TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 457/2015-RRC-L

Sucre, 04 de agosto de 2015


Expediente        

:

Cochabamba 104/2010

Parte Acusadora

:

Ministerio Público y otra

Parte Imputada

:

Jorge Antonio Macías Luna 

Delitos

:

Estafa y otro

Magistrada Relatora   

:

Dra. Maritza Suntura Juaniquina

              

RESULTANDO


Por memorial presentado el 28 de mayo de 2010, cursante de fs. 174 a 176, Jorge Antonio Macías Luna, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 17 de mayo de 2010, de fs. 160 a 163, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Rober Ortuste Ávila contra el recurrente, por los delitos de Estafa y Ejercicio Indebido de Profesión, previstos y sancionados por los arts. 335 y 164 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


  1. En mérito a la acusación pública (fs. 6 a 9 vta.) y acusación particular presentada por Rober Ortuste Ávila (fs. 18 a 19 vta.), desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia 3/2008 de 22 de enero (fs. 119 a 127), por la que declaró al imputado Jorge Antonio Macías Luna, autor de los delitos de Estafa y Ejercicio Indebido de Profesión, previstos y sancionados por los arts. 335 y 164 del CP, condenándole a la pena de cinco años de reclusión a  cumplir en el penal de San Sebastián varones de la ciudad de Cochabamba, más la multa de doscientos días a razón de  Bs. 1.- (un boliviano) por día, con costas a favor del Estado y la reparación del daño civil a la parte querellante, averiguables en ejecución de sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Jorge Antonio Macías Luna,  interpuso recurso de apelación restringida (fs. 132 a 135), resuelto por Auto de Vista de 17 de mayo de 2010 (fs. 160 a 163), dictado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba,  que declaró improcedente el recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando el presente recurso de casación.


I.1.1. Del motivo del recurso de casación


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 364/2015-RA-L de 06 de julio (fs. 185 a 187), se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


Denuncia que en el juicio oral, le impusieron un abogado defensor de oficio con quien no tuvo oportunidad de consultar sus derechos, lo peor es que el abogado no tenía conocimiento de la causa, aspecto que le causó indefensión y vulneración al debido proceso en su componente del derecho a la defensa consagrado en los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), afirma que no se le permitió elegir a su abogado defensor; por lo que, el Tribunal de Sentencia vulneró el art. 9 del CPP. Agrega que el abogado impuesto, se limitó a seguir las determinaciones del Tribunal hasta la dictación de la Sentencia, constituyendo defecto absoluto conforme el art. 169 inc. 2) del CPP, violando sus derechos y garantías constitucionales del debido proceso y la seguridad jurídica, establecidos en los arts. 13.I, 109.I y 110.I de la CPE.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita, se declare admisible el recurso y en definitiva se disponga la nulidad de la Sentencia.


I.1.3. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 364/2015-RA-L de 6 de julio, se admitió el recurso interpuesto por  Jorge Antonio Macías Luna, vía flexibilización.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:


II.1.De la Sentencia.


Una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Tribunal Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció  Sentencia condenatoria en contra del imputado Jorge Antonio Macías Luna, con base a los siguientes argumentos: i) Tania Ortuste Tisco en junio de 2006, se contactó con el imputado para que en su condición de Arquitecto elabore el plano de construcción, cálculo estructural y compromiso de supervisión de las edificaciones a realizarse en el inmueble de propiedad de Rober Ortuste Ávila, ubicado en la zona de Villa Pagador de la ciudad de Cochabamba, por cuyo trabajo le entregó varias sumas de dinero como adelanto, suscribiendo recibos con el distintivo de “Arq.” que corresponde a la abreviatura de arquitecto; es decir, fungía como profesional Arquitecto; ii) Por otra parte, aconsejó a la familia que la edificación a construirse no sea de cinco pisos; sino, de seis, infringiendo normas establecidas por el Municipio con el pretexto de una visión futurista; no obstante, de haber elaborado los planos, no fueron suscritos por un arquitecto, mucho menos visados por el Colegio de Arquitectos, tampoco fueron aprobados, por cuanto se encontraban fuera de las normas municipales; en consecuencia, el dinero entregado por la víctima, constituye un desplazamiento de su patrimonio debido a los engaños y artificios desplegados por el imputado; iii) Ante los constantes reclamos respecto a la aprobación de los planos, el imputado indicaba que entregaría los mismos; empero, la Comuna de Valle Hermoso expidió citaciones y boletas de paralización de la obra, pese a ello, se prosiguió con la construcción cancelando las multas pecuniarias, pretendiendo que los albañiles trabajen en las noches y fines de semana para eludir el control del Municipio; y, iv) También se acreditó que el imputado estudió arquitectura en la Universidad de San Simón; pero, no concluyó sus estudios, lo que implica que no se encontraba habilitado para ejercer la profesión de Arquitecto.


II.2.        De la apelación restringida del imputado.


El imputado Jorge Antonio Macías Luna, por memorial de fs. 132 a 135, formuló recurso de apelación restringida contra la Sentencia argumentando los siguientes fundamentos vinculados al recurso de casación: Denunció que el abogado que le atendió en la fase preliminar hasta la acusación, le indicó  que iba a presentar un “incidente clave” para destruir el proceso de un solo golpe, como él ignora el derecho confió en el abogado; empero, el profesional no asistió a la primera audiencia, dando lugar a que tome otro abogado, quien le alertó el problema de las pruebas; sin embargo, nuevamente recurrió al primer abogado, quién le afirmó que las advertencias del otro abogado estaban fuera de lugar, que se iba a presentar en el juicio y defenderlo garantizándole el mismo a su favor, el día de la audiencia no se presentó y apareció a su lado otro abogado (defensor de oficio), desarrollándose el proceso en total estado de indefensión, porque desde ese momento no pudo coordinar con el abogado.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


Radicada la causa en la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, resolvió el recurso de apelación restringida, mediante Auto de Vista de 17 de mayo de 2010, con los siguientes fundamentos jurídicos que tienen directa relación con el agravio denunciado en el recurso de casación: Refirió que el imputado en todo momento estuvo asistido por un abogado que le brindó asistencia técnica, con el que asistió a todos los actos del proceso, en los que tuvo oportunidad de conocer la prueba contraria, objetarla y plantear los recursos que le franquea la ley; en consecuencia, aunque alegue mal asesoramiento, en ningún momento se vulneró su derecho a la defensa, cumpliéndose con lo señalado en el art. 9 del CPP; por lo que, el punto impugnado carecía de sustento legal.


III. VERIFICACIÓN DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA  EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA


Antes de ingresar al análisis propiamente dicho del motivo del recurso en examen, cabe hacer notar, que el recurso de casación se admitió vía flexibilización, ante denuncia de vulneración al derecho a la defensa, siendo importante realizar algunas consideraciones respecto al tema.


III.1 Sobre el derecho a la defensa.


El Auto Supremo 041/2012-RRC de 16 de marzo, estableció el siguiente entendimiento: “El derecho a la defensa definido como el: "...derecho público constitucional que asiste a toda persona física a quien se le pueda atribuir la comisión de un hecho punible, mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se les concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el derecho constitucional a la libertad del ciudadano" (Gimeno Sendra, Vicente, El derecho de defensa en "Constitución y proceso", Madrid, 1988, página 89), se constituye en un derecho básico del ciudadano de rango constitucional y de protección especial, pues la CPE establece en el art. 109.I que: "Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección"; motivo por el cual en su art. 115.II señala que: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones" y el art. 119.II prevé que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.


A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Bolivia a través de la Ley 1430 de 11 de febrero de 1993, en su art. 8.1. referente a las garantías judiciales expresa que: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, ó para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".


De manera específica la misma norma internacional en el acápite 2 del citado art. 8, establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad, a varias garantías mínimas, de las cuales se destacan las siguientes vinculadas a la problemática planteada en el recurso de casación sometido al presente análisis; es así, que el imputado tiene derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada; a la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor y en su caso de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado; de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; y a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.


Esto significa, que dentro del proceso penal se visualizan tres funciones, como son la requirente cumplida por la parte acusadora, sea la Fiscalía o la parte querellante, la decisoria desarrollada por la autoridad que ejerce jurisdicción; y, la función defensiva que le corresponde a toda persona a quien se le atribuya la comisión de un hecho delictivo; lo que implica, que dentro de cualquier ordenamiento jurídico penal, en el que se reconozcan derechos y garantías, de manera inevitable ha de reconocerse el derecho al imputado de ejercer el derecho a la defensa reconocido constitucionalmente y por tratados internacionales, habida cuenta que: "El derecho de defensa cumple, dentro del proceso penal, un papel particular: por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás. Por ello, el derecho de defensa no puede ser puesto en el mismo plano que las otras garantías procesales. La inviolabilidad del derecho a defensa es la garantía fundamental con la que cuenta el ciudadano, porque es el único que permite que las demás garantías tengan una vigencia concreta dentro del proceso penal" (Binder, Alberto M., Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad-Hoc S.R.L., 1993, página 151).


En el ordenamiento interno, el art. 5 del CPP, establece que el imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las Convenciones y los Tratados Internacionales vigentes y ese Código le reconocen desde el primer acto del proceso hasta su finalización, entendiéndose como primer acto del proceso cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; en esa lógica, el ejercicio del derecho a la defensa se proyecta en bloque en todo el ámbito procesal penal, siendo la defensa expansiva y polivalente, habida cuenta que se encuentra reconocida en una fase del proceso como en otra, incluida la investigativa pues: "La defensa en juicio debe poder ser ejercida a lo largo de todo el proceso, de manera particularmente intensa, durante la investigación, ya que las posibilidades de afectación de todas las garantías procesales se dan primordialmente en esta etapa". (Binder, Alberto M., Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad-Hoc S.R.L., 1993, página 158).


Por otra parte, conforme se advirtiera en la misma definición dada del derecho a la defensa, éste tiene un carácter dual ya que puede ser ejercido por el defensor y por el propio imputado, en los términos previstos por los arts. 8 y 9 del CPP, que establecen la defensa material y la defensa técnica, siendo la primera la potestad procesal que la ley reconoce al imputado en forma personal de poder decir y hacer en su defensa aquello que fuere oportuno y razonable y la segunda el derecho del imputado de estar asistido por un abogado, constituyendo una obligación para la administración de justicia velar porque ese derecho se cumpla, asignándole en su caso de oficio un defensor.


En términos prácticos, la defensa material faculta al imputado a intervenir en toda la actividad procesal, esto es en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular alegatos, implicando ello las distintas etapas que puedan darse en las fases de investigación o del proceso en sí, desde el primer acto del proceso conforme establece el art. 5 del CPP, de modo que siempre pueda realizar todos los actos que le posibiliten excluir o atenuar la reacción penal estatal, siendo importante precisar que ambas clases de defensa deben ser desarrolladas en forma armónica, pues la defensa material de modo alguno puede perjudicar la eficacia de la defensa técnica”.


De la jurisprudencia glosada, se concluye que el derecho a la defensa es parte del debido proceso, tiene carácter irrenunciable y debe ser garantizado por toda autoridad jurisdiccional, máxime en materia penal en la que cobra vital importancia porque en muchos casos se dilucida la libertad personal del imputado.


Por otra parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0224/2012 de 24 de mayo, respecto al derecho a la defensa emitió el siguiente razonamiento: “El art. 119.II de la CPE dispone que: Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa, derecho que cobra mayor relevancia en el proceso penal dada la supremacía de los bienes o valores jurídicos que se ponen en juego, motivo por el que debe ser interpretado a luz de los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado boliviano, de acuerdo a lo establecido en la última parte del art. 13.IV de la Ley Fundamental. En ese entendido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 14.3 señala que: Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección…”.


De igual forma, la Convención Americana sobre Derecho Humanos, en su art. 8.2 expresa que: “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor”. Ambos instrumentos internacionales que forman parte integrante del bloque de constitucionalidad por mandato del art. 410.II de la CPE, establecen con claridad que uno de los componentes del derecho a la defensa, y concretamente de la defensa técnica, es el derecho que tiene el imputado a contar con un abogado de su elección, que ha sido definido como: (…) el derecho esencial del imputado de elegir un jurista que lo asesore y defienda (facultad de elección) desde el primer momento del procedimiento seguido en su contra. (Maier, Julio B.J.: Derecho Procesal Penal, Fundamentos; pág. 549).


Por su parte, Binder expresa que: “El imputado también tiene el derecho -amplio, en principio- a la elección de su defensor. Se trata de un asistente de confianza y, por tanto, el imputado debe tener la mayor libertad posible para elegirlo. Es él quien debe controlar la calidad del defensor y quien debe admitirlo o no.” (Binder, Alberto: Introducción al Derecho Procesal Penal, pág. 160).


Bajo ese entendimiento, la inviolabilidad de la defensa técnica implica necesariamente el derecho de contar con un abogado defensor de confianza, es decir, de libre elección por el imputado, desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia, entendiéndose por primer acto del proceso cualquier sindicación en sede judicial o administrativa, con mayor razón si el imputado no posee conocimientos jurídicos, o aún poseyéndolos, no puede ponerlos en práctica con idoneidad (arts. 5 y 9 del CPP). En el supuesto de que el imputado una vez consultado no elige a su defensor, porque no quiere o no puede designarlo, o si el elegido no acepta inmediatamente el cargo, de oficio se le debe nombrar un defensor. En éste último supuesto, debe precisarse que el derecho a la defensa no se agota con la simple designación de oficio del defensor o su presencia ineficaz, sino que debe observarse la asistencia efectiva de la defensa técnica, ya que el mero formalismo de la designación y presencia del defensor no puede prevalecer sobre el ejercicio material del derecho, de acuerdo al mandato de eficacia de los derechos fundamentales, consagrado en los arts. 14.III, 109.I, 196.I y 410 de la CPE”.


De la jurisprudencia constitucional anotada, se concluye que todo imputado tiene derecho a la defensa técnica; es decir, un abogado de confianza; sin embargo, en caso de no contar con un abogado, se le debe designar uno de oficio para que lo defienda de manera eficaz. 


III.2. Análisis del caso concreto.


El recurrente denuncia esencialmente que en el juicio oral, le impusieron un abogado defensor de oficio con quien no tuvo oportunidad de consultar sus derechos, lo peor es que el abogado no tenía conocimiento de la causa, aspecto que le causó indefensión y vulneración al debido proceso en su componente del derecho a la defensa, constituyendo defecto absoluto conforme el art. 169 inc. 2) del CPP.


Al respecto el Tribunal de alzada, sostuvo que el imputado en todo momento estuvo asistido por un abogado que ejerció la defensa técnica en todos los actos del proceso, en los que tuvo oportunidad de conocer la prueba contraria, objetarla y plantear los recursos que le franquea la ley, por lo que, no se vulneró su derecho a la defensa.

A objeto de resolver la problemática planteada, corresponde realizar una revisión de los antecedentes procesales que dieron origen al motivo del recurso de casación. El imputado Jorge Antonio Macías Luna, ahora recurrente, en el desarrollo del proceso fue asistido por varios profesionales abogados, así en su declaración informativa participó el abogado Hugo Rojas Jaldín (fs. 1 y vta.), ofreció prueba de descargo con el abogado Ramiro J. Flores Pardo (fs. 23 y vta.), el que renunció a la defensa técnica conforme el pase profesional (fs. 73), habiendo asistido a la primera audiencia del juicio oral con el abogado Freddy Pablo San Millan (fs. 74 y vta.), cuyo profesional solicitó la suspensión del juicio para interiorizarse del proceso en observancia del art. 104 del CPP, pedido que fue deferido favorablemente; empero, a efectos de evitar suspensiones dilatorias el Tribunal de Sentencia, le designó como defensor de oficio al abogado Álvaro Castro; reiniciada la audiencia de juicio oral (fs. 111 a 118 vta.), estuvo asistido por el defensor de oficio, quién ejercitó la defensa técnica con absoluta amplitud, pues  contrainterrogó a los testigos de cargo, asumió defensa a tiempo de que el Ministerio Público y la acusación particular formularon exclusiones probatorias con relación a la prueba literal de descargo, incorporó en el juicio prueba documental de descargo y expuso las conclusiones por parte de la defensa incluso en la etapa de los medios de impugnación; el recurso de apelación restringida, fue suscrito por el abogado Freddy Pablo San Millan (fs. 132 a 135); y, el recurso de casación por el abogado Ramiro J. Flores Pardo (fs.174 a 176).


Ahora bien, de la cronología descrita en cuanto a la participación de abogados en el proceso, se advierte que el imputado en todo momento fue asistido por un profesional abogado; en consecuencia, la denuncia de que le impusieron un abogado defensor de oficio lo que hubiere ocasionado una presunta indefensión y vulneración al debido proceso en su componente del derecho a la defensa consagrado en los arts. 115 y 116 de la CPE, no es evidente; por cuanto, ante la renuncia del patrocinio del abogado Ramiro J. Flores Pardo, el imputado eligió un abogado defensor de su confianza, al abogado Freddy Pablo San Millan, quién inclusive para tener conocimiento del proceso y asumir una adecuada defensa, solicitó la suspensión del juicio en la primera audiencia; sin embargo, ante su inconcurrencia en la subsiguiente audiencia, participó el abogado defensor de oficio Álvaro Castro, lo que implica que se cumplieron todas las formalidades del derecho a la defensa desarrolladas en el acápite III.1 de la presente Resolución, cumpliéndose con lo establecido en los arts. 9 y 104 del CPP; esto es, la asistencia de la defensa técnica para que el imputado ejerza su irrenunciable derecho a la defensa, lo que significa que no existió vulneración de sus derechos y garantías constitucionales denunciados, máxime si desde el inicio del proceso hasta su culminación ejercitó su derecho a la defensa con los abogados de su elección, concluyéndose que el actuar del Tribunal de alzada fue correcto y no es evidente que haya incurrido en defecto absoluto conforme el art. 169 inc. 2) del CPP, tampoco se vulneró sus derechos y garantías constitucionales del debido proceso y la seguridad jurídica, razones suficientes que hacen que el recurso de casación sea declarado infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jorge Antonio Macías Luna.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA