TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 545/2015-RRC-L

Sucre, 16 de septiembre de 2015


Expediente                      : La Paz 128/2010

Parte Acusadora            : Ministerio Público y otro 

Parte Imputada              : Fernando Anti Alfaro

Delitos                        : Peculado y otros   

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 20 de agosto de 2010, cursante de fs. 653 a 656 vta., Fernando Anti Alfaro interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 339/2010 de 14 de junio, de fs. 641 a 644 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Alcaldía Municipal de Comanche, Provincia Pacajes del Departamento de La Paz contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Peculado, Peculado Culposo, Malversación e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados por los arts. 142, 143, 144 y 154 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)   En merito a la acusación pública y particular, una vez concluida la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal de Sentencia Tercero de El Alto de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, por Sentencia 52/2008 de 5 de marzo (fs. 505 a 513), que declaró a Fernando Anti Alfaro, autor y culpable de la comisión de los delitos de Peculado e Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por los arts. 142 y 154 del CP, imponiéndole la pena de seis años de reclusión; y, cien días multa a razón de Bs. 10.- (diez bolivianos) por día, más costas a favor del Estado por daños y perjuicios a la parte civil. Con relación a la comisión de los delitos de Peculado Culposo y Malversación, previstos y sancionados en los arts. 143 y 144 del CP, lo absolvió de culpa y pena.

b)   Contra la mencionada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 552 a 557), resuelto por el Auto de Vista 339/2010 de 14 de junio (641 a 644 vta.), emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró improcedente el citado recurso, y, confirmó la Sentencia, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 338/2015-RA-L de 6 de julio, que declaró su admisión, se tienen como motivo el siguiente:


El Auto de Vista en el considerando segundo no fue debidamente fundamentado en cada uno de los elementos de su recurso de apelación restringida por los siguientes motivos: a) En el punto 2, realiza afirmaciones falsas debido a que el Tribunal de Alzada señaló que se pronunciaron respecto de la complementación y enmienda, cuando no fue así, porque no se pronunciaron oportunamente, haciéndolo después que planteara su apelación restringida; b) En el punto 3, señala que el recurso no refiere de forma separa cada violación como tampoco se expresa la aplicación que se pretende; sin embargo, esta afirmación no es cierta debido a que al señalar los defectos absolutos se insertó los arts. 169 incs. 3), 4) y 370 incs. 1), 4), 5), 6) y 8) del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, se precisó la norma vulnerada; c) En el punto 4, señala que se reclamó un vicio oculto y que debió hacerlo en el momento oportuno, salvo que se trate de un defecto procesal absoluto; al respecto, fue justamente porque existió defectos absolutos que se planteó en la apelación restringida señalando puntualmente lo reclamado; d) En el punto 5, señala que el Tribunal inferior ha realizado una correcta valoración de toda la prueba; este fundamento, resulta carente de análisis objetivo violentando la objetividad y la verdadera sana crítica; e) En el punto 6, señala que el testigo Jorge Humerez efectuó su declaración testifical en juicio, no siendo cierta esta afirmación porque su declaración data del 15 de mayo de 2007; empero, la misma fue anulada por haberse reiniciado el nuevo juicio oral con nuevos jueces ciudadanos; f) En el punto 7 y 8, hace referencia a las competencias de los Fiscales adjuntos e imputación, señalando que dichos Fiscales adjuntos tienen plena competencia y que al haber efectuado su declaración informativa a convalidado dicho defecto procesal; al respecto, aclaró que la imputación data del 15 de mayo de 2003 y su declaración recién la realizó el 10 de agosto de 2005, en consecuencia se incurrió en defecto absoluto insubsanable que vulnera al debido proceso; g) En el punto 9, hace referencia a que el Juez ciudadano Juan Ventura Alejo, señaló que prestó juramento, lo cual no es cierto, porque consta en acta de audiencia de 7 de diciembre de 2005 y en el acta de 12 de diciembre de 2005 que el mismo no participa y se resolvió remitir el juicio a la localidad de SICA SICA; h) En el punto 10, referente a la suspensión de más de diez días violando lo establecido en el art. 336 del CPP, señala como fundamento que existe una excepción de discrecionalidad para algunos distritos judiciales, como La Paz, en la que no se puede dejar de lado el cumplimiento del plazo señalado en el art. 336 del CPP; dicho fundamento, en los términos de su redacción, no señala la doctrina o sentencia constitucional en la cual se basa ni la normativa en la que sustenta su afirmación; por lo tanto, al pretender justificar el incumplimiento del art. 335 del CPP, se incurrió en defecto procesal absoluto; i) Con relación al punto 11, refirió que la Jueza ciudadana Josefina Consuelo Mercado de Castro juró antes de la recepción de la prueba y de la lectura de la acusación; por lo que, tuvo conocimiento de todo el proceso y que el impetrante, el 21 de marzo de 2006 ejerció el derecho a presentar incidentes por lo que no se vulneró el principio de inmediación. Al respecto, dicha Jueza fue designada por sorteo extraordinario el 12 de septiembre de 2007; por lo tanto, ante la designación del nuevo Juez se reinició el juicio; en consecuencia, no se podía dar por válidos los incidentes de 21 de marzo de 2006, ni la declaración de Jorge Humerez porque dichas actuaciones fueron anuladas y las conoció otro Juez ciudadano, siendo lo lógico repetirse todos los actos procesales desde la lectura de la acusación; por lo cual, se incurrió en defectos absolutos establecidos en el art. 169 incs. 3), 4) y art. 370 inc. 4) del CPP; y,  j) Con relación al punto 12 y 13, se argumentó que la Sentencia cumple con todos los requisitos exigidos y que no tiene defectos; estos argumentos, carecen de veracidad porque los fundamentos de la apelación restringida y del recurso de casación se demostró que la Sentencia y del Auto de Vista no efectuaron una valoración correcta de los fundamentos de la apelación restringida, extremo que es agraviante y violatorio de derechos por no haberse considerado todos los fundamentos mencionados en su recurso de apelación restringida, especialmente referidos a los arts. 169 incs. 3), 4) y art. 370 inc. 4) y 336 del CPP, constituyendo los mismos en causal de nulidad, teniendo en cuenta que estos defectos absolutos no fueron valorados por el Tribunal de alzada.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se disponga se pronuncie uno nuevo, de acuerdo a la doctrina legal establecida.


I.2. Admisión del recurso


Mediante el Auto Supremo 338/2015-RA-L de 6 de julio, se admitió el recurso de casación para el análisis de fondo del motivo expuesto.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


El Tribunal de Sentencia Tercero de El Alto de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 52/2008 de 5 de marzo (fs. 505 a 513), que declaró a Fernando Anti Alfaro, autor y culpable de la comisión de los delitos de Peculado e Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por los arts. 142 y 154 del CP, imponiéndole la pena de seis años de reclusión; y, cien días multa a razón de Bs. 10.- (diez bolivianos) por día, más costas a favor del Estado por daños y perjuicios a la parte civil. Con relación a la comisión de los delitos de Peculado Culposo y Malversación, previstos y sancionados en los arts. 143 y 144 del CP, se lo absolvió de culpa y pena, de acuerdo a los siguientes fundamentos: i) Es evidente que el imputado aprovechando que desempeñaba el cargo de Alcalde Municipal de Comanche, Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, se apropió de bienes de la Alcaldía de Comanche, como ser, una computadora, radio grabadora portátil, cámara fotográfica, no habiendo entregado esos bienes a las nuevas autoridades edilicias pese a reclamaciones para su devolución; ii) El imputado en su calidad de ex Alcalde de Comanche en las gestiones que le correspondió ejercer dicho cargo de 1998 a 1999 y a febrero de 2001 manejó recursos de la Alcaldía de Comanche, provenientes del seguro básico de salud, participación popular y recursos propios, no habiendo rendido cuentas del manejo de esos recursos al finalizar su gestión; y iii) Se demostró que la conducta del imputado se subsume en los tipos penales de Peculado e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados por los arts. 142 y 154 del CP, porque aprovechándose del cargo que desempeñaba se apropió de los bienes del Municipio de referido al haber estado legalmente obligado a rendir cuentas de su gestión, se rehusó hacerlo.


II.2. De la apelación restringida del imputado Fernando Anti Alfaro.


El recurrente a través de memorial de recurso de apelación restringida, cuestionó los fundamentos de la Sentencia, señalando que: 1) El Tribunal de Sentencia dejo en suspenso y no se pronunciaron hasta el presente, sobre la complementación y enmienda presentada; 2) La Sentencia incurrió en inobservancia y errónea aplicación de norma sustantiva, conllevando a defectos absolutos y defectos de la Sentencia, careciendo de fundamentación porque la misma es contradictoria entre la valoración de la prueba, descriptiva e intelectiva; es así, que en el punto IV el Tribunal a quo en forma errónea deduce y señala que es evidente que Fernando Anti Alfaro aprovechándose del cargo de Alcalde de Comanche se apropió de bienes de la Alcaldía como ser una computadora, radio, grabadora portátil, cámara fotográfica, bienes que no habría entregado o devuelto a las nuevas autoridades ediles; y haciendo una relación de las declaraciones testificales de Vicente Condori, Simón Alanoca, Juan Mario Mamani Valle, Pedro Luis Uchani y Sabina Mamani de Limachi, señala que no se ha establecido quien se lo llevó esos bienes, entonces como es que el Tribunal a quo deduce que su persona se apropió de los bienes del municipio, resultando dicha deducción absolutamente falsa, así como lo referido por cada uno de los testigos y lo señalado en la Sentencia, aspecto que constituye causal de nulidad; 3) De los cinco testigos mencionados que han prestado sus declaraciones, el testigo Jorge Humerez no ha prestado su declaración en juicio, pero sin embargo, se introduce en la Sentencia como prueba de cargo a un testigo que jamás ha efectuado su declaración en juicio; pese a esas deficiencias, se le condena como si fuera autor de la comisión de los delitos acusados, sin haber efectuado una valoración objetiva y conforme a las reglas de la sana critica prevista por el art. 173 del CPP, por lo que, la Sentencia es violatoria a la norma adjetiva indicada; 4) El Tribunal erróneamente concluye que, aprovechándose del cargo que desempeña, se hubiese apropiado bienes de la Alcaldía, estando obligado a rendir cuentas de su gestión, pero que hubiera rehusado hacerlo, incurriendo en la comisión de los delitos de Peculado e Incumplimiento de Deberes, constituyendo dicha conclusión como fundamental de la Sentencia, forzada y falsa, con total falta de objetividad, por cuanto de las pruebas testificales y documentales, en ninguna de ellas se ha probado que hubiera incurrido en dichos delitos, conclusión sesgada que carece de fundamentación; 5) Se incurrió en defectos procesales absolutos no susceptibles de convalidación por no haber subsanado procedimiento, permitiendo que la imputación y la acusación formal hayan sido efectuadas por la Fiscal adjunto Dra. Gloria E. Chávez e incidente de nulidad interpuesto sobre dicho extremo, fue rechazado y convalidado, sin tener en cuenta que los Fiscales adjuntos no tenían legitimación para imputar y peor para acusar; 6) Se le imputó sin haberle tomado su declaración informativa, toda vez que, la imputación es de fecha 15 de mayo de 2003 y su declaración informativa recién fue tomada el 10 de agosto de 2005; 7) De las actas de 14 de septiembre de 2005 se evidencia que fueron elegidos, tres jueces ciudadanos Juan Ventura Alejo, Natividad Lima Flores y Rosa Nina Paco y en audiencia de 7 de diciembre de 2005 solamente fueron posesionados Natividad Lima Flores y Rosa Nina Paco y no así Juan Ventura Alejo; sin embargo, en audiencia de 14 de marzo de 2006 se presentaron los tres jueces ciudadanos, ya que se suponía que Juan Ventura estaba separado; por otro lado, señala que se planteó incidentes y excepciones que fueron rechazados, por haber hecho uso de ese derecho con los anteriores jueces; y 8) Se violó el principio de inmediación en vulneración de los arts. 169 incs. 3) y 4), 173 y 370 inc. 1), 4), 5), 6) y 8) del CPP por lo que pide la nulidad de la Sentencia con la consiguiente reposición de juicio por otro Tribunal.

II.3. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista 339/2010 de 14 de junio, declaro improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto, y consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, fundamentando en los siguientes argumentos: 1) De la revisión de los actuados que cursan en obrados, se tiene que el Tribunal a quo se ha pronunciado sobre la complementación impetrada y además, no se puede pedir nulidad de una Sentencia, sin mencionar que precepto de la Constitución, Tratado o Convenio Internacional, o Código Procesal se hubiese vulnerado; 2) Con relación a la infracción de los art. 169 incs. 3) y 4), 173 y 370 incs. 1), 4), 5), 6) y 8) del CPP, refirió que el Tribunal de alzada no puede revalorizar prueba que solamente puede reclamar defectos absolutos, reclamó que no fue realizado oportunamente, así como tampoco fundamentó debidamente cada violación; 3) En lo que concierne a que el testigo Jorge Humerez no hubiera prestado su declaración en juicio oral y se lo hubiese introducido en la Sentencia como prueba de cargo, sin que hubiera prestado su declaración en juicio. Sin embrago, de la revisión del acta de registro de juicio oral, se establece que el testigo Jorge Humerez prestó su declaración testifical en juicio oral, conforme se desprende del acta, cursante a fs. 600 a 601; 4) Con relación a la intervención de la Fiscal asignada al caso se debe tener en cuenta que la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de Justicia en su Auto Supremo 431 de 17 de agosto de 2007 establece en su doctrina, que los Fiscales adjuntos no se limitan al conocimiento de las causas del antiguo Código de Procedimiento Penal, si no que, están facultados para conocer procesos en áreas o causas específicas que demandan prioridad o requieran mayor especialización con prerrogativas y facultades otorgadas a los Fiscales de Materia teniendo en cuenta, además, que el Ministerio Público es un órgano constitucional que tiene como deber el promover la acción penal; además de que no existe prohibición legal para que los Fiscales adjuntos asuman el conocimiento y la tramitación de proceso en base al CPP en actual vigencia; en este sentido, el recurrente debió reclamar oportunamente que la Fiscal adjunta no podía emitir una imputación formal, tal como lo establece la Sentencia Constitucional 1517/2003; 5) En lo que respecta a los tres jueces ciudadanos elegidos solamente hubieran prestado su juramento las ciudadanas Natividad Lima y Rosa Nina y no así Juan Ventura Alejo y que se hubiera entendido que quedaba separado; no es cierto, porque este Juez ciudadano prestó su juramento de ley, así consta a fs. 368 a 369 y por eso intervino en la recepción de pruebas, previa lectura de la acusación; 6) Con relación a la vulneración del principio de continuidad (art. 336 del CPP), en las capitales donde existe mucha carga procesal y el cuaderno de audiencias está lleno, es posible que se acepte esa excepción para ampliar el plazo de 10 días que señala la ley, aspecto que sustenta refiriendo que así lo establece la jurisprudencia como la doctrina nacional; 7) Con relación a la vulneración de la principio de inmediación referido a la designación de la jueza ciudadana Josefina Consuelo Mercado de Castro, por la inconcurrencia a varias audiencias de los otros jueces ciudadanos, el 21 de marzo de 2006, ya se ejercitó su derecho para presentar sus incidentes y excepciones, las mismas que ya fueron rechazados mediante Resolución 69/2006, y confirmado en apelación por el Auto de Vista 390/2006, y conforme el acta de fs. 368 a 369, la nombrada Jueza ciudadana tomó juramento antes de la recepción de la prueba y el presidente del Tribunal ordenó que por secretaría se de lectura a la acusación presentada por el Ministerio Público y parte querellante, al Auto de apertura de juicio y debiendo proseguir con el juicio; es decir que tuvo conocimiento directo con todo el material probatorio, en consecuencia desde ningún punto de vista se vulneró el principio de inmediación.


III. VERIFICACIÓN DE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS


Este Tribunal admitió el recurso abriendo su competencia a objeto de verificar la vulneración de derechos y garantías al momento de emitir el Auto de Vista con relación a que existió falta de fundamentación y se incorporó datos falsos, aspectos señalados en los incs. de la a), a la j) de sus recurso.


III.1.Sobre la falta de fundamentación


Con relación a la falta de fundamentación y motivación, se debe tener en cuenta la jurisprudencia emitida por esta Sala del Máximo Tribunal de Justicia de Bolivia establecida en los Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007 y 451 de 13 de septiembre de 2007, ambos abordan la doctrina legal sobre el deber de fundamentación por parte de los jueces y tribunales de Sentencia, así como de los Tribunales de apelación. Así, el primer Auto estableció la siguiente doctrina legal: “(…) De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.


a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.


c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.


d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no está debidamente motivada.


e) Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia” (El resaltado es nuestro).


La doctrina legal de los Autos Supremos referidos fue establecida por la Sala Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia, al evidenciar entre otros motivos, la fundamentación insuficiente en que incurrió el Tribunal de alzada a tiempo de resolver las denuncias de la apelación restringida, esos aspectos son reiterados por el Auto Supremo 87/2013 de 26 de marzo, mismo que señaló: “De acuerdo a la jurisprudencia, todo Auto de Vista debe contener la debida fundamentación y motivación, cumplir con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, debiendo, sentar las bases jurídicas, legales (normativa constitucional, sustantiva y/o adjetiva), doctrínales y jurisprudenciales (las últimas cuando sea pertinente) que sustenten su decisorio y explicitar en la resolución los razonamientos lógicos respecto al por qué las citadas normas o razonamientos se ajustan al caso en concreto, es decir, se deben señalar las razones, circunstancias y motivos considerados para satisfacer de manera adecuada la pretensión de las partes, pudiendo acudir a la cita de obrados a efectos de respaldar o explicar la fundamentación y motivación vertida, sin que se pretenda que dichas citas o transcripciones se constituyan en toda la fundamentación y motivación del fallo, sino debe distinguirse con claridad el trabajo racional realizado por la autoridad que emita la resolución”.


No obstante, es imperante precisar que una debida fundamentación y motivación, no necesariamente implican la exposición ampulosa de argumentos al momento de la emisión del fallo, siendo suficiente que la decisión, por más concreta y concisa que sea, cuente con una estructura de forma y de fondo que permita su fácil comprensión por los justiciables (SCP 0111/2014-S1 de 26 de noviembre).


III.2. Análisis del caso concreto


En el caso presente, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada, a tiempo de resolver los agravios denunciados en su apelación restringida, incurrió en falta de fundamentación de acuerdo a los siguientes argumento:


Respecto al inciso a) referido a que en el punto 2) del Auto de Vista se establece que Tribunal de Sentencia resolvió la complementación y enmienda -lo que a decir del recurrente no sería cierto-; se tiene que, analizado objetivamente el recurso de apelación restringida y cotejada con la respuesta emitida al efecto por el Auto de Vista ahora impugnado, se constata que, el Tribunal de alzada respondió claramente a la denuncia de que, “no se hubiese resuelto su complementación y enmienda”; en este sentido, se tiene una respuesta concreta y especifica al recurso de apelación sobre el tema, aclarando que no es lógico que el Tribunal de alzada responda un aspecto o una situación no contemplada en el recurso de apelación como así pretende el recurrente; además, se evidencia que se fundamentó de manera razonable, en el sentido de que, no correspondería la nulidad de la Sentencia como así solicita el imputado, considerando que ni siquiera invoco ningún precepto constitucional ni procesal que haya sido vulnerado.


En este sentido, no existe vulneración al debido proceso en su elemento fundamentación, pues en todo caso, como se dijo, existe una respuesta expresa y completa que otorga certidumbre al recurrente sobre la determinación la cual se encuentra conforme a derecho.


Con relación al inciso b) en este punto, se tiene que, que la denuncia del recurrente es la inobservancia y errónea aplicación de la Ley, defectos absolutos, defectos de la Sentencia, valoración probatoria descriptiva e intelectiva, indicando para ese efecto la infracción de los art. 169 incs. 3) y 4), 173 y 370 incs. 1), 4), 5), 6) y 8) del CPP. Ahora bien, de la revisión del Auto de Vista se tiene que respecto a dicha denuncia se fundamenta por parte del Tribunal de alzada que, el recurrente: “No fundamenta separadamente cada violación, tampoco se expresa cual la aplicación que pretende; simplemente se hace al respecto una relación de las declaraciones testificales de Vicente Condori, Simón Alanoca, Juan Mario Mamani Valle, Pedro Luis Uchani y Sabina Mamani de Limachi, para concluir señalando que no se ha establecido quien se lo ha llevado esos bienes”.


En este sentido, se constata que el argumento y fundamentación del Auto de Vista es correcta, ya que encuentra una omisión en la técnica recursiva del recurrente que le imposibilita al Tribunal de alzada, materialmente y objetivamente realizar un control de legalidad sobre una denuncia que tiene un carácter netamente genérico y abstracto; y el ingresar a hacer dicho control resultaría un tanto subjetivo conllevando a un estado de incertidumbre contrario al ordenamiento jurídico, más aun, como refiere el Auto de Vista ahora impugnado, el recurrente no fundamenta ni refiere en lo absoluto sobre la aplicación que pretende, no siento suficiente el citar los art. 169 incs. 3) y 4), 173 y 370 incs. 1), 4), 5), 6) y 8) del CPP, sin individualizar y fundamentar cada uno de ellas, pues cada norma especial tiene un alcance jurídico distinto y por ello no se puede generalizar como lo hizo el recurrente.


Consiguientemente, si viene el Auto de Vista contiene una fundamentación corta, pero no es menos cierto que la misma es clara, concreta y sobre todo razonable, por lo que no existe vulneración al debido proceso.   


Con relación al punto c) en el que hace referencia a la respuesta del Auto de Vista en su punto 4) en el que señaló que, se reclamó un vicio oculto y que debió hacerlo en el momento oportuno salvo que se trate de un defecto absoluto; argumento del Tribunal de alzada que se encuentra acorde al alcance del art. 407 del CPP, el cual señala entre otras cosas, que será admisible el recurso si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, aspecto que las autoridades de alzada evidenciaron que no ocurrió, e independientemente a ello, constataron la omisión de un deber procesal del recurrente en señalar de manera fundamentada y precisa cada violación denunciada, aclarando también en el Auto de Vista que el recurso de apelación no es un medió jerárquico para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que hacen los jueces inferiores o tribunales de sentencia, sino para garantizar derechos y garantías constitucionales.


En este sentido, el Auto de Vista ahora impugnado, contiene una respuesta acorde a derecho en el cual explica y justifica las razones de su determinación, misma que éste Tribunal considera razonable.   


Respecto al inciso d) se argumenta en el punto 5) del Auto de Vista que la Sentencia realizó una correcta valoración de la prueba; pero revisado el Auto de Vista, se evidencia que, el mismo responde al respecto de manera expresa y precisa indicando claramente que la Sentencia realizó una correcta valoración de la prueba producida y judicializada en el juicio oral en su conjunto; llegando a la conclusión que la Sentencia contiene una valoración conforme a la sana critica prevista por la disposición legal; pues como dispone la jurisprudencia constitucional citada en la presente resolución, una debida fundamentación y motivación, no necesariamente implican la exposición ampulosa de argumentos al momento de la emisión del fallo, aspecto que sucede en el Auto de Vista, por lo que no se evidencia vulneración algún derecho o garantía constitucional. 


Con relación al inciso e) referido a que el Auto de Vista en el punto 6) señala que el testigo Jorge Humerez efectuó su declaración en juicio, sin embargo, se considera su declaración como prueba de cargo en la Sentencia sin que existiera la mencionada declaración; al respecto, el Tribunal de alzada, efectivamente constató que el referido testigo conforme al acta de registro de juicio, efectivamente presto su declaración testifical en el juicio oral, como así acredita el acta de fs. 600 y 601.


En este sentido, efectivamente se evidencia que el Tribunal de alzada analizo y verifico que en las fojas señaladas se encuentra la declaración del testigo, no siendo así evidente la denuncia del recurrente; por lo que es pertinente aclarar al respecto que, por la naturaleza de la denuncia y de la respuesta que otorga el Auto de Vista, no merece ni es relevante mayor fundamentación ni motivación, ya que dicha respuesta es clara y especifica donde -como se dijo- se verifico que el testigo Jorge Humerez efectuó su declaración en juicio.      


Con relación al inciso f) referido a que en el punto 7 y 8, hace referencia a las competencias de los Fiscales adjuntos e imputación, señalando que dichos Fiscales tienen plena competencia y que al haber efectuado su declaración informativa a convalidado dicho defecto procesal; al respecto, el recurrente aclaró que la imputación data del 15 de mayo de 2003 y su declaración recién la realizó el 10 de agosto de 2005, lo que conllevaría -a decir del imputado- a un defecto absoluto insubsanable que vulnera al debido proceso; a este punto el Auto de Vista señaló que los Fiscales Adjuntos de acuerdo al Auto Supremo 431 de 17 de agosto de 2007, tienen las facultades para conocer los procesos del nuevo CPP; y que el recurrente debió reclamar oportunamente aquella imputación formal efectuada por un Fiscal adjunto ante el Juez contralor de garantías y no recién ante el Tribunal de Sentencia conforme a entendido la SC 1517/2003, pues las supuestas irregularidades hubiesen sucedido en la etapa preparatoria y-como se dijo- al haber prestado su declaración informativa posteriormente sin reclamar, convalidó actuados en dicha etapa. En este sentido, el Auto de Vista al respecto, responde de manera clara y razonable a la denuncia efectuada por el imputado, con base doctrinal y jurisprudencial que acompaña jurídica y constitucionalmente la decisión judicial; pues no debemos olvidar, que en materia penal existe el principio de preclusión justamente por la naturaleza que caracteriza al proceso penal; por eso mismo, el imputado tenia todos los medios idóneos diseñados por el legislador, para que en la etapa preparatoria suscite los mismos en caso de que considere que sus derechos y garantías constitucionales se encuentran amenazadas o vulneradas, en ese caso, podía haber activado un incidente por actividad procesal defectuosa por lo que ahora reclama y en caso de recibir una respuesta negativa a sus intereses, inclusive podía interponer recurso de apelación incidental; consiguientemente, el Auto de Vista al respecto, contiene una fundamentación precisa y motivada enmarcada en derecho.

  

Respecto al inciso g) en el que se hace referencia al punto 9), el Auto de Vista señala que, el Juez ciudadano Juan Ventura Alejo, prestó juramento, lo cual no fuera cierto, porque consta en acta de audiencia de 7 de diciembre de 2005 y en el acta de 12 de diciembre de 2005, que el mismo no participa y se resolvió remitir el juicio a la localidad de SICA SICA; en este sentido, el Auto de Vista señalaría que de fs. 368 a 369, consta el juramento del Juez ciudadano Juan Ventura Alejo, ahora bien, este Tribunal constata que efectivamente las referidas fojas no refieren al juramento extrañado por el recurrente; sin embargo de ello, no es menos cierto que en el marco de la verdad material, esta es una omisión formal que no conlleva a mayor relevancia jurídica ni constitucional, justamente porque posterior al 12 de diciembre de 2005 (fecha en la cual refiere el recurrente que el proceso se remitió al Tribunal de Sentencia de Sica Sica), el ciudadano Juan Ventura Alejo tomo el juramento de Ley conforme consta a fs. 168 y 169 y no así en fs. “368 y 369” como señala el Tribunal de alzada, consiguientemente, el referido Juez ciudadano participó legalmente en el desarrollo del juicio oral, sin que se verifique la vulneración de algún derecho fundamental o garantía constitucional que justifique declarar fundado el presente motivo, más aún, si no existe trascendencia para el efecto pretendido.


Con relación a lo manifestado en el inciso h) referido al punto 10 del Auto de Vista, referente a la suspensión de más de diez días violando lo establecido en el art. 336 del CPP, señala el Tribunal de alzada como fundamento que existe una excepción de discrecionalidad para algunos distritos judiciales, como La Paz, en la que se puede dejar de lado el cumplimiento del plazo señalado en el art. 336 del CPP; ahora bien, independientemente de que sea o no cierto el referido argumento del Tribunal de alzada; sin embargo de lo referido, el presente argumento del Auto de Vista y la denuncia al respecto por parte del recurrente ya no tiene relevancia ni trascendencia constitucional, ya que considerando que la doctrina y la jurisprudencia por su naturaleza y por las circunstancia tiende a cambiar y mutar, justamente este Tribunal tiene el deber de aplicar el nuevo y vigente razonamiento al respecto, donde el incumplimiento del plazo previsto por el art 336 del CPP no conlleva a nulidad por nulidad, sino más bien en su caso- a responsabilidad disciplinaria; así lo ha establecido entre otras cosas  el Auto Supremo 215/2015-RRC-L de 11 de mayo.


Consiguientemente, este Tribunal no constata que la denuncia del recurrente sea relevante y trascendente que justifique anular el Auto de Vista, ya que en su caso, se llegara al mismo resultado, por lo que no existe vulneración a derechos fundamentales ni garantías constitucionales.

Con relación al inciso i)  y al punto 11) del Auto de Vista, esta resolución argumenta que “En fecha 21 de marzo de 2006 ya se ejercitó su derecho para presentar sus incidentes y excepciones, las mismas, que ya fueron rechazadas mediante resolución Nº 69/2006 y confirmado en apelación por Auto de Vista Nº 390/2006 y conforme al acta de fs. 368-369, la nombrada jueza ciudadana tomo juramento antes de la recepción de la prueba y el Presidente del Tribunal ordenó que por secretaria se de lectura a la acusación presentada por el Ministerio Público y parte querellante, Auto de Apertura de juicio y proseguir con el juicio; es decir que tuvo conocimiento directo con todo el material probatorio, en consecuencia desde ningún punto de vista se vulneró el principio de inmediación”.


En este marco, se constata que el Auto de Vista le otorga una respuesta completa a la denuncia del ahora recurrente, explicándole las razones por las cuales no ha existido lesión al principio de inmediación, identificando para dicho efecto, las fojas que acreditarían que la jueza ciudadana presto juramento antes de varios actuados procesales demostrando que efectivamente dicha Jueza, tuvo conocimiento pleno del conjunto probatorio, razones suficientes y claras que justifican la determinación del Tribunal de alzada, evidenciándose así que, dichas autoridades realizaron correctamente el control encomendado por el legislador que, como se estableció en el apartado III.1 de la presente resolución y como ya se dijo, una debida fundamentación y motivación, no necesariamente implican la exposición ampulosa de argumentos al momento de la emisión del fallo; más aún si se constata que el Auto de Vista, respondió específicamente al escueto y simple denuncia realizada en el recurso de apelación restringida (fs. 556) el cual inclusive no tiene una mínima fundamentación sobre el defecto absoluto que alude y lo cual imposibilitó también al Tribunal de alzada a pronunciarse sobre otros aspectos que recién se explica en el recurso de casación.


Respecto del inc. j) relacionado al punto 12 y 13 del Auto de Vista, este Tribunal constata que los referidos puntos son las conclusiones a las cuales llega el Tribunal de alzada después de responder cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, en las que se señala que la Sentencia tiene una estructura y contenido que cumple con los requisitos exigidos por el art. 360 del CPP y que no se advierte ningún defecto ni vicio que conlleve a la aplicación del art. 169 y 370 del referido código adjetivo, que en todo caso la Sentencia se encuentra motivada, conteniendo una fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, tanto descriptiva como intelectiva dentro del marco establecido por la Ley.


En este sentido, la alegación realizada al respecto vía casación, no tiene fundamento jurídico valido que amerite una nulidad como se pretende, ya que conforme se ha establecido a lo largo de los fundamentos, el Auto de Vista respondió a cada uno de los puntos impugnados por el recurrente de manera fundamentada y motivada; y por ende de manera lógica y coherente a los argumentos y antecedentes referidos, concluyo con los puntos 12 y 13 en el sentido -también- de que el recurso de apelación no tiene asidero legal y que no desvirtuar los fundamentos de la resolución apelada, por lo que, en definitiva este Tribunal no verifica que haya existido vulneración a derechos o garantías constitucionales mereciendo al efecto declarar el presente recurso infundado.       


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 419 del CPP, declara INfundado el recurso de casación interpuesto por Fernando Anti Alfaro de fs. 641 a 644 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA