TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 510/2015-RA-L

Sucre, 13 de agosto de 2015


Expediente                : Cochabamba 66/2011        

Parte Acusadora        : Andrea Olivia Zurita Peláez  

Parte Imputada        : Miguel Mamani Choque y otra

Delito        : Despojo


RESULTANDO


Por memorial presentado el 18 de abril de 2011, cursante de fs. 375 a 387 vta., Miguel Mamani Choque y Julia Ricaldez Gonzales de Mamani, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 21 de marzo de 2011, de fs. 340 a 343 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por Juan Carlos Villarroel Rodrigo en representación de Andrea Olivia Zurita Peláez contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación particular, una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Cuarto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 22 de noviembre de 2010 (fs. 238 a 243 vta.), por la que declaró a los imputados Miguel Mamani Choque y Julia Ricaldez Gonzales de Mamani, autores y responsables de la comisión del delito Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, condenándoles a la pena de seis meses de reclusión a cumplir en la Cárcel Pública de “San Sebastián” varones y mujeres de la ciudad de Cochabamba, más el pago de costas, daños y perjuicios  averiguables en ejecución de Sentencia a favor de la acusación particular o víctima. Sentencia complementada mediante Auto de 27 de noviembre de 2010, que concedió el beneficio del perdón judicial, en aplicación de los arts. 365 párrafo segundo con relación al 368 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

  1. Contra la referida Sentencia, ambas partes interpusieron recursos de apelación restringida (fs. 283 a 293 vta. y fs. 317 a 319); resueltos por Auto de Vista de 21 de marzo de 2011 (fs. 340 a 343 vta.), emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia.


  1. Notificados los recurrentes Miguel Mamani Choque y Julia Ricaldez Gonzales de Mamani con el mencionado Auto de Vista el 14 y 15 de abril de 2011 (fs. 344), interpusieron recurso de casación el 18 de los citados mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


A manera de preámbulo señalan que el Auto de Vista confirma una Sentencia sin prueba lícita que demuestre su culpabilidad, basada en hechos inexistentes, con valoración defectuosa de la prueba, errónea aplicación de la ley sustantiva, omitiendo revisar y reparar los errores del inferior que vulneran sus derechos y garantías constitucionales a la seguridad jurídica, la legalidad, la igualdad, la legítima defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia. Como precedentes contradictorios citan los Autos Supremos 516/03, 97/04, 199/05 y 354/05 acompañados en su recurso de apelación restringida y los Autos Supremos 722/2004 y 111/2007, precisando los siguientes motivos. 


1) Alegan inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 351 del CP), por no haberse probado con prueba lícita la comisión de este delito, en razón a que ellos ocuparon el inmueble desde el 15 de febrero de 2007 y la denuncia recién data de 19 de abril de 2008. Como precedentes citan los Autos Supremos 516/03, 97/04, 82/05, 199/05 y 354/05 que refieren acompañar al presente recurso, que sustentan su denuncia; sostienen que la Sentencia infringió los arts. 124, 171, 172, 173, 216, 333, 350, 355, 359 y 365 del CPP, por no fundamentar ni apreciar las pruebas para emitir el fallo, sin aplicar una valoración legal en cuanto a los motivos de hecho y derecho, desconociendo las declaraciones testificales y documentales que demuestra su ocupación con anterioridad, la verificación del documento de compra y la instalación de alumbrado a su nombre, vulnerándose los arts. 6 del CPP, 6 y 16 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la presunción de inocencia e incurriendo en los defectos previstos por los arts. 169 por actividad procesal defectuosa y vulneración de derechos y garantías; y, 370 incs. 1), 5) 6) y 8) del CPP. Citan como precedentes los Autos Supremos 4/02, 414/02, 95/04, 140/04, 516/03, 97/04, 18/05, 199/05 y 354/05 que, según los recurrentes, uniformemente inducen al convencimiento de dejarse sin efecto el fallo recurrido.


2)Refieren que el Auto de Vista confirma la Sentencia que vulnera derechos y garantías constitucionales como el debido proceso y la “indefensión”, alegan que no se valoró como correspondía la prueba codificada como D1, siendo privados de presentar esta prueba bajo el argumento de no haber sido ofrecida en el plazo previsto por ley, sin considerar que fue presentada junto con la contestación a la demanda, error proveniente del manejo administrativo del personal de apoyo, privándoles de producir prueba lo cual constituye un defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, por violación al debido proceso, siendo obligación del Auto de Vista advertir los defectos de oficio, más aún si la fundamentación se basa en hechos inexistentes, no acreditados o en defectuosa valoración de la prueba; asimismo, señalan la existencia de errores in iudicando al momento de aplicar el art. 351 del CP, por no corresponder ni justificarse la tipificación del delito; y, errores in procedendo porque el Juez de la causa no cumplió con la aplicación de las normas procedimentales. Citan como precedentes las Sentencias Constitucionales 313/02-R y 546/02-R.


3) Manifiestan que existió errónea aplicación de la ley sustantiva porque no se tomó en cuenta lo señalado por los testigos de descargo que sostuvieron uniformemente que sus personas ingresaron al lote de manera pacífica desde


su compra el 15 de abril de 2007 estando en posesión por más de un año hasta el 19 de abril de 2008, y que los testigos de cargo carecen de credibilidad; por cuanto, el Juez de la causa no interpretó correctamente el art. 351 del CP, por realizar una defectuosa valoración de la prueba, omitiendo pronunciarse sobre todos los medios probatorios, como tampoco analizó la personalidad de los imputados ni el interés público señalado por la CPE, siendo contrario a los arts. 173 y 370 inc. 6) del CPP, basándose en el Interdicto de Recobrar la Posesión donde no se consideró que en el reverso del Folio Real existía el asiento A-3 registrado a nombre de la Cooperativa “Chicote Grande”, omitiendo aplicarse el principio in dubio pro reo ante la existencia de duda razonable, contraviniendo los arts. 6, 124 del CPP y 115, 116 de la CPE; asimismo, señalan que se transgredió el principio de contradicción al impedir a las partes ofrecer prueba y rebatir los argumentos en contrario. En el apartado titulado “Cuarto motivo” de su recurso de casación, refieren que no concurrieron todos los elementos del tipo penal de Despojo porque ingresaron de manera pacífica y por compra del lote a una tercera persona; careciendo la querellante del ejercicio de un derecho real.  


4) Por último, refieren que no se consideró las mentiras de la querella, como ser: i) El hecho de que los muros perimetrales corresponden a los muros de sus vecinos y que quien estuvo en posesión del lote era Francisco Barreto Martínez desde el 15 de febrero de 2007; ii) Que la querellante fue despojada el 19 de abril de 2008; sin embargo, los imputados estuvieron en posesión del lote desde el 15 de febrero de 2007; iii) Que la querellante no estuvo en posesión del lote el 19 de abril de 2008, siendo sus personas poseedoras del lote desde el 2007 conforme el documento de compra venta reconocido y suscrito con Francisco Barreto Martínez; y, iv) Que el 8 de marzo de 2007, solicitaron el suministro de energía eléctrica (prueba D4) lo que demuestra la pacífica posesión; sin embargo, el Juez de Sentencia hizo una defectuosa valoración de los hechos porque no toma en cuenta la totalidad de los medios probatorios.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia. 2) La tarea encomendada por ley a este Tribunal de justicia referida precedentemente. 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se constata que los recurrentes cumplen con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta que fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 14 y 15 de abril de 2011 (fs. 344), presentando su recurso de casación el 18 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de cinco días previstos por el art. 417 del CPP.


En cuanto a los argumentos del recurso de casación, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, la cita del precedente contradictorio; y, principalmente, la explicación, en términos claros y precisos, referidos a la posible contradicción entre el Auto de Vista impugnado y la doctrina legal aplicable de los precedentes contradictorios, que permitan a éste máximo Tribunal, emitir un pronunciamiento final sobre las cuestiones planteadas; en caso de denuncias de vulneración de derechos y garantías constitucionales, se observará el cumplimiento de los presupuestos de flexibilización contenidos en el acápite III de la presente resolución.


Analizados los motivos traídos en casación, en los cuales los recurrentes alegan que la Sentencia incurrió en los defectos de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, defectuosa valoración de la prueba, vulneración del principio de contradicción por impedirles presentar prueba y que no se consideraron las mentiras de la querella, se advierte que tales motivos resultan denuncias contra supuestos defectos de la Sentencia, desconociéndose a cabalidad los agravios que fueron cometidos por el Tribunal de alzada, considerando que el recurso de casación procede como medio impugnaticio contra las resoluciones emitidas por los Tribunales de alzada, sin que las afirmaciones relativas a que el Auto de Vista confirmó la sentencia y que el Tribunal de alzada tenía el deber de advertir errores de oficio, resulten suficientes.


Por otra parte, se advierte el incumplimiento de los requisitos previstos por los art. 416 y 417 del CPP, toda vez que, de manera general, en su introducción citan los Autos Supremos 516/03, 97/04, 199/05 y 354/05 que argumentan haber invocado en su recurso de apelación restringida y los Autos Supremos 722/2004 y 111/2007; asimismo, la invocación de los Autos Supremos 4/02, 414/02, 95/04, 140/04, 516/03, 97/04, 18/05, 199/05 y 354/05 que, según los recurrentes, uniformemente inducen al convencimiento de dejarse sin efecto el fallo recurrido, planteamiento que no resulta suficiente para declarar la admisibilidad del recuso, toda vez que los recurrentes no exponen de manera clara y concreta la situación de hecho similar entre el fallo impugnado y los precedentes, señalando el sentido jurídico distinto asumido por el Auto de Vista que no coincide con los razonamientos expuestos en la doctrina legal de cada Auto Supremo que permita conocer la posible contradicción en la cual ingresó el Tribunal de alzada, requisitos de ineludible cumplimiento que determinan la admisibilidad del recurso de casación y que no fueron observados ni cumplidos en el caso presente.


Con relación a la denuncia de vulneración de derechos y garantías como la seguridad jurídica, la legalidad, la igualdad, la legítima defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia, carecen de sustento argumentativo para su admisión vía flexibilización; por cuanto, los recurrentes no especifican de manera concreta e individual los antecedentes generadores de la restricción o disminución de cada garantía o derecho alegado como vulnerado; asimismo, tampoco señalan el resultado dañoso emergente de cada infracción; en ese sentido, las omisiones en las que incurrieron los recurrentes no pueden ser suplidas de oficio por este máximo Tribunal; por lo tanto, el recurso sujeto a análisis deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Miguel Mamani Choque y Julia Ricaldez Gonzales de Mamani, cursante de fs. 375 a 387 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.-


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA