TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 618/2015-RA-L

Sucre, 17 de septiembre de 2015


Expediente                : Santa Cruz 114/2011        

Parte Acusadora        : Osvaldo Mansilla Justiniano 

Parte Imputada        : Fernando Morochi Choquecallata y otros

Delito        : Despojo


RESULTANDO


Por memorial presentado el 7 octubre de 2010, cursante de fs. 1099 a 1103 vta., Osvaldo Mansilla Justiniano, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 148/2010 de 27 de agosto, de fs. 1075 a 1078 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el recurrente contra Zulema López Rodríguez, José Manuel Limón Velasco, Carlos Ramos Vásquez, Ángela Tirenca Escobar Aguilar, Fernando Morochi Choquecallata, Basilia María Cari Quispe, Hugo Osinaga Peña, Pedro Centellas Albornoz, Elizabeth Méndez Altamirano, Lorenzo Paco Apaza, David Pelayo Álvarez Mamani, Félix Alvarado Camargo, Joaquín Julián Díaz Tapia, María Cristina Escobar Aguilar, Richard Rodríguez Montaño, Oscar Mario Aguilera Cernadez, Justo Moreno Saavedra, Miriam Moreno Moreno, Humberto Michael Arispe Alizar, Eliana Peña Arce, Grover Caballero Goitia, Lupe Miranda Antezana, Ariel Ramírez, Víctor Maldonado Rocha, Priscila Isabel Quiroz de Sánchez, Martha Eugenia de Vizcarra, Jorge Padilla Coronado, Alex Rivas Gutiérrez y Roger Miguel Arteaga Escobar por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación particular presentada por Oswaldo Mansilla Justiniano (fs. 57 a 64), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Cuarto de Sentencia en lo Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 07/2008 de 24 de mayo (fs. 912 a 927 vta.), por la que declaró a los imputados Zulema López Rodríguez, José Manuel Limón Velasco, Carlos Ramos Vásquez, Ángela Irenca Escobar Aguilar, Fernando Morochi Choquecallata, Basilia María Cari Quispe, Hugo Osinaga Peña, Pedro Centellas Albornoz, Elizabeth Méndez Altamirano, Lorenzo Paco Apaza, David Pelayo Álvarez Mamani, Félix Alvarado Camargo, Joaquín Julián Díaz Tapia, María Cristina Escobar Aguilar, Richard Rodríguez Montaño, Oscar Mario Aguilera Cernadez  y Justo Moreno Saavedra, absueltos de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, sin que corresponda declarar la temeridad o malicia a los efectos de la responsabilidad.  Se salvan los derechos del querellante para acudir a la vía correspondiente en resguardo de su derecho propietario.

  1. Contra la referida Sentencia, Osvaldo Mansilla Justiniano, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 944 a 953); resuelto por Auto de Vista 148/2010 de 27 de agosto (fs. 1075 a 1078 vta.), emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, que declaró Admisible e Improcedente el recurso de apelación restringida, y en consecuencia, confirmó la Sentencia.


  1. El acusador particular Osvaldo Mansilla Justiniano, interpuso recurso de casación el 7 octubre de 2010 impugnando el Auto de Vista 148/2010 27 de agosto, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.



II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1) Argumenta que el Auto de Vista no consideró los argumentos esgrimidos en la audiencia de fundamentación de su recurso de apelación, lo que constituye defecto absoluto y que atenta contra la doctrina establecida en el Auto de Vista 78 de 8 de abril de 2008 dictada por la Sala Penal Segunda, los Autos Supremos 207 de 28 de marzo de 2007, 223 de 28 de marzo y 449 de 12 de septiembre de 2007.


2) Que el sorteo del expediente se efectuó sobrepasando los 20 días señalados por ley después de realizada la audiencia de fundamentación, constituyendo otro defecto señalado por ley.


3) Reiterando que el Tribunal de alzada no consideró los fundamentos de su recurso de apelación y los expuestos en la audiencia de fundamentación, el querellante manifiesta que el Auto de Vista efectuó una relación de los hechos y valoraron las pruebas incurriendo en defectos que atentan el debido proceso y la seguridad jurídica, siendo esta resolución parcializada con el Juez de primera instancia y carente de efectividad jurídica, valorándose las pruebas literales y que a la “postre se constituyen en los argumentos determinantes que demuestran que no he cometido ningún delito” (sic); añade que se transgredieron los principios de imparcialidad e independencia previstos por los arts. 3 y 12 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al entrar en análisis de la prueba, actuando parcializadamente para favorecer a los imputados, revalorización que está prohibida a los Tribunales de apelación violándose los arts. 13, 171 y 173 del CPP, luego, de manera confusa, el recurrente manifiesta que el Tribunal se limitó a describir pruebas de cargo, sin indicar porque merecieron crédito y como se enlazaron a los motivos de hecho y derecho.  Por otro lado, señala que la Sentencia carece de fundamentación prevista por el art. 124 del CPP y conforme señalan las SSCC 1920/2004 y 0042/2005, limitándose el Tribunal a describir las pruebas, omitiendo señalar por que merecieron crédito y cómo se entre lazan para sustentar los motivos de hecho y derecho; igualmente, no se mencionaron los hechos probados y no probados, fundamentación que considera ausente en el Auto de Vista, quebrantando el debido proceso y la seguridad jurídica contenida en la Constitución Política del estado, art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, omitiendo considerar la jurisprudencia del Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003.


4) En su acápite “Fundamentación del recurso” manifiesta que al Tribunal de alzada le corresponde anular total o parcialmente la Sentencia y ordenar su reposición (Autos Supremo 317/2003) a cuyo efecto transcribe textos de la  “doctrina nacional e internacional” que a decir del recurrente- también fue entendida por la Sentencia Constitucional 287/99-R referida a la seguridad jurídica.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia. 2) La tarea encomendada por ley a este Tribunal de justicia referida precedentemente. 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, ante la inexistencia de la diligencia de notificación al querellante ahora recurrente con el Auto de Vista impugnado, se tiene por presentado su recurso de casación dentro del plazo de cinco días previstos por el art. 417 del CPP.


En cuanto a los argumentos del recurso de casación, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, la cita del precedente contradictorio; y, principalmente, la explicación, en términos claros y precisos, referidos a la posible contradicción entre el Auto de Vista impugnado y la doctrina legal aplicable de los precedentes contradictorios, que permitan a éste máximo Tribunal, emitir un pronunciamiento final sobre las cuestiones planteadas; en caso de denuncias de vulneración de derechos y garantías constitucionales, se observará el cumplimiento de los presupuestos de flexibilización contenidos en el acápite III de la presente resolución.


Con carácter previo, es preciso aclarar que, las Sentencias Constitucionales no constituyen precedentes contradictorios conforme señala el art. 416 del CPP, teniéndose por tales a los Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de las entonces Cortes Superiores de Justicia y los Autos Supremos de la Sala Penal de la ex Corte Suprema de Justicia.


Ingresando en el análisis de los motivos traídos en casación respecto al primero motivo, donde alega que el Tribunal de alzada omitió considerar los fundamentos de su recurso de apelación restringida y los argumentos expuesto en la audiencia de fundamentación, aspecto que considera contrario al Auto de Vista 78 de 8 de abril de 2008 dictada por la Sala Penal Segunda, los Autos Supremos 207 de 28 de marzo de 2007, 223 de 28 de marzo y 449 de 12 de septiembre de 2007; se advierte que el recurrente omite exponer de manera concreta, los fundamentos del Auto de Vista que a su criterio fueron omitidos por los de alzada, resultando su denuncia genérica; asimismo, se limita a citar el Auto de Vista 78/2008, los Autos Supremos 207/2007, 223/2007 y 449/2007 sin establecer la situación de hecho similar y exponiendo el sentido jurídico asignado por el fallo recurrido que no coincide con los fundamentos establecidos en la doctrina legal de cada uno de los precedentes, señalando la contradicción en términos precisos, conforme se tiene previsto en los arts. 416 y 417 del CPP.


En cuanto al segundo motivo concerniente a la denuncia del sorteo extemporáneo para la resolución de la apelación restringida, el mismo carece de mayores argumentos que permitan conocer a cabalidad las normas infringidas por los de alzada y las piezas procesales donde constan tales aspectos; además, se desconoce la invocación de algún precedente que ante una situación de hecho similar resolvió el agravio con fundamentos que fueron inobservados o incumplidos por el Tribunal de apelación, requisitos que la norma procedimental previó, para determinar la admisibilidad de los recursos de casación y que se encuentran descritos en los arts. 416 y 417 del CPP, en ese contexto, el motivo deviene en inadmisible.


Respecto de motivos tercero y cuarto, resultan ambiguos y confusos carentes de técnica recursiva en razón a que el recurrente alega inicialmente que el Auto de Vista revalorizó la prueba que a la “postre se constituyen en los argumentos determinantes que demuestran que no he cometido ningún delito” (sic), cuando su persona es la acusadora particular y no el imputado; tampoco precisa que pruebas no merecieron crédito en Sentencia; y, por qué considera que le correspondía al Tribunal de apelación anular total o parcialmente la Sentencia.  De otra parte, incurre nuevamente en citar el precedente sin establecer el sentido jurídico distinto asumido por el Auto de Vista que difiere de la doctrina legal sentada por el Auto Supremos 317/2003 invocado.


La alegación de quebrantamiento de los principios de imparcialidad e independencia así como del debido proceso y la seguridad jurídica, no contiene los elementos suficientes para comprender cual la restricción o disminución de cada garantía señalada como vulnerada y cual su resultado dañoso. Ante el incumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP y los supuestos de flexibilización, el recurso de casación deviene en inadmisible.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Osvaldo Mansilla Justiniano, cursante de fs. 1099 a 1103.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA