TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 514/2015-RA-L

Sucre, 13 de agosto de 2015


Expediente                : Oruro 9/2011

Parte Acusadora        : Gladys Salazar Ríos

Parte Imputada        : Reyna Marlen Galindo Camacho

Delitos                : Difamación y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 4 de marzo de 2011, cursante de fs. 133 a 136, Reyna Marlen Galindo Camacho, interpone recurso de casación impugnando el Auto de 6/2011 de 15 de febrero, cursante a fs. 123 a 126, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso penal seguido por Gladys Salazar Ríos contra la recurrente, por los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Concluida la audiencia de juicio oral, la Juez Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, pronunció la Sentencia 10/2010 de 11 de octubre (fs. 66 a 75), por la que declaró a la imputada Reyna Marlen Galindo Camacho, autora de la comisión de los delitos de Difamación, Injuria y Calumnia, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del CP, condenándola a la pena de un año y seis meses de reclusión a cumplir en el penal de San Pedro de la ciudad de Oruro, más la multa de doscientos días a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por día, con costas y responsabilidad civil a favor de la víctima averiguables en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Reyna Marlen Galindo Camacho, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 91 a 94 vta.), resuelto por Auto de Vista 06/2011 de 15 de febrero (fs. 123 a 126), dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, que declaró improbado el recurso y confirmó la Sentencia apelada.


  1. Notificada la imputada Reyna Marlen Galindo Camacho, con el referido Auto de Vista el 28 de febrero de 2011 (fs. 127), interpuso recurso de casación el 4 de marzo del mismo año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Expresa que, en apelación restringida denunció errónea aplicación de la ley adjetiva en cuanto a los arts. 376 inc. 3), 160 y 335 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP), referidos a la repetición de la querella, notificaciones y casos de suspensión del juicio oral, argumentando que objetó la querella y con la resolución que dio curso a la misma, se notificó a la imputada y no así a la acusadora particular, quien presentó la corrección de la querella sin cumplir con los requisitos señalados en el art. 290 del CPP; al respecto, el Tribunal de alzada rechazó por no constar prueba en obrados y no haberse realizado la protesta de apelación conforme dispone el art. 407 del CPP, pese a que los errores de procedimiento están probados y demostrados en los antecedentes del proceso, vulnerándose su derecho a la defensa. Agrega que, en lo referente a la inobservancia del art. 160 del CPP, el Tribunal de apelación, no realizó una correcta valoración del precedente, puesto que las resoluciones judiciales y otros actuados deben ser notificados al día siguiente de su dictamen, aunque las mismas hubieren sido dictadas en audiencia; en el caso, no se la notificó con varios actuados judiciales lo cual le impidió asumir su defensa, si bien no hizo reclamo alguno, fue por no validar las actuaciones judiciales; en cuanto al inc. 2) del art. 335 del CPP, señala que la audiencia de 9 de junio de 2009, se llevó a cabo sin la presencia de su abogado defensor a quien se le sancionó con la suma de Bs. 200.- (doscientos bolivianos), no obstante, el Tribunal de alzada no hizo mención a que la resolución de sanción debió estar debidamente fundamentada.


  1. Señala que en apelación restringida denunció defectuosa valoración de la prueba defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, con relación al art. 173 del mismo Código; sin embargo, el Tribunal de alzada argumentó que no es Tribunal de segunda instancia y que entre sus atribuciones no está revalorizar prueba, lo que implica que no realizó una correcta valoración de la fundamentación expuesta en su apelación respecto a la deliberación sobre la culpabilidad o absolución del imputado conforme las reglas de la sana crítica, concluyendo que no se justificó de manera argumentada las razones de la valoración efectuada de los elementos de prueba producidos en el juicio; añade que, no es posible que no se haya cumplido con la confrontación de todas las pruebas donde se encontraron serias contradicciones fundamentalmente en las declaraciones de los testigos de cargo, quienes nunca refirieron que la testigo Nami Guadalupe Quiroz siempre estaba a lado de Reyna Marlen Galindo Camacho; empero, en el caso reconocieron su presencia; invoca como precedente la Sentencia Constitucional 1274/01-R de 4 de diciembre de 2001.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia. 2) La tarea encomendada por ley a este Tribunal de justicia referida precedentemente. 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Con relación al plazo para la interposición del recurso de casación, se constata que la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado, el 28 de febrero de 2011 (fs. 127), presentó el recurso de casación el 4 de marzo del año; es decir, dentro del plazo de cinco días que establece el primer párrafo del art. 417 del CPP.


Con relación a primer motivo, la recurrente denuncia de manera general, sin mayor argumentación jurídica que, en apelación restringida denunció errónea aplicación de la ley procesal penal en cuanto a los arts. 376 inc. 3), 160 y 335 núm. 2) del CPP; sin embargo, no expresa de manera clara y concreta cuál sería el agravio que le hubiere ocasionado el Auto de Vista impugnado, arguyendo que el Tribunal de alzada, no realizó una correcta valoración de los antecedentes del proceso y que se hubiese vulnerado el debido proceso, sin expresar la connotación constitucional de esa presunta violación; por otra parte, no cumple con los requisitos de admisibilidad del recurso de casación establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, invocar precedentes contradictorios a tiempo de interponer el recurso de apelación restringida y señalar la presunta contradicción existente entre el Auto de Vista recurrido y los precedentes, lo que impide a este Tribunal pueda ingresar al análisis de fondo; en consecuencia, el motivo deviene en inadmisible.


En lo referente al segundo motivo, expresa que en apelación restringida denunció defectuosa valoración de la prueba defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, con relación al art. 173 del mismo Código; no obstante, el Tribunal de alzada argumentó que no es posible revalorizar prueba, considerando en su criterio- que no se realizó una correcta valoración de los fundamentos expuestos en su apelación en la que solicitó se observe si se aplicó adecuadamente las reglas de la sana crítica; añade que, los testigos incurrieron en contradicciones, fundamentalmente los testigos de cargo; invoca como precedente la Sentencia Constitucional 1274/01-R de 4 de diciembre de 2001.


En cuanto al motivo en examen, la recurrente denuncia defectuosa valoración de la prueba testifical de cargo; sin embargo, no explica de qué forma esa defectuosa valoración que alude incidiría en el resultado final del fallo; asimismo, no expresa que reglas de la sana crítica se hubiese vulnerado en la Sentencia; al margen de lo anotado, al igual que en el anterior motivo, la recurrente no cumplió con los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP; finalmente, conforme el primer párrafo del art. 416 del CPP, las Sentencias Constitucionales no constituyen precedente contradictorio, razones por las que no es viable la admisión del motivo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación formulado por Reyna Marlen Galindo Camacho, cursante de fs. 133 a 136.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA