TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 531/2015-RRC-L

Sucre, 13 de agosto de 2015


Expediente                        : Potosí 45/2010

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Lucio Bobarín Rojas

Delito                : Estafa

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina

       

RESULTANDO


Por memorial presentado el 24 de agosto de 2010, cursante de fs. 107 a 109 vta., Rufo Wilfredo Mamani Mamani, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 031/2010 de 8 de julio, de fs. 99 a 101 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del recurrente contra Lucio Bobarín Rojas, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)   Por Sentencia 12/2010 de 15 de mayo (fs. 46 a 58), el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, declaró al imputado Lucio Bobarín Rojas, autor y culpable de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, condenándolo a la pena privativa de libertad de tres años y seis meses de reclusión, más multa de cien días a Bs. 1.- (un boliviano) por día, a cumplir en el Penal de San Roque de Sucre, en virtud a que el Penal de Cantumarca de esa ciudad se encuentra en refacción.


b)   Contra la referida Sentencia, el imputado Lucio Bobarín Rojas, formuló recurso de apelación restringida (fs. 63 a 67), resuelto por Auto de Vista 031/2010 de 8 de julio (fs. 99 a 101 vta.), dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que admitió y declaró procedente el recurso interpuesto; y deliberando en el fondo revocó totalmente la Sentencia impugnada, absolviendo de pena y culpa al imputado.


I.1.1. Motivo del recurso.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 268/2015-RA-L de 3 de junio, se extrae el siguiente motivo, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis, conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


Alega el recurrente que el Tribunal de alzada, pese a que no se encuentra facultado para valorar total o parcialmente la prueba, sostiene que el reconocimiento de firmas y rúbricas de los recibos abre la competencia a un Juez Civil, sin tomar en cuenta que no existe una disposición expresa que prevea aquello, por consiguiente resulta ser solamente una opinión del Juzgador y en forma errada. Más adelante, con relación a la Sentencia señala lo siguiente: “…realiza una descripción de los hechos en base a fundamentos de la acusación pública y particular, sin fundamentar en base a qué prueba logró establecer la existencia de ardid o engaño como causa del error, es decir, si el imputado con mentiras le sonsacó dineros para un supuesto fin y una vez recibidos les dio otro destino o se benefició de los mismos, tampoco fundamenta sobre la prueba que demostró objetivamente la existencia de error en la víctima, es decir, que no conocía en que se iban a invertir los dineros de donde se colige que no hubo error que operar para la disposición patrimonial o por lo menos el tribunal no menciona la prueba que le indujo a concluir lo contrario…” (sic).


Lo que evidencia que en efecto, los Vocales ingresaron a valorar directamente la prueba, y todavía con menoscabo de objetividad y faltando a la verdad de los hechos, puesto que en juicio se demostró que el imputado se benefició con dineros, obteniendo la suma de $us. 19.000.- (diecinueve mil dólares estadounidenses); asimismo, haber adquirido movilidades lo cual permite concluir que se ingresó en una errónea aplicación de la ley sustantiva (error injudicando), previsto como defecto de la Sentencia en el art. “370.I” del CPP.


En calidad de precedentes contradictorios, invoca los Autos Supremos 223 de 28 de marzo de 2007 y 73 de 10 de febrero de 2004, que estarían referidos a la prohibición del Tribunal de apelación de valorar prueba.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita que se declare fundado el recurso y se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, al advertirse que el Auto de Vista impugnado, contraviene la doctrina legal sentada en los Autos Supremos invocados en calidad de precedentes, sea con imposición de costas.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 268/2015-RA-L cursante de fs. 117 a 120, este Tribunal admitió en el recurso de casación presentado por Wilfredo Mamani Mamani, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Desarrollado el juicio oral, el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dictó la Sentencia 12/2010 de 15 de mayo, por la que declaró al imputado, Lucio Bobarín Rojas, autor y culpable de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, condenándolo a la pena privativa de libertad de tres años y seis meses de reclusión, más multa de cien días a Bs. 1.- (un boliviano) por día; de acuerdo a los siguientes fundamentos, relativos al motivo a analizarse:


a) Lucio Bobarin Rojas, conforme exige el tipo penal de Estafa, tipificado por el art. 335 del CP, hizo creer a la víctima, quien trabajaba en el Ingenio Jorge como almacenero, que podía ganar mucho dinero ingresando minerales a dicho Ingenio, para su flotación, comprándolos del Cerro Rico, a precios económicos y que luego se repartirían las ganancias. Es así que la víctima, luego de consultar con su esposa, decide entregar al imputado, la suma total de $us. 8000.- (ocho mil dólares estadounidenses); recibiendo posteriormente, en una sola oportunidad, un porcentaje de $us. 1500.- (un mil quinientos dólares estadounidenses); empero, luego de la supuesta sociedad nunca más funcionó, pues no obstante que la víctima buscó al acusado en reiteradas oportunidades, no lo encontró; logrando únicamente ante tanta insistencia, hacerle firmar unos recibos por el monto entregado; más nunca recuperó el dinero confiado, pese a las constantes promesas de su parte.


b)  El imputado cambió la coartada, señalando que la víctima fue quien le indujo a formar la sociedad y que por su culpa no pudieron tratar los minerales por haber sido echado del Ingenio donde trabajaba, por supuestas irregularidades cometidas en su trabajo, lo que no fue demostrado; al contrario, fue desvirtuado por la declaración de la víctima y la prueba literal de cargo.


c) El imputado, mediante engaños y artificios, con la experiencia que ya tenía en este rubro y con la intención de convencer a la víctima para formar una sociedad y ganar dineros, aprovechando del auge de la minería, conforme a los antecedentes demostrados precedentemente, logró sonsacar a la víctima la suma total de $us. 8000.-, provocando una disposición patrimonial de ésta, que no tenía experiencia alguna en este aspecto, por lo que confió en el imputado, a quien le dio dineros que los utilizó en beneficio propio, para luego incumplir la promesa hecha, pues si bien, en una primera instancia le entregó $us. 1500.- en calidad de ganancia, pero de ahí en adelante, nunca más apareció ni volvió a otorgar algún beneficio a la víctima, no obstante de haber recibido en varias ocasiones, dineros por ese concepto del Ingenio; causando graves perjuicios económicos a Rufo Wilfredo Mamani Mamani, problemas familiares y sociales, como se demostró en el juicio; siendo la conducta del acusado, reprochable penalmente, consumándose su conducta en el ilícito de Estafa, en el momento que recibió los montos de dinero para su beneficio.


II.2. Del recurso de apelación restringida del imputado.


El imputado Lucio Bobarín Rojas, planteó recurso de apelación restringida (fs. 63 a 67) contra la Sentencia 12/2010 de 15 de mayo, bajo los siguientes argumentos relativos al motivo cuyo análisis de fondo corresponde a este Tribunal:


1) Alegó que su persona trabajaba en sociedad con Fausto Delgado, y como la supuesta víctima trabajaba como encargado de planta y vio que la sociedad estaba ganando bien, le propuso trabajar con él, es así que en su primera internación obtuvieron una ganancia de $us 5.000.-, de los cuales entregó al precitado la suma de $us. 1.500.-. Posteriormente, para obtener mayores ganancias el acusador particular le entregó más dinero; por lo que, su persona se dedicó a acumular mineral día y noche, subiendo todos los días al cerro Rico de Potosí, desde horas 5:00 am, aprovechando que es transportista, logró acumular trescientas toneladas; empero, Rufo Wilfredo Mamani ya no estaba trabajando en el Ingenio Jorge, su mineral adquirido con $us. 8.000 recibidos de él y $us. 12.000 aportados por parte suya, no fue internado de forma rápida como la primera vez, demorando más de dos años tirado en el suelo, de forma tal, que cuando fue procesado, ya no valía nada, es más salieron debiendo a los adelantos que habían solicitado para su adquisición. Por lo cual, el acusador optó por solicitar la devolución de su capital, invertido en la compra de minerales, logrando hacerle suscribir dos recibos por el monto total entregado.


2) De lo descrito se desprende que jamás su persona hizo creer algo falso como verdadero a Rufo Wilfredo Mamani Mamani, como que jamás se enriqueció con los dineros recibidos, es más, perdió la suma de $us. 12.000.-, como acreditó de los informes del Ingenio Jorge que expresó que el mineral fue internado, pero que se procesó luego de dos años y que no se pagó porque salieron debiendo por los adelantos, ello en razón a que el acusador ya no pudo ordenar su procesamiento como lo hizo la primera vez. Y de otro lado, tampoco se demostró el elemento constitutivo de dolo en la supuesta Estafa, DOLUS NOS PRESUMITUR COMPROBATIO, el cual no se presume sino se comprueba, con medios idóneos. Operando lo establecido por el art. 16 del CP, como es el error de tipo invencible.


3) Los dos recibos firmados por su persona, fueron presentados ante el Juez de Instrucción en lo Civil, a efectos de su reconocimiento, instancia a la que se presentó voluntariamente para proceder a su reconocimiento; medida preparatoria que consolidó un acuerdo de voluntades al  haber dos recibos firmados en forma voluntaria y luego proceder al reconocimiento de firmas y rúbricas, para luego proseguir una demanda en materia civil. Por lo que, debió ineludiblemente recurrir a materia civil y no así a la penal; presentando bajo ese fundamento, excepción de incompetencia, declarada improbada por el Tribunal juzgador.


4) El Tribunal de juicio, valoró a su forciori, no guardando relación con el bien jurídico tutelado, ni con la estructura del tipo penal que se le acusó, trayéndose consigo como consecuencia, la imposición errónea o excesiva de la pena, al manifestar que existió dolo, cuando en este aspecto estaba en la obligación de expresar con qué tipo de prueba se acreditó dicho extremo; así lo exige el tipo penal de Estafa, ya que se trata de un delito enteramente doloso, vulnerando la máxima que señala, dolus non praesumitur.


II.3.Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró procedente el recurso de apelación restringida formulado por el imputado Lucio Bobarín Rojas, a través del Auto de Vista impugnado; en consecuencia, revocó totalmente la Sentencia impugnada y en aplicación de lo preceptuado por el art. 363 inc. 3) del CPP, dictó nuevo fallo absolviendo de pena y culpa al imputado por la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP; consiguientemente, dispuso la cesación de todas las medidas cautelares, personales y reales que pesan en su contra, con costas. De acuerdo a los siguientes argumentos:


i)   La Resolución pronunciada respecto a la excepción de incompetencia se encuentra dentro del marco legal, por cuanto el hecho de haberse tramitado una medida precautoria en la vía civil, no implica la obligación de continuar con el proceso en esa vía; por tanto, para establecer si el presente proceso debería tramitarse en la vía civil, el imputado debió haber probado la existencia de un contrato; empero, a tiempo de plantear esta excepción no logró demostrar este aspecto.


ii) En la Sentencia se sostiene que según la concepción tradicional, en la Estafa se trata de conseguir dineros o ventajas ilegítimas en beneficio propio o de un tercero, mediante engaño o induciendo en error al sujeto pasivo. Respecto a su consumación, el precitado fallo afirmó que se produce en el momento en que el sujeto activo obtiene el beneficio o ventaja económica; luego, realizó una descripción de los hechos en base a los fundamentos de la acusación pública y particular, sin fundamentar en base a qué prueba logró establecer la existencia del ardid o engaño como causa del error; es decir, si el imputado con mentiras le sonsacó dineros para un supuesto fin y una vez recibidos les dio otro destino o se benefició de los mismos, tampoco argumentó sobre la prueba que demostró objetivamente la existencia de error en la víctima; esto es, que no conocía en qué se iban a invertir sus dineros o el riesgo que existe en este tipo de negocios. Menos refiere la Sentencia, a la hora de realizar la subsunción de la conducta del imputado al tipo penal previsto en el art. 335 del CPP, el error como causa de la disposición patrimonial, por cuanto en la propia motivación probatoria jurídica realizada por el Tribunal recurrido, la supuesta víctima trabajaba en el Ingenio Jorge, donde fueron tratados los minerales adquiridos con los dineros entregados por Rufo Wilfredo Mamani Mamani al imputado; en consecuencia, aquel conocía en qué se iban a invertir sus dineros; de donde se colige que no hubo error que opere como causa para la disposición patrimonial, o por lo menos, el Tribunal no mencionó la prueba que indujo a concluir lo contrario.


iii) Asimismo, en la Resolución impugnada, no se mencionó la prueba que sirvió para establecer que por la segunda compra y acumulación de minerales en el Ingenio Jorge, el imputado hubiere recibido pagos correspondientes; lo que permite establecer que tampoco se demostró en juicio que el imputado se habría beneficiado económicamente de manera indebida, como exige otro de los elementos del tipo penal de Estafa.


iv) Tampoco existe fundamentación respecto a la prueba que permitió establecer el dolo con que supuestamente actuó el imputado, aspecto que permite concluir que el Tribunal de Sentencia ingresó en errónea aplicación de la ley sustantiva (error in iudicando), previsto como defecto de la sentencia.


III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


En el presente recurso, la parte recurrente denuncia que el Tribunal de alzada, sin tener competencia para ello, procedió a valorar la prueba, sosteniendo que: 1) El reconocimiento de firmas y rúbricas de los recibos, abre la competencia de un juez civil, sin disposición expresa que disponga ello, resultando ser sólo una opinión del Juzgador; y, 2) La Sentencia realizó una descripción de los hechos en base a fundamentos de la acusación pública y particular, sin fundamentar en base a qué pruebas logró establecer la existencia de ardid o engaño como causa del error, sonsacando dineros para darles otro destino y beneficiarse de los mismos; y tampoco argumenta sobre la prueba que demostró la existencia de error en la víctima, lo que evidenciaría la valoración directa de la prueba. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de alzada, corresponde dilucidar si los extremos denunciados son o no evidentes.


III.1.Identificación de los precedentes contradictorios invocados relativos a la revalorización de la prueba en alzada.


A tiempo de plantear su recurso de casación, el recurrente invocó en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos 223 de 28 de marzo de 2007 y 73 de 10 de febrero de 2004; el primero de los citados, establece en su doctrina legal, lo siguiente: El Tribunal de alzada no se encuentra facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo circunscribir sus actos a los motivos que fueron objeto de la apelación restringida, el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal establece que: Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley y/o su errónea aplicación, el Tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o Tribunal.


Cuando el ad quem advierte que en el proceso se han pronunciado fallos sustentados en defectuosa valoración de la prueba, vulnerando la previsión del artículo 173 y 339 ambos del Código de Procedimiento Penal, incurriendo así en el defecto del artículo 370 inc. 6) de la referida norma adjetiva, se hace evidente que el fallo no contendría los elementos de prueba necesarios para subsanar el defecto en que incurrió el juez de grado, por ello corresponde conforme prevé el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, anular la sentencia totalmente y disponer la reposición del juicio por otro Tribunal, a efecto de garantizar que las partes en conflicto, puedan someter nuevamente el conocimiento, discusión y valoración de la prueba, ante otro juez o Tribunal quien observando los principios de inmediación y contradicción, que rigen el proceso y el circuito probatorio, dicte nueva resolución en base a un nuevo criterio de valor emergente de la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica”.


Por su parte, el Auto Supremo 73 de 10 de febrero de 2004 alegó: “Que, conforme a la normativa legal vigente, la apelación restringida, por su naturaleza y finalidad legal, es esencialmente de puro derecho y en su análisis el Tribunal no puede retrotraer su actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos y pruebas fácticas que ya fueron sometidas al control oral, público y contradictorio por el órgano judicial de sentencia, consecuentemente, no existe la doble instancia y el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los siguientes aspectos: Anular total o parcialmente la sentencia, ordenando la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; cuando la nulidad sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio; y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente, tal como enseña el art. 413 del Código de Procedimiento Penal.


Consecuentemente; En aquellos supuestos en que el Tribunal de alzada comprueba la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; por cuyo motivo tenga la convicción plena de la inculpabilidad del imputado, no es pertinente anular totalmente la sentencia; sino dar cumplimiento a la última parte del art. 413 del Código de Procedimiento Penal, esto es, dictar directamente una nueva sentencia, definiendo la situación jurídica del imputado.


El control del debido proceso y la actividad jurisdiccional en casos extremos, como el presente, amerita al Supremo Tribunal abrir su competencia de oficio, con el único objeto de enmendar omisiones o errores procesales, que afecten las garantías y derechos constitucionales y pongan en riesgo el sistema procesal penal”.


III.2.Labor de control de logicidad por parte del Tribunal de alzada ante la denuncia de errónea valoración de la prueba.


Aunque la apreciación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas (intangibilidad de la prueba y de los hechos) de la sentencia son inatacables en apelación restringida; empero, están sujetas al control de logicidad a cargo del Tribunal de apelación, que verificará a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, el proceso lógico seguido por el juzgador en su razonamiento a través del examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, cotejando si en su fundamentación se observaron las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia.


Pues bien, el juzgador debe observar los principios lógicos supremos o leyes supremas del pensamiento que gobiernan la elaboración de los juicios y otorgan base cierta para determinar cuáles son, necesariamente, verdaderos o falsos. A decir del profesor De la Rua, las leyes del pensamiento son leyes a priori que están constituidas por las leyes fundamentales de coherencia y derivación, por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. (De la Rua, Fernando. Teoría General del Proceso. Editorial Depalma, Buenos Aires 1991. Pág. 154-158). 


Asimismo, en relación a las leyes de la psicología, el tribunal o juez tiene el deber de aplicarlas en la valoración de las pruebas, no siendo necesario que indique cuál sea el procedimiento psicológico empleado; además, de aplicar las normas de la experiencia, que son los juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos. (Arroyo, Gutiérrez José Manuel y Rodríguez, Campos Alexander. Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal. Editorial Jurídica Continental. San José-Costa Rica 2003. 2da. Edición. Pág. 91).


En el ordenamiento jurídico boliviano, el sistema de valoración de la sana crítica, se encuentra establecido en el art. 173 del CPP, que refiere: “El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”; lo que implica, que el juzgador debe observar las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia en la emisión de la sentencia, que podrá ser impugnada, cuando la parte considere que no fueron aplicadas correctamente.


Consiguientemente, ante la denuncia de errónea valoración de la prueba por la incorrecta aplicación de las leyes del pensamiento humano respecto a la sana crítica, que además deberá contener necesariamente la identificación de cuáles los elementos de prueba incorrectamente valorados, así como la solución pretendida; el Tribunal de alzada, verificará si los argumentos y conclusiones de la Sentencia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, y de evidenciar el reclamo, determinará la nulidad de la Sentencia y la reposición del juicio, ante la prohibición de corregir directamente el defecto, conforme dispone el art. 413 del CPP; en cambio de resultar incorrecta la denuncia, dispondrá su rechazo y confirmará lo resuelto en sentencia por el Tribunal de Sentencia.


Este entendimiento ha sido ampliamente desarrollado en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, que señala: “El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.


Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse a actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente a admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.


Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez”.


De lo señalado precedentemente, es posible concluir que el Tribunal de alzada tiene la obligación de efectuar la labor de control de logicidad ante la denuncia de errónea valoración de la prueba; pues si bien no le corresponde realizar la valoración de las pruebas desfiladas en el proceso, por carecer del principio de inmediación; sin embargo, tiene la obligación de verificar que el juzgador hubiere realizado dicha tarea, aplicando las reglas de la sana crítica, la lógica, psicología y experiencia, materializadas en la fundamentación del fallo de mérito; como también resulta inexcusable para el recurrente señalar e identificar qué elementos de prueba fueron incorrectamente valorados y cuál la solución que pretende; es decir, precisar qué partes de la decisión incurrieron en errores lógico-jurídicos en el que se aplicaron de manera inadecuada las reglas de la sana crítica, con el correspondiente análisis lógico buscado; y no referirse a aspectos procesales que no vayan a tener incidencia en el fondo del litigio; de ser así, el Tribunal de apelación determinará por declarar inadmisible, si pese a haber otorgado el plazo de tres días para la subsanación del recurso persistió el incumplimiento de lo observado.


Finalmente, por ser de utilidad para el análisis del caso concreto, resulta necesario glosar la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 450 de 19 de agosto de 2004, que establece lo siguiente: Que conforme a la normativa legal vigente, la apelación restringida, por su naturaleza y finalidad legal, es esencialmente de puro derecho, motivo por el cual, en su análisis, el Tribunal no puede retrotraer su actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos y pruebas fácticas que ya fueron sometidos al control oral, público y contradictorio por el órgano judicial de sentencia. Consecuentemente, no existe la doble instancia y, por ello, el Tribunal de Alzada se encuentra obligado a alguna de las siguientes decisiones: a) Anular total o parcialmente la sentencia ordenando la reposición del juicio por otro juez o tribunal cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; b) Cuando la nulidad sea parcial, indicar el objeto concreto del nuevo juicio; c) Cuando sea evidente que, para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, resolver directamente el caso.


Consecuentemente; En aquellos supuestos en que el Tribunal de alzada comprueba la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, por cuyo motivo tenga la convicción plena de la culpabilidad del imputado, no es pertinente anular totalmente la sentencia y disponer que se abra nuevo juicio sino dar cumplimiento a lo establecido por la última parte del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, dictando directamente una nueva sentencia que defina la situación jurídica del imputado.


Los criterios doctrinales legales glosados precedentemente fueron complementados por el Auto Supremo 660/2014-RRC de 20 de noviembre, en el cual, se creó una sub regla en sentido que: El Tribunal de alzada en observancia del art. 413 última parte del CPP, puede emitir nueva sentencia incluso modificando la situación del imputado de absuelto a condenado o de condenado a absuelto, siempre y cuando no proceda a una revalorización de la prueba, menos a la modificación de los hechos probados en juicio al resultar temas intangibles, dado el principio de inmediación que rige el proceso penal boliviano; supuestos en los cuales, no está eximido de dar estricta aplicación del art. 124 del CPP, esto es, fundamentar suficientemente su determinación, ya sea para la absolución o condena del imputado y respectiva imposición de la pena” (las negrillas no cursan en el original).


III.3. En cuanto al delito de Estafa.


Con la finalidad de resolver el caso concreto, resulta necesario establecer los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Estafa, previsto y sancionado en el art. 335 del CP, que dispone: “El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno (1) a cinco (5) años y con multa de sesenta (60) a doscientos (200) días”.


De lo señalado se percibe la condición subjetiva; es decir, el dolo usado para obtener un beneficio económico indebido, usando engaños, artificios para provocar o fortalecer el error que inducen el acto de disposición. Engaño que debe tener la idoneidad relacionada con las condiciones personales del sujeto pasivo; los artificios en cambio, deben entenderse como las manipulaciones y maniobras para agravar el falso juicio de la realidad. Tanto engaños como artificios, deben provocar error en el sujeto pasivo o fortalecer el error en el que está y que motiva a la disposición del patrimonio; es decir, a perder el poder o parte del mismo sobre una cosa económicamente valorable.


Desarrollando este tipo penal, el Auto Supremo 59 de 27 de enero de 2007, estableció lo siguiente: “…de acuerdo a la doctrina penal el delito de estafa objetivamente se perfecciona cuando el sujeto activo -delincuente- realiza la lesión jurídica que ha pretendido; es decir que, con la consumación se alcanza la objetividad jurídica que constituye el tipo especial de un delito. De tal manera, en el delito de estafa la consumación se produce en el momento en que el sujeto activo obtiene el beneficio o ventaja económica al que hace referencia el artículo 335 del Código Penal; La acción del agente debe consistir en emplear artificios o engaños, es decir inducir a error al sujeto pasivo empleando ardides o faltando a la verdad sobre la calidad, cantidad o veracidad de algo, conductas que adquieren connotación jurídica cuando inducen a error determinado a la víctima a dejarse sonsacar dinero u otro beneficio. El resultado es sonsacar a otro dinero o beneficio o ventaja económica, lo que significa perjuicio al patrimonio. Es por ello, que en la estafa el propio sujeto pasivo realiza la consumación, cuando por error, artificios o engaños da una parte de su patrimonio a un tercero, para lo cual se requiere que exista una relación de causalidad entre los artificios, engaños y el sonsacamiento de dinero, beneficios o ventajas económicas”.


Los referidos razonamientos, determinan la necesaria causalidad entre los engaños y artificios, empleando ardides o faltando a la verdad, que demuestren el dolo desplegado, y el beneficio patrimonial que adquiere el sujeto activo o un tercero, en detrimento del patrimonio del sujeto pasivo, inducido en error, o de un tercero.


III.4. Análisis del caso concreto.


En la especie, se tiene que el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada, pese a no encontrarse facultado para ello, valoró directamente la prueba presentada durante el proceso penal, y determinó absolver al imputado, bajo las siguientes consideraciones:


a) Sostuvo que el reconocimiento de firmas y rúbricas de los recibos firmados por el imputado, correspondientes a los montos de dinero entregados por el acusador particular, abren la competencia del Juez Civil, sin tomar en cuenta que no existe una disposición expresa que prevea aquello, resultando por consiguiente, únicamente una opinión errada del juzgador.


Al respecto, de la revisión de antecedentes se denota que durante el desarrollo del juicio oral, la defensa planteó dos excepciones, entre ellas, una de incompetencia en razón a la materia, alegando que los recibos por los montos entregados por el acusador particular al imputado, fueron sometidos a una medida preparatoria en el ámbito civil a efectos de su reconocimiento de firmas; por lo tanto, se hubieran convertido en documentos privados. En consecuencia, el Estado le da competencia al juez civil, correspondiendo la aplicación de lo preceptuado por el art. 119 del Código Civil (CC), al ser ley entre partes, así como del art. 510 del precitado cuerpo legal; por lo tanto, alega que el Tribunal de Sentencia a cargo del juicio, no sería competente para conocer y resolver el presente caso. Excepción que fue resuelta inmediatamente después de haber sido interpuesta, declarándose improbada al no haberse demostrado la existencia de un contrato suscrito entre partes. Por lo que, la parte acusada, se reservó el derecho a apelar.


Así, a tiempo de plantear la apelación restringida, al resultarle la Sentencia perjudicial a sus intereses, el imputado planteó recurso de apelación restringida, reclamando entre sus argumentaciones, el extremo referido específicamente al rechazo a la excepción de incompetencia en razón a la materia, bajo similares argumentos que en el juicio oral. Impugnación atendida mediante el Auto de Vista recurrido, en sentido que la determinación asumida por el Tribunal juzgador se encuentra dentro del marco legal, por cuanto el hecho de haberse tramitado como medida precautoria en la vía civil, el reconocimiento de firmas estampadas en los recibos sobre percepción de dineros por el imputado Lucio Bobarín Rojas de parte de Rugo Wilfredo Mamani Mamani, no implica la obligación de continuar con el proceso en esa vía; en consecuencia, para establecer si el presente proceso correspondía tramitarse en la vía civil, el imputado debió haber probado la existencia de un contrato; empero, al plantear esta excepción no logró demostrar ese aspecto.


Ahora bien, analizando en el fondo, el Auto de Vista emitido por la Sala Penal Segunda, finalmente revocó en su totalidad la Sentencia impugnada, absolviendo de pena y culpa al acusado; con los fundamentos insertos en el mismo y que serán analizados a continuación en cuanto a la valoración probatoria denunciada por el recurrente.


Posterior de dicho actuado procesal, esta vez el acusador particular interpuso recurso de casación, reclamando en la primera parte del agravio admitido, lo glosado precedentemente; con relación a lo cual, corresponde explicar que de la lectura de las argumentaciones contenidas en el Auto de Vista ahora impugnado; de un lado, no se encuentra ninguna afirmación de parte del Tribunal de alzada, en el sentido que sostiene el recurrente, pues al contrario, de manera totalmente clara afirmó que el haber sometido los recibos de entrega de dinero a una medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas no implicaba la obligación de continuar con el proceso en la vía civil; puesto que para exigir aquello debió haberse probado la existencia de un contrato; por lo tanto, se constata que la denuncia contenida en el recurso de casación no responde a los hechos ocurridos en el proceso, constituyendo una deslealtad procesal que pretende hacer creer a este Tribunal, un extremo que no condice con la realidad de los hechos; y de otro lado, si es que el recurrente, se encontraba en desacuerdo con lo resuelto por el Tribunal juzgador en la audiencia de juicio o comprendió que la respuesta otorgada con relación a los recibos de dinero constituía un simple razonamiento del Juzgador que no se encontraba enmarcada en la norma legal, correspondía activar los mecanismos de impugnación oportunos; pues en la etapa de juicio, donde fue resuelta la excepción, el ahora recurrente no expresó su desacuerdo con los argumentos de la determinación que luego fueron ratificados en alzada, pero como consecuencia de la apelación presentada por la otra parte procesal, como es el imputado; el no haberlo hecho en ese momento procesal, le impide luego reclamar este aspecto, porque ello implicaría utilizar el recurso de casación para resolver cuestiones que ya fueron analizadas y resueltas anteriormente.


A más de lo señalado, no se encuentra que el Tribunal de alzada hubiera otorgado ningún valor a los recibos reconocidos en sus firmas y rúbricas mediante medida preparatoria por un Juez en materia civil; para determinar que la excepción de incompetencia fue correctamente resuelta, y menos que dicha resolución le causara agravio o lesión a los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales del recurrente; por lo tanto, tal cómo se señaló en la doctrina y jurisprudencia glosadas en los Fundamentos Jurídicos anteriores, a efectos de denunciar revalorización probatoria de parte del Tribunal de alzada, el recurrente se encuentra constreñido a fundamentar adecuadamente dicho reclamo, identificando qué elementos de prueba fueron incorrectamente valorados y cuál la solución que pretende; precisando en qué partes de la decisión se incurrieron en errores lógico-jurídicos y se aplicaron de manera inadecuada las reglas de la sana crítica, con el correspondiente análisis lógico buscado; y no referirse a aspectos procesales que no vayan a tener incidencia en el fondo del litigio; como ocurrió en el caso concreto, en el que además de no haberse demostrado la veracidad de la denuncia, tampoco se acredita de qué forma, el Tribunal de alzada hubiera incurrido en revalorización de los recibos reconocidos en sus firmas y rúbricas, y cómo la determinación de dichas autoridades, con relación a los mismos, afectó o cambió el sentido del fallo final.


Por lo señalado, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, por las razones detalladas, declarar sin mérito, la primera parte de la denuncia formulada por el recurrente.


La segunda parte del motivo admitido, se basa en que el Auto de Vista revalorizó prueba porque, con relación a la Sentencia afirmó que:


b) Hizo una descripción de los hechos basada en las acusaciones pública y particular, sin fundamentar en base a qué prueba logró establecer la existencia de ardid o engaño, como causa del error; es decir, si el imputado con mentiras le sonsacó dineros para un supuesto fin y una vez recibidos les dio otro destino o se benefició de los mismos, tampoco fundamenta sobre la prueba que demostró objetivamente la existencia de error en la víctima, osea, que no conocía en qué se iban a invertir los dineros, de donde se colige que no hubo error en operar para la disposición patrimonial o por lo menos, el Tribunal no mencionó la prueba que el indujo a concluir lo contrario.


Alegando a continuación que lo señalado en el párrafo precedente:


c)  Evidencia que en efecto, los Vocales ingresaron a valorar directamente la prueba, y todavía con menoscabo de objetividad y faltando a la verdad de los hechos, puesto que en juicio se demostró que el imputado se benefició con dineros, obteniendo la suma de $us. 19.000.-, asimismo haber adquirido movilidades, lo cual permite concluir que se ingresó en una errónea aplicación de la ley sustantiva (error injudicando), previsto como defecto de la Sentencia en el art. “370.I” del CPP.


Para fines pedagógicos resulta necesario señalar que, conforme a la doctrina legal aplicable y que fue ilustrada anteriormente, es conocido que el actual sistema procesal penal impide la revalorización de prueba por parte del Tribunal de alzada, y en consecuencia, el establecimiento o modificación de los hechos a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, siendo profusa la doctrina legal emitida por este Tribunal y la extinta Corte Suprema de Justicia al respecto, que mediante reiterados fallos hizo énfasis en la característica de intangibilidad que tienen los hechos establecidos en sentencia, no siendo permisible el descenso al examen de los hechos y la prueba, lo que es innegable, por cuanto el único que tiene la posibilidad de valorar la prueba y a partir de ello establecer la verdad histórica de los hechos (verdad material), es el juez o tribunal de sentencia, al gozar de la inmediación que tiene con las partes y la prueba, que le permite formar un criterio, lo más cercano posible, de lo que pasó en el hecho investigado, posibilidad de la que está desprovista el Tribunal de alzada.


Sin embargo, este Tribunal entiende que no siempre la modificación de la situación jurídica del imputado implica un descenso al examen de la prueba y a los hechos per se, pues ello no sucede cuando lo que se discute en esencia no son los hechos establecidos por el juzgador; sino, la adecuación o concreción de esos hechos al marco penal sustantivo, ya sea por el imputado que sostiene que el hecho por el que se lo condenó no constituye delito por falta de alguno de sus elementos (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) y que lógicamente no implique modificación de los hechos mediante la revalorización de la prueba, o por el acusador que, ante la absolución del imputado plantea que esos hechos demostrados y establecidos en sentencia, sí se subsumen en alguna conducta prohibida por el Código Penal. En consecuencia, en estos casos el Tribunal de alzada no tiene necesidad alguna de valorar prueba (lo que se reitera le está vetado), por cuanto los hechos ya están establecidos en sentencia y no son objeto de discusión, correspondiéndole únicamente verificar si el trabajo de subsunción o adecuación del hecho acreditado fue correcto o no, entonces, de advertir que el juez incurrió en error al adecuar la conducta del imputado, ya sea por haber establecido la absolución o determinando la condena en forma indebida, tiene plena facultad para enmendar el mismo, sin necesidad de anular la Sentencia, puesto que el error se cometió en la operación lógica del juzgador y no en la valoración de la prueba que dio lugar al establecimiento de los hechos tenidos como probados; consiguientemente, no es razonable ni legal que se repita el juicio únicamente para que otro juez realice una correcta subsunción del hecho.


En tal sentido, a tiempo de ratificar el concepto rector de que el Tribunal de alzada no puede cambiar la situación del imputado como consecuencia de la revalorización de la prueba o de la modificación de los hechos probados en juicio; debe concebirse la posibilidad en el supuesto de que se advierta y constate que el juez o Tribunal de Sentencia, incurrió en errónea aplicación de la norma sustantiva, que el Tribunal de alzada en estricta aplicación del art. 413 último párrafo del CPP y con base a los hechos probados y establecidos en Sentencia, en los casos de que éstos no sean cuestionados en apelación o de serlo se concluya que fue correcta la operación lógica del juzgador en la valoración probatoria conforme a la sana crítica, pueda resolver en forma directa a través del pronunciamiento de una nueva sentencia, adecuando correctamente la conducta del imputado al tipo penal que corresponda, respetando en su caso la aplicación del principio iura novit curia, ya sea para condenar al imputado o en su caso, para declarar su absolución, de no poder subsumirse la conducta al o los tipos penales, por no ser punible penalmente el hecho o porque no reúne todos los elementos de delito.


En ese orden, se tiene que ante la apelación formulada por la parte imputada, el Tribunal de alzada resolvió señalando que en la Sentencia se sostiene que según la concepción tradicional, en la Estafa se trata de conseguir dineros o ventajas ilegítimas en beneficio propio o de un tercero, mediante engaño o induciendo en error al sujeto pasivo. Respecto a su consumación, el precitado fallo afirma que ésta se produce en el momento en que el sujeto activo obtiene el beneficio o ventaja económica; luego, realiza una descripción de los hechos en base a los fundamentos de la acusación pública y particular, sin fundamentar en base a qué prueba logró establecer la existencia del ardid o engaño como causa del error; es decir, si el imputado con mentiras le sonsacó dineros para un supuesto fin y una vez recibidos les dio otro destino o se benefició de los mismos, tampoco argumenta sobre la prueba que demostró objetivamente la existencia de error en la víctima; esto es, que no conocía en qué se iban a invertir sus dineros o el riesgo que existe en este tipo de negocios. Menos refiere la Sentencia, a la hora de realizar la subsunción de la conducta del imputado al tipo penal previsto en el art. 335 del CPP, el error como causa de la disposición patrimonial, por cuanto en la propia motivación probatoria jurídica realizada por el Tribunal recurrido, la supuesta víctima trabajaba en el Ingenio Jorge, donde fueron tratados los minerales adquiridos con los dineros entregados por Rufo Wilfredo Mamani Mamani al imputado; en consecuencia, aquel conocía en qué se iban a invertir sus dineros; de donde se colige que no hubo error que opere como causa para la disposición patrimonial, o por lo menos, el Tribunal no menciona la prueba que indujo a concluir lo contrario.


Asimismo destacó que en la sentencia apelada, no se menciona la prueba que sirvió para establecer que por la segunda compra y acumulación de minerales en el Ingenio Jorge, el imputado hubiere recibido pagos correspondientes; lo que permite establecer que tampoco se demostró en juicio que el imputado se habría beneficiado económicamente de manera indebida, como exige otro de los elementos del tipo penal de Estafa. Y tampoco existe fundamentación respecto a la prueba que permitió establecer el dolo con que supuestamente actuó el imputado, aspecto que permite concluir que el Tribunal de Sentencia ingresó en errónea aplicación de la ley sustantiva (error in iudicando), previsto como defecto de la sentencia.


Ahora bien, del análisis del recurso de casación formulado por el acusador particular, se evidencia que se limita a reiterar los fundamentos contenidos en el Auto de Vista, realizando una copia textual de parte de ellos, para luego simplemente señalar que lo glosado, evidencia que los Vocales ingresaron a valorar directamente la prueba, y todavía con menoscabo de objetividad y faltando a la verdad de los hechos; expresiones que no satisfacen mínimamente los cánones exigibles y menos otorgan los insumos necesarios para realizar un análisis integral de lo demandado. Pues además de ello, si el recurrente considera que el imputado se benefició con dineros, obteniendo una determinada suma de dinero o adquirió movilidades; debe necesariamente demostrar que ello fue probado en juicio, mediante qué prueba y que no hubiera sido tomada en cuenta a tiempo de emitirse el Auto de Vista, contrario a lo cual, únicamente realiza la afirmación como si fuera una apreciación subjetiva, sin demostrar la incidencia de ello en la resolución final.


Por otra parte no se evidencia, contrariamente a lo señalado por el recurrente, que el Tribunal de alzada hubiese incurrido en una revalorización probatoria o haya descendido al examen de los hechos y la prueba; más bien, se constata que realizó un adecuado control de logicidad de la labor realizada por el Tribunal de Sentencia, estableciendo que no fundamentó en base a qué prueba logró establecer la existencia de ardid o engaño como causa de error; lo cual es evidente, pues de la motivación contenida en la fundamentación probatoria jurídica de la Sentencia de mérito, no se encuentra una descripción adecuada de los elementos que hubieran sido probados y que determinaría la comisión del delito imputado, y menos que de ellos, se desgajen los elementos del tipo penal a efectos de realizar la subsunción.


Del desarrollo realizado en relación al tipo penal de Estafa en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Resolución, se puede establecer que resulta imprescindible demostrar el engaño o ardid como causa del error, además de que se hubiera dado otro destino a los beneficios económicos conseguidos, así como el dolo; y que la víctima hubiera incurrido en error; extremos que en efecto, no se encuentran motivados debidamente en el fallo de mérito; lo que dio lugar a que el Tribunal de alzada, verificando dichas falencias, emita un fallo directamente, resguardando el ejercicio del debido proceso, puesto que como se señaló, en ningún momento otorgó valor alguno a las pruebas desfiladas en el proceso; al contrario, percibió de manera adecuada que las mismas no demostraron la adecuación al tipo penal.


Por lo tanto, lejos de contrariar los precedentes contradictorios invocados, el Tribunal de apelación, ajustó su accionar a los mismos, puesto que no ingresó a valorar las pruebas ni total y menos parcialmente, y considerando que los errores en los que incurrió el Tribunal de Sentencia, podían ser subsanados directamente, cuidando de no retrotraer su actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos y pruebas fácticas que ya fueron sometidos al control oral, público y contradictorio, determinó resolver directamente el caso, concluyendo que la conducta del imputado no se adecuó al tipo penal atribuido.


Consiguientemente, por los antecedentes expuestos, se denota que el Tribunal de alzada, en su labor de control del logicidad, concluyó acertadamente que la Sentencia incurrió en errónea aplicación de la ley sustantiva; no advirtiéndose contradicción alguna con la doctrina legal aplicable e invocada por el recurrente, contenida en los Autos Supremos 223 de 28 de marzo de 2007 y 73 de 10 de febrero de 2004, en los que se establece la prohibición del Tribunal de apelación de valorar las pruebas, deviniendo el recurso en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Rufo Wilfredo Mamani Mamani, cursante de fs. 107 a 109 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.        


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA