TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 583/2015-RA-L

Sucre, 17 de septiembre de 2015


Expediente                : La Paz 121/2011

Parte acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte imputada        : Luis Guido Salinas Vásquez

Delitos                : Estelionato y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 28 de julio de 2011, cursante de fs. 1210 a 1216 vta., Luis Guido Salinas Vásquez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 39/2011 de 03 de junio, de fs. 1167 a 1168 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Giovani Ferrufino Morro contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

  1. En mérito a las acusaciones pública (fs. 2 a 3) y particular (fs. 6 a 7 vta.), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 12/2010 de 8 de septiembre (fs. 1077 a 1079), el Tribunal Séptimo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró al imputado Luis Guido Salinas Vásquez autor de la comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de cuatro años de presidio, más costas al Estado; y, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular Giovani Ferrufino Morro y el imputado Luis Guido Salinas Vásquez, formularon recursos de apelación restringida (fs. 1086 a 1087; 1106 a 1111 y subsanado fs. 1158 a 1163 vta.), resueltos por Auto de Vista 39/2011 de 03 de junio, (fs. 1167 a 1168 vta.), pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz; quien, declaró inadmisible el recurso planteado por Luis Guido Salinas Vásquez y admisible e improcedente el recurso formulado por Giovani Ferrufino Morro; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado el 22 de julio de  2011 (fs. 1169), el 28 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación, sujeto al presente examen de admisibilidad. 

II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial presentado por el recurrente, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente como único agravio, sostiene que el Auto de Vista en aplicación  del art. 399 de Código de Procedimiento Penal (CPP), rechazó el recurso de apelación por supuesta falta de forma, sin tomar en cuenta que en el plazo que se le concedió para subsanar la misma, cumplió a cabalidad la observación, expresando los agravios, la citación de las disposiciones legal violadas, así como la pretensión perseguida, mismas no fueron consideradas en su real dimensión por la instancia de apelación, situación ésta, a decir del recurrente, que le obligó a plantear el presente recurso de casación, impugnando los siguientes puntos de la Sentencia: 1) Alega, que el Tribunal de primera instancia ha dado lugar a una equivocada aplicación de la ley sustantiva referida a los delitos endilgados, ya que su esencia trata de un préstamo de dinero suscrito en dos escrituras públicas, de lo que se trata es un acto sinalagmático oneroso y con plazo vencido, por el lógico entendimiento que la intervención del Estado en relaciones entre particulares, es de última ratio; además, de no haber justificado la concurrencia del elemento típico del dolo, debido a que en ningún momento se lo puso en situación falsa, comprometiéndole bienes inexistentes o con cargas o gravámenes para obtener beneficio del acusador particular; por lo que, se estaría ante un hecho atípico para la jurisdicción penal y un acto contractual, reglamentado bajo el régimen de las obligaciones en materia civil; por lo que, el Tribunal de Sentencia aplicó de manera indebida la ley sustantiva en cuanto a los delitos endilgados, incurriendo en defecto absoluto e inobservando el art. 370 inc. 1) del CPP, por lo que aduce contradicción con el Auto Supremo 241/2005 de 1 de agosto; 2) La Sentencia se fundó en el supuesto de que los bienes dados en garantía se encuentran gravados, resultando esta conclusión de la ponderación de la prueba MP4, referido a un certificado de información rápida emitido por la Oficina de Derechos Reales correspondiente a la matrícula de registro “201.0.99.0064080”, que en la parte inferior de manera textual advierte, que sólo sirve para información y no para fines oficiales, por la susceptibilidad de no encontrarse actualizada en el día de su emisión; empero, al adquirir convicción y haberle dado valor probatorio a un informe extraoficial para atribuirle la comisión de los delitos endilgados, el Tribunal Séptimo de Sentencia incurrió en defectuosa valoración probatoria, citando al efecto las “SSCC 1523/04-R de 28 de septiembre y 537/04-R de 14 de abril”; 3) La Sentencia incurre en falta de fundamentación, por cuanto no contiene una adecuada relación entre los motivos de hecho y de derecho, limitándose a hacer una simple relación de pruebas de cargo, sin la debida motivación, prevista en el art. 124 del CPP, del mismo modo se advierte, que no expone las razones sobre las pruebas por las cuales habría tomado convicción de la autoría del recurrente y que menos hizo uso de las reglas de la sana crítica, infringiendo el art. 370 inc. 5) del CPP; 4) El Tribunal Séptimo de Sentencia, de oficio de manera unilateral, sin su consentimiento desechó las literales y testificales de descargo, sin que haya renunciado a ellas y menos la parte contraria haya solicitado su exclusión probatoria, vulnerando el derecho a la probanza traducido al derecho a la defensa, principio de legalidad, el debido proceso, garantía de la neutralidad del juzgador e incurriendo en defecto absoluto, en incumplimiento de los arts. 6, 9, 13, 84, 167 y “369” incs. 3) y  4) del CPP, arts. 8.II, 13.I; 109, 110, 115, 116, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE) y contradicción con el Auto Supremo 272 de 4 de mayo de ”21009” y con las Sentencia Constitucionales (SSCC) 0119/03-R de 28 de enero; y, por último; 5) El Tribunal Séptimo de Sentencia, en contra de los principios rectores que rigen el Código de Procedimiento Penal y principio de inmediación, vició el proceso con la nulidad, por cuanto suspendió en reiteradas ocasiones la audiencia de juicio oral, por diversos motivos (ausencia del representante  del  Ministerio  Público,  de  las Juezas Ciudadanas y de los Jueces


Técnicos, del acusador particular y del imputado, a cuyo efecto realiza una descripción de fechas), invocando al respecto el Auto Supremo 239 de 1 de agosto de 2005.


Por último, en el otrosí del memorial de impugnación, adicionalmente cita en calidad de precedente la Sentencia Constitucional 0119/2003 de 28 de enero.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.        SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal   Supremo  de  Justicia  referida  precedentemente;  3) La necesidad  de


precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto, inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el presente caso, se establece que Luis Guido Salinas Vásquez, fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 22 de julio de 2011 formulando su recurso de casación el 28  del mismo mes y año (fs. 1169); es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su legal notificación, cumpliendo el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Cumplida la verificación del requisito de forma, es necesario verificar si el recurrente cumplió con su obligación de fundamentar suficientemente los presuntos agravios provocados por la resolución de alzada, conforme al marco establecido en los arts. 416 y 417 del CPP, ampliamente desarrollados en el apartado III del presente Auto Supremo.


En ese entendido, es imperioso precisar que el impugnante tiene la carga procesal de fundamentar de forma clara y precisa la existencia de precedentes contradictorios con el Auto de Vista recurrido, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas en sentidos jurídicos diversos contenidos en la resolución de alzada impugnada y el precedente invocado, además de especificar en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado y la solución pretendida.


De los fundamentos expuestos en el memorial de casación, se establece que el recurrente alega que, el Tribunal de alzada rechazó su recurso de apelación por supuesta falta de forma, sin tomar en cuenta que en el plazo que se le concedió para subsanar el mismo, cumplió a cabalidad la observación, expresando los agravios, la citación de las disposiciones legal violadas, así como la pretensión perseguida, mismas no fueron consideradas en su real dimensión por la instancia de apelación. Al respecto, se establece que, la parte recurrente con relación al agravio descrito, omitió su deber de citar doctrina legal alguna presuntamente contrariada por la decisión del Tribunal de alzada; en consecuencia, tampoco cumplió con fundamentar cuál la supuesta contradicción del Auto de Vista recurrido, en confrontación de jurisprudencia pertinente, en claro incumplimiento del segundo párrafo del art. 417 del Código adjetivo penal.


Por otro lado, desconociendo la finalidad que tiene el recurso de casación, orienta la mayoría de sus argumentos de impugnación a cuestionar la Sentencia emitida por el Tribunal Séptimo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, cuando en todo caso, le correspondía establecer fundadamente los agravios generados con el pronunciamiento del Auto de Vista 39/2011 de 03 de junio, emitido por el Tribunal de alzada, teniendo en cuenta que conforme las previsiones del art. 416 del CPP, el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, que resuelvan recursos de apelación restringida, aspecto objetivamente evidenciado con la simple comparación entre los memoriales de apelación y de casación, que tienen en gran parte de su contenido, similares motivos.


En consecuencia, las razones expuestas, evitan que este Tribunal Supremo pueda ingresar a considerar el recurso deducido, al no ser posible cumplir con la labor encomendada por el art. 419 del CPP; consecuentemente, el recurso de casación deviene en inadmisible.

No obstante lo anterior, al haberse denunciado defectos absolutos en la Sentencia, en vulneración de derechos y garantías constitucionales, corresponde verificar el cumplimiento de los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal para viabilizar el examen excepcional de los fundamentos de casación; así, se establece que, con relación a la errónea aplicación de los tipos penales de Estafa y Estelionato, la parte recurrente se limitó a denunciar de manera genérica la concurrencia de defectos absolutos, sin identificar derecho o garantía vulnerados, ni mucho menos establecer el resultado dañoso emergente del defecto.


Con relación a que el Tribunal de Sentencia habría vulnerado sus derechos a la defensa, al debido proceso, garantía de neutralidad del Juzgador y  el principio de legalidad, debido a que el Tribunal de mérito, de oficio, dio por retirada la prueba testifical y literal de descargo, se advierte que no obstante otorgar los antecedentes del hecho, no especifica ni mucho menos explica cuál el defecto no susceptible de convalidación ni la trascendencia del mismo en la decisión final de la causa, a efectos de determinar en el fondo la viabilidad de declarar la nulidad de actuaciones; en consecuencia, al no haber cumplido tampoco los criterios de admisión excepcional del recurso, en definitiva, el recurso resulta inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación de fs. 1210 a 1216 vta., interpuesto por Luis Guido Salinas Vásquez.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA