TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 406/2015-RA-L

Sucre, 04 de agosto de 2015


Expediente                : La Paz 162/2010        

Parte Acusadora        : Jorge Burgoa Alarcón

Parte Imputada        : Mauro Fernando Antonio Cuellar

Delitos                : Apropiación Indebida y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 6 de octubre de 2010, cursante de fs. 260 a 265, Mauro Fernando Antonio Cuellar Caballero, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 472/2010 de 7 de septiembre, de fs. 239 a 243, pronunciados por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal que sigue Jorge Burgoa Alarcón contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación particular (fs. 9 a 12), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Juez Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, por Sentencia 01/2010 de 16 de enero (fs. 165 a 168), declaró al imputado Mauro Fernando Antonio Cuellar Caballero, autor y culpable de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP, condenándole a la pena de tres años de presidio a cumplir en el Penal de “San Pedo” de la ciudad de La Paz, con costas y multa a calificarse en ejecución de sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Mauro Fernando Antonio Cuellar Caballero, formuló recursos incidental (fs. 133 a 135 vta.); y, apelación restringida (fs. 174 a 179 vta.), resueltos por Auto de Vista 472/2010 de 7 de septiembre, emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, quien declaró improcedentes los recursos interpuestos; en consecuencia, confirmó la Resolución impugnada.

  1. El 30 de septiembre de 2010 (fs. 244), Mauro Fernando Antonio Cuellar Caballero fue notificado con el Auto de Vista impugnado y el 6 de octubre del mismo año, interpuso recurso de casación, objeto del presente análisis de admisibilidad. 


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El punto impugnado en apelación restringida, referido a la errónea aplicación del art. 345 del CP, en la que incurrió el Juez inferior, al no haber concurrido el elemento constitutivo del tipo relativo al beneficio propio o de un tercero, no sólo fue avalado por el Tribunal de alzada, sino que este efectuó afirmaciones copiando términos de la respuesta del acusador (considerando IV del Auto de Vista recurrido); por lo que, contradijo el precedente inserto en el Auto Supremo 59 de 27 de enero de 2007; por cuanto, al no haberse acreditado la concurrencia de uno de los elementos que configuran la Apropiación Indebida, debió declararse la errónea aplicación de la norma extrañada, por falta de tipicidad.


  1. La denuncia efectuada en apelación, referida a que la Sentencia, lo declaró autor de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de confianza, sin analizar todos y cada uno de los elementos probatorios introducidos a juicio (cuya descripción acompaña), actuación constitutiva de errónea aplicación de la ley adjetiva, conforme al art. 370 inc. 5) del Código de Procedimiento Penal (CPP), por insuficiente fundamentación, no fue advertida por el Tribunal de alzada, mas bien intenta subsanarla incurriendo en términos que no se consignaron en la Sentencia; por cuanto, afirma falsamente que se realizó un análisis integral de los medios de prueba; a cuyo efecto, invoca el Auto Supremo 183 de 6 de febrero de 2007, afirmando que debió declararse la errónea aplicación del art. 124 del CPP.


  1. Sobre la impugnación referida a que la Resolución de mérito, incurrió en valoración defectuosa de la prueba introducida en juicio, debido a que únicamente se estableció que recibió documentos mas no que se los haya apropiado, resultando contradicción con las reglas de la sana crítica; por cuanto, el Juez de mérito, “presumió, sospechó, o se imaginó” (sic) que luego de recibir la documentación contable extrañada de manos de los funcionarios contables en octubre de 2007, se la apropió, el Auto de Vista recurrido, en el acápite quinto, del considerado IV, empezó afirmando que no tenía competencia para revalorizar la prueba, pero “irracionalmente”, luego la valora intentando interpretarla, traducirla o complementarla (transcribe el contenido aludido); por lo que, denuncia incongruencia del Auto de Vista recurrido; por cuanto, ratifica el informe del “singado” como prueba documental 1 y las dos declaraciones testificales, coligiendo que son suficientes para encontrarle autor de los delitos endilgados; por lo que, la Sentencia y el Auto de Vista contradicen el Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007,  porque violaron los principios de la sana crítica, la lógica y la experiencia.


  1. La denuncia relativa a que la Sentencia cuestionada, lo declaró autor de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, sin contener una explicación detallada de cómo los hechos acusados se subsumen a los referidos tipos penales, no fue advertida por los miembros de la Sala Penal Primera, quienes incorporaron una escueta adecuación de los hechos a los elementos del tipo penal de Apropiación Indebida, soslayando referirse al delito de Abuso de Confianza; por lo que, denuncia contradicción de la Sentencia y la Resolución de alzada con el precedente contenido en el Auto Supremo 529 de 17 de noviembre de 2006, afirmando que debió declararse errónea aplicación de la ley adjetiva, al constituir una causal de nulidad por defectos absolutos, de conformidad con el art. 169 inc. 3) del CPP; por cuanto, se incurrió en violación de los principios de legalidad y debido proceso.


  1. La Sentencia recurrida, al imponerle la sanción privativa de libertad de tres años, no atenuó las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en los arts. 37 al 40 del CP, impugnación que en apelación no fue subsanada, sino que el Auto de Vista recurrido incorporó una escueta adecuación de los hechos a los elementos del tipo penal de Apropiación Indebida, soslayando el delito de Abuso de Confianza (transcribe el punto 7 del Considerando IV del Auto de Vista impugnado); por lo que, existe contradicción de la Sentencia y el Auto de Vista recurrido, con el Auto Supremo 529 de 17 de noviembre de 2006; por cuanto, en ninguna de las dos Resoluciones se expusieron las atenuantes y agravantes que sustenten el quantum de la pena, por lo que aduce existen defectos absolutos, de conformidad con el art. 169 inc. 3) del CPP, incurriéndose en violación de los principios de legalidad y al debido proceso.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


     Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto, inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 30 de septiembre de 2010, la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista recurrido y el 6 de octubre del mismo año, interpuso el presente recurso de casación ante la Sala Penal Primera; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su legal notificación y ante el mismo Tribunal que emitió las Resoluciones impugnadas, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Antes de ingresar a la verificación de los demás requisitos legales que permitan analizar el fondo de los motivos expuestos, es imperioso precisar que la sola invocación de precedente contradictorio no es suficiente a efectos de declarar la admisibilidad del recurso de casación, por cuanto la parte recurrente tiene la carga procesal de fundamentar en qué consiste la contradicción con la doctrina legal invocada, a partir de una clara y precisa explicación del presunto agravio que denotaría el Auto de Vista recurrido, especificando los hechos similares contenidos en este y en la jurisprudencia cuya aplicación se pretende, así como las normas aplicadas en sentidos jurídicos diversos, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, la normativa que debiera aplicarse y la solución pretendida, conforme se expuso ampliamente en el apartado III del presente Auto Supremo.


En ese contexto, con relación a los motivos primero, segundo y tercero, relativos a que el Auto de Vista recurrido, no advirtió y repitió los errores incurridos por el Juez A quo, relativos a que se incurrió en errónea aplicación del art. 345 del CP, sobre la falta de concurrencia del elemento constitutivo referido al beneficio propio o de un tercero; que se le declaró autor de los delitos imputados, no obstante que en la Sentencia no se analizaron todos y cada uno de los elementos probatorios introducidos en juicio, denotando insuficiente fundamentación; a cuyo efecto, el Tribunal de alzada, afirmó falsamente que se analizó de manera integral la prueba extrañada; y, que la Sentencia denota valoración defectuosa de la prueba, por cuanto no se probó que se haya apropiado de la documentación únicamente recibida de manos de los funcionarios contables, en octubre de 2007, respectivamente, el recurrente invocó para cada uno de los referidos agravios, los Autos Supremos 59 de 27 de enero de 2007, 183 de 6 de febrero de 2007 y 111 de 31 de enero de 2007.


Al efecto, conforme a las consideraciones legales y doctrinales sentadas en el apartado III de la presente Resolución, se advierte que el recurrente, si bien detalló la lesión presuntamente provocada con la emisión del Auto de Vista recurrido, se limitó a efectuar una mera transcripción del contenido de la doctrina legal sentada en las Resoluciones invocadas, sin efectuar una mínima explicación sobre la contradicción que denotaría el Auto de Vista recurrido, discurriendo la aplicabilidad de la jurisprudencia citada al caso concreto y estableciendo cuál la solución pretendida; por cuanto, no es suficiente afirmar como hace el recurrente-, que debió haberse declarado la existencia de una errónea aplicación del art. 345 del CP, por falta de tipicidad; la errónea aplicación de la ley adjetiva por la concurrencia de vicios de sentencia previstos en el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, sino que correspondía explicar cuál la forma correcta de aplicar las normas sustantivas y adjetivas extrañadas, falencias argumentativas que de ningún modo permitirán entender los alcances de la presunta contradicción con la jurisprudencia citada por el recurrente, ni mucho menos la solución que propone, a tiempo de analizar el fondo de los cuestionamientos.


Por lo expuesto, los motivos analizados, en definitiva resultan inadmisibles.


Ahora bien, con relación a los motivos cuarto y quinto, referidos a que el Tribunal de alzada, efectuó una escueta adecuación de los hechos a los elementos del tipo penal de Apropiación Indebida, ignorando la figura penal de Abuzo de Confianza que también fue cuestionada en apelación-; y, no efectuó una compulsa sobre la falta de establecimiento de las causales agravantes y atenuantes en su conducta para imponerle la sanción de privación de libertad de tres años, conforme exigen los arts. 37 al 40 del CP, se advierte que en similar sentido que en los motivos antes estudiados, el recurrente se limita a citar y transcribir parte del contenido del Auto Supremo 529 de 17 de noviembre de 2006 en ambos motivos, sin explicar de modo alguno cuál la aplicabilidad de los razonamientos establecidos por la entonces Corte Suprema de Justicia con el caso resuelto por el Auto de Vista recurrido, tampoco establece de manera clara cuál la solución pretendida para cada una de las impugnaciones, impidiendo la apertura de competencia de este Tribunal de Justicia, para conocer el fondo de las cuestionantes vía contrastación jurisprudencial.


No obstante lo señalado, el recurrente a tiempo de explicar de qué modo se le produjo agravio a sus intereses con la emisión del Auto de Vista recurrido, denunció que las falencias denunciadas, constituyen defectos absolutos no susceptibles de convalidación, conforme reconoce el art. 169 inc. 3) del CPP, identificando al efecto la inobservancia de los principios de legalidad y debido proceso, resaltando en cuanto al cuarto motivo, que el Tribunal de alzada no efectuó una justificación  respecto a la concurrencia del tipo penal de Abuso de Confianza, limitándose a efectuar una escueta explicación de su conducta al tipo penal de Apropiación Indebida; y, con relación al quinto motivo que, al no haberse analizado la falta de precisión de las atenuantes y agravantes en la imposición de la pena, la Resolución de alzada mantuvo una pena privativa de libertad de tres años, explicación que resulta suficiente para el análisis de fondo de los dos motivos analizados, vía flexibilización.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Mauro Fernando Antonio Cuellar Caballero, de fs. 260 a 265, únicamente en cuanto a los motivos cuarto y quinto, plasmados en el apartado II del presente Auto Supremo; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista 472/2010 de 7 de septiembre, así como el presente Auto Supremo. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA