TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 458/2015-L

Sucre, 13 de agosto de 2015


Expediente               : Santa Cruz 40/2010

Proceso               : Recurso de Revisión de Sentencia 

Impetrante               : Margoth Rocío Salazar Lino

Fallo Recurrido : Sentencia 21/2003 de 5 de junio

Tribunal Emisor: Tribunal Cuarto de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de marzo de 2010, cursante de fs. 9 a 15, Margoth Rocío Salazar Lino, interpone Recurso de Revisión de Sentencia, solicitando la revisión de la Sentencia 21/2003 de 5 de junio, pronunciada por el Tribunal Cuarto de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz, emergente del proceso penal, pasado en calidad de cosa juzgada, seguido por Hugo Bejarano Mena y otros contra de la impetrante y María Teresa Terán  Terrazas, por la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


Del memorial cuya suma dice: “INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA” y memorial de apersonamiento (fs. 16), únicos actuados presentados por la impetrante y sus abogados patrocinantes, se extrae lo siguiente:


a) Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal Cuarto de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció Sentencia de 21/2003 de 5 de junio, declarando a Margoth Rocío Salazar Lino y María Teresa Terán  Terrazas, coautoras y culpables de la comisión del delito de Asesinato previsto y sancionado por el art. 252 del CP, sentenciándolas a cumplir la pena privativa de libertad de treinta años de presidio sin derecho a indulto.


b) Por Auto de Vista 231 de 11 de agosto de 2003, la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, resolviendo el recurso interpuesto contra la mencionada Sentencia, declaró admisible e improcedente el recurso planteado.


c) Por Auto Supremo 508 de 13 de octubre de 2003, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto contra el precitado Auto de Vista.


d) Por Auto Interlocutorio 5 de 17 de enero de 2004, el Presidente y Juez Técnico del Tribunal Cuarto de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró ejecutoriada la Sentencia 21/2003 de 5 de junio, librando el correspondiente mandamiento de condena.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE REVISIÓN


Del estudio del Recurso de Revisión, se extrae lo siguiente:


La recurrente solicita la revisión de la Sentencia 21/2003 de 5 de junio, cuyos datos cursan en el parágrafo precedente, amparando su petitorio  en inc. 1) del art. 421 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, en la jurisprudencia contenida en los Autos Supremos 183 de 21 de mayo de 2002 y 414 de 3 de agosto de 2004, que conforme refiere, la revisión de Sentencia, fue establecida, no solo para demostrar la inocencia del condenado; sino, también para cuando existen indicios de errónea tipificación y/o calificación de la participación del condenado e injusta punición. Argumenta aspectos inherentes al proceso tramitado en su contra, relatando las circunstancias en las cuales se produjo el deceso de la víctima Lucio Matías Bejarano Mena, transcribiendo seis conclusiones y una parte considerativa de la Sentencia recurrida, para sostener que la Sentencia condenatoria ejecutoriada resulta incompatible con lo establecido por otras Sentencias ejecutoriadas.


La recurrente desarrolla argumentos respecto al ensañamiento y alevosía, y -dice- se remite a la prueba preexistente, entre ellas, a “la prueba de autopsia” (sic) y al Certificado Médico Forense, señalando que dicha prueba demuestra, de manera incontrastable que la víctima no padeció ningún sufrimiento o tormento y que su muerte se produjo en el momento de ejecución sin que hubiere existido brutal perversidad reflexiva o frialdad en el ánimo de matar; alega, que los fundamentos expresados en la Sentencia para condenarla por el delito de Asesinato (resalta el último considerando), son incompatibles con la doctrina sentada en el Auto Supremo 284 de 29 de junio de 2002 y el Auto de Vista de 14 de septiembre de 1998, dictada por la Sala Penal del Distrito Judicial de Cochabamba dentro del proceso penal seguido por Germán López Montaño contra Onny Navia Uriona y otros por el delito de Homicidio, fallo que -refiere- fue ejecutoriado en mérito al Auto Supremo de 11 de junio de 2001, dictado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


Sostiene que los fundamentos expresados en la Sentencia condenatoria, cuya revisión solicita, son incompatibles con los fundamentos de las Sentencias que presenta en calidad de prueba por lo siguiente:


1.- Que la muerte fue forjada en el mismo acto de ejecución; sin que medie una brutal perversidad reflexiva o una frialdad en el ánimo de matar.


2.- Que la muerte se produjo en circunstancias en que la víctima y sus eventuales agresores se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.


3.- Que la muerte se dio por herida punzo cortante siendo la causa de la muerte shock hipovulémico.


4.- Que las circunstancias que rodean al hecho criminoso se produce por un encuentro casual con la víctima.” (sic).


Finalmente emite sus conclusiones respecto a los hechos, señalando que de los antecedentes del proceso, prueba preexistente y fundamentos de los precedentes  contradictorios se concluye que no existen las circunstancias previstas para el delito de asesinato (cuyos elementos desarrolla). Cita jurisprudencia, identificándola como G.J. Nº 70, pág. 659 y  G.J. Nº 512, pág. 4, para concluir señalando que conforme lo expuesto y analizado se llega al convencimiento de su persona no actuó con premeditación, alevosía o ensañamiento; por lo tanto, no cometió el delito de Asesinato por el que fue condenada.


Solicita “… anular la sentencia objeto de revisión al demostrar plenamente la causal invocada en el art. 421 inc. 1)  y 4-b) del Código de Procedimiento Penal” (sic).


En el “Otrosí 1º.-” señala que en cumplimiento del art. 423 del CPP; y, lo establecido en el Auto Supremo 170 de 12 de junio de 2006, acredita el proceso penal, así como el delito por el que fue condenada, en mérito a los actuados procesales que señala a continuación en orden cronológico (ya fueron citados en los antecedentes del proceso en el presente fallo).


En el “Otrosí 2º.-”, refiere que adjunta en calidad de prueba las sentencias o precedentes contradictorios  en que apoya la causal de revisión, señalando el Auto Supremo de 11 de julio de 2001, emitido por la Sala Penal dentro el proceso penal seguido por homicidio por Germán López Montaño contra Honny Navia Uriona y otros.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN Y EXAMEN DEL RECURSO DE REVISIÓN


El Código de Procedimiento Penal, en la parte segunda, en su el Libro Tercero “RECURSOS”, establece las normas generales y específicas que hacen a los diferentes medios impugnaticios reconocidos en el sistema procesal vigente, estableciendo requisitos básicos e imprescindibles para su interposición, mismos que fueron diseñados por el legislador  con el fin, no solo de garantizar el ejercicio pleno de los derechos y garantías de las partes, frente a posibles errores cometidos por los juzgadores; sino, con la finalidad de que el recurso sea efectivo y satisfaga las necesidades de la autoridad para resolver con base en el derecho objetivo y de las partes que buscan justicia en la medida que corresponde.


La normativa procesal penal, establece de forma general, en el art.  396 inc. 3), la existencia condiciones de tiempo y forma para interponer los distintos recursos; sin embargo, respecto al recurso de revisión, más conocido como “RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DE SENTENCIA”, el art. 421 del CPP, dentro sus requisitos de procedibilidad, señala que no existe un tiempo definido para su planteamiento; sino, que éste procede en todo tiempo a favor del condenado, estableciendo como supuesto básico de procedibilidad, la existencia de una Sentencia condenatoria ejecutoriada o pasada en calidad de cosa juzgada, único documento esencial que se constituye en la base de revisión de dicho recurso extraordinario; pero, además la norma precitada, establece presupuestos (casos/causales) en los que procede la revisión de Sentencia, respecto a los cuales se debe adecuar el recurso; ellos son:


“1) Cuando los hechos tenidos como fundamento de la Sentencia resulten incompatibles con los establecidos por otra sentencia penal ejecutoriada;


2) Cuando la sentencia impugnada se funde en prueba cuya falsedad se declaró en fallo posterior ejecutoriado;


3) Cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de delitos propios de la función judicial, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior ejecutoriado;


4) Cuando después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos, se descubran hechos preexistentes o existan elementos de prueba que demuestren:


a) Que el hecho no fue cometido.

b) Que el condenado no fue autor o partícipe de la comisión del delito, o,

c) Que el hecho no sea punible.


5) Cuando corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna; y,


6) Cuando una sentencia del Tribunal Constitucional tenga efecto derogatorio    sobre el tipo o norma penal que fundó la condena.


Así, la normativa adjetiva penal, en el art. 422, en concordancia con el art, 394  -párrafo segundo- del mismo cuerpo legal, quiñes se encuentran legitimados para interponer el recurso, siendo:


“1) El condenado o su defensor. Si el condenado es incapaz, sus representantes legales;


2) El cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o por adopción, si el condenado ha fallecido;


3) La Fiscalía y el juez de ejecución penal; y,


4) El Defensor del Pueblo(sic).


Por otra parte, en el art. 423 del CPP, traza el procedimiento a seguir; pero, además fija requisitos formales que se deben cumplir al momento de interponer el recurso, estableciendo de forma taxativa que el recurso sea planteado i) por escrito; ii) acompañando la prueba correspondiente; iii) la referencia concreta  de los motivos en que se funda, y; iv) las disposiciones legales aplicables. Señala además que el Tribunal podrá disponer, si lo considerara útil, indagaciones y diligencias, delegando su ejecución en alguno de sus miembros; pero además, tiene facultad para producir prueba de oficio.


La citada normativa legal, añade que en el trámite del recurso de revisión, regirán las reglas de la apelación restringida, cuando éstas sean aplicables.


IV. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO VINCULADO A LOS REQUISITOS RECEDENTES


Con carácter previo, es importante establecer que el Tribunal Liquidador, en cumplimiento del art. 8 parágrafo II de la Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional (Ley Nº 212), fue conformado con la finalidad de tramitar las causas que fueron presentadas ante la entonces Corte Suprema de Justicia y que no fueron resueltas hasta el momento de su disolución (31 de diciembre de 2011); que pese a la labor desempeñada por el Tribunal Liquidador durante las gestiones 2012, 2013 y 2014, los procesos que les fueron encomendados, no fueron concluidos hasta 16 de diciembre de 2014, fecha en que por Acuerdo de Sala Plena 210/2014 de la misma fecha, se dispuso el cese de las funciones de los Magistrados Liquidadores; y, que ante la existencia de causas pendientes de resolución, se dispuso que éstas fueran entregadas en el estado en el que se encontraban a las Salas Especializadas de este Supremo Tribunal de Justicia, entre las cuales se encontraba el proceso que hoy es motivo de examen. 


En el contexto señalado, de antecedentes se advierte que la Sala Penal del Tribunal Liquidador, dentro el caso de autos, realizaron algunas diligencia; pero, no observaron, mucho menos se pronunciaron de forma expresa respecto al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad y admisión del recurso de revisión, descritos en los arts. 421 y 423 del CPP, tal cual se evidencia del Auto de 2 de junio de 2014; pese a ello, ordenaron la producción de actuados procesales que no eran necesarios hasta el efectivo pronunciamiento por la admisión o el rechazo del recurso planteado; por lo que, en examen minucioso del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, corresponde a este Tribunal, regularizando procedimiento, pronunciarse con carácter previo respecto a la admisión o rechazo del recurso en examen.


Analizados los antecedentes conforme lo señalado en el acápite precedente, se establece que el recurso fue planteado ante la Corte Suprema de Justicia, invocando las causales descritas en el art. 421 de los incs. 1) y 4).b del CPP, suscribiendo el memorial la propia condenada, quien cuenta con la legitimación exigida por el art. 422 del CPP.


Ahora bien, de acuerdo a la previsión contenida en el artículo 423 del CPP, el recurso de revisión de una Sentencia condenatoria ejecutoriada debe plantearse, no solo cumpliendo los requisitos antes señalados; sino, debe adjuntarse la prueba correspondiente, exponiendo la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables; en el caso en examen, habiendo correspondiendo a esta Sala Penal, conocer en liquidación, el recurso de revisión planteado por la señora Margoth Rocío Salazar Lino, corresponde emitir pronunciamiento, primeramente respecto su pretensión amparada en la causal 1) del art. 421 del CPP, respecto a la cual se constata que la impetrante, pese a que en el “Otrosí 2º.” del memorial de fojas 9 a 14 vta., señala que adjunta prueba, dicha afirmación no resulta evidente; pues no cursa en obrados copia legalizada de la Sentencia ejecutoriada que demuestre la existencia de hechos que resulten incompatibles y que justifiquen la revisión solicitada.


A lo anterior, se añade que la recurrente, tampoco acompañó copia legalizada de la Sentencia penal ejecutoriada que determinó su condena y que acredite precisamente la calidad de cosa juzgada, como requisito fundamental de procedibilidad del recurso; contrariamente, se advierte que invocó Autos Supremos en calidad de precedentes contradictorios, sin considerar que el recurso de revisión es distinto al de casación; pues el recurso de revisión, por su naturaleza extraordinaria, busca la primacía de la justicia, aun por encima de la seguridad jurídica que otorga un fallo pasado en autoridad de cosa juzgada, no siendo suficiente que quien recurra, invoque alguna de las causales establecidas en el art. 421 del CPP y argumente aspectos que considera relevantes, sin el sustento legal adecuado, mucho menos sin la prueba que respalde su postura; ello, en atención de la finalidad del recurso que es el de reconsiderar o rever fallos condenatorios ejecutoriados, que se consideren injustos o que contengan errores judiciales; por ello, es imprescindible que quien recurra, cumpla con las exigencias legales a efectos de que el recurso resulte eficaz, lo que no se dio en el caso examinado.


Por otra parte, se evidencia que en la parte final del petitorio del recurso en análisis, señala como causal invocada, además de la señalada en el inc. 1)  del art. 421 del CPP, la establecida en el inc. 4-b) de la misma normativa legal; pese a ello, en ninguna parte del recurso fundamenta dicha causal, mucho menos acompaña prueba que acredite la existencia de hechos nuevos, preexistentes o que existan elementos de prueba que demuestren que la impetrante no fue autora o partícipe del hecho por el que fue condenada, incumpliendo una vez más requisitos imprescindibles a efectos de que su pretensión prospere de forma positiva para ella, pues simplemente se limitó a citar la causal, imposibilitando con ello admitir el recurso, pues dichas formalidades no pueden ser suplidas de oficio por este Tribunal.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 423 del CPP, declara INADMISIBLE el Recurso de Revisión de Sentencia, interpuesta por Margoth Rocío Salazar Lino, cursante de fs. 9 a 15 vta.,


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA