TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 600/2015-RA-L

Sucre, 17 de septiembre de 2015


Expediente                : La Paz 154/2011

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Graciela Conde Gutiérrez

Delito                : Estafa


RESULTANDO


Por memorial presentado el 17 de noviembre de 2011, cursante de fs. 420 a 424 vta., Graciela Conde Gutiérrez, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 55/2011 de 30 de agosto de fs. 398 a 400 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Julián Marques Limachi, Gregorio Quispe Limachi, Félix Huanca Choque, Pedro Huanca Mamani y Bertha Chambilla de Chambi; además, de Sofía Cuentas Baldiviezo de Pérez en representación legal de Teodosia Máxima Choque de Lucana, Leonor Mamani de Gómez, Sandra Paco Larico, Andrea Manzaneda Mamani, Victoria Larico de Paco, Florencia Suca de Mamani, Benita Laura Yanahuaya, Justina Quispe Lucana, Lourdes Paco de Chura y Pascuala Paco de Condori, contra la recurrente por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 001/08 de 3 de marzo de 2008 (302 a 313), el Tribunal de Sentencia de Achacachi del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Graciela Conde Gutiérrez, autora de la comisión del delito de Estafa Agravada, previsto y sancionado por el art. 335  con relación al art. 346 bis del CP, imponiéndole la pena de diez años de reclusión, más multa de doscientos días a razón de Bs. 5.- por día, costas al Estado y pago de daños y perjuicios a favor de las víctimas.

  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada formuló recurso de apelación restringida (fs. 321 a 328 y 330 a 332), resuelto por Auto de Vista 59/2008 de 18 de julio (fs. 354 a 356 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 353 de 20 de junio de 2011 (fs. 382 a 388 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista 55/2011 de 30 de agosto, por el cual declaró admisible e improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada.


  1. El 11 de septiembre de 2011 (fs. 401), fue notificada la recurrente con el Auto de Vista y el 17 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. La recurrente denuncia, que la Sentencia está basada únicamente en la declaración de testigos que incurrieron en contradicciones, afirmando haber entregado dineros y productos por su condición de comerciante; refirió la existencia de documentos de garantía y de reconocimiento de deuda que fueron retirados por las mismas víctimas. El Tribunal de alzada no analizó ni fundamentó qué elemento de la sana crítica fue aplicado para ratificar la Sentencia, no resolvió el punto referido a las contradicciones de los testigos, ni consideró que la Sentencia se emitió sin explicar la concurrencia del dolo o el ánimo de engañar, ya que el hecho de recibir un préstamo no puede ser la base de una Sentencia penal por Estafa, existiendo en consecuencia inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 335 del CP) y adjetiva [art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP)], de acuerdo a lo establecido por el art. 370 incs. 1) y, 6) del CPP, contradiciendo la doctrina legal del Auto Supremo 241 de 1 de agosto de 2005; la afirmación del Tribunal de apelación de que el delito se encuentra demostrado por las declaraciones de las víctimas sin realizar una debida compulsa de su contenido, confirma la existencia de documentos de préstamo y deuda, que demuestran que los actos eran negocios jurídicos de compra venta de carácter civil y que no existe Estafa por obligaciones civiles, hecho que implica violación de derechos constitucionales al debido proceso, igualdad y seguridad jurídica.


  1. Refiere que denunció en apelación restringida, la falta de subsunción del tipo penal de Estafa a los hechos expresados en la acusación fiscal y particular, siendo que el Tribunal de Sentencia y de apelación, intentan sustentar su decisión de condena, afirmando que se encuentra demostrado el sonsacamiento de dinero y especies, bajo promesa de devolución del doble o con ganancias elevadas, razonamiento que contradice al Auto Supremo 43 de 27 de enero de 2007, cuya doctrina legal aplicable, estableció la obligación de comprobar el ardid engaño y el desprendimiento patrimonial que sufrió la víctima; en el caso, tanto el acta de juicio y la Sentencia, no observan donde radica el supuesto engaño o ardid, cuando simplemente se realizó una compra venta a consignación o por medio de un préstamo que no puede ser penalizado porque no constituye delito, no hay engaño ni intención de causar error, solo incumplimiento de obligación que no estaba vencida.


  1. Aduce, que el Tribunal de apelación, no se pronunció sobre la defectuosa valoración de la prueba por falta de aplicación de la sana crítica que refirió en el recurso de apelación restringida, cuando los hechos se originan de una relación civil de préstamo de dinero y entrega en consignación de especies, por lo que el Tribunal de Sentencia debió aplicar el art. 49 del CPP y remitir obrados la juez competente, de esta forma se contradice la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 241 de 1 de agosto de 2005, reiterando que la Sentencia no reviste el análisis de la sana crítica para imponer una Sentencia excesiva sin aplicar los arts. 38, 39 y 40 del CP y sin considerar que la Sentencia no debe constituir una venganza, sino un medio de rehabilitación, contradiciendo igualmente el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007,  por una interpretación equivocada que dio lugar a errónea valoración de la prueba testifical al creer que el incumplimiento de una obligación constituye delito de Estafa, defecto que no puede ser subsanada con una nueva Sentencia, sino con un nuevo juicio donde se pueda valorar en forma integral las pruebas.


III. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA HACER VIABLE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales de Justicia), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia. b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente. c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN


En el caso de autos, se establece que el 11 de septiembre de 2011, el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado y el 17 del mismo mes y año formuló recurso de casación; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto a la observación y cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad, en el primer motivo la recurrente refiere que la Sentencia está basada en la declaración de testigos que afirmaron haber entregado dineros y especies existiendo documentos de garantía y de reconocimiento de deuda, que el Tribunal de alzada no fundamentó el elemento de la sana crítica ni resolvió el punto referido a las contradicciones de los testigos, tampoco consideró que la Sentencia fue emitida sin considerar la concurrencia de dolo o ánimo de engañar, siendo que el hecho de recibir un préstamo no puede constituir la base de una Sentencia penal, en consecuencia existe inobservancia y errónea aplicación de ley sustantiva prevista en el art. 335 del CP, porque se trata de negocios jurídicos u obligaciones de carácter civil y no de delitos. En ese contexto, el contenido del motivo en análisis, está dirigido a cuestionar aspectos resultantes de la Sentencia que hubieren sido denunciados en el recurso de apelación restringida y que no hubieren merecido la respuesta debida del Tribunal de alzada, invocando el precedente contradictorio consistente en el Auto Supremo 241 de 1 de agosto de 2005, que a su vez, no fue invocado a tiempo de interponer recurso de apelación restringida, como dispone el segundo párrafo del art. 416 del CPP, omisión que impide la apertura de la competencia de este Tribunal para ingresar a analizar el fondo de la pretensión impetrada; en consecuencia, este motivo deviene en inadmisible.


Asimismo, se ha hecho alusión a una supuesta violación de derechos constitucionales al debido proceso, igualdad y seguridad jurídica, mención realizada sin cumplir con los presupuestos establecidos en el acápite III de la presente Resolución, en sentido de cumplir con la explicación fundamentada y precisa del agravio sufrido, los antecedentes generadores de los derechos que se considera vulnerados, su resultado dañoso y las consecuencias procesales con relevancia constitucional; desatino que igualmente impide la admisión del motivo, aun considerando criterios de excepción por vía de flexibilización.


En relación al segundo y tercer motivo, la recurrente expresa haber denunciado en recurso de apelación restringida, que los hechos expresados en la acusación fiscal y particular, no se subsumen al tipo penal de Estafa y tanto el a quo y Tribunal de alzada, pretenden sustentar la Sentencia, estableciendo que existe sonsacamiento de dinero y especies, sin observar que el acta de juicio y la Sentencia, no señalaron donde radica el engaño o ardid, cuando el hecho trata de un préstamo que no constituye delito, sólo incumplimiento de una obligación. Asimismo, acusa que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre la defectuosa valoración de la prueba y observación de las reglas de la sana crítica también denunciado en el recurso de apelación restringida, puesto que los hechos se originan en una relación civil, dando lugar a una valoración defectuosa de la prueba testifical al sostener que el incumplimiento de una obligación constituye delito de Estafa. Planteamientos que con similar sentido, cuestionan aspectos emergentes de la Sentencia, argüidos en recurso de apelación que supuestamente no hubieran sido considerados por el Tribunal de alzada; por otro lado, se evidencia que los Autos Supremos 43 de 27 de enero de 2007, 241 de 1 de agosto de 2005 reiterado- y 214 de 28 de marzo de 2007, no fueron invocados por la recurrente a tiempo de formular el recurso de apelación restringida, como imperativamente manda el segundo párrafo del art. 416 del CPP, omisión legal que determina no sean tomados en cuenta en recurso de casación, que conlleva a declarar la inadmisibilidad del recurso planteado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Graciela Conde Gutiérrez, de fs. 420 a 424 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA