TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 501/2015-RA-L

Sucre, 13 de agosto de 2015


Expediente                : Cochabamba 33/2011        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro 

Parte Imputada        : Ramiro Luque Díaz

Delitos        : Ejercicio Indebido de la Profesión y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de febrero de 2011, cursante de fs. 759 a 760 vta., Ramiro Luque Díaz, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 08 de enero de 2011, de fs. 741 a 744, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba (SEMAPA) representada por Fernando Milko Cárdenas Cavero contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Ejercicio Indebido de la Profesión y Abogacía y Mandato Indebido, previstos y sancionados por los arts. 164 y 175 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación fiscal y particular, una vez concluida la audiencia de juicio oral, la Jueza Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia 11/2010 de 17 de septiembre (fs. 667 a 671), por la que declaró al imputado Ramiro Luque Díaz, autor y responsable de la comisión de los delitos de Ejercicio Indebido de la Profesión; y, Abogacía y Mandato Indebido, previstos y sancionados por los arts. 164 y 175 del CP en concurso ideal, condenándole a la pena de dos años y seis meses de reclusión a cumplir en la cárcel pública de “San Sebastián” varones de la ciudad de Cochabamba, más el pago de costas del juicio, pudiendo acogerse al beneficio de la suspensión condicional de la pena dispuesta por el art. 366 del CPP, previa acreditación de los requisitos exigidos.

  1. Contra la referida Sentencia, Ramiro Luque Díaz, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 709 a 713); resuelto por Auto de Vista de 08 de enero de 2011 (fs. 741 a 744), emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que declaró Improcedente el recurso de apelación restringida, y en consecuencia, confirmó la Sentencia; con costas.


  1. Notificado el recurrente Juan Federico Cruz Toledo con el mencionado Auto de Vista el 11 de febrero de 2011 (fs. 746), interpuso recurso de casación el 16 de los citados mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II.  DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1)        Alega vulneración de principios constitucionales, tratados, normas sustantivas y procedimentales, infringiendo su derecho a la defensa, seguridad jurídica y debido proceso; refiere que tanto la Sentencia como el Auto de Vista ingresan en contradicción con la doctrinal legal, jurisprudencia y Sentencias Constitucionales, constituyendo defectos absolutos previstos por el art. 370 en sus incs. 1), 4), 5), 6), 8), 10) y 11) del  Código de Procedimiento Penal (CPP), siendo sus fundamentaciones arbitrarias e insuficientes, como precedente cita el Auto Supremo 112 de 31 de enero de 2007 por vulnerar el art. 398 del CPP.  


2)        Refiere que el Auto de Vista ratifica las nulidades de la Sentencia vulnerando los arts. 342 y 130 del CPP y 119, 1, 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), lesionando el derecho a la defensa, debido proceso, igualdad procesal, legalidad y seguridad jurídica consagrados en los arts. 115, 116. I y II y 119 de la CPE. Añade que el Auto de Vista contiene una serie de defectos y carece de fundamentación legal y doctrinal, siendo condenado por un delito no investigado y sin aporte de prueba “y por otro con prueba insuficiente” (sic); y, en base a una extemporánea acusación particular y sin considerar la prescripción de los delitos imputados. Cita como precedentes invocados en su apelación restringida los Autos Supremos 71, 104 del 2007; 238, 384 y 494 del 2005, 90, 122 y 141 de 2006 y 112 del 2007.


Por otra parte transcribe parte de la doctrina de:  Auto Supremo 99 de 24 de marzo de 2005 refiriendo que el Auto de Vista es contradictorio y vulnera el debido proceso debido a la “omisión de fundamentar la Sentencia en los aspectos mencionados en el recurso de apelación restringida” (sic), referidos a la producción ilegal de la prueba, declaración testifical, agotamiento de la prueba, prescripción de los delitos, etc.; el Auto Supremo 97 de 1 de abril de 2005, señalando que ante la falta de agotamiento de la prueba de cargo, da lugar a la duda razonable, siendo aplicable el principio in dubio pro reo basado en las contradicciones de las declaraciones testificales, que “amerita un defecto absoluto de procedimiento, contemplado en el art. 169 de la Ley 1970” (sic), el Auto Supremo 580 de 4 de octubre de 2004, al haberse transgredido plazos procesales incurriendo en nulidades, errores del órgano judicial que pretenden atribuírsele; y, el Auto Supremo 562 de 1 de octubre de 2004; sin exponer argumento alguno sobre el mismo.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia. 2) La tarea encomendada por ley a este Tribunal de justicia referida precedentemente. 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se constata que el recurrente cumple con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta que fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 11 de febrero de 2011 (fs. 746), presentando su recurso de casación el 16 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de cinco días previstos por el art. 417 del CPP.


En cuanto a los argumentos del recurso de casación, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, la cita del precedente contradictorio; y, principalmente, la explicación, en términos claros y precisos, referidos a la posible contradicción entre el Auto de Vista impugnado y la doctrina legal aplicable de los precedentes contradictorios, que permitan a éste máximo Tribunal, emitir un pronunciamiento final sobre las cuestiones planteadas; en caso de denuncias de vulneración de derechos y garantías constitucionales, se observará el cumplimiento de los presupuestos de flexibilización contenidos en el acápite III de la presente resolución.


Analizados los motivos traídos en casación, en los cuales el recurrente alega, de manera confusa y con total falta de técnica recursiva, que el Auto de Vista y la Sentencia ingresan en contradicción con la doctrina legal, jurisprudencia y Sentencias Constitucionales, vulnerando principios constitucionales, tratados, normas sustantivas y procedimentales, derecho a la defensa, seguridad jurídica y debido proceso por tener fundamentaciones arbitrarias e insuficientes que constituyen defectos absolutos previstos por el art. 370 incs.1), 4), 5), 6), 8), 10) y 11) del CPP; así como sus argumentos de que fue condenado por un hecho no investigado y sin aporte de prueba o” con prueba insuficiente” (sic); se tiene que tales motivos carecen del cumplimiento de los requisitos señalados en los arts. 416 y 417 del CPP, toda vez que omite señalar la situación de hecho similar entre el Auto de Vista impugnado y el caso resuelto por el precedente, cuyos supuestos fácticos análogos demuestren el sentido jurídico distinto asignado por el fallo recurrido que no coincide con la doctrina sentada por el precedente, sea como consecuencia de la aplicación de una norma distinta o una misma con diverso alcance, no siendo suficiente la simple cita o transcripción de partes de los Autos Supremos invocados como precedentes contradictorios.


Por otro lado, la denuncia de vulneración de principios constitucionales, tratados, normas adjetivas y sustantivas, el derecho a la defensa, seguridad jurídica, debido proceso, igualdad procesal, seguridad jurídica y legalidad, resultan argumentos genéricos que no cumplen con los requisitos necesarios para su análisis vía flexibilización, debido a que el impugnante no señala de manera concreta y separada los antecedentes de hecho generadores de la supuesta violación relacionadas con cada principio, garantía y derechos alegado como vulnerado; tampoco señala como fueron restringidos o disminuidos individualmente y el resultado dañoso que se originó por tales violaciones; en ese sentido, las omisiones en las que incurrió el recurrente no pueden ser suplidas de oficio por este máximo Tribunal; por cuanto, los motivo traídos en casación devienen en inadmisibles.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Ramiro Luque Díaz, de fs. 759 a 760 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA