TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 594/2015-RA-L

Sucre, 17 septiembre de 2015


Expediente                : La Paz 145/2011        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Helen Cristian Aguirre Inofuentes

Delito                : Lesiones Gravísimas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 24 de agosto de 2011, cursante de fs. 736 a 739 vta., Helen Cristian Aguirre Inofuentes, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 161/2011 de 14 de julio, de fs. 728 a 733 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público y Sonia Cecilia Lima Mérida, en representación del menor AA, contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Lesiones Gravísimas, previsto y sancionado por el art. 270 incs. 1) y 2) del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


En mérito a las acusaciones pública y adjuntada (fs. 11 a 14 y 15) y particular (fs. 306 a 312), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, por Sentencia 01/2011 de 3 de febrero (fs. 633 a 642), declaró a Helen Cristian Aguirre Inofuentes, autora y culpable de la comisión del delito de Lesiones Gravísimas, previsto y sancionado por el art. 270 incs. 2) y 4) con relación al art. 274 del CP, por existir prueba suficiente sobre la responsabilidad penal de la acusada, condenándola a sufrir la pena de prestación de trabajo de un año, a cumplir en el Instituto de Adaptación Infantil, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social; en aplicación del art. 36 del mismo Código, inhabilitación especial de dos años para el ejercicio de su profesión y al pago del daño civil ocasionado, más costas en favor del Estado.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Helen Cristian Aguirre Inofuentes (fs. 691 a 697); la acusadora particular Sonia Cecilia Lima Mérida por AA, a la cual se adhirió la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (fs. 699 a 701 y 710 a 711), formularon recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 161/2011 de 14 de julio (fs. 728 a 733 vta.), pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, quien declaró improcedentes los recursos planteados; en consecuencia, confirmó la Resolución recurrida, sin costas por ser excusables los fundamentos esgrimidos.


  1. El 18 de agosto de 2011 (fs. 734), Helen Cristina Aguirre Inofuentes, fue notificada con el Auto de Vista impugnado y el 24 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación, objeto del presente análisis de admisibilidad. 


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


Argumenta que: 1) Los elementos constitutivos del tipo penal de Lesiones Gravísimas, tipificado en el art. 270 incs. 2) y 4) del CP, son inexistentes; por cuanto, la pérdida de piezas dentales del menor víctima, no significó la pérdida permanente de la función estética, fonética y masticadora; por lo que, asevera, que existió una incorrecta tipificación del delito atribuido; 2) Al señalarse que concurrió un delito doloso con relación a un delito culposo, no obstante los elementos subjetivos del dolo y culpa no se complementan ni se relacionan entre sí, se configuró el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP); 3) A título de violación del principio de congruencia, asegura, que la acusación debió demostrar la existencia de dolo, debido a que no se puede pretender subsumir su conducta en un delito culposo, constituyendo dicha actuación en una violación del principio de legalidad y una afectación a la seguridad jurídica, constituyendo defecto absoluto que afecta las garantías consagradas en los arts. 115, 116, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), siendo inaplicable el principio iura novit curia, que sólo es viable cuando se trata de dos delitos dolosos dentro de una misma familia de delitos; por lo que, el Tribunal inferior, incurrió en los defectos de Sentencia previstos en los arts. 341 inc. 2) y 370 inc. 11) del CPP; 4) Los Tribunales de Sentencia son competentes para conocer la sustanciación de juicios en delitos de acción pública con pena privativa de libertad mayor a los cuatro años, siendo competencia de los jueces de Sentencia el juzgamiento de delitos de acción pública sancionados con pena no privativa de libertad como es el delito de Lesiones Culposas; por lo que, se actuó con jurisdicción pero sin competencia, siendo sus actos nulos al realizar una errónea aplicación de los arts. 46, 52 y 53 del CPP, concordantes con el art. 122 de la Norma Fundamental; 5) En desarrollo del juicio se violaron los principios de inmediación y continuidad consagrados en los arts. 330, 334 y 338 del CPP; a cuyo efecto, realiza una relación de las fechas de la audiencia de juicio y sus suspensiones; 6) Se violó el deber de fundamentación previsto en el art. 124 del CPP; por cuanto, no se expresaron los motivos de hecho y de derecho para fundar la condena en su contra, ni el valor otorgado a los medios de prueba, habiéndose reemplazado la misma con una simple relación de documentos; 7) Se realizó una defectuosa valoración de la prueba de descargo producida en juicio, consistente en la prueba que demuestra que la pérdida de piezas dentales del menor se produjo por una caída, descartando que sea ocasionado por el tratamiento odontológico aplicado, consistente en la ligas de ortodoncia pediátrica que habrían causado la luxación extrusiva de los dientes, aspecto que constituye defecto absoluto establecido en el art. 370 inc. 6) del Código Adjetivo Penal; por lo que, corresponde anularse la Sentencia para que las partes puedan someterse nuevamente al conocimiento, discusión y valoración de la prueba de otro Tribunal; y, 8) El Tribunal inferior, realizó una incorrecta y contradictoria fundamentación de la pena, violando los arts. 36, 37 y 38 del CP, limitándose a aplicar la inhabilitación especial sólo por el hecho de tratarse de un delito culposo, aspecto que bajo ninguna circunstancia puede considerarse una agravante, resultando ilógico que se le condene a la prestación de trabajo y simultáneamente se le prohíba ejercer su profesión, coartándole su derechos al trabajo y a la alimentación de su familia, constitucionalmente protegidos.


Con relación a cada una de las impugnaciones descritas, la recurrente citó varios Autos Supremos, al igual que en el primer Otrosí de su memorial de casación.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto, inadmisible para su consideración de fondo.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 18 de agosto de 2011, la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista 161/2011 y el 24 del mismo mes y año, interpuso el presente recurso de casación ante la Sala Penal Tercera; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su legal notificación y ante el mismo Tribunal que emitió la Resolución impugnada, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Antes de ingresar al análisis de fondo de los motivos expuestos en casación, es preciso recordar a la impugnante que, conforme se expuso en el apartado III del presente Auto Supremo, tiene la carga argumentativa de explicar en forma clara y precisa la forma cómo el Auto de Vista recurrido contradijo la doctrina legal invocada; es decir, en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, explicando por qué el precedente invocado sería aplicable al caso, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos distintos; y, la solución pretendida, de modo que este Tribunal pueda efectuar una efectiva contrastación con la jurisprudencia cuya aplicación solicita el recurrente, a tiempo de revisar el fondo de los agravios, de modo tal que se cumpla la finalidad del recurso de casación en materia penal, cual es la de unificar la jurisprudencia pronunciada por los Tribunales Departamentales de Justicia en observancia del principio de seguridad jurídica.


En ese contexto, de la descripción de los motivos de casación expuestos por la recurrente, que resultan ser una reiteración de los argumentos esgrimidos en apelación restringida, se advierte que en ninguno de sus apartados fundamenta de qué modo el Auto de Vista recurrido afectó las normas sustantivas o procedimentales en materia penal, limitándose a citar defectos inherentes a la Sentencia o a la actuación del Tribunal de mérito en el desarrollo del juicio, menos aún explicó de alguna forma cuál la supuesta contradicción del contenido del Auto de alzada impugnado con la doctrina legal contenida en los varios Autos Supremos, simplemente citados por la recurrente, incumpliendo su obligación de sujetarse a la naturaleza jurídica del recurso de casación, conforme a los arts. 416 y 417 del CPP.


No obstante lo señalado, al existir expresa denuncia de concurrencia de defectos absolutos y violación de derechos y garantías, es preciso verificar si la fundamentación cumple mínimamente con los presupuestos desarrollados en el apartado IV del presente Auto Supremo, para su admisión excepcional. Así, se tiene, que con relación a la denuncia de incongruencia entre la acusación, en la que se denunció un tipo penal doloso; y, la Sentencia que la condenó por un delito culposo, resultando en ese entendido inaplicable el principio iura novit curia, se advierte que la recurrente proveyó los antecedentes de hecho generadores del recurso, precisando como inobservados los principios de legalidad y a la seguridad jurídica; empero, no especificó qué derechos y garantías de los contenidos en los arts. 115, 116, 117 y 119 de la CPE, se habrían vulnerado o restringido y si bien denunció la concurrencia de defectos absolutos, omitió detallar con precisión de qué modo se habría restringido o disminuido algún derecho y/o garantía, mucho menos el resultado dañoso que se habría provocado con la cuestionada actuación del Tribunal de mérito, en razón a ello, la temática analizada deviene en inadmisible.


Por último, en aplicación de los mismos criterios antes expuestos, con relación a la denuncia respecto a que el Tribunal de Sentencia habría realizado una incorrecta y contradictoria fundamentación de la pena, al imponerle la sanción de prestación de trabajo y a la vez inhabilitación especial, coartándole sus derechos al trabajo y a la alimentación de su familia, se tiene, que la recurrente no fundamenta de modo alguno si la denuncia se acomoda a algún defecto no susceptible de convalidación y si bien especifica, que la falta de fundamentación se traduce en que el Tribunal de Sentencia se limitó a aplicar la inhabilitación especial sólo por el hecho de tratarse de un delito culposo, que considera no puede tenerse como agravante, no explica cuál la relevancia o incidencia de la Resolución de la denuncia en su caso; en consecuencia, al igual que en el caso anterior, corresponde declarar su inadmisibilidad.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Helen Cristian Aguirre Inofuentes, de fs. 736 a 739 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA