TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 552/2015-RA-L

Sucre, 16 de septiembre de 2015


Expediente                : La Paz 55/2011

Parte acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte imputada        : Huascar Fernando Lozada Saldias

Delito                : Estelionato


RESULTANDO


Por memorial presentado el 23 de noviembre de 2010, cursante de fs. 315 a 319, Huascar Fernando Lozada Saldias, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 238/2010 de 15 de octubre, de fs. 303 a 307, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Ministerio Público y Nicolás Javier Valdivieso Larrea contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

  1. En mérito a las acusaciones pública (fs. 2 a 3) y particular (fs. 9 a 10 vta.), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 22/2009 de 11 de noviembre (fs. 258 a 268), el Tribunal Cuarto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró al imputado Huascar Fernando Lozada Saldias culpable de la comisión del delito de  Estelionato, previsto por el art. 337 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de dos años de presidio; empero, se le concedió el Perdón Judicial, más el resarcimiento de daño ocasionado a la víctima y al pago de costas del juicio.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Huascar Fernando Lozada Saldias, formuló recurso de apelación restringida (fs. 275 a 279), resuelto por Auto de Vista 238/2010 de 15 de octubre, (fs. 303 a 307), pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz; quien, declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado el 17 de noviembre de 2010 (fs. 308), el 23 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación, sujeto al presente examen de admisibilidad. 

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del  memorial presentado por el recurrente, se extraen los siguientes motivos:


  1. Como primer motivo, denuncia que el Tribunal de Sentencia, incurrió en errónea aplicación de la Ley Sustantiva, específicamente del art. 14 del CP, que en su lugar debió aplicarse el art. 13 del mismo cuerpo legal, pues, en el transcurso del juicio no se demostró la concurrencia del dolo, situación ésta que generó el voto disidente de la Presidenta del Tribunal Cuarto de Sentencia, sumado a que la jurisprudencia es categórica en señalar que ante la menor duda se debe aplicar el principio indubio pro reo, por no ser evidente la convicción de la concurrencia del ilícito y menos del dolo; asimismo, de la valoración de todas las pruebas de cargo como de descargo uno de los Jueces Técnicos, llega a la convicción de que existe duda razonable  referido a que si el imputado antes o durante la transferencia, conocía sobre la anotación preventiva que pesaba sobre el lote de terreno de propiedad del imputado; por lo que, solicitó se esté  a lo dispuesto por el art. 363 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


  1. Como segundo motivo, el recurrente alegando que presentó abundante prueba de descargo signada como PD-12 y PD-13, afirma que desconocía sobre el gravamen que pesaba sobre el bien inmueble de su propiedad que fue objeto de transferencia, sobre lo que el Tribunal de Sentencia incurrió en insuficiente y contradictoria fundamentación de la Sentencia, debido a que  no consideró que demostró en juicio que la deuda en sí,  no asciende a “Bs. 96.000”, que parte de ese dinero es el que le prestó el querellante, a cuyo efecto asevera es contradictoria al Auto Supremo 144 de 22 de abril de 2006. 


  1. Como tercer motivo, el recurrente arguye, que la Sentencia está basada en hechos inexistentes y defectuosa valoración de las pruebas, en los siguientes puntos: i) Que el imputado no tuvo conocimiento de la existencia de la anotación preventiva, que esto se deduce del proceso tributario instaurado en su contra y que la mismo se notificó por edictos, esto probaría que el imputado jamás tuvo conocimiento de la anotación preventiva; ii) A igual entendimiento se llega con la prueba de descargo PD-12, consistente en un memorial de nulidad planteado ante autoridad tributaria, pruebas suficientes para aplicarse en el presente caso el art. 13 del CP, iii) Asimismo, se tiene, que de los documentos codificados como MP1, MP2, MP3, el Tribunal manifiesta y admite que es evidente que en la práctica no existió voluntad alguna por parte del imputado y del querellante de celebrar transferencia porque en ningún momento se pagó precio por compra del inmueble, que el documento era ficticio, que sólo era una garantía, situación que contradice los Autos Supremos 144 de 22 de abril de 2006 y 308 de 25 de agosto de 2006.


  1. Como cuarto motivo, a título de incongruencia entre la acusación y la Sentencia, afirma que la primera refiere que sobre su inmueble existe un gravamen  por un determinado monto de dinero y que transfirió el mismo con anterioridad para posteriormente gravar como propio un bien que ya no le pertenecía; sin embargo, la Sentencia nunca se refirió a que existe un gravamen por el monto insertado en la acusación, ni que haya vendido y después gravado, sino fundamenta que gravó y después vendió.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial  conforme  lo determinan los arts. 8.2 inc. h)  de la Convención Americana


sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el presente caso, se establece que Huascar Fernández Lozada Saldias, fue notificado con el Auto de Vista el 17 de noviembre de 2010 formulando su recurso de casación el 23 de noviembre del mismo mes y año, (fs. 308); es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su legal notificación, cumpliendo el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Con relación a los demás requisitos, se establece que la parte recurrente desconociendo la finalidad que tiene el recurso de casación, orienta todos sus argumentos a cuestionar la Sentencia emitida por el Tribunal Cuarto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, cuando en todo caso a través del presente medio de impugnación, le correspondía establecer fundadamente los agravios generados con el pronunciamiento del Auto de Vista 238/2010 de 15 de octubre emitido por el Tribunal de alzada, teniendo en cuenta que conforme las previsiones del art. 416 del CPP, el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia. Este aspecto objetivamente queda evidenciado con la simple comparación entre los memoriales de apelación y casación, que tienen la misma estructura, idénticos acápites y en gran parte de su contenido, los mismos motivos.


En consecuencia, las razones expuestas, evitan que este Tribunal Supremo pueda ingresar a considerar el recurso deducido, al no ser posible cumplir con la labor encomendada por el art. 419 del CPP; consecuentemente, el recurso de casación deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación de fs. 315 a 319, interpuesto por Huascar Fernando Lozada Saldias.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA