TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 544/2015-RA-L

Sucre, 16 de septiembre de 2015


Expediente        : Santa Cruz 139/2009

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Jaime Ávalos Riera y otros

Delito        : Estafa


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 13 de junio y 17 de julio de 2009, cursantes de fs. 579 a 585 y 603 a 607 vta., Jaime Ávalos Riera y Ricardo Aguilar Quiroz respectivamente, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 210 de 28 de marzo y Auto Complementario 65 de 08 de junio ambos de 2009, de fs. 534 a 538 vta. y 540 vta., pronunciados por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público y  el segundo recurrente contra Ana María Saravi Abid de Ávalos, Mario Alberto Palma Gómez, Roque Edmundo Urey Jordán y el primer recurrente, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) En mérito a las acusaciones pública (fs. 23 a 25 vta.) y particular (fs. 33 a 37 y ampliada la misma fs. 294 y vta.), una vez desarrollado y concluido el juicio oral y público, el Tribunal Quinto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 26 de 9 de junio de 2008 (fs. 362 a 377); por la que, declaró a Mario Alberto Palma Gomez, Roque Edmundo Urey Jordán, Ana María Saravi Abid de Ávalos y Jaime Ávalos Riera, absueltos de culpa y pena del hecho ilícito de Estafa, previsto en el art. 335 del CP, conforme al art. 363 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP); consecuentemente, en sujeción al art. 364 de la misma norma, ordenó la suspensión de todas las medidas cautelares de carácter personal, con costas y daños causados ante la temeridad en la acusación, a ser regulado en ejecución de sentencia, con cargo al denunciante y querellante particular Ricardo Aguilar Quiroz, conforme regulan y disponen los arts. 264, 265 y 267 del aludido Código.

b) La mencionada Sentencia, fue objeto de apelación restringida por parte del acusador particular Ricardo Aguilar Quiroz de fs. 381 a 385 vta., que mereció el pronunciamiento del Auto de Vista 210 de 28 de marzo de 2009, que declaró improcedente de conformidad a la última parte de los arts. 413 y 414 del CPP; y, confirmó la Sentencia absolutoria de los procesados Mario Alberto Palma Gómez, Roque Edmundo Urey Jordán y Ana María Saravi Abid de Ávalos y resolvió subsumir la conducta de Jaime Ávalos Riera del tipo penal acusado de Estafa, por el delito de Giro de Choque en Descubierto, previsto en el art. 204 del CP, sancionándolo con pena privativa de libertad de tres años y tres meses, más el pago de costas, daños y perjuicios, calificables en ejecución de Sentencia; habiéndose emitido el Auto Complementario 65 de 08 de junio de 2009, que rechazó la solicitud de explicación y enmienda.

c) Notificados los recurrentes con el Auto Complementario, el 13 de julio de 2009 (589 vta. y 590), interpusieron recursos de casación, el 13 de junio y 17 de julio del mismo año, sujetos al presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De los argumentos expuestos por los recurrentes se extraen los siguientes motivos:

II.1. Del recurso de casación de Jaime Ávalos Riera.


Asevera, que el Auto de Vista 210 y su complementario Auto 65, modificó ilegalmente la calificación legal de los hechos y del delito motivo del juicio, imponiéndole la condena de tres años y tres meses de privación de libertad por la supuesta comisión del delito de Giro de Cheque en Descubierto, tipo penal que nunca fue motivo de proceso penal, acusación fiscal o particular ni de juicio; a cuyo efecto, precisa los siguientes defectos en los referidos pronunciamientos:


1) El único delito que se le atribuyó fue el de Estafa y por el que, el Tribunal de Sentencia lo absolvió; no obstante de ello, la Sala Civil Primera desconociendo el debido proceso, emitió el Auto de Vista 210, el que sin haberle permitido el ejercicio a la defensa, subsumió su conducta a las previsiones del delito de Giro de Cheque en Descubierto, que nunca fue investigado, procesado o motivo de juicio oral, imponiéndole una pena sin haber sido oído ni juzgado previamente; por lo que, aduce la concurrencia de defectos absolutos, conforme al art. “167” inc. 3) del CPP, que pide sean reparados en procura del respeto al principio de legalidad, acotando que dicha falencia también viola el principio de congruencia, contradiciendo el art. 362 del CPP, así como la doctrina legal contenida en los Autos Supremos 268 de 27 de abril de 2009, 417 de 19 de agosto de 2003 y 332 de 29 de agosto de 2006, debido a que la Sala Penal, subsumió su conducta en el delito de Giro de Cheque en Descubierto, cuando dicho tipo penal nunca fue motivo de acusación, debate, producción de prueba o discusión dentro del proceso penal, ni fue motivo de la apelación restringida opuesta por el acusador particular; en consecuencia, el fallo de alzada, constituye ultra petita.


2) Se le impuso una condena por el delito de Giro de Cheque en Descubierto,  que de acuerdo al art. 20 del CPP, constituye un delito de acción privada, sobre el que se encuentra prohibida la participación del Ministerio Público, conforme se evidencia del art. 18 del mismo texto legal; por lo que, incurre en error injudicando e inobservancia de la ley, debido a que el Tribunal de alzada no tenía competencia para resolver tal cuestión al no haberse remitido en grado de apelación a dichas autoridades un proceso resultante el delito de acción privada sino que el caso siempre versó sobre un delito de acción pública cual es Estafa; razón por la cual, contradice la doctrina legal sostenida en el Auto Supremo 15 de 26 de enero de 2007; por ello, afirma, que el delito endilgado sólo corresponde ser conocido y sancionado bajo las reglas del procedimiento para los delitos de acción privada.


3) El Tribunal de alzada, a título de forzar la imposición de una condena en su contra, ingresó a una ilegal valoración probatoria, debido a que en el cuarto considerando del Auto de Vista recurrido (transcribe su contenido), efectuó una conclusión contraproducente, en conculcación de los arts. 407 y 413 del CPP, los que no le facultan a realizar revalorización o evaluación probatorias, respecto a documentación que ni siquiera fue tomada en cuenta o discutida por el Tribunal de Sentencia para fundar el juicio por Estafa, lo que resulta contradictorio con los Autos Supremos 251 de 22 de julio de 2005 y 151 de 2 de febrero de 2007.


4) El Auto de Vista 210, incurre en inobservancia y errónea aplicación del art. 204 del CP, debido a que la tipificación del delito de Giro de Cheque en Descubierto, exige la concurrencia de dos situaciones: i) Debe existir aviso o interpretación para que en el plazo de 72 horas se proceda a efectuar el pago del monto contenido en el cheque; y, ii) Los cheques no pueden ser utilizados en garantía, caso contrario son sancionados con nulidad; en embargo, la Sala Civil Primera, de manera ilegal, procedió a subsumir su conducta en el delito citado, desconociendo de manera dolosa que en ningún momento se procedió a efectuar comunicación o interpelación alguna para que pagase el importe de los cheques y que las consideraciones efectuadas por el Tribunal de Sentencia, en los puntos V y VI de la Sentencia (describe su contenido inherente a las características del cheque), demuestran la existencia de cheques recibidos y utilizados en garantía por parte del acusador particular, lo que constituye contradictorio con el Auto Supremo 221 de 7 de junio de 2006, que fue pronunciado en un caso relativo al delito de Giro de Cheque en Descubierto, demostrando flagrante violación del art. 204 citado como del principio de legalidad, en su componente de inexistencia de tipicidad de la conducta.


II.2. Del recurso de casación de Ricardo Aguilar Quiroz.


a) Habiendo resultado recusados los Vocales Adolfo Gandariña Suárez y Ramiro Claros Rojas, a la Sala conformada por los Vocales Hernán Cortés Castillo y Juana Molina de Paz, se convocó a su similar Edgar Terrazas Melgar, actuación que no le fue notificada, habiéndose violentado el precedente establecido en el Auto Supremo 33 de 26 de enero de 2007, añadiendo que el Vocal convocado, no obstante inicialmente emitió su voto en favor del proyecto de resolución del Vocal Hernán Cortés Castillo, posteriormente lo retiró, firmando y aprobando la disidencia de la Vocal aludida, actuaciones que considera con nulas en toda forma de derecho, y constituyen defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, debido a que el Vocal Edgar Terrazas Melgar votó dos veces, en relación al primer proyecto “retira” su voto; y, respecto al segundo, lo “aprueba”, no obstante no tener competencia para retirar el voto primeramente otorgado; por lo que, pide el pronunciamiento de un nuevo Auto de Vista con arreglo a las formalidades que la ley prevé.


b) El Auto de Vista recurrido, no resolvió todas las cuestiones planteadas en el recurso de apelación restringida, relativas a: La violación del art. 606 del Código de Comercio; la contradicción existente entre la fundamentación de la Sentencia; la vulneración del precedente contradictorio del Auto Supremo 237 de 4 de julio de 2006; y, la defectuosa interpretación y aplicación del art. 335 del CP, inobservando su obligación de resolver todos los puntos apelados que fueron objeto de fundamentación en el memorial, en contradicción del precedente contenido en el Auto Supremo 411 de 20 de octubre de 2006, respecto del cual afirma, que la Resolución de alzada no contiene los requisitos mínimos para ser considerados un pronunciamiento válido; por lo que, como aplicación que pretende, pide se deje sin efecto el Auto de Vista 210 de 28 de marzo de 2009 y se ordene a la Sala Civil Primera, pronuncie nueva Resolución, resolviendo en forma plena, fundamentada y exhaustiva todos los puntos contenidos en el memorial de apelación restringida.


c) El Auto de Vista recurrido, indica que el Tribunal Quinto de Sentencia no habría incurrido en ningún error de hecho ni de derecho a tiempo de pronunciar la Resolución recurrida, aduciendo “…al no haberse demostrado la existencia de una relación de causalidad entre los artificios, engaños y sonsacamiento de dinero, beneficios o ventajas económicas del sujeto pasivo…” (sic), razonamiento que no considera el precedente contradictorio del Auto Supremo 237 de 4 de julio de 2006, ni que sí se acreditó en forma fehaciente la existencia de la relación de causalidad entre los engaños de Jaime Ávalos Riera, Ana María Saraví Abib, Mario Alberto Palma Gómez y Roque Edmundo Urey Jordán con respecto al desplazamiento patrimonial que sufrió; en consecuencia, si dicho precedente se hubiera analizado por el Tribunal de alzada, se habría condenado a todos los imputados por la comisión del delito de Estafa.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto, inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En autos, se constata que el imputado Jaime Ávalos Riera y el acusador particular Ricardo Aguilar Quiroz, fueron notificados con el Auto Complementario, el 13 de julio de 2009 (fs. 589 vta. y 590), habiendo formulado recursos de casación, el primero, el 13 de junio de 2009 y el segundo, el 17 de julio de la misma gestión, ante la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, extremo que evidencia que dicho medio de impugnación se planteó dentro del plazo legal y ante el mismo Tribunal que emitió el Auto de Vista impugnado, conforme exige el art. 417 del CP.


Cumplida la verificación del requisito de forma, es necesario verificar si el recurrente cumplió con su obligación de fundamentar suficientemente los presuntos agravios provocados por la resolución de alzada, conforme al marco establecido en los arts. 416 y 417 del CPP, ampliamente desarrollados en el apartado III del presente Auto Supremo.


V.1. Del recurso de casación de Jaime Ávalos Riera.


Con relación al primer motivo, referido a que en alzada se lo condenó por el delito de Giro de Cheque en Descubierto, tipo penal que nunca fue investigado, procesado o motivo de juicio oral; en cuyo mérito, le habrían vulnerado los derechos al debido proceso y defensa, constituyéndose defecto absoluto, inobservado los principios de legalidad y congruencia; y contrariando los precedentes contradictorios contenidos en los Autos Supremos 268 de 27 de abril de 2009,  417 de 19 de agosto de 2003 y 332 de 29 de agosto de 2006, cuyo contenido transcribe explicando que a partir de ello se advierte que el tipo penal señalado nunca fue acusado, mucho menos debatido, ni provocó la producción de prueba o discusión en el proceso penal, tampoco fue motivo del recurso de apelación restringida formulado por el acusador particular, por lo cual, asevera, que el Auto de Vista 210 constituye un pronunciamiento más allá de lo solicitado, consideraciones que resultan suficientes para verificar si el agravio tiene mérito; en consecuencia, se declara su admisibilidad.


En el segundo motivo, el recurrente argumenta que en alzada se lo condenó por un delito de acción privada emergente de un proceso de acción pública en el que la figura penal acusada y por el que, se le absolvió era el de Estafa, razón por la que asevera que el Tribunal de apelación actuó sin competencia, en contradicción con el Auto Supremo 15 de 26 de enero de 2007, cuyo contenido transcribe, fundamentando que al ser el Giro de Cheque en Descubierto, un delito de acción privada, conforme dispone el art. 20 del CP, en el que la participación del Ministerio Público está prohibida, de acuerdo al art. 18 del mismo Código, correspondía que el mismo sea tratado bajo las reglas del procedimiento para ese tipo de delitos, explicaciones que resultan suficiente a efectos del análisis de fondo de la problemática planteada; por lo que es admisible.


Respecto al tercer motivo, en el que alega, que el Tribunal de alzada revalorizó prueba en el considerando cuarto del Auto de Vista recurrido, asegurando que se valoró prueba que ni siquiera fue tomada en cuenta o discutida por el inferior en grado, se advierte que el recurrente se limita a transcribir el apartado de la Resolución cuestionada, sin concretar qué documento habría sido objeto de nueva valoración, ni mucho menos establecer de qué modo los Autos Supremos citados fueron contrariados por el Auto de Vista recurrido, en claro incumplimiento de la exigencia legal prevista en el segundo párrafo del art. 417 del CPP, ampliamente explicado en el apartado III del presente Auto Supremo; por lo que, corresponde declarar su inadmisibilidad. 


En cuanto al cuarto motivo, en el que cuestiona la subsunción de su conducta al tipo penal de Giro de Cheque en Descubierto, al haber quedado demostrado, que no concurrieron los elementos típicos en su conducta, a saber: i) Debe existir aviso o interpretación para que en el plazo de 72 horas se proceda a efectuar el pago del monto contenido en el cheque; y, ii) Los cheques no pueden ser utilizados en garantía, caso contrario son sancionados con nulidad, invoca el Auto Supremo 221 de 7 de junio de 2006, respecto a cuyo contenido, pronunciado también en un caso similar, que el Tribunal de alzada violó el art. 204 y el principio de legalidad, al configurarse su conducta en atípica, razonamientos escuetos pero suficientes que permiten analizar el fondo del motivo de casación.


V.2. Del recurso de casación de Ricardo Aguilar Quiroz.


En el primero motivo, el recurrente aduce, que no fue notificado con la convocatoria al Vocal Edgar Terrazas Melgar, en contradicción del Auto Supremo 33 de 26 de enero de 2007, cuyo contenido transcribe, sin efectuar mayores precisiones o explicaciones sobre el sentido de la presunta contradicción, resultando inadmisible.


Sin embargo, en la segunda parte del motivo en análisis, referido a que la referida autoridad jurisdiccional habiendo otorgado su voto en favor de un primer proyecto de Resolución de alzada, redactado por el Vocal Hernán Cortés Castillo, lo retiró para después aprobar la disidencia elaborada por su similar Juana Molina de Paz, sin tener competencia para ello, se verifica que no cumplió con su obligación de invocar precedente contradictorio alguno, en claro incumplimiento de los arts. 416 y 417 del CPP.


Por otro lado, al existir una denuncia concreta de concurrencia de defectos absolutos, es preciso verificar si el apelante mínimamente cumplió con los presupuestos exigidos en el apartado IV del presente Auto Supremo, en ese entendido se advierte que se limitó a citar el art. 169 inc. 3) del CPP, sin especificar qué derecho o garantía constitucional habría sido lesionado, ni porqué resultaría un defecto no susceptible de convalidación, fundamentando la relevancia que tendría en la Resolución de su causa; en consecuencia, corresponde declarar su inadmisibilidad.


Con relación al segundo motivo, en el que aduce, que el Tribunal de alzada no resolvió todos los motivos de apelación restringida, efectuando una descripción de los referidos puntos de impugnación, invoca la aplicación del Auto Supremo 411 de octubre de 2006, transcribiendo su contenido y resaltando que la Sala de apelación, no cumplió con emitir una Resolución que cumpla con todos los requisitos mínimos para ser válida, agregando que su pretensión se traduce en que dicho ente colegiado se pronuncie de forma puntual y concreta en cuanto a sus planteamientos de apelación, razonamientos que son claros y suficientes para ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.


En cuanto al tercer motivo, referido a que el Tribunal de alzada concluyó erróneamente que el Tribunal Quinto de Sentencia no incurrió en error de hecho ni de derecho a tiempo de pronunciar la Resolución de instancia, omitiendo considerar la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 237 de 4 de julio de 2006, respecto del cual asevera, que en su caso sí se acreditó en forma fehaciente la existencia de la relación de causalidad entre los engaños de Jaime Ávalos Riera, Ana María Saraví Abid, Mario Alberto Palma Gómez y Roque Edmundo Urey Jordán con respecto al desplazamiento patrimonial que sufrió, asegurando que de haber aplicado el precedente invocado, el Tribunal de alzada, habría condenado a todos los imputados por la comisión del delito de Estafa, se concluye que el mismo cumple con la explicación clara y suficiente para analizar si la Sala Civil Primera, al emitir el pronunciamiento resolviendo la apelación, incurrió en contradicción con la doctrina legal invocada, resultando admisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLES los recursos de casación que se verifican de fs. 579 a 585 y 603 a 607 vta., formulados por Jaime Ávalos Riera y Ricardo Aguilar Quiroz, respectivamente, únicamente con relación a los motivos 1), 2) y 4) del primer recurso; y, los motivos b) y c) del segundo recurso descritos en el apartado II de la presente Resolución; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Autos de Vista 210 de 28 de marzo y Auto Complementario 65 de 08 de junio ambos de 2009, así como el presente Auto Supremo. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA