TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 440/2015-RA-L

Sucre, 04 de agosto de 2015


Expediente           : Oruro 1/2011

Parte Acusadora           : Ministerio Público y otro

Parte Imputada           : Abel Aguilar Márquez

Delitos                : Falsedad Ideológica y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 6 de diciembre de 2010 cursante de fs. 138 a 141 vta.,  Abel Aguilar Márquez, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 22/2010 de 1 de noviembre de fs. 110 a 115 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y José Víctor Arias Latorre en representación de Freddy Hernán Arias Latorre contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Falsedad Ideológica, Falsedad Material y Estafa, previstos y sancionados por los arts. 199, 198 y 335 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 18/2010 de 13 de agosto (fs. 43 a 50), el Tribunal  Segundo de  Sentencia del Distrito Judicial de Oruro, declaró a Abel Aguilar Márquez, autor de la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Estafa, previstos y sancionados por los arts. 199 y 335 del CP, imponiéndole la pena de tres años de reclusión, con costas y responsabilidad civil a favor del Estado y la víctima averiguables en ejecución de Sentencia, siendo absuelto del delito de Falsedad Material tipificado por el art. 198 de CP.

  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs. 92 a 96 vta.), resuelto por Auto de Vista 22/2010 de 1 de noviembre emitido por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada.


  1. El 30 de noviembre de 2010 (fs. 116), fue notificado el recurrente con el referido Auto de Vista y el 6 de diciembre del mismo año, interpuso recurso de casación.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Alegando que el Auto de Vista impugnado, determinó supuesta falta de fundamentación en el recurso de apelación restringida por incumplimiento de lo previsto por el art. 396 inc. 3) y 408 en relación al 407 del Código de Procedimiento Penal (CPP); que sin embargo, el Tribunal de apelación una vez radicado el proceso, debió conminar al apelante subsane las observaciones que realiza, antes de emitir la Resolución correspondiente de acuerdo al Auto Supremo 10 de 26 de enero de 2007.


  1. Acusa, insuficiente fundamentación de la Sentencia, que no genera convicción porque no existe motivación acerca de la vinculación de lo acusado y la participación del imputado en los hechos. El Auto de Vista impugnado presenta contradicción, porque en la Sentencia no existe motivación acerca de los delitos de Falsedad Ideológica y Estafa, porque la prueba no genera convicción entre lo acusado y la participación del acusado en los hechos y que los fundamentos deben estar acordes a la parte dispositiva mediante la subsunción del hecho al tipo penal o indicar que es lo que se probó con cada uno de los elementos de prueba, pero no es coherente cuando por la prueba extraordinaria se certifica que su persona nunca trabajó ni paso por oficinas de recaudaciones o era encargada de emitir empadronamientos, sino se desempeñó como auxiliar de Tesorería de la Alcaldía. Añade, que existe contradicción entre la acusación pública y particular porque no se sabe quién es la víctima para asumir el derecho a la defensa.


  1. Refiere, haber realizado el reclamo referido a un poder y la separación de un Juez Ciudadano, que de acuerdo al Auto de Vista impugnado, este aspecto debía ser observado en su momento oportuno, no mediante el recurso de apelación; sin embargo, afirma haber efectuado mediante incidente con reserva de recurrir.


Por otro lado, se dispuso que la conducta del imputado, se adecua a los tipos de Falsedad Ideológica y Estafa, sin la explicación de cómo se probó que el acusado insertó o hizo insertar datos falsos, tampoco se comprobó que hubo un beneficio patrimonial, cuando ni un solo testigo vio la entrega de dineros, ni que hubo engaños o error, siendo que el trámite para la obtención de padrón era conocido por Víctor Arias Latorre, así como el hecho de que la Alcaldía no otorgaba padrones para lenocinios, aspectos que no fueron fundamentados en Sentencia ni considerados en el Auto de Vista impugnado, contrariando el debido proceso y el derecho a la defensa.


Cita como precedentes contradictorios, las Sentencias Constitucionales 0119/2005-R y la 1274/2001-R.


4)    Alega supuesta fundamentación de Sentencia que contradice al Auto de Vista impugnado, cuando no define si existe una apreciación conjunta o individual de la prueba esencial producida, pero se presenta la subsunción de los hechos al tipo penal sin explicar que acciones se adecuan al tipo y quien es la víctima.


Cita como precedentes contradictorios las Sentencias Constitucionales 1274/2001-R, 1262/2004-R de 10 de agosto y 844/2003-R.


  1. Denuncia que en el tiempo y duración del proceso de acuerdo a los hechos ocurridos el 2006, se debía aplicar la norma vigente en ese momento, no así la recientemente promulgada por el principio de aplicación de las leyes en el tiempo, que surte efectos para situaciones ocurridas en el futuro o preexistentes a la fecha de los hechos; la irretroactividad de la ley en materia punitiva no debe desconocer la aplicación de la ley más favorable, sin que la persona sea objeto de sanción con leyes después de ocurridos los hechos, situación que vulnera el debido proceso. Cita la Sentencia Constitucional 386/2005-R.


III. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA HACER VIABLE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia. b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente. c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN


En el caso de autos, se establece que el 30 de noviembre de 2010, el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado y el 6 de diciembre del mismo año, formuló recurso de casación; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad, en el primer motivo, el recurrente alegó que si el Auto de Vista impugnado determinó que el recurso de apelación no fue fundamentado legalmente, el Tribunal de apelación debía conminar al apelante para que subsane las observaciones en un plazo prudencial antes se emitir el Auto de Vista respectivo -a decir del recurrente- conforme ha establecido el Auto Supremo 10 de 26 de enero de 2007, del cual transcribe la parte pertinente de dicha resolución; consiguientemente, este Tribunal constata que se ha cumplido mínimamente con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, correspondiendo en el fondo, verificar si efectivamente existe la contradicción entre el Auto de Vista ahora impugnado y el precedente invocado.


Respecto al segundo motivo, el recurrente a tiempo de dirigir sus cuestionamientos a la insuficiente fundamentación de la Sentencia y que la prueba no genera convicción de los hechos acusados para determinar la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Estafa, que el Auto de Vista en forma contradictoria fundamentó lo contrario; alegación en la que se omite realizar la invocación de precedente contradictorio y por consiguiente tampoco se expresa cual la posible contradicción en relación a lo determinado en el Auto de Vista ahora impugnado, aspecto que como se determinó precedentemente, impide realizar labor de contraste, razón por la que igualmente este motivo es inadmisible.


En cuanto al tercer motivo, el recurrente en primer término sostiene haber observado los aspectos referidos a la otorgación de un poder especial y suficiente a favor de José Víctor Arias Latorre y la separación del tercer Juez Ciudadano reclamado oportunamente mediante el planteamiento de un incidente con reserva de recurrir; en segundo término, la falta de fundamentación y comprobación en la Sentencia del beneficio patrimonial supuestamente obtenido, la existencia de engaños y el hecho de la no otorgación de padrones por parte de la Alcaldía; aspectos, que no hubieren sido tomados en cuenta por el Auto de Vista contrario al debido proceso y al derecho a la defensa. Al respecto, cualesquier reclamo inherente a la interposición de incidentes, no corresponden ser analizados en esta vía recursiva casacional, salvo aquellos que refieran a incongruencia omisiva, cuando el Tribunal de alzada no se hubiera pronunciado con relación a la apelación incidental interpuesta contra dicho incidente, situación que en el caso de autos no se presenta; por otro lado, el motivo no cumple con lo dispuesto por la previsión del art. 416 y 417 del CPP, en virtud a que carece de invocación de precedente contradictorio y por consiguiente, no existe la explicación clara y precisa de la presunta contradicción existente entre la resolución impugnada y el precedente que debía invocarse; dejando establecido, que la cita de Sentencias Constitucionales, no puede ser asimilado como precedente contradictorio, en virtud a que no se cumple con las disposiciones legales mencionadas. Por otro lado, se ha hecho alusión a vulneración al debido proceso y derecho a la defensa; sin embargo, la supuesta vulneración solo fue sugerida, no se ha ahondado en explicación respecto a la observación de los aspectos contenidos en el acápite III. referente a la admisión del motivo por vía excepcional de acuerdo a los presupuestos de flexibilización como correspondía; por lo que, igualmente y ante las falencias denotadas, este motivo deviene en inadmisible.


En relación al cuarto motivo, el Auto de Vista recurrido, no apreció debidamente la carencia de fundamentación de la Sentencia, en cuanto al análisis individual y conjunto realizado de la prueba y la subsunción de los hechos al tipo sin haber realizado una adecuada  explicación. El recurrente incurre en la misma falencia precedentemente analizada, de citar indebidamente como precedentes contradictorios Sentencias Constitucionales, cuando este Tribunal ha reiterado en muchos casos similares que de acuerdo a lo normado por los arts. 416 y 417 del CPP, las Sentencias Constitucionales no constituyen precedente contradictorio, porque no contienen doctrina legal aplicable conforme a lo normado supra señalado, deviniendo el presente motivo en inadmisible.


Por último, respecto al motivo quinto, al referir que se debía aplicar la norma vigente al momento de la comisión de los hechos sin desconocer la ley más favorable; el recurrente, no fundamenta claramente a que norma alude, incidencias o repercusión del agravio que hubiere sufrido, sumado al hecho repetido de omitir precedente contradictorio, así como erradamente señala una Sentencia Constitucional como precedente contradictorio; aspecto que igualmente conlleva a determinar la inadmisión del motivo por las falencias que presenta.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Abel Aguilar Márquez, de fs. 138 a 141 vta., únicamente con relación al primer motivo; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por secretaria de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA