TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 602/2015-RA-L

Sucre, 17 de septiembre de 2015


Expediente                : La Paz 156/2011

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Jhonny Rogelio Avircata Ajata y otros

Delitos                : Falsedad Ideológica y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 12 de noviembre de 2011, cursante de fs. 379 a 381, Jhonny Rogelio Avircata Ajata, Hernán Santos Coca Nogales y Martín Choque Mamani, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 891/2011 de 13 de octubre, de fs. 364 a 367 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Banco Central de Bolivia representado por Roberto Villarroel Barrero contra los recurrentes, por los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 199 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación formal del Ministerio Público (fs. 33 a 36) y particular presentada por el Banco Central de Bolivia representado por Roberto Villarroel Barrero (fs. 55  a 56 “B”), una vez desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 55/2010 de 8 de diciembre (fs. 259 a 273), el Tribunal Cuarto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a los imputados absueltos de culpa y pena de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 199 y 203 del CP, por concurrir a su favor duda razonable.

b)        Contra la mencionada Sentencia el acusador particular (fs. 326 a 331) y Ministerio Público (fs. 333 a 334) formularon recurso de apelación restringida, resuelto mediante Auto de Vista  891/2011 de 13 de octubre (fs. 364 a 367 vta.), dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declarando procedente las cuestiones planteadas anulando totalmente la Sentencia apelada.


  1. Notificado los recurrentes con el referido Auto de Vista el 7 de noviembre de 2011 (fs. 368) interpusieron el recurso de casación el 12 del mismo mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:

       

  1. Denuncian los recurrentes que el Tribunal de alzada vulneró el art. 407 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al haber admitido el recurso de apelación restringida de los acusadores, quienes no dieron estricto cumplimiento a la norma citada, al no haber realizado la reserva de recurrir, tal cual se evidencia de la sentencia que cursa en obrados.


  1. Arguyen que el Auto de Vista impugnado carece de un análisis serio, científico que emerja del examen de las pruebas, falto de una relación clara y pormenorizada,  al contrario de la Sentencia que determinó la absolución de los imputados, al haber aplicado el art. 363 del CPP, de manera fundamentada, las normas constitucionales, materiales y sustantivas; asumiendo dicha decisión ante la duda razonable, ya que la prueba aportada no fue suficiente para probar lo afirmado por los querellantes.


Hacen notar que el recurso que interponen lo realizan por la vía per saltum en virtud del Auto Supremo 166 de 18 de junio de 2008; para finalmente solicitar se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, y se disponga que el Tribunal de alzada emita nueva resolución en cumplimiento de la doctrina legal aplicable.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se constata que los denunciantes Jhonny Rogelio Avircata Ajata, Hernán Santos Coca Nogales y Martín Choque Mamani cumplieron con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que el 7 de noviembre de 2011 fueron notificados con el Auto de Vista impugnado, presentando su recurso de casación el 12 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que refiere el art. 417 del CPP.


Asimismo, los recurrentes, si bien denuncian en sus dos motivos que el Tribunal de alzada: i) Vulneró el art. 407 de la norma adjetiva penal por admitir la apelación restringida de los acusadores, quienes no realizaron la reserva de recurrir; y, ii) Al haber emitido un Auto de Vista carente de análisis serio, científico, relación clara y pormenorizada a contrario de la sentencia que estuvo debidamente fundada conforme establecen las normas constitucionales, materiales y sustantivas; sin embargo, se evidencia que respecto a estos motivos no invocaron precedente contradictorio alguno; por lo que, tampoco explicaron, ni fundamentaron en absoluto en términos claros y precisos respecto a la posible contradicción que pudiera existir entre el Auto de Vista impugnado con precedente contradictorio alguno, requisito ineludible para decretar la admisibilidad del mismo, así se ha establecido del memorial del recurso; inobservancia que, impide a este Tribunal admitir el recurso e ingresar al análisis de fondo; consiguientemente, el recurso de casación deducido, ante el incumplimiento de los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, para su admisión, corresponde declarar su inadmisibilidad.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Jhonny Rogelio Avircata Ajata, Hernán Santos Coca Nogales y Martín Choque Mamani, cursante de  fs. 379 a 38.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA