TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 631/2015-RA-L

Sucre, 18 de septiembre de 2015


Expediente        : Cochabamba 85/2011

Parte Acusadora        : Ciprian Villarroel Oliva

Parte Imputada        : Félix Heredia Chávez y otra

Delitos        : Despojo y otro


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 1 y 3 de junio de 2011, cursantes de fs. 188 a 189 vta. y 200 a 201 vta., Félix y Olga ambos de apellidos Heredia Chávez; y, Ciprian Villarroel Oliva, respectivamente, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista de 25 de abril de 2011, de fs. 174 a 177 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal instaurado entre partes, por la presunta comisión de los delitos de Despojo y Perturbación de Posesión, previstos y sancionados por los arts. 351 y 353 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación particular (fs. 2 a 3 vta.), una vez desarrollado el juicio oral y público, el Juez Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia 19/2010 de 30 de noviembre (fs. 109 a 120); por la que, declaró a Félix y Olga, ambos de apellidos Heredia Chávez, autores de la comisión de los delitos de Despojo y Perturbación de Posesión, tipificados y sancionados por los arts. 351 y 353 del CP, sancionándoles, en concurso real previsto por el at. 45 del CP, a la pena privativa de libertad de seis años, que deberá cumplir el primero de los nombrados en la Cárcel Pública de “El Abra” y a la segunda, en la Cárcel Pública de “San Sebastián” mujeres, sea con costas y resarcimiento del daño civil a favor del acusador particular; y se dispuso que, los condenados, retiren la puerta metálica así como los postes plantados que soportan el alambrado de púas y el relleno de tierra, el ganado vacuno amarrado en el sector del pasaje servidumbral.


  1. La mencionada Sentencia, fue objeto de apelación restringida por parte de los imputados Félix y Olga ambos de apellidos Heredia Chávez (fs. 143 a 145) que mereció el pronunciamiento del Auto de Vista de 25 de abril de 2011, emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, sin anular la Sentencia recurrida y en sujeción al art. 413 último párrafo y 414 del CPP, declaró a los imputados, autores de los delitos de Despojo y Perturbación de Posesión, tipificados por los arts. 351 y 353 del CP, imponiéndoles la pena de tres años de reclusión, con costas, más la reparación del daño que corresponda; empero, se dictó el Auto de aclaración y complementación de 25 de mayo de 2011 (fs. 182).


  1. Notificados los recurrentes, con el referido Auto complementario el 31 de mayo de 2011 (fs. 183 y 184), interpusieron, a su turno, recursos de casación, el 1 y el 3 de junio del mismo año, que son objetos del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De los argumentos expuestos por los recurrentes, se extraen los siguientes motivos:


II.1. Del recurso de casación de Félix Heredia Chávez y Olga Heredia   Chávez.

  1. El Tribunal de alzada no se pronunció, conforme a derecho y en forma oportuna, respecto a su denuncia de concurrencia de defecto absoluto no susceptible de convalidación por la actuación del Juez de Sentencia quien fijó audiencia de juicio oral para los días 23 y 24 de noviembre de 2010, las que prolongó injustificadamente por otros dos días más, en inobservancia de los arts. 329 y 334 del CPP. Al efecto citan el Auto Supremo 122 de 24 de abril de 2006, transcribiendo parte de su contenido.


  1. El Tribunal de apelación, estableció que el Juez inferior incurrió en error de derecho al aplicar el concurso real a su caso; por cuanto, no se percató que los delitos por los que les sentenció, Despojo y Perturbación de Posesión, lesionan un único bien jurídico protegido, cual es la propiedad, resultando que el primero engloba al segundo; por lo que, ambos no deben castigarse autónomamente, error que debió dar lugar a dictarse nueva Sentencia considerando aspectos inherentes a su personalidad y ocupación (describen dichos aspectos); y, que se arribó a un acuerdo conciliatorio el 18 de enero de 2011, con el querellante sobre el referido pasaje servidumbral que dio origen al proceso penal y ante instancia del Juez Agrario; por lo que, afirma, que el Tribunal de casación, conforme al art. 15 de la Ley de Organización Judicial abrogada (LOJabrg), deberá considerar dichos extremos para anular la Sentencia condenatoria y declarar la extinción de la acción, abriendo su competencia de oficio, justificado para el control del debido proceso y de la actividad jurisdiccional en “casos extremos”, con el único objetivo de enmendar omisiones o errores procesales que afecten las garantías y derechos constitucionales y que pongan en riesgo el sistema procesal penal.


II.1.2. Del recurso de casación de Ciprian Villarroel Oliva.


1) Los miembros del Tribunal de apelación se arrogaron facultades que en la ley penal boliviana no están previstas, cual es la de cambiar la situación jurídica de los imputados, rebajando su condena de seis años a tres, con el argumento de que únicamente se cometió el delito de Despojo, siendo que los delitos por los que se les acusó afectan la propiedad y la consumación del tipo penal aludido subsumió al de Perturbación de Posesión, siendo este un delito que “ha ido en progresión”; a cuyo efecto, el Juez inferior erróneamente habría aplicado el concurso real de delitos; sin embargo, dicha autoridad, dictó correctamente la Sentencia en concurso real, debido a que los imputados se resistieron a cumplir órdenes judiciales en plena audiencia de inspección judicial.


Por otro lado, el Tribunal de alzada, considera la edad de los imputados, relativamente jóvenes, que no tienen antecedentes penales y su grado de instrucción, aspectos “relativos a la valoración de una prueba subjetiva y a priori” (sic), estableciendo en su fundamentación que la condena sólo es por el delito de Despojo con las atenuantes valoradas, absolviendo por el segundo delito descrito, para concluir en la parte resolutiva, de forma contradictoria, en la condena por ambos delitos, aplicando erróneamente la segunda parte del art. 414 del CPP; por cuya razón, invoca el precedente contradictorio contenido en el Auto Supremo 277 de 13 de agosto de 2008, efectuando una transcripción de su contenido, aseverando a que el Auto de Vista recurrido, vulnera sus derechos a la seguridad jurídica y a la aplicación objetiva de la ley, soslayando lo establecido en los arts. 45, 413 y 414 del CPP.


2) Los recurrentes de apelación restringida, no cumplieron con lo establecido por el art. 408 del Código Adjetivo Penal, al no señalar las leyes vulneradas, la manera que debieron ser aplicadas, ni la mala aplicación del art. 45 del CP; en consecuencia, el referido medio de impugnación debió haber sido rechazado por no cumplir los requisitos establecidos por ley; por lo que, concluye que la nueva Sentencia, fue dictada de forma oficiosa y errónea.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En autos, se constata que ambas partes quienes recurren, fueron notificados con el Auto de 25 de mayo de 2011, el 31 del mismo mes y año, habiendo formulado recursos de casación Félix y Olga, ambos de apellidos Heredia Chávez el 01 de junio de 2011; y, Ciprian Villarroel Oliva, el 3 del mismo mes y año, ante la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, extremo que evidencia que dicho medio de impugnación se planteó dentro del plazo legal y ante el mismo Tribunal que emitió el Auto de Vista impugnado, conforme exige el art. 417 del CP.


Cumplida la verificación del requisito de forma, es necesario verificar si el recurrente cumplió con su obligación de fundamentar suficientemente los presuntos agravios provocados por la resolución de alzada, conforme al marco establecido en los arts. 416 y 417 del CPP, ampliamente desarrollados en el apartado III del presente Auto Supremo.


IV.1. Sobre el recurso de casación de Félix y Olga, ambos de apellidos Heredia Chávez.


Con relación al primer agravio, expuesto por la parte imputada, referido a que el Tribunal de alzada no se pronunció de forma debida respecto a la dilación en el desarrollo del juicio y su culminación celebrado por el Juez de Sentencia, se advierte que dicha denuncia carece de claridad; por cuanto, no especifica cuál habría sido el fundamento del Tribunal de alzada al resolver el agravio descrito ni cuáles las razones por las que considera dicho pronunciamiento indebido. Asimismo, se limita a citar el precedente invocado sin efectuar ninguna explicación respecto a la forma cómo el mismo habría sido contrariado por los razonamientos asumidos en el Auto de Vista recurrido, demostrando una falta de cumplimiento de la carga procesal asignada a la parte recurrente respecto a fundamentar sobre la denunciada contradicción de entendimiento entre el precedente invocado y la Resolución recurrido; a cuyo efecto, corresponde declarar la inadmisibilidad del motivo.


En similar caso que en el anterior, se advierte que en el segundo agravio, los recurrentes no especifican de qué modo el razonamiento expuesto por el Tribunal de alzada en base al cual habría dictado nueva Sentencia, disminuyendo la imposición de la pena inicialmente fijada por el Juez inferior, les habría causado agravio; por cuanto, únicamente y de forma confusa efectúan una descripción del contenido del Auto de alzada recurrido, llegando a la conclusión de que debieron haberse considerado otras circunstancias inherentes a su personalidad y ocupación; y, a la existencia de una acuerdo transaccional suscrito con la parte acusadora, sin culminar razonadamente su exposición.


A más de lo expuesto, los recurrentes no citaron doctrina legal aplicable en mérito a la cual éste Máximo Tribunal de Justicia pueda desarrollar la facultad prevista en los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, a través del análisis del Auto de Vista recurrido y del precedente invocado, pueda uniformar la jurisprudencia en materia penal.


No obstante lo señalado, ante la solicitud expresa de los recurrentes de la apertura de competencia de parte de este Tribunal en mérito a la obligación, que tiene de observar, que las actuaciones se hayan desarrollado conforme al debido proceso y con el objetivo de enmendar omisiones o errores procesales que afecten las garantías y derechos constitucionales, es preciso verificar si la fundamentación expuesta en casación resulta suficiente a los efectos de su admisión excepcional, conforme los parámetros establecidos en el apartado IV del presente Auto Supremo. Así, se advierte que además de la falta de precisión en el agravio supuestamente sufrido por el Auto de Vista recurrido, los recurrentes omiten concretar derecho o garantía alguna, la forma en la que se hubiera lesionado, el defecto no susceptible de convalidación y la relevancia del hecho en la Resolución de su caso, en claro incumplimiento a los presupuestos mínimos exigidos por este Tribunal para la admisión vía flexibilización, por lo que en definitiva este recurso resulta inadmisible.


IV.1. Sobre el recurso de casación de Ciprian Villarroel Oliva.


En el primer agravio, el recurrente cuestiona tres aspectos íntimamente relacionados: a) El Auto de Vista impugnado cambió la situación jurídica de los imputados al disminuir su condena de seis años a tres, con un fundamento erróneo de mala aplicación del art. 45 del CP, por parte del inferior; sin embargo a su criterio-, la Sentencia condenó correctamente la conducta de los imputados en aplicación al concurso real de delitos, en mérito a que éstos se resistieron a cumplir órdenes judiciales; b) El Tribunal de alzada a tiempo de dictar la nueva Sentencia, consideró aspectos inherentes a la personalidad de los imputados, que constituye valoración probatoria; y, c) el Auto de Vista recurrido, incurrió en contradicción entre la parte considerativa (se llegó a la conclusión de que únicamente se condena por el delito de Despojo) y la resolutiva (en la que se condena por los dos delitos acusados).


Al efecto, el recurrente se limitó a citar y transcribir parte del contenido del Auto Supremo 277 de 13 de agosto de 2008, sin explicar mínimamente con relación a qué temática de las descritas, se opone la doctrina legal invocada, en claro desconocimiento de su obligación de exponer en forma clara y precisa la presunta contradicción del Auto de Vista recurrido con la jurisprudencia en materia penal cuya aplicación pretende; en consecuencia, el motivo de casación resulta inadmisible.


Finalmente, respecto al segundo agravio, en el que se denuncia que los acusados, en la fundamentación de la apelación restringida no cumplieron los requisitos exigidos en el art. 408 del CPP; razón por la cual, debió ser rechazado, el recurrente omite identificar los fundamentos de la Resolución de alzada que denotarían la no aplicación de la citada norma procesal y citar doctrina legal alguna, susceptible de contrastación con el razonamiento asumido por el Tribunal de alzada; por lo que, al no existir insumos mínimos para conocer el fondo de la impugnación, dentro del marco de la naturaleza jurídica del recurso de casación en materia penal, corresponde declarar la inadmisibilidad del motivo analizado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación que se verifican de fs. 188 a 189 vta.; y, 200 a 201 vta., formulados por Félix y Olga ambos de apellidos Heredia Chávez; y, Ciprian Villarroel Oliva, respectivamente.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA