TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 532/2015-RA-L

Sucre, 13 de agosto de 2015


Expediente                : Potosí 5/2011        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro  

Parte Imputada        : Francisco Justo Gardeazabal Paputsachis

Delito        : Ejercicio Ilegal de la Medicina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 26 de diciembre de 2010, cursante de fs. 467 a 475, Francisco Justo Gardeazabal Paputsachis, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 046/2010 de 9 de diciembre, de fs. 411 a 418 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Silvestre Iñiguez Meneses contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Ejercicio Ilegal de la Medicina, previsto y sancionado por el art. 218 inc. 4) con relación al art. 219 inc. 2) y 220 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación fiscal  (fs. 3 a 6) y particular presentada por  Silvestre Iñiguez Meneses (fs. 8 y vta.), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, pronunció la Sentencia 02/2010 de 9 de enero (fs. 160 a 179), por la que declaró al imputado Francisco Justo Gardeazabal Paputsachis, autor y responsable de la comisión del delito de Ejercicio Ilegal de la Medicina con relación a las disposiciones comunes y formas culposas, previsto y sancionado por el art. 218 inc. 4) con relación a los arts. 219 inc. 2) y 220 del CP, condenándole a la pena de dos años de reclusión a cumplir en el Centro de Readaptación Productiva de Santo Domingo de Cantumarca, con costas y responsabilidad civil a favor de la parte querellante. Además, se añadió: “Por omisión en la sanción penal por su gravedad se impone la pena de Tres años al autor anunciado” (sic).

  1. Contra la referida Sentencia, Francisco Justo Gardeazabal Paputsachis, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 191 a 202 vta.), resuelto por Auto de Vista 046/2010 de 9 de diciembre (fs. 411 a 418 vta.), emitido por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia. La solicitud de complementación y enmienda interpuesta por el imputado, fue rechazada por Auto de 18 de diciembre de 2010 (fs. 422).


  1. Notificado el recurrente Francisco Justo Gardeazabal Paputsachis, con el Auto de Complementación el 21 del mismo mes y año (fs. 423), interpuso recurso de casación el 26 de diciembre de 2010, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1)        El recurrente manifiesta que el Auto de Vista impugnado, rechazó “aceptar” el fondo de su excepción de prescripción de la acción, manifestando que ya se habría presentado en dos oportunidades, a cuyo efecto solicitó una explicación del porqué se basó en la Sentencia Constitucional (146/2001-R); resultando el fallo impugnado general y ajeno a la resolución emitida por el juez de primera instancia. En otro apartado de su recurso, argumenta que cuando planteó la primera solicitud de extinción, el Juez Instructor concedió su solicitud porque en ningún momento se interrumpió la prescripción; empero, el Auto de Vista estableció que debe demostrarse en juicio oral si existe o no responsabilidad penal y/o civil, fundamentos contradictorios al Auto Supremo 348 de 31 de agosto de 2006.


2)        Que el Auto de Vista contiene los mismos razonamientos carentes de tecnicismo jurídico de la Sentencia con relación a la subsunción de la conducta al tipo penal, debido a que la causa se inició en base a la denuncia de lesiones, sobreseyendo esta figura y cambiándola por la de Ejercicio Ilegal de la Medicina, mutando una condición dolosa a una culposa, constituyendo el defecto de errónea aplicación de la ley sustantiva, alejándose de lo previsto por la Constitución Política del Estado (CPE) y el art. 29 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Atropellos que considera, resultan contrarios a lo señalado en el Auto Supremo 31 de 23 de marzo de 2007, por inobservar su razonamiento jurisprudencial al presuponer que el delito endilgado nunca prescribe por ser un delito continuado, violándose sus derechos y garantías constitucionales.


3)        El Tribunal de alzada incumplió su labor de ejercer control de las garantías constitucionales, al manifestar que no puede descender a revisar cuestiones de hecho, pese a reconocer la existencia de imprecisiones o contradicciones en la Sentencia relativas a los procedimientos quirúrgicos practicados al querellante; de igual manera, se omitió dar valor a las tres pericias y la auditoría médica; existió confusión de fechas y definiciones, incorporación de testigos que no fueron propuestos cambiando su identidad como es el caso de Fernández Tórres y Gonzalo Javier Delgadillo, que nunca intervinieron en el juicio y los hechos; resultando la Sentencia falsa y basada en hechos inexistentes, nunca probados ni acreditados; fallo confirmado por el Tribunal de alzada en contradicción con el Auto de Vista 220/2006 de 11 de octubre del Distrito de Chuquisaca, entendimiento jurídico traducido en el Auto Supremo 113/2007 de 04 de abril.


4)        Sobre la imposición de la pena, en Sentencia se le condenó con dos penas distintas, dos años por el delito de Ejercicio Ilegal de la Medicina y por omisión en la sanción penal por su gravedad se le condenó a tres años; sin embargo, el Tribunal de apelación violando el postulado reformatio in peius, agravó su situación jurídica al determinar la sanción de tres años, resultando contraria a la Sentencia Constitucional 176/2010 y al Auto Supremo 289 de 4 de septiembre de 2008, en vulneración del debido proceso y la seguridad jurídica.


5)        Sobre la retroactividad de la ley, refiere que de ninguna manera el Tribunal de apelación puede pretender que el 21 de abril de 2004, se cumpla con la ley 3131 de 8 de agosto de 2005, siendo contradictorio a las Sentencias Constitucionales 956/2010 y 21/2010.  


6)        Citando el Auto Supremo 335/2006-A manifiesta la posibilidad de la admisión del recurso de casación ante la denuncia de transgresiones a derechos y garantías constitucionales; en ese sentido, alega que tanto la Sentencia como el Auto de Vista vulneran sus derechos y garantías constitucionales como: i) El debido proceso y la seguridad jurídica,  porque se le condena a la sanción de tres años por omisión en la sanción penal, violando el art. 1 del CPP y dejándole en estado de indefensión; toda vez, que nunca fue imputado ni sometido a juicio por omisión de la sanción penal, que no se encuentra tipificado en el CP, confirmándose la sanción por un hecho inexistente, siendo condenado sin juzgarle ni oírle, violándose el art. 117 de la CPE; ii) Que se vulneró el debido proceso y la presunción de inocencia al ser perseguido por más de cinco años, en razón a que tanto el Juez de Sentencia como el Tribunal de alzada, retardaron la justicia al suspender prolongadamente la realización de las audiencias y señalamiento de actos procesales ilegales e injustificados, permitiendo la producción de prueba por más de diez meses a favor del querellante; asimismo, se tiene que el pliego acusatorio se presentó en noviembre de 2008, emitiéndose la Sentencia en enero de 2010, interpuso la apelación el 29 de enero del mismo año y la Sala Penal dictó Auto de Vista el 9 de diciembre de 2010 notificándosele el 16 del mismo mes y año, quebrantando la seguridad jurídica, cuyo precedente contradictorio se halla en los Autos Supremos 37 de 27 de enero de 2007 y 169 de 6 de febrero de 2007, así como en el Auto de Vista 44 de 21 de marzo de 2007 de la Sala Penal Segunda de la ciudad de La Paz; iii) Vulneración del principio de legalidad y garantía de la seguridad jurídica, porque el Auto de Vista realiza una interpretación arbitraria de la norma respecto a la falta de fundamentación de la Sentencia sobre el tipo penal acusado, debido a que no señala cuál intervención quirúrgica, qué tratamiento médico fueron innecesarios, qué enfermedad permanente y lesiones se ocasionaron, pese a que la auditoría médica y los peritajes confirmaron su adecuado actuar, aceptado en el punto 2.I de la segunda conclusión de la Sentencia; sin embargo, el Auto de Vista se aparta del fondo del asunto y se enmarca en aspectos formales, cita como precedentes las sentencias Constitucionales 0087/2007, 374/2002-R y el Auto Constitucional 287/99; iv) Conforme la Sentencia Constitucional 1542/2003-R, alega que se vulneró el derecho a la defensa, debido a que, pese a la solicitud de Enmienda y Complementación sobre las imprecisiones del Auto de Vista, el Auto complementario no enmienda ni aclara nada; y, v) Se transgredieron la garantía de ser procesado en un tiempo razonable, el principio de no contradicción, persecución penal única, de congruencia, de igualdad, al Juez natural y de reciprocidad de la prueba.  


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia. 2) La tarea encomendada por ley a este Tribunal de justicia referida precedentemente. 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se constata que el recurrente cumple con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta que fue notificado con el Auto de Complementación a la Resolución impugnada el 21 del mismo mes y año (fs. 423), presentando su recurso de casación el 26 de diciembre de 2010; es decir, dentro del plazo de cinco días previstos por el art. 417 del CPP.


En cuanto a las denuncias del recurso de casación, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, la cita del precedente contradictorio; y, principalmente, la explicación, en términos claros y precisos, referidos a la posible contradicción entre el Auto de Vista impugnado y la doctrina legal aplicable de los precedentes contradictorios, que permitan a éste máximo Tribunal, emitir un pronunciamiento final sobre las cuestiones planteadas; en caso de denuncias de vulneración de derechos y garantías constitucionales, se observará el cumplimiento de los presupuestos de flexibilización contenidos en el acápite III de la presente resolución.


En lo que concierne al primer motivo del recurso de casación en el cual se alega rechazo del conocimiento de fondo de su excepción de extinción de la acción penal por prescripción, cabe precisar, que este máximo Tribunal carece de  competencia para resolver el mismo, conforme prevé el art. 50 del CPP, encontrándose su sustanciación dentro del proceso penal regido por los arts. 314 del CPP, 325 y 345 del CPP. En ese contexto el motivo deviene en inadmisible.


El segundo motivo cuyo agravio refiere errónea aplicación de la ley sustantiva, debido al cambio del delito por el cual se acusó, siendo diferente al que se condenó, además de presuponerse que el delito endilgado no prescribe por ser un delito continuado, violándose sus derechos y garantías constitucionales; sobre este tópico, si bien el recurrente cita y transcribe parte de la doctrina legal del Auto Supremo 31 de 23 de marzo de 2007, señalando como posible contradicción que Auto de Vista no considera la “correcta valoración respecto a lo que dispone la corriente finalista” (sic), se evidencia la falta de claridad y precisión en la exposición de los argumentos que considera son contradictorios a los razonamientos contenidos en la doctrina legal del precedente, ya que, como prevén los arts. 416 y 417 del CPP, corresponde al impugnante señalar en términos precisos el sentido jurídico distinto del fallo impugnado que no coincide con el contenido en el referido Auto Supremo, aspecto que no se evidencia en el motivo en análisis; asimismo, corresponde aclarar que el citado Auto Supremo no fue invocado en su recurso de apelación restringida, en inobservancia dela disposición del art. 416 segundo párrafo del CPP.


Respecto a la denuncia de vulneración a derechos y garantías constitucionales, tampoco cumple con los presupuestos de flexibilización descritos en el acápite III de la presente resolución, en razón a que alega quebrantamiento de derechos y garantías constitucionales sin especificar qué derecho o garantía se vio restringido o disminuido y cuál el resultado dañoso emergente de esa vulneración; requisitos incumplidos que no permiten la admisión del presente motivo.


Respecto a los defectos en la valoración probatoria alegados en el tercer motivo, debido a que no fueron observados por el Tribunal de alzada con el argumento de que no puede descender a revisar cuestiones de hecho, incurriendo en contradicción con el Auto de Vista 220/2006 de 11 de octubre del Distrito de Chuquisaca cuyos fundamentos jurídicos se encuentran también en el Auto Supremo 113/2007; inicialmente se tiene, que los referidos precedentes no fueron invocados al momento de interponer su recurso de apelación restringida conforme señala el segundo párrafo del art. 417 del CPP; de igual manera, no establece qué reglas de la sana crítica fueron inobservadas por el Juez de Sentencia al momento de valorar las pruebas, limitándose a manifestar que existirían contradicciones en la Sentencia respecto a los procedimientos quirúrgicos practicados en el querellante, confusiones de fechas y definiciones, introducción de testigos que no fueron propuestos y cambio en la identidad de dos testigos; empero, no establece de manera específica y concreta en que radicarían esas contradicciones y confusiones contenidas en la Sentencia y lo manifestado por el Auto de Vista respecto a este reclamo; de igual manera, no señala qué testigos fueron introducidos a juicio sin haber sido propuestos o cómo se cambió su identidad, en ese sentido, resultan insuficientes los elementos expuestos por el recurrente para conocer a cabalidad la inobservancia o errónea aplicación de la norma penal por parte del Juez de la causa y los fundamentos del Auto de Vista que confirman estas supuestas vulneraciones, resultando argumentos genéricos que tampoco cumplen con la labor de contrastación que señalen la contradicción entre el fallo recurrido y la doctrina de los precedentes en los términos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP; por cuanto, el motivo deviene en inadmisible.


Sobre la agravación de su situación jurídica en la determinación de la pena denunciada en su cuarto motivo, el recurrente inobserva e incumple los requisitos descritos en los citados arts. 416 y 417 del CPP; toda vez, que se limita a citar como precedentes la Sentencia Constitucional 176/2010 y el Auto Supremo 289/2008, sin tener en cuenta que el primero no constituye precedente contradictorio conforme dispone la norma procedimental, mientras que respecto al Auto Supremo sólo existe su cita, desconociéndose en que radicaría supuestamente la contradicción entre los fundamentos contenidos en su doctrina legal y los razonamientos asumidos en el Auto de Vista. 


El quinto motivo referido a la retroactividad de la ley, carece del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, pues el recurrente invoca como precedentes las Sentencias Constitucionales 956/2010 y 21/2010, que no pueden ser consideradas como precedentes contradictorios conforme prevé el art. 416 del CPP; por lo que, no puede existir un análisis de posibles contradicciones en que hubiere incurrido el tribunal de alzada en la emisión de la resolución impugnada; bajo ese parámetro, el motivo resulta  inadmisible.


Cabe precisar que en el sexto motivo del recurso de casación, el recurrente realiza denuncias similares a los contenidos en los motivos precedentemente expuestos; sin embargo, la exposición de sus argumentos difiere con los expresados en este sexto motivo donde argumenta transgresión de derechos y garantías, mismos que fueron desglosados de la siguiente manera:


i) Transgresión del debido proceso y la seguridad jurídica debido a que el Auto de Vista confirma la Sentencia donde se le condena a la pena de tres años de presidio por omisión en la sanción penal, siendo que el mismo no se configura como tipo penal; pero, fue juzgado y sancionado por éste, causándole indefensión. Sobre el particular, se tiene que el recurrente cumple con los presupuestos de flexibilización al señalar los antecedentes generadores del agravio y la restricción de su derecho a la defensa, siendo juzgado por un delito inexistente cuyo resultado fue la imposición de una sanción de tres años; bajo tal parámetro corresponde la admisión del motivo.


ii) Vulneración del debido proceso y la presunción de inocencia por la retardación de la sustanciación de la causa con suspensiones prolongadas y señalamiento de actos procesales ilegales como la producción de prueba del querellante por más de diez meses y la demora en la emisión de la Sentencia y del Auto de Vista a cuyo efecto cita los Autos Supremos 37 de 27 de enero de 2007 y 169 de 6 de febrero de 2007, así como en el Auto de Vista 44 de 21 de marzo de 2007 de la Sala Penal Segunda de la ciudad de La Paz, sobre éste tópico, se tiene que el recurrente incurre en el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, puesto que se limita a citar los Autos Supremos 37/2007, 169/2007 y el Auto de vista 44/2007 de las Sala Penal Segunda del Distrito de la Paz, omitiendo señalar la posible contradicción entre el sentido jurídico asumido en el fallo impugnado que resulta distinto o contrario a la  doctrina sentada por los referidos precedentes; por otro lado, se advierte que el recurrente alega vulneración del debido proceso en su vertiente a la presunción de inocencia, precisando los antecedentes generadores del posible agravio cometido por los de alzada al señalar la existencia de dilaciones en la realización de la audiencia de juicio y en la emisión de los fallos tanto de primera instancia como de alzada, así como el prolongado plazo otorgado al querellante para la producción de prueba, restringiéndose la presunción de su inocencia por más de cinco años; en tal sentido se tiene por cumplidos los presupuestos de flexibilización, correspondiendo la admisión del motivo para su análisis de fondo.


iii)Vulneración del principio de legalidad y de la garantía de seguridad jurídica relacionada con una supuesta interpretación alejada del Auto de Vista sin ingresar en el fondo de la denuncia de falta de fundamentación de la Sentencia respecto al tipo penal acusado, debido a que se omitió señalar que intervención quirúrgica u tratamiento médico fueron innecesarios, así como cuál resultaría la enfermedad permanente o lesión ocasionada; sobre este motivo, el recurrente cita las Sentencias Constitucionales 0087/2007, 374/2002 y el Auto Constitucional 289/99, reiterándose que estas resoluciones no constituyen precedentes contradictorios conforme describe el art. 416 del CPP. De otra parte, con relación a la denuncia de que el Auto de Vista se apartó del conocimiento de la falta de fundamentación en la Sentencia respecto al tipo penal acusado debido a que se omitió señalar la intervención quirúrgica o tratamiento médico innecesario y la enfermedad o lesión generada, vulnerándose el principio de legalidad y la seguridad jurídica, se tiene que el recurrente cumple con los presupuestos de admisión vía flexibilización, estableciendo los antecedentes generadores del agravio, la restricción por la falta de fundamentación y la emisión de una sentencia donde no se estableció los daños ocasionados por la intervención o tratamiento innecesario, en ese contexto, el motivo deviene en admisible.


iv)La denuncia de vulneración del derecho a la defensa por falta de complementación y enmienda de las imprecisiones del Auto de Vista solicitada al Tribunal de alzada, carecen de mayores elementos de análisis que establezcan a cabalidad los fundamentos del Auto de Vista que considera confusos o incompletos, tampoco señala como se restringió o disminuyó su derecho a la defensa y el resultado dañoso de esa restricción o disminución; en ese sentido, ante el incumplimiento de los requisitos de flexibilización, corresponde declarar la inadmisibilidad del motivo.


V) Similar situación se evidencia en su argumento de violación a la garantía de ser procesado en un tiempo razonable, el principio de no contradicción, persecución penal única, de congruencia, de igualdad, al Juez natural y de reciprocidad de la prueba, puesto que resultan argumentos genéricos que inobservan e incumplen los requisitos descritos en los citados arts. 416 y 417 del CPP, así como de los supuestos de flexibilización; por cuanto, el motivo deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE del recurso de casación interpuesto por Francisco Justo Gardeazabal Paputsachis, cursante de fs. 467 a 475, únicamente para el análisis de fondo de los incs. i), ii) y iii) del sexto motivo; en cumplimiento del segundo párrafo del art. 418 del CPP, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA