TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 609/2015-RA-L

Sucre, 17 de septiembre de 2015


Expediente                : La Paz 165/2011

Parte Acusadora        : Ernesto Paco Apaza

Parte Imputada        : Adriana Eva Quisbert Cruz de Gutiérrez

Delitos                : Calumnia y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 27 de octubre de 2011, cursante de fs. 131 a 134 vta., Adriana Eva Quisbert Cruz de Gutiérrez, legalmente representada por Marcelo Mauricio Gutiérrez Quisbert, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista  53/2011 de 24 de agosto de fs. 122 a 123, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz dentro del proceso penal seguido por Ernesto Paco Apaza contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 283 y 287 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 003/2011 de 19 de marzo de 2011 (fs. 73 a 81), el Juez Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Adriana Eva Quisbert de Gutiérrez, autora de la comisión del delito de Injuria, previsto y sancionado por el art. 287 del CP, imponiéndole la pena de prestación de trabajo por seis meses y multa de cincuenta días a razón cinco bolivianos por día, siendo absuelta  de la comisión del delito de Calumnia previsto por el art. 283 del CP. 


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada formuló recurso de apelación restringida (fs. 92 a 95), resuelto por Auto de Vista 53/2011 de 24 de agosto de 2011 emitido por la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró admisible e improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada.


  1. El 21 de octubre de 2011 (fs. 124), la recurrente fue notificada con el Auto de Vista referido y el 27 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación. 


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. La recurrente denuncia, que el Tribunal de Apelación, en la resolución impugnada convalidó, sin ninguna fundamentación, la existencia de un defecto en la Sentencia 03/2011, así como la inobservancia de los arts. 162 del CP y 46 del Código de Procedimiento Penal (CPP), lo que a su vez, constituye el defecto absoluto señalado por el art. 169 incs. 1), y 3) del CPP, en razón de que, al ser los hechos objeto del proceso penal orientados al delito de acción pública de desacato en razón de la calidad de funcionarios públicos que ostentan los miembros del Servicio Departamental de Educación, la competencia de la juez jamás nació. Añadió que en la resolución recurrida, el ad quem inobservó la previsión contenida en el art. 124 del CPP, porque no expresó los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, puesto que no expresó en sus conclusiones (tercer punto), cuál es su basamento legal para su apreciación, creando una incertidumbre respecto a su alcance. Citó como doctrina legal aplicable el Auto Supremo 442 de 10 de septiembre de 2007, relativo al deber de motivación de las resoluciones.


  1. Aduce, que se convalidó el defecto absoluto señalado por el art. 169 inc. 3) del CPP, por falta de pronunciamiento y por considerar aspectos no denunciados en la apelación restringida e insuficiencia de la fundamentación del Auto de Vista 53/2011, puesto que habiéndose impugnado que la Sentencia 03/2011 no individualizó a la acusada en el hecho por el que fue sentenciada, el Tribunal de apelación interpretó total y absolutamente el defecto acusado, conforme a lo señalado en la parte de conclusiones, último considerando, numeral cuarto, cuando señaló que la imputada fue identificada desde el primer acto procesal, distorsionando los alcances del segundo motivo del memorial de apelación restringida y sin considerar la diferencia que existe entre la identificación y la individualización, consiguientemente, el Auto de Vista recurrido, consideró aspectos que se encontraban fuera del marco de los puntos apelados, actuación que se encuadra en el defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, por haberse violado el debido proceso en su elemento derecho a la impugnación. Cita el Auto Supremo 87 de 31 de marzo de 2005.


  1. Acusa también, la existencia de contradicción entre la parte considerativa y resolutiva del Auto de Vista 53/2011, porque en la parte de sus conclusiones sostiene que el recurso de apelación restringida es inviable y en la parte resolutiva declara improcedente el recurso interpuesto, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso, cuando en su caso, debieron aplicar el art. 399 del CPP.


  1. Finalmente, arguye la falta de motivación y razonamiento del Auto de Vista que violenta flagrantemente el debido proceso, en sus elementos derecho a la defensa y motivación de la resolución, porque resulta total y absolutamente insuficiente e incongruente, porque no ofrece una solución jurídica sino que se limitó a realizar una apreciación subjetiva de los puntos apelados, “…sin establecer en el mismo basamento jurídico de sus alegaciones, Auto de Vista Nº 53/2011 contrario a sus precedentes, entre otros, los Autos Supremos Nº 5 de 21 de enero de 2007 SP Segunda y Nº 8 de 26 de enero de 2007 emitido por la Sala Penal Segunda…” (sic). Cita también el Auto Supremo 100 de 24 de marzo de 2005.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 21 de octubre de 2011, la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado y el 27 del mismo mes y año, formuló recurso de casación; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Que en el recurso de apelación restringida, se expuso como primer motivo, que el Tribunal de alzada, inobservó la previsión contenida en el art. 124 del CPP porque no expresó los motivos de hecho y de derecho en que basó su decisión de desestimar su denuncia de existencia de un vicio absoluto en la sentencia emergente de que el juez actuó sin competencia porque no advirtió que los miembros del Servicio Departamental de Educación son en esencia funcionarios públicos y que tratándose de un delito de acción pública propiamente, su persecución está reservada al Ministerio Público, contradiciendo la doctrina legal aplicable el Auto Supremo 442 de 10 de septiembre de 2007, relativo al deber de motivación de las resoluciones. Analizado el motivo expuesto, se concluye que la recurrente ha cumplido con la carga procesal de fundamentación del agravio expresado en relación a la doctrina legal citada, motivo por el cual el motivo analizado deviene en admisible.


De igual modo, en relación al segundo motivo referido a la falta de congruencia entre el planteamiento expuesto en el recurso de apelación restringida por haber considerado aspectos que se encontraban fuera del marco de los puntos apelados, actuación que se encuadra en el defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, por haberse violado el debido proceso en su elemento derecho a la impugnación en razón de que habiéndose impugnado que la Sentencia 03/2011 no individualizó a la acusada en el hecho por el que fue sentenciada, el Tribunal de apelación señaló que la imputada fue identificada desde el primer acto procesal, distorsionando los alcances del segundo motivo del memorial de apelación restringida y pronunciándose sobre un aspecto que se encontraba fuera del marco de los puntos apelados contradiciendo la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 87 de 31 de marzo de 2005, relativo al cumplimiento del art. 398 del CPP, agravio que cumple igualmente con el deber de fundamentación que posibilita su admisión.


En cuanto al tercer motivo, vinculado a la denuncia de contradicción entre la parte considerativa y resolutiva del Auto de Vista 53/2011, porque en la parte de sus conclusiones sostiene que el recurso de apelación restringida es inviable y en la parte resolutiva declara improcedente el recurso interpuesto, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso, cuando en su caso, debieron aplicar el art. 399 del CPP, se considera que la recurrente no ha precisado cuál es el agravio sufrido; es decir, la efectiva lesión a los derechos y garantías invocados ni tampoco, en qué consiste la restricción o disminución de los mismos, motivo por el cual, el motivo es inadmisible.


Finalmente, sobre el cuarto motivo, en el que la recurrente arguyó falta de motivación y razonamiento del Auto de Vista que violenta flagrantemente el debido proceso, en sus elementos derecho a la defensa y motivación de la resolución, porque resulta total y absolutamente insuficiente e incongruente al no ofrecer una solución jurídica porque se limitó a realizar una apreciación subjetiva de los puntos apelados, agravio en el que citó también el Auto Supremo 100 de 24 de marzo de 2005, se concluye, de la lectura y análisis del argumento planteado, que no se cumplió con la carga de proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, tampoco se detalló con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía y menos se explicó cuál es el resultado dañoso, por lo que tampoco es admisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación de fs. 131 a 134 vta., planteado por Adriana Eva Quisbert Cruz de Gutiérrez, únicamente los motivos primero y segundo identificados en el acápite II. incs. 1) y 2) de la presente Resolución; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA