TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 573/2015-RA-L

Sucre, 16 de septiembre de 2015


Expediente        : La Paz 100/2011

Parte Acusadora        : María Magdalena Loza Vda. de Quispe

Parte Imputada        : Julio Magne Plata 

Delito        : Despojo


RESULTANDO


Por memorial presentado el 27 de mayo de 2011, cursante de fs. 533 a 535, María Magdalena Loza Vda. de Quispe interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 387/2011 de 21 de abril (fs. 529 a 530 vta.), pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por la recurrente contra Julio Magne Plata, por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación particular (fs. 10 a 14), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Juez Primero de Partido y Sentencia de la ciudad de El Alto del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 01/2011 de 7 de enero (fs. 493 a 500); por la que, declaró al imputado Julio Magne Plata, absuelto de culpa y pena  de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, acorde al art. 363 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con imposición de costas a la querellante, a ser tasado en ejecución de fallos.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular María Magdalena Loza Vda. de Quispe, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 504 a 507), resuelto por Auto de Vista 387/2011 de 21 de abril (fs. 529 a 530 vta.), pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, quien declaró improcedentes los fundamentos del recurso planteado; por ende, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Notificada la recurrente con el referido Auto de Vista el 23 de mayo de 2011 (fs. 531), interpuso recurso de casación el 27 del mismo mes y año, que es motivo del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de fs. 533 a 535, se extrae el siguiente motivo:


La recurrente denuncia que el Auto de Vista incurre en interpretación errónea de la ley y aplicación indebida de la misma, afirmando que este, al igual que la Sentencia reincidió en los defectos previstos en el art. 370 incs. 4), 5), 6) y 8) del CPP; es así que divide sus alegatos en dos epígrafes: i) Bajo el rótulo: “Actos contradictorios y defectos de la Sentencia y el Auto de vista de conformidad con el art. 370 nums. 4 y 6 del Cdgo. de Pdto. Penal (la Sentencia y Auto de Vista se basan en medios o elementos probatorios incorporados a juicio ilegalmente, así como la sentencia y el Auto de Vista se basan en hechos no acreditados)” (sic); es así que al amparo de los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantizan la seguridad jurídica y el debido proceso, señala que se vulneró el ordenamiento Adjetivo Penal con la incorporación de pruebas documentales, repercutiendo en la absolución del imputado aplicando erradamente una norma procesal, ya que en el juicio se solicitó la exclusión probatoria de la prueba documental de descargo (PD-2 y PD-3), porque no tiene relación con el proceso, no es sustancial y pertenece a otras personas jurídicas, mas no al acusado, actuado procesal que afirma, infringe la seguridad jurídica y el debido proceso, haciendo referencia a la prueba testifical (PTC-1) que establece que fue objeto de amenazas por el acusado, la cual no fue valorada por el Tribunal ad quem como prueba elemental del ilícito, advirtiendo la inobservancia de la aplicación de la ley y la errónea aplicación del art. 173 del CPP al no haber valorado en sentencia las pruebas (PD-2, PD-3 y PTC-1), aseverando que el Auto de Vista y la Sentencia se subsumen en el art. 370 incs. 5, 6 y 8 del CPP, sin que el Tribunal ad quem haya observado las dos últimas normas al omitir pronunciarse sobre este acto de prueba ilícita; y, ii) En otro epígrafe: “Nulidad absoluta del Auto de Vista y de la Sentencia de primer grado por la existencia de vicios insalvables de conformidad a lo previsto por los arts. 169 num. 3 y 370 incs. 5), 6) y 8) del CPP así como la sentencia se basa en hechos no acreditados” (sic); alega que en el Considerando Quinto de la Sentencia, indica que los testigos viven en la zona Villa Loreto sin embargo sus cedulas de identidad señalan otros domicilios, cuando afirmaban vivir hace diez años en la zona, siendo que las cedulas de identidad tienen vigencia hace dos años atrás; advirtiendo que el Juez A quo valoró incorrectamente las pruebas de descargo, ya que demostró mediante prueba testifical y literal que su persona estuvo en posesión del inmueble, mas no hizo valer la prueba pericial del topógrafo (prueba extraordinaria), las pruebas del SENAPE (prueba de reciente obtención), ni se comparó con la Ley 3123.   

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Con relación al primer requisito respecto al plazo para la interposición del recurso de casación, la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado, el 23 de mayo de 2011, presentando su recurso de casación el 27 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de cinco días que establece el art. 417 del CPP.


Con relación al agravio denunciado; por el que, la recurrente carente de técnica recursiva y sin mayor carga argumentativa, indica en síntesis, que el Auto de Vista impugnado incurre en interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, en razón a que tanto el Auto de Vista como la Sentencia reinciden en los defectos previstos en el art. 370 incs. 4), 5), 6) y 8) del CPP; advirtiendo al respecto que: i) Se basan en hechos no acreditados, infringiendo el ordenamiento Adjetivo Penal con la incorporación de pruebas documentales, que repercutieron en la absolución del imputado aplicando erradamente una norma procesal; por cuanto, se solicitó la exclusión probatoria de la prueba (PD-2 y PD-3), vulnerando la seguridad jurídica y el debido proceso, sin que se haya valorado la prueba testifical (PTC-1), afirmando que hubo inobservancia de la aplicación de la ley y la errónea aplicación del art. 173 del CPP al no haber valorado en sentencia las pruebas (PD-2, PD-3 y PTC-1), aseverando que el Auto de Vista y la Sentencia se subsumen en el art. 370 incs. 5), 6) y 8) del CPP, sin que el Tribunal Ad quem haya observado las dos últimas normas al omitir pronunciarse sobre este acto de prueba ilícita; y, ii) Afirma que existe nulidad absoluta del Auto de Vista y de la Sentencia por la existencia de vicios insalvables de conformidad a los arts. 169 inc. 3 y 370 incs. 5), 6) y 8) del CPP; por cuanto, la Sentencia se basó en hechos no acreditados en su Considerando Quinto, cuestionando sobre el domicilio de los testigos, afirmando que el A quo valoró incorrectamente las pruebas de descargo, ya que demostró que su persona estuvo en posesión del inmueble; empero, no se hizo valer la prueba pericial del topógrafo ni del SENAPE, tampoco se comparó con la Ley 3123.  


Sobre este motivo se observa que la recurrente no cumplió con la carga procesal de invocar los precedentes presuntamente contradictorios en relación al Auto de Vista impugnado, menos se dio a la tarea de explicar de manera clara, precisa y debidamente fundamentada, respecto a cuál la situación de hecho similar y principalmente en qué consistiría la contradicción en relación a lo determinado en el Auto de Vista ahora impugnado, conforme a la exigencia establecida en los arts. 416 y 417 del CPP, para que este Tribunal, en virtud a la competencia que le asigna el art. 419 del CPP, ingrese al análisis de fondo del recurso de casación y proceda a enmendar posibles errores y omisiones cometidas por el Tribunal de apelación.


No obstante de ello, con relación a la mera alegación de defecto absoluto efectuada en la exposición; la recurrente si bien cita de forma soslayada los derechos o garantías supuestamente vulnerados, no explica la trascendencia de la supuesta vulneración, no habiendo cumplido a cabalidad con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV de este Auto Supremo, lo que imposibilita la admisión del recurso, aun acudiendo a estos criterios; deviniendo el presente recurso de casación en inadmisible para su análisis de fondo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación formulado por María Magdalena Loza Vda. de Quispe de fs. 533 a 535.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA