TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 630/2015-RA-L

Sucre, 18 de septiembre de 2015


Expediente                : Potosí 13/2011

Parte Acusadora        : Paulina Llanos Llanos y otros 

Parte Imputada        : Octavio Flores Mendieta y otros

Delito        : Despojo   


RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de abril de 2011, cursante de fs. 113 a 116, Paulina Llanos Llanos de Garabito, Alberto Llanos y Luciano Llanos Llanos, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 12/2011 de 19 de marzo, de fs. 104 a 107 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por los recurrentes contra Octavio Flores Mendieta, Adolfo Mamani Flores y Desiderio Condori Flores, por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes remitidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En merito a la acusación particular, una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juzgado de Sentencia de Betanzos Provincia Saavedra de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, pronunció la Sentencia 93/2010 de 23 de noviembre (fs. 76 a 80), por la que declaró a Octavio Flores Mendieta, Adolfo Mamani Flores y Desiderio Condori Flores, absueltos de culpa y pena de comisión del delito de Desojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP.

  1. Contra la mencionada Sentencia, los acusadores Paulina Llanos Llanos de Garabito, Alberto Llanos y Luciano Llanos Llanos, interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 84 a 88 vta.), resuelto por Auto de Vista 12/2011 de 19 de marzo (fs. 104 a 107 vta.), emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, el cual anuló totalmente la Sentencia absolutoria y dispuso la reposición del juicio mediante reenvío ante el Juez de Sentencia más próximo de esa jurisdicción.

  1. Notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista el 29 de marzo de 2011 (fs. 108 vta. y 109), interpuso recurso de casación el 1 de abril del mismo año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El Auto de Vista advirtió que existió defectuosa valoración de la prueba en la Sentencia, aspecto que debió ser corregido dictando una nueva Sentencia porque los elementos de prueba demuestran que el delito se cometió, por lo que no correspondía que se mande al reenvió de la causa si no que el Tribunal de alzada en atribución del art. 413 del Código de Procedimiento Penal (CPP), resuelva directamente y al no hacerlo incurrió en vulneración del art. 169 del mismo Código.


Con relación al motivo planteado invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 356 de 16 de septiembre de 2005, 316 de 13 de junio de 2003 y 416 de 19 de agosto de 2003.


  1. Hace referencia al deber de motivación y la obligación de pronunciarse sobre todos los puntos; asimismo, señaló que existió violación de derechos y garantías constitucionales, de acceso a la justicia pronta y oportuna, y al principio de economía, debido a que de efectivizarse un nuevo juicio significaría que las partes tendrían que trasladarse al Tribunal de Sentencia que se encuentra en la localidad de Puna que generaría gastos considerables, aspecto que va en contra del principio de gratuidad; además, como lo establece el art. 115 .II de la Constitución Política del Estado (CPE) se debe tener en cuenta el derecho que tienen las partes a un proceso sin dilaciones indebidas, en ese sentido el Tribunal de alzada al anular el proceso de forma injusta también vulneró los principios de celeridad, de retardación de justicia y de defensa, aspecto contenido en el art. 180 de la Norma Suprema, al respecto, argumentó que debe tenerse presente que el delito se consumó y que se debió resolver directamente por el Tribunal de alzada y no anular el proceso. Señaló como precedentes contradictorios las Sentencias constitucionales 846/2005-R de 25 de julio, 0956/2010-R de 17 de agosto, 0101/2004 y 828/2007-R de 20 de diciembre.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley a este Tribunal de justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se constata que los recurrentes cumplieron con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que fueron notificados con el Auto de Vista el 29 de marzo de 2011, presentando su recurso de casación el 1 de abril del mismo año; es decir, dentro de los cinco días hábiles que refiere el art. 417 del CPP.


Con relación al primer motivo, en el que refiere que el Auto de Vista advirtió que existió defectuosa valoración de la prueba en la Sentencia, aspecto que debió ser corregido dictando una nueva Sentencia porque los elementos de prueba demuestran que el delito se cometió, por lo que no correspondía que se mande al reenvió de la causa si no que el Tribunal de alzada en atribución del art. 413 del CPP resuelva directamente y al no hacerlo incurrió en vulneración del art. 169 del mismo Código.


Con relación al motivo planteado, se advierte que el recurrente invocó como precedente contradictorio los Autos Supremos 356 de 16 de septiembre de 2005, 316 de 13 de junio de 2003 y 416 de 19 de agosto de 2003; empero, de los mismos no explicó ni fundamentó en qué consistiría la contradicción en que habría incurrido el Tribunal de alzada con relación a este, siendo que simplemente señaló que se refieren a la aplicación del art. 169 del CPP; en tal sentido, se hace evidente la inobservancia de la norma contenida por el art. 417 del CPP, omisión que no puede ser suplida de oficio y que deriva en que este Tribunal no tenga abierta su competencia para conocer el fondo de los motivos, al no haberse sentado las bases para verificar el sentido jurídico contradictorio.


Con relación al segundo motivo, hace referencia al deber de motivación y la obligación de pronunciarse sobre todos los puntos; asimismo, señaló que existió violación de derechos y garantías constitucionales, de acceso a la justicia pronta y oportuna, y al principio de economía, debido a que de efectivizarse un nuevo juicio significaría que las partes tendrían que trasladarse al Tribunal de Sentencia que se encuentra en la localidad de Puna que generaría gastos considerables, aspecto que va en contra del principio de gratuidad; además, como lo establece el art. 115 .II de la CPE, se debe tener en cuenta el derecho que tienen las partes a un proceso sin dilaciones indebidas, en ese sentido el Tribunal de alzada al anular el proceso de forma injusta también vulneró los principios de celeridad, de retardación de justicia y de defensa, aspecto contenido en el art. 180 del CPE; al respecto, argumentó que debe tenerse presente que el delito se consumó y que se debió resolver directamente por el Tribunal de alzada y no anular el proceso.


Con relación a la temática planteada invocó como precedentes contradictorios las Sentencias Constitucionales 846/2005-R de 25 de julio, 0956/2010-R de 17 de agosto, 0101/2004 y 828/2007-R de 20 de diciembre, las mismas no pueden ser consideradas como tales debido a que no se encuentran bajo las previsiones contenidas por el art. 416 del CPP.


Por otro lado, a tiempo de fundamentar la vulneración a sus derechos constitucionales, si bien refirió el acceso a la justicia pronta y oportuna, a los principios de economía, gratuidad, celeridad, retardación de justicia y de defensa; sin embargo, no identificó plenamente el defecto absoluto que no es susceptible de convalidación sin especificar los hechos concretos que le causan agravio y el resultado dañoso emergente del defecto, teniendo en cuenta que simplemente señaló que el Tribunal de alzada debió fundamentar el fallo y pronunciarse sobre todos los puntos apelados sin señalar qué punto no se pronunció o qué aspecto no fundamentó; y el hecho de que se haya anulado la Sentencia les genera inconvenientes, sin argumentar y especificar jurídica y doctrinalmente cómo el Auto de Vista le generó los agravios y/o las vulneraciones a sus derechos constitucionales. De la fundamentación expuesta en el recurso, se observa que no se cumplió con los presupuestos de flexibilización.


En consecuencia, en el presente motivo el recurrente no cumplió con los requisitos de forma que estable el art. 417 del CPP, por lo que el mismo resulta inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Paulina Llanos Llanos de Garabito, Alberto Llanos, Luciano Llanos Llanos.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA