TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 517/2015-RA-L

Sucre, 13 de agosto de 2015


Expediente                : Oruro 18/2011

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Apolinar Coro Choquevillca y otro

Delitos                : Falsedad Material y otros


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 11 y 18 de febrero de 2011, cursantes de fs. 196 a 206 y fs. 211 a 223, Apolinar Coro Villca y Mario Hilarión Caqui Tarqui, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 36/2010 de 27 de diciembre, de fs. 187 a 192, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, H. Alcaldía de Challapata y Ministerio de Defensa Nacional contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, tipificados por los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 02/2010 de 24 de mayo de 2010 (fs. 69 a 78 vta.), el Tribunal de Sentencia de las Provincias Eduardo Avaroa, Sebastián Pagador y Ladislao Cabrera, con asiento en la localidad de Challapata, del Distrito Judicial de Oruro, declaró a Apolinar Coro Choquevillca y Mario Hilarion Caqui Tarqui, Autores de la comisión de los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, tipificados por los arts. 198 y 203 del CP, y al último imputado también Autor de la comisión del tipo penal de Falsedad Ideológica, tipificado por el art. 199 de la norma sustantiva penal; condenándoles a la pena de cuatro y seis años de reclusión, respectivamente, a cumplir en la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro, más costas a favor del Estado y resarcimiento del daño a favor de las víctimas.


  1. Contra la mencionada Sentencia,  Apolinar Coro Choquevillca y Mario Hilarión Caqui Tarqui, interpusieron recursos de apelación restringida (fs. 322 a 331 vta., y fs. 336 a 346 vta.), resueltos por Auto de Vista 36/2010 de 27 de diciembre (fs. 187 a 192), emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, declarando improcedente los recursos de apelación restringida, y en consecuencia confirmó la Sentencia impugnada.


c)        Notificados los recurrentes Apolinar Coro Choquevillca y Mario Hilarión Caqui Tarqui con el referido Auto de Vista el  4 y 12 de febrero de 2011 (fs. 193), interpusieron recursos de casación el 11 y 18 del mismo mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión de los recursos de casación, se establece que los imputados con idénticos argumentos, denuncian los siguientes motivos:


  1. Invocando como precedentes contradictorios el Auto de Vista 21/2005 de 29 de julio, emitido por la entonces Corte Superior de Justicia de Oruro, y los Autos Supremos 588 de 12 de diciembre de 2009 y 292 de 7 de mayo de 2009, los cuales habrían establecido que los delitos de Falsedad Material y Falsedad Ideológica, son delitos instantáneos; alegan los recurrentes que el Tribunal de alzada actuó en sentido contrario a la línea jurisprudencial dispuesta por éstos precedentes, al rechazar su apelación incidental con el argumento de que el delito de Falsedad Material sería un delito instantáneo pero “de efectos permanentes”, apoyado en la Sentencia Constitucional 1709/2004-R de 22 de octubre, que resolvió un tema relacionado a la prescripción de la acción en un delito de Despojo; incurriendo además el Ad quem, en una falta de fundamentación a tiempo de resolver el motivo de apelación.


  1. Denuncian los recurrentes que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación a tiempo de resolver su denuncia sobre la existencia de la errónea aplicación de la norma sustantiva en la Sentencia, defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), por: a) Reconocer que el Tribunal de mérito solo se aboco al análisis del documento presuntamente falsificado; sin observar que la Sentencia  no contiene un análisis de su conducta o acción, el  modo, tiempo, lugar y circunstancias en las que el imputado habría realizado los actos constitutivos para la falsedad material del documento consistente en la libreta del servicio militar; aspecto que el Tribunal de alzada no explicó, limitándose al igual que el A quo a realizar un análisis del documento; pero, sin analizar como el imputado falsificó el documento, no realizar una descripción pormenorizada de los elementos constitutivos del tipo penal  previsto por el art. 198 del CP; actuando en desconocimiento de la línea jurisprudencial sentada por los Autos Supremos 329 de 29 de agosto de 2006, 431 de 11 de octubre de 2006 y 231 de 4 de julio de 2006, los cuales transcriben parcialmente, señalando que la contradicción radica en el hecho de que el Ad quem legitimó una imprecisa calificación del hecho al tipo penal, pues el A quo no estableció ni fundamentó los actos, tiempo, lugar y circunstancias en la que presuntamente cometió la falsificación del documento; que tanto el Tribunal de mérito y el de alzada se limitan a realizar un análisis del documento y no de su conducta o acción, y los elementos constitutivos de los tipos penales; b) Que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación a tiempo de resolver su denuncia sobre la “falta de fundamentación” que justifique el quantum de la pena impuesta, pues dicha resolución del Juez de mérito simplemente se había referido a sus datos generales; sin embargo, no había objetivizado los aspectos y circunstancias de su personalidad como sus costumbres, su conducta anterior y posterior al hecho juzgado entre otros previstos por el art. 38 del CP, la Sentencia no refiere ni fundamenta absolutamente nada, inobservando tales deficiencias, tampoco se explicó  porque razones es justa la imposición de la pena máxima a ambos imputados; actuando en contradicción a lo señalado por los Autos Supremos 99 de 24 de marzo de 2005 y 507 de 11 de octubre de 2007, los cuales transcriben parcialmente, señalando que la contradicción entre el Auto de Vista hoy impugnado y los precedentes invocados, radica en el hecho de que el Ad quem no hizo un análisis vinculado a la existencia de agravantes o atenuantes en la fundamentación de la fijación de la pena, no garantizaron la obligación que tiene el A quo de fundamentar la imposición de la pena conforme a los arts. 39 y 40 del CP, limitándose a legitimar la sanción con la simple enunciación de sus datos generales y grado de instrucción, sin extrañar que la Sentencia estableció que no tienen antecedentes penales anteriores al hecho juzgado.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes se concluye que los imputados fueron notificados con el Auto de  Vista  el 4 y 12 de febrero del 2011 y presentaron sus recursos de casación los días 11 y 18 del mismo mes y año; cumpliendo con el requisito formal referido al plazo previsto por el párrafo primero del art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad, en el primer motivo de casación, los recurrentes impugnan una resolución que resolvió la apelación incidental sobre el rechazo de la prescripción de la acción; invocando como precedentes contradictorios el Auto de Vista 21/2005 de 29 de julio, emitido por la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, y los Autos Supremos 588 de 12 de diciembre de 2009 y 292 de 7 de mayo de 2009, señalando como presunta contradicción que el Ad quem confirmó el rechazo del incidente con el argumento de que el delito de Falsedad Material es de efectos permanentes, cuando conforme lo señalado por los precedentes que invoca, se habría establecido que dicho tipo penal es instantáneo, sin tomar en cuenta que el recurso de casación, es un medio para impugnar Autos de Vista que resuelven recursos de apelación restringida, que sean contrarios a otras resoluciones emitidas por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia o por la Sala Penal de éste Tribunal, conforme lo dispone expresamente el art. 416 del CPP, no siendo el medio legal para impugnar Autos interlocutorios que resuelven cuestiones incidentales; por lo que, el motivo de casación deviene en inadmisible.


En el segundo motivo de casación, los recurrentes a momento de denunciar que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación al no explicar cómo el A quo cumplió con la subsunción de su conducta al tipo penal de Falsedad Material; limitándose al igual que el Tribunal de mérito, a realizar un análisis del documento, sin expresar cual fue su conducta típica ni las circunstancias de la misma; asimismo, no explicó porque razón la pena fijada por el Tribunal de mérito, es justa; y sin observar que la referida autoridad judicial, no hizo referencia a las atenuantes y que se limitó a señalar sus datos generales, sin dar cumplimiento cabal a lo dispuesto por el art. 38 del CP; además había ratificado la Sentencia que también incurrió en falta de fundamentación sobre la justificación de pena fijada. Cumplieron con la carga procesal de invocar como precedentes contradictorios los Autos Supremos 329 de 29 de agosto de 2006, 431 de 11 de octubre de 2006 y 231 de 4 de julio de 2006, señalando que la contradicción radica en el hecho de que el Ad quem legitimó una imprecisa calificación del hecho al tipo penal, pues el A quo no estableció ni fundamentó los actos, tiempo, lugar y circunstancias en la que presuntamente cometió la falsificación del documento; que tanto el Tribunal de mérito y el de alzada se limitan a realizar un análisis del documento y no de su conducta o acción, y los elementos constitutivos de los tipos penales; y los Autos Supremos 99 de 24 de marzo de 2005 y 507 de 11 de octubre de 2007, precisando como supuesta contradicción, que el Ad quem no hizo un análisis vinculado a la existencia de agravantes o atenuantes en la fundamentación de la fijación de la pena, no garantizaron la obligación que tiene el A quo de fundamentar la imposición de la pena conforme a los arts. 39 y 40 del CP, limitándose a legitimar la sanción con la simple enunciación de sus datos generales y grado de instrucción: Habiendo cumplido con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, correspondiendo admitir el motivo de casación.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara  ADMISIBLE el segundo motivo de los recursos de casación interpuestos por Apolinar Coro Villca y Mario Hilarión Caqui Tarqui, cursante de fs. 196 a 206 y fs. 211 a 223; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA