TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 442/2015-RA-L

Sucre, 04 de agosto de 2015


Expediente                : Pando 1/2011

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Maiky Becerra Escalante

Delito        : Hurto Agravado


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de mayo de 2011, que cursa de fs. 246 a 247, Maiky Becerra Escalante interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 4 de mayo de 2011, de fs. 240 vta. a 242 vta., pronunciado por la Sala Penal y Administrativa Coactiva Fiscal y Tributaria de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Mary Lucy Márquez Llusco en representación de Walter Iriarte Céspedes Comandante del Grupo Aéreo 64 contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Hurto Agravado, previsto y sancionado por el art. 326 inc. 5)  del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a las acusaciones pública (fs. 5 a 6), y particular (fs. 18 a 21); y, una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, pronunció la Sentencia 15/2010 de 2 de diciembre (fs. 189 a 192 vta.); por la que, declaró al imputado Maiky Becerra Escalante, absuelto de pena y culpa por la comisión del delito de Hurto Agravado, previsto y sancionado por el art. 326 inc. 5) del CP, sin costas.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Mary Lucy Márquez Llusco representante del acusador particular formuló recurso de apelación restringida (fs. 202 a 205), siendo resuelto por Auto de Vista de 4 de mayo de 2011 (fs. 240 vta. a 242 vta.), pronunciado por la Sala Penal y Administrativa Coactiva Fiscal y Tributaria de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, en aplicación de los arts. 398, 413 parte in fine del Código de Procedimiento Penal (CPP), declaró procedente el recurso interpuesto; en consecuencia, revocó la Sentencia apelada; y, declaró al imputado Maiky Becerra Escalante culpable de la comisión del delito de Hurto Agravado tipificado por el art. 326 inc. 5) del CP, condenándole a la pena privativa de libertad de tres años, más el pago de daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia.


  1. Notificado el recurrente con el referido Auto de Vista el 13 de mayo de 2011 (fs. 243), interpuso recurso de casación el 19 del mismo mes y año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de fs. 246 a 247, se extrae el siguiente motivo:


La parte recurrente previa mención sobre la procedencia del recurso de apelación restringida conforme prevén los arts. 407 y 408 del CPP, refiere, que la apelación interpuesta por la parte querellante no cumplió con los requisitos exigibles; sin embargo, habría sido admitida por el Tribunal de alzada, quien dejándose llevar por los argumentos expuestos en dicho recurso emitió el Auto de Vista impugnado incurriendo en su parte considerativa en revalorización de la prueba; por cuanto, habría alegado, que respecto a la exclusión de algunas pruebas el Tribunal de juicio obró correctamente, refiriéndose además, que los Jueces ciudadanos no habrían valorado correctamente la prueba testifical, dejándose llevar “con las paciones”, aspecto que no habría ocurrido con los Jueces Técnicos de quienes resaltó su experiencia, agrega, que el Auto de Vista además se habría referido a supuestos antecedentes penales que tuviere su persona; empero, esos aspectos no constarían en el expediente, fundamentos que considera el recurrente, violación a la garantía del debido proceso; toda vez, que se habría desvirtuado completamente el sentido de la apelación restringida que a su criterio fue resuelta en inobservancia del art. 413 del CPP.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, emergente de la valoración de prueba efectuada en la causa, deberá: 1) Especificar que prueba o pruebas, no fueron  valoradas en el proceso o en su en caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 13 de mayo de 2011 (fs. 243), presentando su recurso de casación, el 19 del mismo mes y año, conforme consta en el sello electrónico de recepción a fs. 246, cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.


Respecto a la denuncia interpuesta por el recurrente, referida a que el Auto de Vista recurrido hubiere incurrido en su parte considerativa en revalorización de la prueba; por cuanto, habría señalado que respecto a la exclusión de algunas pruebas el Tribunal de juicio obró correctamente, que  en cuanto a la valoración de la prueba testifical, los Jueces Ciudadanos no habrían efectuado una correcta valoración, refiriéndose además, a supuestos antecedentes penales sobre su persona que no constarían en el expediente, fundamentos que a decir de la parte recurrente, vulneran el debido proceso; toda vez, que se habría desvirtuado completamente el sentido de la apelación restringida, en inobservancia del art. 413 del CPP. Sobre este reclamo, de la revisión del recurso de casación, se advierte que el recurrente no invocó precedente contradictorio alguno; por cuanto, en el otrosí de su recurso alegó, “en cuanto al precedente contradictorio, se obvia éste”; en consecuencia, se tiene que no cumplió con la carga procesal de explicar en qué consistiría la contradicción en la que hubiere incurrido el Tribunal de alzada, en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, impidiendo a este Tribunal efectuar la labor que le encomienda la ley; por cuanto, si bien no recurrió en apelación restringida porque la Resolución de primera instancia le habría resultado favorable; sin embargo, estaba en la obligación de invocar precedentes en la interposición del presente recurso, omisión en la que incurrió el imputado, que no puede ser suplida de oficio.


Por otra parte, si bien el recurrente denuncia la concurrencia de defectos absolutos, así como la violación a la garantía del debido proceso; empero, omitió explicar cómo entiende que se materializó el agravio alegado y cual el resultado dañoso emergente del defecto, limitándose a señalar simplemente la vulneración de los mismos, argumentos que no cumplen con los presupuestos de flexibilización establecidos y explicados por este Tribunal Supremo de Justicia en el acápite IV, de la presente Resolución.


En consecuencia, por los fundamentos expuestos, se establece que el recurso de casación deducido no cumplió con los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización, impidiendo a este Tribunal abrir su competencia para conocer el fondo de este recurso, deviniendo en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación de fs. 246 a 247,  interpuesto por Maiky Becerra Escalante.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA