TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 431/2015-RA-L

Sucre, 04 de agosto de 2015


Expediente        : Cochabamba 10/2011

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro 

Parte Imputada        : Ismael Rojas Duran

Delitos        : Uso Indebido de Influencias y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 30 de noviembre de 2010 de fs. 590 a 592 vta., Jhonny Pardo Ramirez en representación legal de la Alcaldía Municipal del municipio de Mizque, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 18 de febrero de 2010 (fs. 575 a 579), pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Ismael Rojas Duran, por la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias en grado de complicidad y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, previstos y sancionados por los arts. 146 con relación al 23 y 150, todos del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) En mérito a las Acusaciones pública (fs. 9 a 13) y particular (fs. 49 a 54 vta.), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público el Tribunal Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia 38/2008 de 12 de septiembre (fs. 493 a 504 vta.); por la que, declaró al imputado Ismael Rojas Duran absuelto de culpa y pena de la comisión por los delitos de Uso Indebido de Influencias en grado de complicidad y Negociaciones Incompatibles en el Ejercicio de Funciones Públicas, previstos y sancionados por los arts. 146 con relación al 23 y 150 del CP.


b) Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular Jhonny Pardo Ramirez interpuso recurso de apelación restringida (fs. 515 a 520); resuelto por Auto de Vista de 18 de febrero de 2010 (fs. 575 a 579), pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba que declaró improcedente el recurso planteado; por ende, confirmó la Sentencia apelada.


c) Notificado el recurrente con el referido Auto de Vista el 24 de noviembre de 2010 (fs. 580), interpuso recurso de casación el 30 del mismo mes y año, mismo que es motivo del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1) Luego de efectuar una relación de antecedentes, dentro de la cual el recurrente afirma que en su alzada restringida acuso que la Sentencia incurre la causal inc. 1) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al existir errónea aplicación de ley sustantiva (art. 150 del CP) y de la ley adjetiva (valoración defectuosa de la prueba), manifestando que el Tribunal de Sentencia no valoró correctamente las pruebas judicializadas (F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9, F-10, F-11, F-12, F-13, F-14, F-15, F-19 y F-20) bajo los principios de la lógica, psicología y la experiencia, omitiendo otorgar el valor que les correspondía, tampoco valoro las declaraciones de los testigos Dr. Eddy Jhonny Cavimontes Antezana, Dra. María Roxana Lazcano Negrete y Esther Soria Gonzales, quienes refirieron que el imputado era la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación para la adquisición de insumos para el Hospital Augusto Morales Azua, que el instrumental médico e implementos de cama adquiridos eran de mala calidad, lo cual, el recurrente considera que no pueden ser tomados como comentarios y sindicaciones, como advierten los Tribunales de juicio y apelación, arguyendo adicionalmente que una de las referidas atestaciones señalo que el acusado, manifestó que las frazadas fueron adquiridas de un vendedor ambulante.


Al respecto el recurrente alega, que no pretende que el Tribunal de apelación realice una nueva valoración de la prueba; por cuanto, en su alzada precisó que el Tribunal A quo no efectuó una correcta valoración de la prueba testifical ni documental incurriendo en el inc. 6) del art. 370 del CPP; sin embargo, el Tribunal de alzada concluyó que no es evidente que exista valoración defectuosa de la prueba, sin tomar en cuenta que dentro de la fundamentación de la Sentencia no están descritos los medios o elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, tampoco existe una correcta fundamentación intelectiva sobre la prueba testifical y documental; en consecuencia, considera que el Auto de vista impugnado contradice los Autos Supremos 233 de 4 de julio de 2006 y 314 de 25 de agosto de 2006.

   

2) Adicionalmente denuncia que con relación a su agravio apelado acusando la existencia de errónea aplicación de la ley sustantiva incurriendo la Sentencia en la causal del inc. 1) del art. 370 del CPP, el Tribunal de alzada señalo que carece de sustento y que la falta de valoración de la prueba no tiene relación con el indicado defecto de la Sentencia; aspecto que el recurrente considera contrario al Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005, aduciendo que plantea el presente recurso de casación al amparo de los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).


III.REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE  CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, respecto al primer requisito que debe reunir todo recurso de casación, se constata que el recurrente Jhonny Pardo Ramirez fue notificado con el Auto de Vista impugnado, el 24 de noviembre de 2010 (fs. 580), habiendo presentado el recurso de casación el 30 del mismo mes y año (fs. 590), cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.


Ahora bien, con relación a los motivos primero y segundo, por los que en síntesis el recurrente acusa que: i) Al formular su alzada restringida no pretende que el Tribunal de apelación realice una nueva valoración de la prueba, al argüir que el A quo no efectuó una correcta valoración de la prueba testifical ni documental incurriendo en el inc. 6) del art. 370 del CPP; sin embargo, el Tribunal de alzada concluyó que esto no es evidente, sin considerar que en la fundamentación de la Sentencia no están descritos los medios o elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, tampoco existe una correcta fundamentación intelectiva sobre la referida prueba; y, ii) Con relación a su agravio apelado acusando la existencia de errónea aplicación de la ley sustantiva incurriendo la Sentencia en la causal del inc. 1) del art. 370 del CPP, el Tribunal de alzada señalo, que carece de sustento y que la falta de valoración de la prueba no tiene relación con el indicado defecto de la Sentencia.


Sobre estos motivos, se observa que el recurrente cumplió con la carga procesal de invocar para el primer motivo los Autos Supremos 233 de 4 de julio de 2006 y 314 de 25 de agosto de 2006, que indica, se refieren al debido proceso en cuanto a que las determinaciones de los Tribunales estén reguladas por el ordenamiento jurídico obedeciendo a procedimientos señalado por ley y a la obligación de los administradores de justicia proveer en sus fallos aplicación de la sana critica en cuanto a la valoración de la prueba contando con una fundamentación jurídica coherente; que afirma contradicen el Auto de Vista impugnado, porque no se  consideró que en la fundamentación de la Sentencia no se encuentran los medios probatorios del Ministerio Publico ni existe una correcta fundamentación intelectiva de la prueba. Asimismo, respecto al segundo motivo el recurrente invocó el Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005, señalando que se refiere a que se considera defectos absolutos cuando en la Sentencia no existen razones ni criterios solidos que fundamenten la valoración de las pruebas incurriendo en la causal 1 del art. 370 del CPP, argumentando que el Auto de Vista ingresa en contradicción porque en la Sentencia no existe una correcta fundamentación en cuanto a la valoración de las pruebas, que implica a su vez una errónea aplicación de la ley sustantiva; consecuentemente, efectuada también la labor de explicación sobre las posibles contradicciones en relación a lo determinado en el Auto de Vista ahora impugnado, se hace evidente el cumplimiento de los requisitos establecidos por los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo el presente recurso de casación en admisible para su correspondiente análisis de fondo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Jhonny Pardo Ramirez en representación legal de la Alcaldía Municipal del municipio de Mizque de fs. 590 a 592 vta.; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA