TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 610/2015-RA-L

Sucre, 17 de septiembre de 2015


Expediente                La Paz 169/2011

Parte Acusadora        Ministerio Público y otro

Parte Imputada         Nicomedes Blanco Pérez y otros

Delito                    Robo Agravado


RESULTANDO


Por memorial presentado el 23 de agosto de 2011, cursante de fs. 210 a 211, Carmiña Llorenti Barrientos en representación del Ministerio de Culturas, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 95/2011 de 19 de abril de fs. 202 a 204, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Ministerio de Culturas contra Edgar Quiroz Soliz, Felipe Pérez Paco y Nicomedes Mamani Blanco, por la presunta comisión del delito Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 inc. 2) del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En consideración de la Resolución conclusiva de Procedimiento Abreviado, solicitado por el representante del Ministerio Público, se emitió Sentencia  337/10 de 29 de octubre de 2010 (fs. 167 a 168 vta.) del Distrito Judicial de el Alto, que declaró a Edgar Quiroz Soliz y Felipe Pérez Paco, autores del comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 inc. 2) con la agravante de inc. 4) del 326 del CP, imponiéndoles la pena de tres años, y cuatro años y cuatro meses de reclusión respectivamente, con costas al Estado.


  1. Contra la mencionada Sentencia, María Lupita Meneces Peña en representación del Ministerio de Cultura, formuló recurso de apelación restringida (fs. 174 a 175), resuelto por Auto de Vista 95/2011 de 19 de abril emitido por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada.


  1. Notificada la recurrente, con el referido Auto de Vista, el 18 de agosto de 2011 (fs. 206), interpuso el recurso de casación el 23 del mismo mes y año.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


Inicialmente la recurrente denuncia que se vulneró sus derechos a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el principio de congruencia, a la seguridad jurídica y a la igualdad, señalando: i) Que no se dio cumplimiento a lo dispuesto por el art. 374, porque en la audiencia donde se consideró el procedimiento abreviado no se habría escuchado a la víctima, porque la misma no habría sido notificada;  ii) Que el Juez a quo tenía la obligación de rechazar el procedimiento abreviado, porque la pena solicitada por el Fiscal no condecían con la gravedad del hecho, luego transcribe partes del art. 99 de la Constitución Política del Estado (CPE), después señala que tanto el Fiscal, el Juez de mérito y el Tribunal de alzada no consideraron a cabalidad que los acusados no mencionaron o realizaron algún acto que demuestre el arrepentimiento, y que al haber sido encontrados en flagrancia merecían penas mayores a las impuestas.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales de Justicia), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)  Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo de Justicia) o Autos de Vista pronunciados por las Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia. 2) La tarea encomendada por ley a este Tribunal de justicia referida precedentemente. 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, el recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto por la normativa penal, habida cuenta que la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 18 de agosto de 2011 (fs. 206), interponiendo el recurso de casación el 23 del mismo mes y año, es decir dentro de los cinco días hábiles que otorga la ley.


En este sentido, respecto al inc. i) del motivo, la recurrente, alega que el Auto de Vista no hubiese valorado sobre la no notificación en calidad de victima para la audiencia donde se sustanció el proceso abreviado; sin embargo, se constata que dicho extremo no fue denunciado en la apelación restringida, no estando permitido en nuestro sistema procesal penal, el “per saltum”; además de ello, al respecto no ha invocado ningún precedente contrario con algún fundamento del Auto de Vista ahora impugnado como así exigen los arts. 416 y 417 del CPP; razón por la cual, el presente numeral (I) deviene en inadmisible.    


Respecto al inc. ii) del mismo motivo, se alega que, no se consideró que los acusados merecían penas mayores a las impuestas, lo que conllevó -a decir de la recurrente- a la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, al principio de congruencia, a la seguridad jurídica y a la igualdad; sin embargo, independientemente de que no cumplido con los presupuestos establecidos por los arts. 416 y 417 del CPP, por la omisión de invocar precedente alguno contrario al Auto de Vista ahora impugnado, pero también, no especifica ni fundamenta la causalidad entre el posible defecto del Auto de Vista con cada uno de los derechos presuntamente lesionados, menos indica el resultado dañoso y la relevancia constitucional de su pretensión; pues en el marco de la certeza, no es suficiente el denunciar de manera general la vulneración de varios derechos y garantías constitucionales; imprecisión que impide materialmente a este Tribunal admitir excepcionalmente el recurso de casación vía flexibilización, por lo que resulta inadmisible.  


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Carmiña Llorenti Barrientos, de fs. 210 a 211.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

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