndose sentado las bases, se solicitó producción de prueba extraordinaria consistente en un memorial de solicitud de informe a la Directora Regional de Cooperativas de 22 de mayo de 2007, suscrito por Salomón Maire Cuico y su entonces abogado (Buticofer) y el correspondiente informe de 28 de mayo de 2007, emitido por dicha autoridad, en cuyo punto tercero, señaló que estuvo presente en la asamblea referida, pero que no suscribió el acta; documentación que -dicen- fue encontrada después del fallecimiento del coimputado Salomón Maire Cuico, en uno de sus cajones; prueba que consideran trascendental, pero que fue rechazada por el Tribunal de Sentencia por supuestamente no ajustarse a la norma constitucional y por los de alzada por considerar que no se señaló la norma infringida y violada, razón por la que consideran que al haberse rechazado la prueba extraordinaria que demostraba la inexistencia del delito de Falsedad Ideológica, ambos Tribunales (A quo y Ad quem) incurrieron en vulneración de los art. 5, 171 y 173 del CPP, enmarcándose dicha conducta en defecto absoluto dispuesto por el art. 179 inc. 3) del CPP.


  1. Denuncian indebida aplicación del art. 199 del CP, señalando que no existen los elementos típicos del delito de Falsedad Ideológica, que tanto el Tribunal de mérito como el de alzada, incurrieron de lo señalado por el art. 169 inc. 3) del CPP, dado que el Ministerio Público fundó la acusación en la supuesta falsificación de firmas en el Cuadro de Constitución del Fondo Social de la Cooperativa Minera San Rafael Ltda., y en la Nómina de Filiación de Socios de dicha Cooperativa, más el argumento de que no se realizó la Asamblea de Reorganización de 13 de agosto de 2006, en tanto que el fundamento de la Sentencia fue, que se habrían insertado datos y hechos falsos en los primeros documentos citados y la no realización de la Asamblea señalada extraordinaria precedentemente; al respecto los recurrentes, afirman que no se probó la falsedad ideológica, ya que no se consideró en Sentencia la pericia grafotécnica realizada sobre dichos actuados, sumado a ello, ningún testigo habría afirmado que sus personas eran autores de falsificar firmas o insertar datos falsos y que en cuanto a la realización de la asamblea, se tendría probada por documentos de 22 y 28 de mayo de 2007.


Finalmente, señalan que ni la Nómina de Filiación ni el Cuadro del fondo Social de la Cooperativa Minera San Rafael Ltda., son documentos públicos, por no haber sido extendidos por autoridad o funcionario público, en consecuencia, dichos documentos serían privados, por lo que al condenarlos por el delito de Falsedad Ideológica se incurrió en indebida aplicación de la norma sustantiva, correspondiendo -dicen- la absolución por dicho ilícito. Invoca los Autos Supremos 455 de 14 de noviembre de 2005 y 223 de 21 de junio de 2008.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales de Justicia), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo de Justicia) o Autos de Vista pronunciados por las Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley a este Tribunal de justicia  referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, en cuanto al requisito temporal exigido por el recurso de casación, se constata que los recurrentes Ángel Salomón Maire de  la Fuente y Pedro Zanizo Cerezo, fueron notificados con el Auto de Vista el 17 y 19 de agosto respectivamente (fs. 610 y 611) y que de manera conjunta presentaron recurso de casación el 23 de del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días que otorga el párrafo primero del art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos señalados en la normativa legal precitada y concordante con el art. 416 del CPP, se establece lo siguiente:


En el primer motivo, relativo a la acusación por vulneración a los arts. 171 y 173 del CPP, por parte del Tribunal de alzada como por el de Sentencia, al considerar que se valoró adecuadamente la prueba y por la negativa de producción de prueba extraordinaria, se establece que los recurrentes no cumplen con la carga procesal de invocar precedentes contradictorios, y que respecto a la denuncia por infracción a la norma adjetiva precitada, señalando como agravio la inadecuada valoración de la prueba, especialmente la de la testigo Hilda Ines Maire López; así como la negativa a producir prueba extraordinaria; aspectos que conforme refieren, acreditarían la inexistencia del hecho por el cual fueron condenados; al respecto este Tribunal, advierte que los recurrentes incumplieron en invocar algún precedente contradictorio conforme exige los arts. 416 y 417 del CPP, y por ende la posible contradicción con el Auto de Vista ahora impugnado; además, si bien identifican los antecedentes del hecho generador, pero no señalan ni fundamentan cual el derecho o garantía constitucional supuestamente vulnerado, de cuya infracción se pueda establecer el daño y la relevancia constitucional requerida para abrir la competencia de este Tribunal, por lo que al no cumplirse con los requisitos de flexibilización corresponde declarar inadmisible el motivo examinado.


En cuanto al segundo motivo, se constata que los recurrentes simplemente citan los Autos Supremos 455 de 14 de noviembre de 2005 y 223 de 21 de junio de 2008, sin referirse de que tratan los mismos y sin explicar mínimamente y de manera fundamentada la posible contradicción de cada uno de ellos con el Auto de Vista ahora impugnado conforme exige los arts. 416 y 417 del CPP; aspecto que no puede ser suplida de oficio, pues dicha omisión imposibilita a este Tribunal realizar el trabajo de unificación encomendada por la Ley; razón por la cual, el motivo deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Ángel Salomón Maire de la Fuente y Pedro Zanizo Cerezo de fs. 624 a 627.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA