TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 448/2015-RA-L

Sucre, 04 de agosto de 2015


Expediente                : Santa Cruz 14/2011

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otras

Parte Imputada        : Berman José Montero Aguilar

Delitos        : Homicidio y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 11 de diciembre de 2010, que cursa de fs. 173 a 176, Berman José Montero Aguilar, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 163 de 20 de octubre de 2010, de fs. 151 a 154 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Rosario Rivera Carvajal y Rosaysela Rojas Rivera contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio; Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito y Omisión de Socorro, previstos y sancionados por los arts. 261 y 262 del Código Penal (CP); respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a las acusaciones pública (fs. 2 a 7), y particular (fs. 12 a 15); una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 16/10 de 7 de junio de 2010 (fs. 99 a 106 vta.); por la que, declaró al imputado Berman José Montero Aguilar, autor y culpable de la comisión de los delitos de Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito; y, Omisión de Socorro, previstos y sancionados por los arts. 261 y 262 ambos en su primer párrafo con relación al art. 8 todos del CP, imponiéndole la pena de cuatro años y seis meses de reclusión, con costas a calificarse en ejecución de sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Berman José Montero Aguilar formuló recurso de apelación restringida (fs. 124 a 133), resuelto por Auto de Vista 163 de 20 de octubre de 2010 (fs. 151 a 154 vta.), pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz que declaró admisible y procedente en forma parcial la apelación interpuesta y deliberando en el fondo en aplicación del art. 168 del Código de Procedimiento Penal (CPP), rectificó el delito de Tentativa de Omisión de Socorro, conservando la tipificación de Omisión de Socorro previsto en el art. 262 del CP, manteniéndose vigente todo demás referente al delito de Lesiones Gravísimas en accidente de tránsito así como la pena impuesta.


  1. Notificado el recurrente con el referido Auto de Vista, el 7 de diciembre de 2010 (fs. 155 vta.), interpuso recurso de casación el 11 del mismo mes y año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial que cursa de fs. 173 a 176, se extraen los siguientes motivos:


  1. El recurrente como primer agravio, refiere que el Auto de Vista recurrido vulneró sus derechos y garantías constitucionales; por cuanto, habría deliberado que su persona sí cometió el delito de Omisión de Socorro, no considerando, que el día que sucedieron los hechos, si bien su persona, se encontraba encerrado en celdas de tránsito, sus familiares habrían acudido a la clínica INCOR a cubrir las necesidades médicas y otros de las víctimas, cuyas facturas cursarían en el expediente cumpliendo con las formalidades previstas por el art. 333 inc.3) del CPP, situación por la que afirma, que su conducta no se adecuaría al tipo penal de Omisión de socorro; puesto que, no se habría fugado del lugar ni habría omitido socorrer a las víctimas, aspecto que habría sido corroborado por sus testigos de descargo David Oscar Angulo Catorceno y Ronald Soliz Menacho, quienes habrían señalado que su persona no bebía, así como, por las pruebas documentales signadas como “1.3 al 1.40” (sic), consistentes en fotocopias legalizadas extendidas por el seguro Credinform International S.A., que acreditarían el dinero que su persona hubiere desembolsado en favor de la víctima; empero, alega, que esos aspectos no fueron valorados en franca vulneración al art. 173 del citado Código, pretendiendo el Tribunal de alzada subsanar el error cometido por el Tribunal de Sentencia, no considerando la violación a la garantía del debido proceso; toda vez, que la calificación errónea del marco descriptivo de la ley penal devendría en defecto absoluto insubsanable. Al efecto invoca el Auto Supremo 67 de 27 de enero de 2006 y la Sentencia Constitucional 1691/2004-R.


  1. Por otro lado, el recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado, no consideró la incorrecta aplicación de los arts. 37, 38 y 40 del CP; por cuanto, habría sido condenado con una pena excesiva, no habiéndose observado que su persona demostró que: no tenía antecedentes; era la primera vez que estaba envuelto en un hecho de esa naturaleza; sería un simple taxista de condición humilde; empero, habría reparado el daño económico en la medida de sus posibilidades; que estaría arrepentido; y, que el hecho cometido sería un delito culposo, aspectos no considerados; sin embargo, habría sido condenado al máximo legal de la pena, cuando afirma, no se demostró que su persona hubiere cometido el delito de Omisión de Socorro, correspondiendo, en consecuencia a su decir, aplicar el principio in dubio pro reo, sobre el referido delito, al efecto cita los Autos Supremos “200004-sala penal -1-153” (sic), “200010-Sala Penal-1-544” (sic), y 97 de 1 de abril de 2005.


  1. Finalmente reclama, que el Auto de Vista recurrido hizo una apreciación subjetiva respecto a su reclamo referido a que se habría emitido Sentencia a pesar de la existencia de un recurso indirecto de inconstitucionalidad que habría sido opuesta por su persona, limitándose a señalar que dicho recurso sería manifiestamente improcedente, y que si bien su persona en calidad de imputado la habría interpuesto antes de emitirse la Sentencia, que era sólo con la intención de dilatar la tramitación del proceso penal; empero, afirma el recurrente, que simplemente hizo uso de los derechos que la ley establecería.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE  CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo  referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificado con el Auto de Vista recurrido, el 7 de diciembre de 2010 (fs. 155 vta.), presentando su recurso de casación el11del mismo mes y año, conforme consta en el sello electrónico de recepción a fs. 173, cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.


Ahora bien, con relación al primer motivo, en la que el recurrente denuncia que el Auto de Vista recurrido vulneró sus derechos y garantías constitucionales; por cuanto, habría deliberado que su persona sí cometió el delito de Omisión de Socorro, no considerando, que el día que sucedieron los hechos, su persona no se habría fugado del lugar ni habría omitido socorrer a las víctimas, situación por la que su conducta, no se adecuaría al tipo penal de Omisión de Socorro, habida cuenta, que cubrió todas las necesidades médicas y otros de las víctimas, hecho que se habría corroborado mediante las pruebas documentales y testificales de descargo; sin embargo, no habrían sido correctamente valoradas, pretendiendo el Tribunal de alzada subsanar el error en el que incurrió el Tribunal de Sentencia; sobre este reclamo el recurrente invocó el Auto Supremo 67 de 27 de enero de 2006; empero, se limitó a su mera enunciación y transcripción, no observándose el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción que impone el art. 417 segundo párrafo del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta recurrente, no basta con citar y transcribir el Auto Supremo, (lo que se advierte en este caso); sino, corresponde explicar por qué considera que el Auto de Vista impugnado contradijo los entendimientos del precedente citado, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en el presente recurso.


Respecto a la invocación de la Sentencia Constitucional 1691/2004-R, conforme una correcta interpretación del art. 416 del CPP, la misma no tiene la calidad de precedente contradictorio, no siendo válido el acudir a jurisprudencia constitucional a objeto del cumplimiento de la cita del precedente y la explicación de contradicción que exige la ley.


Por otra parte, si bien el recurrente denuncia la vulneración de derechos y garantías constitucionales; sin embargo, olvida exponer en qué consiste la disminución o restricción y de qué derechos y garantías; ello, es explicar cómo entiende, que se materializó el agravio alegado, con lo que tampoco se cumple con los requisitos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite III del presente Auto; en consecuencia, por los fundamentos expuestos  este motivo deviene en inadmisible.


Con relación al segundo motivo, referido a que el Auto de Vista impugnado, no consideró la incorrecta aplicación de los arts. 37, 38 y 40 del CP; por cuanto, fue condenado a su criterio, con una pena excesiva, no observando que su persona habría demostrado que: no tenía antecedentes; era la primera vez que estaba envuelto en un hecho de esa naturaleza; sería un simple taxista; que estaría arrepentido; y, que el hecho cometido sería un delito culposo; sin embargo, habría sido condenado al máximo legal de la pena, cuando afirma, no se demostró que su persona hubiere cometido el delito de Omisión de Socorro, correspondiendo, en consecuencia a su decir, aplicar el principio in dubio pro reo. Sobre este reclamo el recurrente invocó el Auto Supremo 97 de 1 de abril de 2005, que estaría referido a “que ante la prueba insuficiente se debe de aplicar el principio In dubio pro reo, y que el hecho culposo no puede ser subsumido al delito doloso”, explicando el recurrente que en su caso, fue condenado casi al máximo legal de la pena, cuando no se habría demostrado que su persona hubiere cometido el delito de omisión de Socorro, debiendo en consecuencia a su criterio, aplicarse el principio in dubio pro reo; en la argumentación del recurso, se evidencia que el recurrente explico la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación al precedente invocado, en tal sentido, se observa que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, resultando admisible este motivo.


En cuanto a los Autos Supremos “200004-sala penal -1-153”(sic), “200010-Sala Penal-1-544” (sic), y 97 de 1 de abril de 2005, es menester precisar que corresponden, a causas en vigencia del Código de Procedimiento Penal aprobado por Decreto Ley 10426 de 23 de agosto de 1972; por tanto, las referidas resoluciones judiciales no pueden considerarse precedentes oponibles al presente caso por corresponder a un sistema procesal distinto al acusatorio situación por la que no serán consideradas en la resolución de fondo.


Finalmente, con relación al tercer motivo, donde el recurrente reclama que el Auto de Vista recurrido ante su reclamo referido a que se habría emitido Sentencia a pesar de la existencia de un recurso indirecto de inconstitucionalidad que habría sido opuesto por su persona, subjetivamente habría señalado que el recurso manifiestamente sería improcedente, que además, su persona la hubiera interpuesto sólo con la intención de dilatar la tramitación del proceso, no considerando a su criterio, que su persona interpuso el referido recurso en uso de su derecho a la defensa que la ley le ampara; sobre este reclamo el recurrente, no invocó precedente contradictorio alguno, situación por la que tampoco explicó la posible contradicción en la que hubiera incurrido la Resolución recurrida respecto a algún precedente, impidiendo a este Tribunal ingresar a considerar el fondo de este reclamo, deviniendo en consecuencia, por incumplimiento de los arts. 416 y 417 del CPP, en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Berman José Montero Aguilar, de fs. 173 a 176, únicamente con relación al segundo motivo identificado en el acápite II de la presente Resolución; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del art. 418 del CPP, dispone que por Secretaria de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA