TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 451/2015-RA-L

Sucre, 04 agosto de 2015


Expediente                : Tarija 1/2011        

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : José Manuel Fernández Barja

Delito                : Robo Agravado


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de noviembre de 2010, cursante de fs. 141 a 144, José Manuel Fernández Barja, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 42/2010 de 22 de octubre, de fs. 136 a 137, pronunciado por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 331 con relación al art. 332 del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


En mérito a la acusación pública (fs. 10 a 11 vta.), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal Segundo de Sentencia de la ciudad de Yacuiba, por Sentencia 29/2010 de 30 de julio (fs. 110 a 114 vta.), declaró al imputado José Manuel Fernández Barja, autor del delito de Robo Agravado, previsto en el art. 331, 332 incs. 1) y 2) del CP, por existir prueba suficiente que generó en el Tribunal convicción sobre su responsabilidad penal, a quien se le impuso la pena privativa de tres años y seis meses de presidio, computándose desde la ejecución de la Sentencia, a ser cumplida en el cárcel pública de la ciudad de Yacuiba, sea con costas a favor del Estado.


a) Contra la mencionada Sentencia, el imputado José Manuel Fernández Barja formuló recurso de apelación restringida (fs. 121 a 124), resuelto por Auto de Vista 42/2010 de 22 de octubre, emitido por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, quien declaró sin lugar el recurso por su inadmisibilidad, conforme mandan los arts. 396 inc. 3) y 399 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, en razón a su incompetencia; consiguientemente, confirmó totalmente la Sentencia apelada, sin costas.

b) El 13 de noviembre de 2010 (fs. 138), los acusados fueron notificados con el Auto de Vista descrito y el 19 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación, objeto del presente análisis de admisibilidad. 


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


El Auto de Vista recurrido, incurrió en defecto absoluto, infringiendo los arts. 130 y 408 del CPP, por cuanto concluyó que la apelación restringida fue presentada fuera de término, al habérsele notificado con la Sentencia el 30 de julio de 2010, el plazo fenecía el 18 de agosto a hrs. 24:00; sin embargo, no efectuó el cómputo del plazo de forma correcta, ya que no consideró los feriados por el aniversario de la Provincia Gran Chaco, el 11 y 12 de agosto, motivo por el que el Poder Judicial de la ciudad de Yacuiba suspendió sus actividades, así como el feriado del 6 de agosto; en consecuencia, la apelación restringida planteada el 20 de agosto a hrs. 17:00, se encontraba dentro del término legal; por tanto asevera, que al no haberse resuelto su impugnación en alzada, se violó su derecho a la revisión del fallo del inferior y a la garantía del debido proceso.


Al efecto, cita el Auto Supremo 438 de 10 de noviembre de 2005, transcribiendo parte de su contenido, afirmando que debió computarse los días hábiles y no los feriados.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)  Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto, inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su en caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 13 de noviembre de 2010, la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado y el 19 del mismo mes y año, interpuso el presente recurso de casación ante la Sala Penal; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su legal notificación y ante el mismo Tribunal que emitió la resolución impugnada, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Ahora bien, en cuanto al único agravio expuesto por el recurrente, referido a que el Tribunal de alzada efectuó un cómputo erróneo respecto al plazo de presentación del recurso de apelación restringida, debido a que no habría tomado en cuenta los feriados nacional y local a efectos de declarar sin lugar e inadmisible su impugnación, lo que dio lugar a que ilegalmente no se resuelva el fondo de su recurso, a tiempo de citar la doctrina legal aplicable, se limitó a transcribir su contenido, sin explicar de ningún modo de qué forma el razonamiento asumido en la jurisprudencia es aplicable a su caso, inobservancia que imposibilita la admisión del recurso, para su contratación jurisprudencial.


A pesar de lo expuesto, ante la denuncia expresa de lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa, es menester efectuar el análisis de admisibilidad, en base a los presupuestos de admisión excepcional desarrollados por este Tribunal, expuestos en el acápite IV de la presente Resolución. Así, se advierte que a momento de denunciar la concurrencia de defectos no susceptibles de convalidación, explicando los antecedentes de hecho generadores del recurso, precisó los derechos presuntamente vulnerados (debido proceso y a la revisión del fallo del inferior), detallando con precisión la restricción o supresión de los derechos citados (el erróneo cómputo del plazo para la interposición del recurso de apelación restringida), explicando el resultado dañoso emergente del defecto denunciado (traducido en la falta de resolución de fondo del recurso de alzada), fundamentación que permite que este Tribunal aperture su competencia, de manera excepcional, para conocer el fondo de la denuncia analizada, correspondiendo declarar su admisibilidad.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por José Manuel Fernández Barja, de fs. 141 a 144; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista 42/2010 de 22 de octubre, de fs. 136 a 137, así como el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA