TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 554/2015-RA-L

Sucre, 16 de septiembre de 2015


Expediente                : La Paz 58/2011

Parte Acusadora        : Pablo Gabriel Sandoval Alarcón

Parte Imputada        : Ximena Delma Morales Vera

Delito                : Giro de Cheque en descubierto


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de marzo de 2011, cursante de fs. 135 a 138, Ximena Delma Morales Vera, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 14/2011 de 28 de febrero, de fs. 122 a 123, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Pablo Gabriel Sandoval Alarcón contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Giro de Cheque en descubierto, previsto y sancionado por el art. 204 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

  1. En mérito a la acusación particular (fs. 5 a 6 vta.), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 018/2010 de 15 de noviembre (fs. 91 a 95), el Juez Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a la imputada   Ximena Delma Morales Vera culpable de la comisión del delito de Giro de Cheque en descubierto, previsto por el art. 204 del CP,  imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años de presidio, y la multa de sesenta  días a razón de Bs. 20.- (veinte bolivianos) por día, más costas, y la habilitación para la reparación de daños y perjuicios conforme al art. 382 del Código de Procedimiento Penal (CPP), esto en ejecución de sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Ximena Delma Morales Vera formuló recurso de apelación restringida (fs. 100 a 109), resuelto por Auto de Vista 14/2011 de 28 de febrero pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz; por el que, declaró admisible e improcedente el recurso planteado; por ende, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Notificada la recurrente con el Auto de Vista impugnado, el 15 de marzo de 2011 (fs. 124), el 19 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación, sujeto al presente examen de admisibilidad. 

II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


Del memorial presentado por la recurrente, se extraen los siguientes motivos:


Como primer motivo, denuncia que el Tribunal de Sentencia le impuso una pena de tres años de reclusión, sin respetar el principio de valoración de pruebas de cargo y de descargo, y menos explicar en qué consistiría la valoración de la prueba; además, de inobservar las reglas de la sana crítica ni considerar la personalidad de la recurrente, pues, que no se tomó en cuenta aspectos de la personalidad de la imputada, como el hecho de que la recurrente es profesional, sin antecedentes penales ni policiales, a decir de la recurrente, en caso de autos  se trata de cuestiones civiles; hecho que no controló y fiscalizó el Tribunal de alzada, sin tomar en cuenta que en segunda instancia existe el reconocimiento de que el hecho no es grave, que a criterio de la recurrente debió considerarse la rebaja de la pena, refiriendo la recurrente que existe abundante jurisprudencia que determina que el Tribunal de alzada debe obrar con justicia, cuando se incumplen de manera clara los principios de aplicación de la sana crítica, ya que, en el Auto de Vista recurrido no se observa justificación de la causal de impugnación de la falta de aplicación de las reglas de la sana crítica en la Sentencia, quedando este punto sin resolver por parte del Tribunal de alzada al declarar improcedente dicho presupuesto; vulnerándose el principio de inocencia con esta omisión, al respecto invoca el Auto Supremo 384 de 26 de septiembre de 2005.


Como segundo motivo, la recurrente alega, que llevó ante el Tribunal de alzada su reclamo, de que el Juez de mérito basó su resolución sin fundamento para condenarla con insuficientes pruebas, y que el Tribunal de alzada, no consideró esta denuncia en la que incurrió el Juez de Sentencia, contraviniendo con este accionar el Ad quem, los Autos Supremos 214 de 28 de marzo de 2007, 515 de 16 de noviembre de 2006, 308 de 25 de agosto de 2006, 63 de 27 de enero de 2006, SS CC 478-R de 23 de julio de 2006 y “A.C. 58/2007 de 23 de enero de 2007”.


Como tercer motivo, reclama que el Juez de Sentencia como el de alzada adolecen de escasa fundamentación intelectiva probatoria, pues no justifican el nivel de aplicación de la pena, debiendo en todo caso estarse a lo más favorable, aspectos que vulneran derechos y garantías constitucionales, establecidos en los arts. 370 inc. 5), 124 y 398 del CPP, art. 8 numeral 2 inc. h) de la Ley 1430 de 11 de febrero de 1993 Pacto de San José de Costa Rica y art. 14 numeral 5 de la Ley 2119 de 11 de septiembre de 2000, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al efecto invoca el Auto Supremo 183 de 6 de febrero de 2007,  256 de 26 de julio de 2006, 314 de 25 de agosto de 2006 y SSCC 1369/01-R. 


Como cuarto motivo, la recurrente, arguye que el actuar del Juez de Sentencia y el de alzada constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio); y en consecuencia, infracción al principio tantum devolutum quantum apellatum y al deber de fundamentación, como defecto absoluto al no pronunciarse sobre todos los motivos fundados en el recurso de apelación restringida conforme lo determina el Auto Supremo 411 de 20 de octubre de 2006.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto, inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el presente caso, se establece que el 15 de marzo de 2011, la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado y el 19 del mismo mes y año, formuló el presente recurso de casación; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su legal notificación, cumpliendo el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Respecto a los demás requisitos; del primer motivo, se observa que la recurrente denuncia, que el Auto de Vista impugnado incurre en falta de fundamentación y motivación respecto a la valoración de pruebas de cargo y de descargo, al no considerar las pruebas de descargo que ofreció en juicio y menos su personalidad para disminuir la pena, inobservando las reglas de la sana crítica; sin embargo, olvida la recurrente que para la admisión del recurso de casación es necesario señalar en términos precisos, la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, se limita a citar como precedente contradictorio el Auto Supremo 384 de 26 de septiembre de 2005, sin cumplir con la referida carga procesal, omisión que no puede ser suplida por este Tribunal y que imposibilita ingresar al análisis de fondo del presente recurso, pues se reitera que de acuerdo al sistema de recursos previsto por el Código de Procedimiento Penal vigente, la finalidad esencial del recurso de casación es uniformar la jurisprudencia, de ahí la exigencia legal de invocar el precedente contradictorio y explicar la contradicción en términos precisos y claros, pues de no ser así el Tribunal Supremo estaría imposibilitado de resolver en base al derecho objetivo la probable contradicción existente ante el Auto de Vista impugnado y el precedente y/o precedentes contradictorios invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance.


En consecuencia, al no haberse cumplido con todos los requisitos de admisibilidad, el recurso de casación analizado deviene en inadmisible.


Ahora bien, con relación al segundo motivo, la recurrente alega, que llevó ante el Tribunal de alzada su reclamo, de que el Juez de mérito fundamentó la Sentencia con insuficientes pruebas para condenarla, y que el Tribunal de alzada, no consideró el defecto de Sentencia; y, en el tercer motivo, alega, que la Sentencia como el Auto de Vista adolecen de fundamentación intelectiva probatoria, pues no justifican el nivel de aplicación de la pena; ahora bien, se advierte del contenido de estos motivos, que si bien, la recurrente cita los Autos Supremos 214 de 28 de marzo de 2007, 515 de 16 de noviembre de 2006, 308 de 25 de agosto de 2006, 63 de 27 de enero de 2006, 183 de 6 de febrero de 2007, 256 de 26 de julio de 2006, 314 de 25 de agosto de 2006, como posibles precedentes contradictorios, omite observar la carga procesal de establecer cuál la contradicción existente entre esos fallos y la Resolución recurrida, conforme la exigencia prevista en el segundo párrafo del art. 416 del CPP.


Por tal motivo, se reitera que la simple invocación y mención del precedente o un planteamiento subjetivo de la recurrente de cómo debió ser resuelto el proceso, no es suficiente para admitir el recurso de casación, concluyéndose que en los presentes motivos se incurrió en una omisión que no puede ser suplida por este Tribunal, determinando la imposibilidad de ingresar al análisis de fondo de este recurso, deviniendo en inadmisible.


Se deja constancia que las Sentencias Constitucionales 478-R de 23 de julio de 2006, 1369/01-R y Auto Complementario 58/2007 de 23 de enero de 2007, no constituyen precedentes contradictorios, conforme se tiene establecido en el primer párrafo del art. 416 del CPP.


No obstante, la recurrente alega “violación a derechos y garantías constitucionales, tal cual lo establecen los Arts. 370 numeral 5), 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, Art. 8 numeral 2 inc. H) de la Ley No.1430 de 11 de febrero de 1993 (Pacto de San José de Costa Rica), y, Art. 14 numeral 5 de la Ley No. 2119 de 11 de septiembre de 2000 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)” (sic), corresponde determinar si procede su admisión vía flexibilización, es decir, verificar si el recurso cumple con las exigencias establecidas en el último párrafo del punto anterior, como la obligación de proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional. En ese sentido, se advierte que la recurrente cita de forma genérica señalando violación de derechos y garantías, sin precisar de manera correcta los antecedentes de hecho, como tampoco establece el resultado dañoso emergente de los defectos denunciados y las consecuencias procesales con relevancia constitucional.


Por lo relacionado se establece que el presente recurso no cumple con las exigencias de los arts. 416 y 417 del CPP, ni con las exigencias de flexibilización; por lo que, deviene en inadmisible.


Finalmente, del cuarto motivo, se establece que la recurrente, arguye que el actuar del Juez de Sentencia y el Tribunal de alzada incurren en incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia, infracción al principio tantum devolutum quantum apellatum, como defecto absoluto, pues no se pronunciaron pronunciaron sobre todos los motivos fundados en el recurso de apelación restringida; invocando al respecto el Auto Supremo 411 de 20 de octubre de 2006; empero, del tenor de este motivo se advierte que, la imputada no realizó la exposición concreta de los razonamientos emergentes del Auto de Vista impugnado que le causaron los agravios que alega y menos identificó sobre qué puntos habría omitido pronunciarse el Tribunal de alzada, confundiendo y reemplazando la misma, por un lado, con los  argumentos del recurso de apelación restringida, y por otro, con la exposición de aspectos contenidos en la Sentencia; cuando lo que correspondía era, a partir de la o las conclusiones arribadas por el Tribunal de alzada, explicar de manera fundamentada, cuál la contradicción existente entre la Resolución impugnada, con los fundamentos expresados en el precedente contradictorio invocado, para que con este insumo este Tribunal pueda ingresar a verificar la probable asignación de un sentido jurídico distinto por parte del Tribunal de alzada, al mismo supuesto fáctico; deficiencias que impiden a este Tribunal cumplir la labor que le asigna la ley.


En consecuencia, los extremos expuestos demuestran el incumplimiento de los requisitos formales para la admisibilidad establecidos por este Tribunal, el presente motivo del recurso de casación sometido al presente análisis, deviniendo en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación, de fs. 135 a 138, interpuesto por Ximena Delma Morales Vera.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA