TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 522/2015-RA-L

Sucre, 13 de agosto de 2015


Expediente        : Chuquisaca 16/2011

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Jorge Adalberto Núñez de Arco Mendoza

Delitos        : Falsedad Material y otros


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 24 y 30 de mayo de 2011, cursante de fs. 2099 a 2107 vta. y 2114 a 2122 vta., Jorge Adalberto Núñez de Arco Mendoza, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 168/11 de 14 de marzo de 2011 de fs. 2084 a 2096 vta., pronunciado por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por los delitos de Falsedad Material e Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Uso Indebido de Influencias, previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 203 y 146 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


  1. En mérito a la acusación pública (fs. 14 a 26), desarrollada la audiencia de juicio oral, se pronunció la Sentencia 15/2006 de 18 de diciembre, que recurrida en apelación restringida por el Ministerio Público (fs. 753 a 759), mereció el pronunciamiento del Auto de Vista 113/2007 de 4 de abril (fs.772 a 779), que declaró procedente en parte el recurso, anulando la Sentencia apelada; en consecuencia, dispuso el reenvío del juicio, resolución que recurrida en casación fue declarado infundado mediante Auto Supremo 263 de 27 de abril de 2009 (fs. 810 a 812). En cumplimiento de lo dispuesto y realizada la nueva audiencia de juicio oral, el Tribunal de Sentencia de Padilla del Distrito Judicial de Chuquisaca, emitió la Sentencia 4/2010 de 17 de noviembre (fs. 1876 a 1888), por la que declaró al imputado Jorge Adalberto Núñez de Arco Mendoza, autor y culpable del delito de Uso Indebido de Influencias, previsto y sancionado por el art. 146 del CP, condenándolo a la pena de tres años de presidio a cumplir en el penal de San Roque de la ciudad de Sucre, más el pago de cien días multa a razón de Bs. 5.- (cinco bolivianos) por día, con costas a calificarse en ejecución de Sentencia; asimismo, determinó su absolución por los delitos de Falsedad Material e Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del CP. 


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Jorge Adalberto Núñez de Arco Mendoza, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 1944 a 1945), subsanado (fs. 2011 a 2020), resuelto por Auto de Vista 168/11 de 14 de marzo de 2011 (fs. 2084 a 2096 vta.), dictado por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, que declaró improcedente el recurso; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Notificado el recurrente con el referido Auto de Vista impugnado el 31 de mayo de 2011 (fs. 2113), interpuso recurso de casación el 24 y repetido el 30 del mismo mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae los siguientes motivos:


  1. Denuncia errónea aplicación de la ley sustantiva en cuanto al delito de Uso Indebido de Influencias, debido a que la fundamentación fáctica del Ministerio Público y de la Sentencia no se adecua al referido ilícito; sin embargo, el Tribunal de alzada lejos de corregir la ilegalidad de la Sentencia, la convalidó violando el principio de “inconvalibilidad” (sic) de los defectos absolutos. Agrega que, uno de los elementos normativos del delito previsto en el art. 146 del CP, es la obtención de “beneficios o ventajas”, en el caso, no existe correspondencia con el certificado de 2 de diciembre de 2002 supuestamente falso, pues no constituye una ventaja mucho menos un beneficio; por lo que, el Tribunal de juicio realizó una subsunción errónea e ilegal; por otra parte, el hecho de que el certificado forme parte del trámite de reconocimiento del servicio social rural obligatorio, tampoco constituye beneficio o ventaja, puesto que con el certificado por sí solo, no se obtuvo ninguna ventaja o beneficio, concluye señalando que se vulneró los arts. 167, 169 incs. 3) y 4) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


  1. Expresa que la Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados al juicio, debido a que la condena se fundó en la prueba PD-23, consistente en un empastado negro que contiene documentos y lleva en el lateral izquierdo el rótulo de ”SEDES Asesoría Jurídica Resoluciones Administrativas 28-78-2003, que fue obtenida después de que concluyó la etapa investigativa y cuando ya se había formulado la acusación, vulnerándose el derecho a la defensa y el debido proceso, al no tener conocimiento de esa prueba, incorporándose al juicio de manera ilegal, acreditándose este hecho porque fue  obtenida sin control jurisdiccional el 2 de julio de 2006 y el requerimiento acusatorio fue presentado el 29 de marzo de 2006, vulnerándose los arts. 13, 218, 190, 279 y 169 inc. 3) del CPP; no obstante, el Tribunal de alzada dejó pasar por alto pese a que se reclamó en apelación restringida la ilegalidad de la referida prueba. 


  1. Afirma que, en apelación restringida reclamó que la Sentencia contiene fundamentación contradictoria, expresando que se  le absolvió por los delitos de Falsedad Material e Ideológica, al no haberse acreditado el elemento perjuicio a partir de la prueba PD-23; sin embargo, para la condena por el delito de Uso Indebido de Influencias, se tomó en cuenta la documental referida consistente en el certificado de 2 de diciembre de 2002; es decir, en un caso no surtió efectos jurídicos y en el otro sí, con el argumento de haberse realizado trámites en SEDES, vulnerándose el principio de contradicción y el art. 124 del CPP; al respecto, el Tribunal de alzada, refirió que el elemento constitutivo de beneficios o ventajas en el delito de Uso Indebido de Influencias, no tiene vinculación alguna con lo expuesto respecto al elemento perjuicio en las falsedades; por lo cual, un mismo elemento probatorio puede servir de sustento para una conclusión negativa y para otra positiva como en el delito de Uso Indebido de Influencias, no importando per se una contradicción, invoca al efecto como precedente contradictorio el Auto Supremo 91 de 28 de marzo de 2006.


  1. Refiere también, que en apelación restringida denunció que la Sentencia se basó en un hecho no acreditado; por cuanto, refiere que su persona obtuvo un beneficio o ventaja con la firma del certificado de 2 de diciembre de 2002, cuando no ingresó prueba alguna que acredite que se benefició con el referido documento, por el contrario, la Sentencia señaló que esa prueba no era idónea para acreditar el cumplimiento del servicio rural obligatorio, siendo  éste el argumento para absolverlo por los delitos de Falsedad Material e Ideológica, vulnerándose el art. 173 del CPP; sin embargo, el Tribunal de apelación expresó que no se acreditó la valoración defectuosa, al no haberse especificado en relación a qué prueba en concreto el a quo no hubiere cumplido con la previsión del art. 173 que acusa violado, afirmación que no condice con el reclamo en el que se identificó la defectuosa valoración de la prueba signada como PD 23, incurriendo en defecto incurso en el art. 169 inc. 3) del CPP. 


  1. Menciona que en apelación restringida, denunció defectuosa valoración de la prueba, porque la Sentencia carece de una valoración conjunta, armónica e integral de la prueba producida en juicio; respecto a la declaración del Fermín Márquez, señaló que obtuvo su título como emergencia de la certificación signada como PD 23; empero, dispuso su absolución por el delito de Uso de Instrumento Falsificado, aseverando que no utilizó el referido documento, indica también, que el certificado de servicio social presentado, no reúne los requisitos exigidos por ley y no es válido para realizar el trámite del título en provisión nacional de medicina, vulnerándose el art. 173 del CPP; agrega que para absolverlo por los delitos Falsedad Material e Ideológica la Sentencia se sustentó en el mismo certificado refiriendo que fue base para la Resolución 055/03 de reconocimiento del servicio social rural y el título en provisión nacional; no obstante, el Tribunal de alzada convalida el defecto.        


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas.


Dicho entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el abogado defensor de oficio del  recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado, en su domicilio procesal el 6 de mayo de 2011 (fs. 2098) y presentó el recurso de casación el 24 del mismo mes y año, conforme el cargo del timbre electrónico de fs. 2099; no obstante, el imputado Jorge Adalberto Núñez de Arco Mendoza, fue notificado con el Auto de Vista mediante orden instruida en su domicilio en la ciudad de La Paz el 24 de mayo de 2011 (fs. 2143), y reiteró el recurso de casación el 30 del mismo mes y año, de acuerdo al cargo de presentación del timbre electrónico de fs. 2114; es decir, en el primer caso fue presentado fuera de término; sin embargo, el imputado presentó el recurso dentro del plazo previsto en el primer párrafo del art. 417 del CPP, correspondiendo observar los presupuestos de admisibilidad.


En cuanto a los motivos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, el recurrente denuncia defectos de Sentencia incursos en el art. 370 incs. 1), 4), 5) y 6) del CPP, relativos a errónea aplicación de la ley sustantiva, Sentencia basada en medios o elementos probatorios no incorporados al juicio, contradictoria fundamentación de la Sentencia basada en un hecho no acreditado y Sentencia basada en defectuosa valoración de la prueba; no obstante, se limita simplemente a cuestionar a la Sentencia de grado con los mismos argumentos expuestos en apelación restringida, sin expresar de manera clara y concreta cuál sería el agravio que le hubiese ocasionado el Auto de Vista recurrido, expresando de manera general que el Tribunal de alzada dejo pasar por alto el defecto y que convalidó los mismos; por otra parte, no cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, invocar precedentes contradictorios a excepción del motivo tercero; empero, no señala cuál sería la presunta contradicción que existiría entre el precedente invocado y el Auto de Vista recurrido; en consecuencia, ante la ausencia de técnica recursiva y los presupuestos de admisibilidad, este Tribunal se ve impedido de abrir su competencia; deviniendo los motivos en inadmisibles.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Jorge Adalberto Núñez de Arco Mendoza, cursante de fs. 2114 a 2122 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA