TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 572/2015-RA-L

Sucre, 16 de septiembre de 2015


Expediente                : La Paz 99/2011        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro 

Parte Imputada        : Carmen Rosa Murillo Bilbao La Vieja Vda. de Peducasse

Delito        : Uso de Instrumento Falsificado


RESULTANDO


Por memorial presentado el 11 de mayo de 2011, cursante de fs. 890 a 892 vta. y su ampliatorio a fs. 912 y vta., de 12 de mayo de 2011, Carmen Rosa Murillo Bilbao La Vieja Vda. de Peducasse, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 69/2011 de 30 de marzo del 2011, de fs. 869 a 877 vta., y su complementación y enmienda de 20 de abril de 2011, a fs. 882 y vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Luis Javier Bacarreza Cladera representado legalmente por René Omar Alcocer Hernández contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación fiscal (fs. 1 a 3 subsanada a fs. 10) y particular (fs. 16 a 19 vta.), una vez concluida la audiencia de juicio oral y público, el Juez Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 25/2008 de 30 de agosto de 2008 de (fs. 716 a 725), por la que declaró a la imputada Carmen Rosa Murillo Bilbao La Vieja Vda. de Peducasse, autora de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del CP, imponiéndole la pena de reclusión de dos años, con costas, daños y perjuicios a favor de la parte afectada. En aplicación al art. 368 del CPP, le concedió el beneficio del perdón judicial por tratarse de su primer delito.

  1. Contra la referida Sentencia, interponen recurso de apelación restringida la imputada Carmen Rosa Murillo Bilbao La Vieja Vda. de Peducasse (fs. 739 a 750) y René Omar Alcocer Hernández en representación legal de Luis Javier Bacarreza Cladera (fs. 765 a 770), resueltos por Auto de Vista 69/2011 de 30 de marzo (fs. 869 a 877 vta.), emitido por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró improcedente los fundamentos de los recursos de apelación; y, en consecuencia confirmó la Sentencia apelada. La solicitud de complementación y enmienda (fs. 880 y vta.) fue declarada no ha lugar  mediante resolución 114/2011 de 20 de abril.


  1. Notificada la recurrente Carmen Rosa Murillo Bilbao La Vieja Vda. de Peducasse con el mencionado Auto de Vista el 18 de abril del 2011 (fs. 879) y con la resolución complementaria 114/2011 el 6 de mayo del mismo año (fs. 883), interpuso recurso de casación el 11 del mismo mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II.DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1) Refiere que los incidentes de excepción de prescripción de los delitos de Falso Testimonio y Falsedad Ideológica no fueron objetados en apelación restringida, por cuanto estarían plenamente ejecutoriados.


2) Que en su recurso de apelación restringida, señaló la inobservancia y errónea aplicación del art. 133 del CPP, referido a la extinción de la acción por duración máxima del proceso, debido a que en la sustanciación de la causa transcurrieron más de siete años, siendo que las dilaciones no fueron atribuibles a su persona, sino al Ministerio Público, al apoderado del querellante y a los estrados judiciales; sin embargo, no se dio estricta aplicación al citado artículo por parte del inferior y tampoco fue reparado por el Tribunal de alzada. Agrega que la extinción de la acción penal puede ser declara aún de oficio por el juez o tribunal, transcribiendo al efecto el Auto Supremo 222 de 7 de marzo de 2007; además, que también denuncio violación al principio de continuidad porque el proceso se inició el 9 de enero de 2008 y concluyó el 30 de agosto del mismo año.


3) Que el Tribunal de alzada realizó una valoración de los hechos fácticos que se encuentran extinguidos y que no fueron objeto de apelación porque hacen referencia a los argumentos del delito de Falso Testimonio que fue extinguido por el Juez de la causa, tomándose fundamentos de hechos fácticos por los cuales nunca fue juzgada, vulnerándose el principio de igualdad de las partes, defensa y debido proceso invoca el Auto Supremo 69 de 20 de marzo de 2006. De otro parte, señala que citó como precedente el Auto Supremo 315 de 26 de agosto de 2006, referido a que la subsunción debe demostrar el encuadramiento de la conducta al marco descriptivo de la ley penal, transcribiendo parte del mismo; posteriormente, realiza transcripciones de párrafos relacionados con la obligación del juez de realizar una correcta subsunción, del principio de tipicidad y errónea aplicación de la ley sustantiva citando páginas, pero desconociéndose su origen. Concluye su recurso manifestando que nunca se estableció qué documento falsificó y cómo hubiera hecho uso del mismo.


4)  En el memorial de ampliación del recurso de casación indica, que otra actividad procesal defectuosa constituye su falta de notificación con el voto disidente de una de las jueces técnicos del Tribunal de Sentencia; por cuanto, los de alzada debieron revisar el proceso y anular obrados para ser notificada con la Sentencia y el voto disidente. Añade que no se efectuó la valoración señalada por los Autos Supremos 222/2007, 69/2006 y 315/2006.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación, posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley a este Tribunal de justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se constata que la recurrente cumple con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta que fue notificada con el Auto de Complementación el 6 de mayo de 2011 (fs. 883), presentando su recurso de casación y de ampliación el 11 y 12 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de cinco días previstos por el art. 417 del CPP.


En cuanto a los argumentos del recurso de casación, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, la cita del precedente contradictorio; y, principalmente, la explicación, en términos claros y precisos, referidos a la posible contradicción entre el Auto de Vista impugnado y la doctrina legal aplicable de los precedentes contradictorios, que permitan a este máximo Tribunal, emitir un pronunciamiento final sobre las cuestiones planteadas; en caso de denuncias de vulneración de derechos y garantías constitucionales, se observará el cumplimiento de los presupuestos de flexibilización contenidos en el acápite III de la presente Resolución.


Revisados los motivos traídos en casación, verificando el cumplimiento de los requisitos descritos por los arts. 416 y 417 del CPP, se advierte que la recurrente se limita a transcribir parte de los Autos Supremos invocados como precedentes, omitiendo señalar la situación de hecho similar entre el Auto de Vista impugnado y el precedente; de igual manera, tampoco expone de manera concreta cual sería el sentido jurídico distinto asignado por el fallo impugnado que no coincide con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma con diverso alcance. Además, este Tribunal no tiene competencia para pronunciarse respecto a excepciones o incidentes planteados en esta etapa procesal, conforme lo ha determinado las Sentencias Constitucionales 1716/2010-R de 25 de octubre, 1971/2013 de 4 de noviembre y 1085/2013-L de 30 de agosto, entre otras.


Con relación a la vulneración del principio de igualdad de las partes, defensa y debido proceso, omite precisar de manera concreta cómo estos principios fueron restringidos o disminuidos de manera individual; asimismo, no señala cual el resultado dañoso originado por la infracción de cada uno de éstos principios, requisitos que posibilitan la admisión de los recursos de casación vía flexibilización pero que fueron inobservados por la recurrente. Ante el incumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP y los supuestos de flexibilización, el recurso de casación deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Carmen Rosa Murillo Bilbao La Vieja Vda. De Peducasse.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA