TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 494/2015-RA-L

Sucre, 13 de agosto de 2015


Expediente                : Santa Cruz 70/2011        

Parte Acusadora        : Martha Rocha Valda 

Parte Imputada        : Madelen Stefany Coca Gómez y otra

Delitos        : Despojo y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 20 de abril de 2011, cursante de fs. 429 a 435, Guery Orlando Prado Pinto en representación de Martha Rocha Valda, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 43/2011 de 11 de marzo, de fs. 414 a 419, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por Martha Rocha Valda contra Madelen Stefany Coca Gómez, por la presunta comisión de los delitos de Despojo y Perturbación de Posesión, previstos y sancionados por los arts. 351 y 353 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación particular presentada por Martha Rocha Valda (fs. 16 a 17 vta.), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Tercero de Sentencia en lo Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia de 23 de septiembre de 2010 (fs. 306 a 312), por la que declaró a los imputados Madelen Stefany Coca Gómez, absuelta de la comisión de los delitos de Despojo y Perturbación de Posesión, previstos y sancionados por los arts. 351 y 353 del CP, decisión asumida por insuficiencia de prueba.

  1. Contra la referida Sentencia, Guery Orlando Prado en representación de Martha Rocha Valda, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 380 a 386  vta.); resuelto por Auto de Vista 43/2011 de 11 de marzo (fs. 414 a 419), emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, que declaró admisible e Improcedente el recurso de apelación restringida; y en consecuencia, confirmó la Sentencia.


  1. Notificada la parte recurrente con el mencionado Auto de Vista el 15 de abril de 2011 (fs. 420), Guery Orlando Prado Pinto en representación de Martha Rocha Valda interpuso recurso de casación el 20 del  mismo mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1)        En su primer motivo titulado “Inadecuada e insuficiente apreciación de la pruebas testificales en juicio oral”, señala que el Auto de Vista vulnera el debido proceso por no aplicar ni interpretar la norma legal, sosteniendo que la Sentencia aplicó correctamente el art. 363 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por no haberse demostrado la existencia de los elementos constitutivos del delito endilgado así como la inexistencia de prueba suficiente, sobre este tópico refiere que en su apelación restringida citó las Sentencias Constitucionales 0398/2007-R, 0563/2007-R, 0186/2010-R; asimismo, señala que el debido proceso se halla protegido por las SSCC 05/2005, 93/2005 y 0844/2010-R. Sobre el particular refiere que: a) la Sentencia no analizó objetivamente las pruebas basándose en una defectuosa valoración probatoria; además de no haber tomado en cuenta la declaración de la víctima y que se solicitó el rechazo de las pruebas de descargo por su presentación extemporánea, sin merecer pronunciamiento alguno, valorando simples fotocopias y realizando la inspección como si la hubiere solicitado la imputada, haciendo caso omiso de las declaraciones de los vecinos del lugar que pretendieron demostrar con documentos la realidad de los hechos y desentendiéndose de las amenazas e insultos vertidos por el padre de la imputada, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales. Sobre este motivo en su acápite 2 del su recurso de casación referido a la falta de fundamentación de la Sentencia, reitera que el A quo valoró pruebas introducidas extemporáneamente y en fotocopias simples, pese a que presentó incidente de exclusión probatoria.


En otro apartado, argumenta que el informe pericial, estableció el derecho propietario de la querellante y que cualquier asentamiento podría calificarse de posesión ilegal; de igual manera su anexo evidencia la tradición de los Títulos de Propiedad de la querellante que acreditan el ejercicio de un derecho real identificado y registrado en el Plan Regulador, Catastro y Derechos Reales, sustentado con las declaraciones de la anterior propietaria, prescindiendo de la valoración de este informe y lo manifestado por Marlene Nuñez Chávez en la realización de la Inspección ocular; violentándose las normas del debido proceso previsto en el art. 115 de la Constitución Política del Estado, los principios de probidad, legalidad y violando los arts. 365 y 370 incs.1), 4), 5), 6) y 10) del CPP; y, b) Manifiesta que el Auto de Vista, haciendo mención a doctrina alemana, señaló: “los delitos contra el patrimonio el cual radica en que aquellos no exigen necesariamente un perjuicio para el patrimonio de la víctima…() la tenencia como la posesión, deben ser necesariamente legítimas” (sic), aspecto que no condice con lo establecido en el Diccionario de Jurisprudencia Penal que aduce no ser necesario el cumplimiento de todos los elementos constitutivos del tipo penal de despojo. Pese a existir jurisprudencia sobre este delito, absolvió a la imputada sin tomar en cuenta las declaraciones testificales y la subsunción de su conducta al delito de despojo, al efecto señala y transcribe parte de los Autos Supremos 338 de 5 de abril de 2007 y 254 de 22 de julio de 2005 contenidos en su citada obra de Clemente Espinoza Carballo “Diccionario de Jurisprudencia”.


2)        Argumenta que la Sentencia es defectuosa por “falta de fundamentación insuficiente y concesión ultra petita”  al señalar que la ocupación pacífica de un inmueble aún sin el consentimiento del propietario no constituye delito y su desocupación se logra por otros mecanismos previstos por ley, sin considerar la jurisprudencia, que establece la subsunción del delito de despojo conforme señala Clemente Espinoza Carballo en su libro “Diccionario de Jurisprudencia” donde establece que no necesariamente deben cumplirse todos los elementos constitutivos del delito de despojo, evidenciándose la vulneración de los arts. 124, 360 inc. 3), 370 incs. 5) y 10) y 172 del CPP.  Asimismo, sostiene el impugnante, que la Sentencia vulnera las reglas previstas para su deliberación y redacción, debido a que no cursaba en el expediente el Acta de la declaración de la víctima y las conclusiones, lo que vulnera el debido proceso, el derecho de petición al encontrarse incompleto el expediente negándole la exhibición de la piezas faltantes, cita al efecto la Sentencia Constitucional 844/2010-R.


Concluyendo su recurso, en su punto titulado “petitorio” refiere que el Auto de Vista incurre en errónea aplicación de la ley por mantener los errores de la Sentencia como son: a) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; b) Falta de enunciación de los hechos y su relación circunstanciada; c) Que la Sentencia se basa en hechos inexistentes o defectuosa valoración de la prueba; d) Inobservancia de las reglas de deliberación y redacción; y, e) Violación del debido proceso y garantías constitucionales; por cuanto, solicita la anulación de la Sentencia y del Auto de Vista y se disponga su devolución o reenvío para la emisión de nueva resolución conforme la doctrina legal aplicable bajo los parámetros del Tribunal Constitucional.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia. 2) La tarea encomendada por ley a este Tribunal de justicia referida precedentemente. 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se constata que el recurrente cumple con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta que fue notificado con el Auto de Vista el 15 de abril de 2011 (fs. 420), presentando su recurso de casación el 20 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de cinco días previstos por el art. 417 del CPP.


En cuanto a los argumentos del recurso de casación, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, la cita del precedente contradictorio; y, principalmente, la explicación, en términos claros y precisos, referidos a la posible contradicción entre el Auto de Vista impugnado y la doctrina legal aplicable de los precedentes contradictorios, que permitan a éste máximo Tribunal, emitir un pronunciamiento final sobre las cuestiones planteadas; en caso de denuncias de vulneración de derechos y garantías constitucionales, se observará el cumplimiento de los presupuestos de flexibilización contenidos en el acápite III de la presente resolución.


Previo a ingresar al análisis de los argumentos de los motivos traídos en casación, resulta necesario establecer que la labor de este máximo Tribunal de Justicia, se encuentra restringida a efectuar un control eminentemente de derecho sobre el contenido y lo resuelto en el Auto de Vista cuestionado; por otro lado, la admisibilidad de los recursos de casación se hallan compelidos a la observancia y cumplimiento de los requisitos descritos en los arts. 416 y 417 del CPP, que señalan que procede como medio para impugnar Autos de Vista que sean contradictorios a otros precedentes emitidos por las Salas Penales de las Cortes Superiores de Justicia o de la Corte Suprema de Justicia, así como la obligación que tiene de precisar la contradicción que considera existente entre el Auto de Vista recurrido con relación a la doctrina legal sentada en los precedentes.

En ese contexto, revisados los dos motivos traídos en casación, se advierte que el recurrente se limita a señalar los agravios que considera cometió el Juez de  la causa al momento de emitir la Sentencia con los mismos argumentos de su recurso de apelación restringida, omitiendo precisar de manera concreta y clara los fundamentos del Auto de Vista que resultarían contradictorios a la jurisprudencia sentada por la entonces Corte Suprema de Justicia en los Autos Supremos 338 de 5 de abril de 2007 y 254 de 22 de julio de 2005, mencionados en la obra de Clemente Espinoza Carballo citado por el recurrente, siendo obligación de quien impugna un Auto de Vista, establecer el sentido jurídico asignado por el fallo recurrido que no coincide con los fundamentos establecidos en la doctrina legal del precedente, exponiendo la contradicción en términos precisos, conforme se tiene previsto en los arts. 416 y 417 del CPP, haciéndole notar que el recurso de casación no se resuelve por el Tribunal Constitucional como se dirige el presente recurso.


De igual manera su limitada exposición de que el Ad quem vulnera el debido proceso por no aplicar o interpretar la norma legal y sustentar su fallo basado en doctrina alemana argumentando que “los delitos contra el patrimonio el cual radica en que aquellos no exigen necesariamente un perjuicio para el patrimonio de la víctima…() la tenencia como la posesión, deben ser necesariamente legítimas” (sic), no exponen los elementos suficientes para comprender cual la inobservancia o errónea aplicación de la norma penal sustantiva o adjetiva en que habría incurrido el Tribunal de alzada, tampoco especifica la restricción o disminución de esta garantía y su resultado dañoso. Ante el incumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP y los supuestos de flexibilización, el recurso de casación deviene en inadmisible


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Guery Orlando Prado  en representación de Martha Rocha Valda, de fs. 429 a 435.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA