TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 512/2015-RA-L

Sucre, 13 de agosto de 2015


Expediente                : Cochabamba 76/2011        

Parte Acusadora        : Rossi Palma Marquina 

Parte Imputada        : Gabriel Aquino Blanco y otro 

Delito        : Estafa y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 3 de mayo de 2011, cursante de fs. 483 a 491, Gabriel Aquino Blanco y Vitaliano Pérez Vargas, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 21 de marzo de 2011, de fs. 457 a 468 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por Rossi Palma Marquina contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación particular presentada por Rossi Palma Marquina previa conversión de acción (fs. 2 a 5), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia 20/2008 de 4 de diciembre (fs. 323 a 331 vta.), por la que declaró al imputado Gabriel Aquino Blanco, autor y responsable de la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, condenándole a la pena dos años de reclusión a cumplir en la Cárcel Pública de “San Antonio” varones de la ciudad de Cochabamba, más el pago del resarcimiento civil a favor de la parte acusadora, averiguable en ejecución de sentencia; por otro lado,  declaró al coimputado Vitaliano Pérez Vargas, autor en grado de complicidad de la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, condenándole a la pena un año de reclusión a cumplir en la Cárcel Pública de “San Antonio” varones de la ciudad de Cochabamba, sin costas pero con resarcimiento civil. En aplicación del art. 368 del Código de Procedimiento Penal (CPP), concedió a ambos imputados el beneficio del perdón judicial. Sentencia complementada mediante Auto de 7 de enero de 2009 en el sentido de que los imputados Gabriel Aquino Blanco y Vitaliano Pérez Vargas son absueltos de la comisión del delito de Estafa previsto y sancionado por el art. 335 del CPP.

  1. Contra la referida Sentencia, los imputados Gabriel Aquino Blanco y Vitaliano Pérez Vargas; y, la acusadora particular interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 400 a 411 y fs. 427 a 431); resuelto por Auto de Vista de 21 de marzo de 2011 (fs. 457 a 468 vta.), emitido por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que declaró Improcedentes los recursos de apelación restringida, en consecuencia, confirmó la Sentencia.


  1. Notificados los recurrentes Gabriel Aquino Blanco y Vitaliano Pérez Vargas con el mencionado Auto de Vista el 27 de abril de 2011 (fs. 469 y vta.), interpusieron recurso de casación el 3 de mayo del citado año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1)        Bajo el epígrafe “Nulidad del Auto de Vista por reconocer y existir vicos de nulidad en la Sentencia…”, los recurrentes denuncian varios agravios entre los cuales: i) Alegan que el Auto de Vista, al momento de resolver la apelación incidental respecto a las excepciones de prejudicialidad, incompetencia, falta de acción y litispendencia, reconoció la falta de fundamentación del fallo que declaró improbadas las excepciones; sin embargo, omitió cumplir su función de velar por el principio de legalidad, incurriendo en el defecto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP; ii) De igual manera señalan que se convalidó los actos nulos del juicio oral, debido a que justificó la presencia de la testigo que también es la víctima en el desarrollo del juicio, señalando que Gabriel Aquino la ofreció como testigo, vulnerando el art. 350 el CPP; y, iii) Argumentan que los de alzada, pese a reconocer la vulneración de los principios de continuidad y celeridad cometidas por el A quo que suspendió la audiencia de juicio el 02.12.08 desde medio día hasta la mañana del día siguiente, secundaron este acto ilegal, vulnerando el debido proceso por incumplimiento del art. 334 del CPP. Invoca como precedente el Auto Supremo 422 de 18 de septiembre de 2009, transcribiendo la doctrina legal del mismo.


2)        Argumentan que el Auto de Vista, vulnera los arts. 1466 del Código Civil (CC), 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), 370 inc. 5), 124 y 360 incs. 2) y 3) del CPP, por no atender adecuadamente su recurso de apelación restringida donde denunció falta de competencia, en razón a que la presente causa fue promovida en base a documentos de naturaleza familiar y civil relativos a su divorcio estando pendiente la división y partición de bienes hasta la ejecución de la Sentencia, sin que exista una resolución ejecutoriada; por lo cual, no se podrían establecer los elementos constitutivos de los tipos penales acusados. De otro lado, refieren que la acusadora particular, planteó varias acciones de manera simultánea, siendo el primero de divorcio, mismas que a decir de los recurrentes- hasta que no se encuentren ejecutoriadas, no correspondía al Juez de Sentencia conocer y resolver la presente causa, acto convalidado por los de alzada, quebrantando el principio del Juez Natural y los arts. 120 de la CPE y 2 del CPP, debiendo también tenerse presente que la competencia por los mismo hechos  se apertura en la vía familiar, siendo este tribunal, por razón de materia y contenido, quien debe conocer la causa hasta la conclusión; en el caso de la litis el Juez de instancia y el Ad quem, criminalizaron un contrato de división y partición de bienes y constitución de obligación, cuando por mandato expreso del art. 1466 del CC, con relación al art. 6 de la ley 1602 y 117.III de la CPE, no existe prisión por obligaciones patrimoniales. Como precedente contradictorio transcriben parte del Auto Supremo 144 de 22 de abril de 2006, manifestando que no se atendió esta razón vulnerando el espíritu de última ratio y el debido proceso.  Por otra parte, sostienen que el Tribunal de alzada justifica la omisión del Juez inferior que se limitó a señalar la prueba sin realizar una descripción lógica y analítica de la misma, careciendo de motivación vulnerando el art. 124 del CPP, además de no existir prueba suficiente en razón a que la acusadora no presentó más pruebas que las documentales, al efecto transcribe unas cuantas líneas del Auto Supremo 97 de 1 de abril de 2005.


3)        Argumentan que el Auto de Vista omite considerar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 337 del CP) al señalar que la Sentencia no adolece del defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, omitiendo efectuar una adecuada interpretación de la norma; toda vez, que el juzgador no realizó una correcta subsunción de la conducta tachada de delictiva porque los documentos de división y partición de bienes y el de préstamo, no pueden ser criminalizados conforme los arts. 1466 del CC y 6 de la Ley 1602 con relación al 117 de la CPE, siendo condenados por un hecho que recién se resolverá en otra vía; por otro lado, los documentos suscritos entre Gabriel Aquino y Vitaliano Pérez cumplen con las formalidades de ley y no son ficticios, extremo que tampoco fue atendido por el tribunal de apelación. Asimismo, refieren que en Sentencia no se realizó una correcta calificación del hecho al tipo penal, aspecto consentido por el Auto de Vista, ello al constituirse en adivinos de los bienes que le corresponderán a la acusadora, sin que la división de bienes se resuelva aún, transgrediéndose los principios de universalidad, legalidad y probidad. Alegan que tanto el Juez de instancia y los vocales concluyeron que la base del juicio son los dos documentos e partición de bienes y de préstamo; por cuanto, se estaría ante una controversia de orden familiar civil, no correspondiendo una condena penal; asimismo, las pruebas D-5  E-7, demuestran la administración de los bienes, documentales que comprueban que la venta realizada por Gabriel Aquino debió haber sido sustanciada por la vía de nulidad de contrato. Respecto a sus declaraciones codificadas como prueba A-9, refieren que sólo fueron enunciadas, existiendo falta de valoración, prueba que demuestra el conocimiento que tenía la acusadora sobre la venta conforme sostuvo Vitaliano Pérez, destruyéndose los argumentos de la condena y existiendo duda respecto a los hechos acusados, sobre este tópico invoca como precedente el Auto Supremo 97 de 1 de abril de 2005.


4)        Que el fallo recurrido no consideró la denuncia de defectuosa valoración de la prueba alegada en apelación, esencialmente de las pruebas codificadas como D-5 E-7, siendo su obligación verificar la existencia de la misma conforme el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), puesto que esclarecería la verdad histórica de los hechos, al efecto transcriben parte del Auto Supremo 308 de 25 de agosto 2006.


5)        Argumentan que el Auto de Vista omite valorar adecuadamente su denuncia relacionada con el hecho de que Vitaliano Pérez no cometió ilícito alguno, cuya conclusión de que el comprador no podía realizar la compra de tres vehículos en un mismo día y después de un cuarto motorizado teniendo conocimiento de que la acusadora era esposa del vendedor, vulnerando el principio in dubio pro reo y, ante la existencia de duda, correspondía la absolución Citan como precedente el Auto Supremo 421 de 15 de agosto de 2001 referido a la inexistencia de prueba plena y ante la duda razonable amerita la absolución, extremo que no sucedió en el presente caso. Reiteran que tampoco existió una adecuada subsunción de la conducta relativo al delito de Estelionato, Señalan como precedente el Autos Supremo 241 de 1 de agosto de 2005 referida a la defectuosa valoración de la prueba añadiendo que no son suficientes los indicios y presunciones para configurar el ilícito penal. Concluyen su recurso señalando que el derecho no debe ser utilizado para resolver controversias de índole familiar-civil, lo contrario implicaría violación de derechos consagrados en el art. 116 de la CPE y de los arts. 410 y 5 parte in fine de la LOJ. Citan como precedente el Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005 referido a la falta de fundamentación de las resoluciones y valoración probatoria que constituyen defectos inconvalidables.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


      Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia. 2) La tarea encomendada por ley a este Tribunal de justicia referida precedentemente. 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se evidencia que los recurrentes cumplen con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta que fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 27 de abril de 2011 (fs. 469 y vta.), presentando su recurso de casación el 3 de mayo del mismo año; es decir, dentro del plazo de cinco días previstos por el art. 417 del CPP.


En cuanto a los argumentos del recurso de casación, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, la cita del precedente contradictorio; y, principalmente, la explicación, en términos claros y precisos, referidos a la posible contradicción entre el Auto de Vista impugnado y la doctrina legal aplicable de los precedentes contradictorios, que permitan a éste máximo Tribunal, emitir un pronunciamiento final sobre las cuestiones planteadas.

Respecto al primer motivo en su inciso i) relacionado con el incumplimiento del Tribunal de alzada de velar por el principio de legalidad al convalidar el fallo que resolvió la apelación incidental; cabe precisar que, conforme las facultades y atribuciones descritas por el art. 50 del CPP, este máximo Tribunal de Justicia carece de  competencia para resolver el mismo; en ese contexto el primer punto del presente motivo deviene en inadmisible.


Respecto a la convalidación realizada por los de alzada de los actos nulos como ser la presencia de la testigo que a la vez era la víctima durante el desarrollo del juicio y, la suspensión de la audiencia de juicio desde medio día hasta la mañana del día siguiente, se tiene que los recurrentes se limitan a transcribir la doctrina legal sin realizar una labor de contrastación que permita conocer la posible contradicción entre los fundamentos asumidos por el Auto de Vista que sean contradictorios con los razonamientos desarrollados en el precedente; por cuanto, ambos puntos de este primer motivo devienen en inadmisibles.


El segundo motivo, en cuyos argumentos los recurrentes denuncian que el Tribunal de alzada no atendió adecuadamente su reclamo de falta de competencia del Juez de Sentencia porque el caso debió ventilarse en la vía familiar-civil; la supuesta confirmación de una Sentencia carente de fundamentación respecto a la valoración probatoria realizada por el Juez de instancia y la falta de prueba suficiente para declarar su culpabilidad; se evidencia que los recurrentes inciden en incumplir con los requisitos descritos por los arts. 416 y 417 del CPP; toda vez, que se limitan a transcribir parte de los Autos Supremos invocados como precedentes sin realizar el análisis contrastivo que establezca cual sentido jurídico del Auto de Vista no coincide con el del precedente, sea por aplicación de normas distintas o una misma norma con alcance diverso, omisiones que no pueden ser suplidas por este Tribunal, deviniendo ambos puntos del motivo en inadmisibles.


La denuncia de inadecuada interpretación de la norma realizada por los de alzada relacionada con la errónea subsunción de la conducta al tipo penal de Estelionato porque la causa deriva de documentos de partición de bienes y venta de los mismos, cumpliendo con las formalidades de su suscripción y, que en su defecto debieron plantearse la nulidad de los mismos en otra vía; así como la falta de valoración de las declaraciones de los imputados que establecerían el conocimiento de la acusadora de la venta de los bienes, se tiene que sobre estos tópicos los recurrentes también inobservan el cumplimiento de los requisitos descritos en los arts. 416 y 417 del CPP, en razón a que simplemente transcriben parte de los precedentes invocados, sin explicar en términos claros y concretos dónde radica la contradictoria fundamentación del Auto de Vista relacionada con la doctrina sentada en los Autos Supremos, requisitos que se hallan descritos en la normativa procedimental antes referida, cuyo incumplimiento determinan la inadmisibilidad de los puntos denunciados en el motivo.


En lo que concierne a la defectuosa valoración de la prueba alegada por los recurrentes y su falta de consideración del Auto de Vista sobre el particular incumpliendo su obligación prevista por el art. 15 LOJ; se advierte que los recurrentes no establecen de manera puntual en qué consistiría el referido defecto y cuáles serían los argumentos del fallo impugnado que demuestren la inobservancia o errónea aplicación de la normativa penal, circunscribiéndose a señalar que es obligación de los Tribunales de alzada de advertir vulneración de derechos conforme prevé el art. 15 de la LOJ, respecto a las denuncias de defectuosa valoración de la prueba, no resulta suficiente transcribir parte o líneas del contenido de los Autos Supremos invocados como precedentes, también se requiere establecer la relación contradictoria entre lo asumido por el Auto de Vista y los fundamentos del precedente, aspecto que en el caso de autos no se advierte debido a que los impugnantes sólo manifiestan que el Auto de Vista no considera tal denuncia o que confirma o convalida tal defecto; bajo tales parámetros, corresponde declarar el motivo en inadmisible.


Los argumentos sobre una posible omisión del Tribunal de alzada por no valorar adecuadamente la conducta del coimputado Vitaliano Pérez que sólo se constituyó en comprador de los bienes; la inexistencia de “prueba plena”; la inadecuada subsunción de las conductas al tipo penal de Estelionato y la violación de derechos consagrados en el arts. 116 de la CPE y 410 y 5 de la LOJ, no pueden ser considerados para un análisis de fondo, en razón a que, de manera similar que en los motivos precedentemente examinados, los recurrentes no establecen con claridad el sentido jurídico distinto asignado por el Auto de Vista que no coincide con el del precedente, resultando sus argumentos muy limitados al manifestar que el Auto de Vista no valoró adecuadamente la conducta del co-imputado y que el caso debió resolverse en la vía familiar-civil. Por otro lado, la denuncia de vulneración a derechos constitucionales, carece de mayores elementos que permitan conocer en concreto qué derecho o garantía se vulneró, la restricción o disminución del mismo y el resultado dañoso originado por esta vulneración. En ese contexto, los puntos contenidos en el presente motivo, no pueden ser admitidos para su análisis de fondo por incumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416, 417 del CPP y de los presupuestos de flexibilización descritos en el acápite III de la presente resolución, correspondiendo declarar la inadmisibilidad del motivo.     


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Gabriel Aquino Blanco y Vitaliano Pérez Vargas, cursante de fs. 483 a 491.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.-


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA