TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 493/2015-RA-L

Sucre, 13 de agosto de 2015


Expediente                : Santa Cruz 66/2011

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Joaquín Rodríguez Claudio

Delito                : Robo Agravado


RESULTANDO


Por memorial presentado el 11 de abril de 2011, cursante de fs. 350 a 351 vta., Joaquín Rodríguez Claudio, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 7 de febrero de 2011, cursante a fs. 343 a 347 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente por el delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 incs. 1) y 2) del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) En mérito a la acusación pública (fs. 216 a 218 vta.), desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal de Sentencia de la provincia Ichilo de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 7/2010 de 10 de junio (fs. 318 a 323), por la que declaró al imputado Joaquín Rodríguez Claudio, autor y culpable del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 incs. 1) y 2) del CP, condenándolo a la pena privativa de libertad de cinco años de presidio a cumplir en el Centro de Rehabilitación Palmasola de la ciudad de Santa Cruz, más la multa de mil bolivianos, correspondientes a doscientos días multa a razón de BS. 5.- (cinco bolivianos) por día, con costas a favor del Estado.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Joaquín Rodríguez Claudio, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 330 a 331), resuelto por Auto de Vista de 7 de febrero de 2011 (fs. 343 a 347 vta.), dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el mismo, confirmando la Sentencia apelada.


c) Notificado el imputado Joaquín Rodríguez Claudio, con el referido Auto de Vista el 5 de abril de 2011 (fs. 348), interpuso recurso de casación el 11 del mismo mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente, denuncia violación de los arts. 398, 124 y 370 inc. 5) del Código de Procedimiento Penal (CPP), refiriendo que la Sentencia y el Auto de Vista impugnado, adolecen de fundamentación lo que implica vulneración de derechos y garantías constitucionales por la falta de contenido fáctico, incursionando en hechos no probados en el juicio oral, exponiendo hipótesis que no fueron probadas por ningún medio de prueba, existiendo solamente fotocopias simples, apartándose en su decisión de las reglas de la congruencia establecido en el art. 362 del CPP; agrega que, la fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; por lo que, los Tribunales de Sentencia, así como las autoridades que conocen en revisión los fallos, deben emitir las resoluciones de manera fundamentada, consignando todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo, debiendo la fundamentación ser clara y sin contradicción entre la parte considerativa y resolutiva, con el fin de garantizar el derecho a la defensa conforme estableció el Auto Supremo 242 de 6 de julio de 2006, del que transcribe parte de la doctrina legal aplicable.  


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia. 2) La tarea encomendada por ley a este Tribunal de justicia referida precedentemente. 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Con relación al plazo para la interposición del recurso de casación, se constata que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 5 de abril de 2011 (fs. 348), en su domicilio procesal señalado en el recurso de apelación restringida (fs. 331), interpuso su recurso de casación el 11 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de cinco días que establece el primer párrafo del art. 417 del CPP.


En cuanto al único motivo, el recurrente denuncia violación de los arts. 398, 124 y 370 inc. 5) del CPP, relativos a que los Tribunales de apelación, deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, falta de fundamentación de la Sentencia y la debida motivación de las resoluciones; en el caso, afirma que la Sentencia y el Auto de Vista impugnado, carecen de fundamentación por la falta de contenido fáctico, lo que vulnera derechos y garantías constitucionales, basándose en hechos no probados en el juicio oral, exponiendo hipótesis que no fueron probadas por ningún medio de prueba, habiéndose incorporado al juicio oral fotocopias simples, apartándose en su decisión de las reglas de la congruencia establecido en el art. 362 del CPP; invoca como precedente el Auto Supremo 242 de 6 de julio de 2006, del que transcribe parte de la doctrina legal aplicable; sin embargo, el recurrente no cumple con la carga procesal de señalar cual sería la contradicción que existiría entre el precedente citado y el Auto de Vista recurrido, conforme los requisitos de admisibilidad del recurso de casación establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP; al margen de ello, no precisa en qué consistiría la supuesta falta de fundamentación, menos explica la relevancia e incidencia de esa omisión, para que este Tribunal pueda verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado; asimismo, refiere la vulneración de derechos y garantías constitucionales; empero, no especifica cuáles sería esos derechos presuntamente vulnerados; finalmente, el Auto Supremo de referencia, no fue invocado en el recurso de apelación restringida;  por lo que, este Tribunal se ve impedido de abrir su competencia para ingresar al análisis de fondo; en consecuencia, el motivo deviene en inadmisible.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Joaquín Rodríguez Claudio, cursante de fs. 350 a 351 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA