TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 400/2015-RA-L

Sucre, 04 de agosto de 2015


Expediente        : Santa Cruz 135/2008

Parte Acusadora        : Juan Carlos Hurtado Cuellar

Parte Imputada        : Yonny Villarroel Parada y otra

Delito        : Estelionato


RESULTANDO


Por memorial presentado el 30 de julio de 2008, cursante de fs. 610 a 618, Yonny Villarroel Parada y Martha Nery Aguilera de Villarroel, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 142 de 17 de junio de 2008, de fs. 527 a 528 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del  Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal que sigue Juan Carlos Hurtado Cuellar contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) En mérito a la conversión de acción pública (fs. 118) y acusación particular (fs. 135 a 136 vta.), desarrollado y concluido el juicio oral y público, el Juez Séptimo de Sentencia y Partido Liquidador de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia de 8 de abril de 2008 (fs. 484 a 488), por la que declaró a Yonny Villarroel Parada y Martha Nery Aguilera de Villarroel, autores y culpables de la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, condenándoles a sufrir a cada uno, la pena privativa de libertad de tres años y seis meses de presidio, a cumplir en la Cárcel Pública de la ciudad de Santa Cruz, “Palmasola”, más el pago de reparación de los daños civiles.

b) La mencionada Sentencia, fue objeto de apelación restringida por parte de los imputados Yonny Villarroel Parada y Martha Nery Aguilera de Villarroel; y, Juan Carlos Hurtado Cuellar que constan (fs. 497 a 504 vta.; y, 507 a 508), respectivamente, que mereció el pronunciamiento del Auto de Vista 142 de 17 de junio de 2008 (fs. 527 a 528 vta.), que los declaró improcedentes.

c) Notificados los recurrentes con el Auto de Vista impugnado el 25 de julio de 2008 (fs. 529), interpusieron recurso de casación, el 30 del mismo mes y año, objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De los argumentos expuestos por los recurrentes se extraen los siguientes motivos:

1) El Tribunal de alzada no se pronunció sobre la falta del instructivo por el que Mario Cadima, Fiscal Coordinador de Delitos Complejos, habría sido delegado por el Fiscal de Distrito para autorizar la conversión de acción pública a privada, en el cuaderno de investigación; no obstante que fue reclamada en su momento y que la presunción del Juzgador de instancia sobre la existencia de tal instructivo, violó su derecho a la defensa, constituyéndose la acción promovida en ilegal, resultando defecto absoluto, no susceptible de convalidación, conforme establece el art. 169 “inc. 2)” del Código de Procedimiento Penal (CPP).


2) El Fiscal Ángel Álvarez, admitió la solicitud del querellante sobre requerimiento al Notario de Fe Pública para que extienda fotocopias legalizadas del contrato de préstamo de dinero de 30 de diciembre de 2005 y del testimonio de protocolización del documento de préstamo con garantía hipotecaria; empero, el referido representante del Ministerio Público, nunca fue designado al caso y los documentos solicitados tienen fecha posterior a la autorización de la conversión de acción; por lo que, dicha prueba resulta ilícita y es un defecto absoluto; tampoco las partes fueron notificadas conforme manda el art. 8 del CPP; asimismo, afirma que la Sentencia, basó su condena en hechos no contemplados en la acusación, que considera defecto absoluto, regulado en el art. 169 inc. 3) del CPP.


3) Enunciando que la Sentencia dictada por el Juez Séptimo de Sentencia incurrió en los defectos previstos en el art. 370 incs. 5) y 6) -se asume es del CPP-, violando su derecho a la defensa, garantía al debido proceso e incurriendo en actividad procesal defectuosa, aplicando erróneamente los arts. 6, 12, 13, 216, 217, 307, 333, 335, 342, 355 del CPP; y, 9 y 16 de la Constitución Política del Estado (CPE), cita el Auto Supremo 417 de 19 de agosto de 2003, que determina que el Tribunal de alzada debe resolver los puntos reclamados en la apelación, desglosando a continuación que denunció que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados; o en valoración defectuosa de la prueba [art. 370 incs. 5) y 6) del CPP]; que existe contradicción entre su parte dispositiva y la considerativa [art. 370 inc. 8 del CPP]; que las pruebas reclamadas mediante incidente de exclusión probatoria eran ilegales, siendo la Resolución que lo resolvió, contrario a la norma procesal vigente, puntos que el Auto de Vista no resolvió, haciendo sólo mención en cuanto a las reclamaciones del art. 370 inc. 6) del CPP, violentando la “garantía constitucional” de la seguridad jurídica.


4) El Tribunal de alzada no contempló que para que haya existido el delito de Estelionato, tendría que haberse perfeccionado “dicho documento”, que no cuenta con reconocimiento de firmas, debido a que no existió el objeto del contrato, conforme exige el art. 491 del Código Civil (CC), relativo a los requisitos de la hipoteca voluntaria. Tampoco analizó que en ninguna parte de la Sentencia se fundamentó su actuar doloso; por lo que, no se subsume al tipo penal referido; por lo que, denuncian que se los juzgó y condenó atropellando sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia, las reglas del debido proceso, como el principio de igualdad, derecho a la defensa y a producir prueba y rebatirlas, “concordante” con el Auto Supremo 319 de 24 de agosto de 2006, cuyo contenido describe.


5) El Juez de mérito, en audiencia de inspección, de oficio exigió al Notario de Fe Pública fotocopias legalizadas del documento privado, sin mediar petición de partes, prueba que fue valorada y sobre la cual se les condenó, extremo sobre el que el Tribunal de alzada, erróneamente sostiene que es una facultad prevista por el art. 218 del CPP, atentando los principios de imparcialidad, igualdad y seguridad jurídica.


6) Haciendo mención a que en juicio se probó que el querellante mandó a labrar el documento con su abogado y que su declaración inicial resultó contradictoria con la de los testigos de cargo, afirma, que se le negó la recepción del testimonio de descargo, bajo el argumento que las partes debieron estar presentes el día del juicio; empero, no se practicaron las citaciones, omisión atribuible al Órgano Jurisdiccional, tal como lo determinó la Sentencia Constitucional (SC) 115/2004-R de 28 de enero.


7) Afirma que la Sentencia y posterior Auto de Vista (recurrido), contradicen los Autos Supremos 144 de 22 de abril de 2006 y 319 de 24 de agosto de 2006, realizando una vaga descripción del contenido de este.


8) El Auto de Vista impugnado, contradice lo resuelto por el Auto Supremo 167 de 6 de febrero de 2007; por cuanto, el juicio se suspendió por un lapso mayor a un mes, “por casi dos años”, prorrogándose los plazos procesales, violando el principio de celeridad y continuidad, debido a que el Juzgador no consideró que el proceso y en concreto el juicio no puede tener un tiempo de duración de más de tres años, conforme establece el art. 133 del CPP.


9) El Tribunal de alzada, asumió que la introducción del testigo Marcelo Parada, que no fue ofrecido como testigo, se trató de un lapsus calami, lo que tilda de ilegal; por cuanto “NO PODÍAN, BAJO NINGÚN CONCEPTO DETERMINAR LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA SOBRE APARIENCIAS” (sic), a cuyo efecto cita el Auto de Vista 62 de 26 de mayo de 2008, dictado por la sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el que se introdujo “testigo que jamás declararon en juicio”; por lo que, se debió aplicar el art. 413 del CPP, que no establece una nueva instancia.


Adicionalmente cita la SC 1733/2003-R.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer los recursos que la norma adjetiva prevé, las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En autos, se constata que Yonny Villarroel Parada y Martha Nery Aguilera de Villarroel, fueron notificados con el Auto de Vista recurrido, el 25 de julio de 2008, habiendo formulado recurso de casación el 30 del mismo mes y año, ante la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, extremo que evidencia que dicho medio de impugnación se planteó dentro del plazo legal y ante el mismo Tribunal que emitió el Auto de Vista impugnado, conforme exige el art. 417 del CP.


Cumplida la verificación del requisito de forma, es necesario verificar si el recurrente cumplió con su obligación de fundamentar suficientemente los presuntos agravios provocados por la resolución de alzada, conforme al marco establecido en los arts. 416 y 417 del CPP, ampliamente desarrollados en el apartado III del presente Auto Supremo.


En ese entendido, es imperioso precisar que el impugnante tiene la carga procesal de fundamentar de forma clara y precisa la existencia de precedentes contradictorios con el Auto de Vista recurrido, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas en sentidos jurídicos diversos, además de especificar en qué consisten los defectos de pronunciamiento impugnado con la finalidad de viabilizar el análisis de fondo de la problemática planteada, conforme a la naturaleza jurídica del recurso de casación en materia penal. Así, en el caso de autos se advierte que la fundamentación del recurso de casación, carece de precisión y coherencia en cuanto a los presuntos agravios que habrían sido provocados por el Auto de Vista impugnado; por cuanto, los recurrentes en los motivos segundo y sexto, efectúan descripciones inherentes a la etapa investigativa o al desarrollo del juicio; por cuanto, cuestionan la participación del Fiscal Ángel Álvarez en la emisión de requerimiento fiscales; a cuyo efecto, se habría introducido a juicio prueba ilícita; que la Sentencia se habría basado en hechos no contemplados en la acusación; que se probó que el querellante mandó a labrar el documento con su abogado, resultando su declaración inicial contradictoria con la atestación de los testigos de cargo; y, que no se permitió la declaración de los testigos de descargo, debido a su ausencia el día del juicio; empero, no especifica de qué modo el Auto de Vista habría producido los presuntos agravios a tiempo de conocer y resolver los referidos cuestionamientos, a partir de una explicación de la presunta contradicción con algún precedente contradictorio, conforme exige la normativa procesal penal.


Por lo expuesto, se advierte que los recurrentes pretenden que este Tribunal ingrese directamente a revisar la labor de las autoridades jurisdiccionales y de investigación, desarrolladas dentro de las etapa preparatoria y de juicio oral; no obstante, que en etapa de casación se tiene claramente circunscrita la labor de este Máximo Órgano Jurisdiccional en materia penal, a revisar cuestiones de derecho, revisadas previamente por el Tribunal de apelación y sobre las cuales hubiera emitido criterios contrarios a la doctrina legal existente, que debió haber sido invocada por los recurrentes, acompañados de un debida y coherente explicación, al no haberlo hecho, las denuncias genéricas descritas resultan inadmisibles.


Por otro lado, es preciso aclarar que si bien se denuncia de forma simple que se incurrió en defectos absolutos, conforme norma el art. 169 inc. 3) del CPP, la falta de precisión argumentativa antes descrita, la ausencia de especificación de los derechos y/o garantías presuntamente lesionados y del resultado dañoso emergente de los aspectos impugnados, impiden su admisión vía flexibilización, en mérito al incumplimiento de los requisitos mínimos plasmados en el apartado IV de este Auto Supremo; por lo que se ratifica su inadmisión.


La falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en los arts. 416 y 417, respecto a la invocación del precedente contradictorio, también se observa en los motivos primero y quinto; por cuanto, los recurrentes se limitan a denunciar que el Tribunal de alzada, a tiempo de emitir el Auto de Vista cuestionado, no se pronunció sobre la falta de un instructivo que habría facultado al Fiscal Mario Cadima a emitir la autorización de conversión de acción; y, que erróneamente sostiene que la exigencia de oficio, de fotocopias legalizadas del documento privado al Notario de Fe Pública, de parte del Tribunal de Sentencia,  resulta acorde al art. 218 del CPP, debido a que omitieron invocar precedente contradictorio pertinente explicando los términos de dicha contradicción, impidiendo con esto la apertura de competencia de este Tribunal para emitir Resolución de fondo.


Ahora bien, no obstante que los recurrentes denuncian en ambos motivos, violación de su derecho a la defensa, lo que constituiría defecto absoluto, no susceptible de convalidación, conforme establece el art. 169 “inc. 2)” del CPP, así como atentado a los principios de imparcialidad, igualdad y seguridad jurídica, omiten explicar de qué modo las denuncias expuestas vulneraron el derecho y principios citados, así como el resultado dañoso provocado por las falencias atribuidas al Tribunal de alzada; en consecuencia, en definitiva los motivos analizados resultan inadmisibles.


En lo referente al tercer motivo, aduce que el Tribunal de alzada no resolvió los puntos de apelación referidos a que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba [art. 370 incs. 5) y 6) del CPP]; que existe contradicción entre su parte dispositiva y la considerativa [art. 370 inc. 8 del CPP]; que las pruebas reclamadas mediante incidente de exclusión probatoria eran ilegales, siendo la Resolución que lo resolvió, contrario a la norma procesal vigente, habiéndose limitado únicamente a hacer mención a la reclamación vinculada al art. 370 inc. 6) del CPP; a cuyo efecto, cita el Auto Supremo 417 de 19 de agosto de 2003, que asevera, determina que el Tribunal de alzada debe resolver los puntos reclamados en la apelación. Al respecto, se advierte que los recurrentes se limitan a expresar que el auto de Vista no habría resuelto los puntos impugnados, contradiciendo el Auto Supremo 417 citado; sin embargo, soslayan explicar cuál la solución pretendida en cuanto al pronunciamiento de los puntos extrañados, aspecto de suma importancia a fin de determinar la intención de los recurrentes en la Resolución del recurso; por lo que, dicho motivo resulta inadmisible, por falta de fundamentación precisa y suficiente en cuanto al motivo analizado.


En cuanto a que la referida denuncia de violación de su derecho a la defensa, garantía al debido proceso, incurriendo en actividad procesal defectuosa; en aplicación de los criterios de flexibilización que constan en el presente proyecto, se verifica que los recurrentes, omitieron especificar qué tipo de defecto habría provocado y explicar cuál la relevancia de la Resolución de los puntos impugnados en la decisión final del proceso, criterio de inexcusable cumplimiento en atención al principio de trascendencia que rige el sistema de nulidades procesales, que impone al Juzgador la labor de verificar si los puntos recurridos son preponderantes en el caso concreto y por ende, merecen la nulidad de actuaciones. Por lo expuesto, el motivo analizado resulta inadmisible.


En el cuarto motivo, se advierte que los recurrentes, de forma general aducen que el Tribunal de alzada no contempló que para la configuración del delito de Estelionato, debió haberse perfeccionado “dicho documento” se infiere se trata del documento de préstamo de dinero con garantía hipotecaria-, que no cuenta con reconocimiento de firmas, conforme exige el art. 491 del CC; y, que la Sentencia no fundamentó su actuar doloso; a cuyo efecto, cita el Auto Supremo 319 de 24 de agosto de 2006. De ello se tiene que, en la primera parte de la denuncia, no especifica de qué modo la Sentencia no habría considerado el perfeccionamiento del documento cuestionado y que dicho aspecto no habría sido considerado en alzada, haciendo inferir que quien tendría que haber verificado uno de los elementos del tipo penal atribuido, es el Tribunal de alzada directamente, cuando de acuerdo al sistema procesal penal vigente en Bolivia, en casación se deben cuestionar aspectos de derecho que el Tribunal no haya resuelto o lo haya hecho de forma incorrecta, en base a los razonamientos de la Sentencia, explicación o identificación que no cumplen los recurrentes, incumpliendo su obligación de fundamentar adecuadamente el presunto agravio. Por otro lado, en atención a la segunda parte de la denuncia, en la que denuncian que en el Auto de Vista recurrido no se analizó que en la Sentencia no se fundamentó su actuar doloso, resultando que no se adecuó al tipo penal de Estelionato; y, a la primera parte antes analizada, se advierte que únicamente si limitaron a citar el Auto Supremo 319 de 24 de agosto de 2006, sin efectuar ninguna explicación sobre los alcances de la presunta contradicción del Auto de Vista recurrido con el precedente simplemente mencionado; en consecuencia, no es posible admitir el motivo vía contraste jurisprudencial.


Por otro lado, la simple denuncia de vulneración de sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia, las reglas del debido proceso, como el principio de igualdad, derecho a la defensa y a producir prueba y rebatirlas, obviando la explicación de cómo se habría producido dicha lesión    -conforme se analizó en la primera parte de la denuncia-; y si la misma constituiría defecto no susceptible de convalidación que ameritaría disponer la nulidad de obrados, así como la falta de exposición de la relevancia para el caso concreto, en cuanto a la forma adecuada de resolución, ameritan ratificar su inadmisión por el no cumplimiento de los requisitos plasmados en el apartado IV del presente Auto Supremo.


En cuanto al séptimo motivo, se advierte nuevamente que los recurrentes incurren en una total falta de técnica recursiva, por falta de precisión en la identificación del presunto agravio, traducido en la contradicción del Auto de Vista recurrido con los precedentes invocados; por cuanto, se restringen a aducir simplemente que la Sentencia y el Auto de Vista impugnado contradicen los Autos Supremos 144 de 22 de abril de 2006 y 319 de 24 de agosto de 2006, sin legarlo a ninguna actuación específica, razón por la cual, resulta inadmisible.


Respecto al octavo motivo, se tiene que la simple cita del Auto Supremo 167 de 6 de febrero de 2007, sin explicar de qué modo fue contrariado por el auto de Vista recurrido, también impide su inadmisión; por cuanto, los recurrentes únicamente se limitaron a exponer que el juicio se prorrogó por casi dos años, afectando los principios de celeridad y continuidad, sin especificar de qué modo el Tribunal de alzada habría afectado la doctrina legal contenida en el Auto Supremo citado, al resolver la referida denuncia; en consecuencia, resulta inadmisible vía contraste jurisprudencia; e, igualmente en aplicación de los criterios de flexibilización; por cuanto, la falencia argumentativa anotada, al impedir identificar debidamente el agravio, no permite su admisión excepcional, sumado al hecho de que no se especificó si se aduce algún defecto no susceptible de convalidación y la relevancia del mismo en la decisión final del proceso.


En cuanto al noveno motivo, referido a que el Tribunal de alzada asumió que la introducción del testigo Marcelo Parada, que no fue ofrecido como testigo, se trató de un lapsus calami, se advierte que además de resultar la denuncia genérica y confusa; por cuanto, no especifica de qué modo dicha actuación fue resuelta ante el Tribunal de Sentencia y que habría merecido el pronunciamiento cuestionado del de apelación, los recurrentes citan el Auto de Vista 62 de 26 de mayo de 2008, como doctrina legal aplicable; empero, sin acompañarlo al recurso de casación ni explicar si dicha Resolución adquirió calidad de cosa juzgada y no fue dejada sin efecto por una resolución emitida por la entonces Corte Suprema de Justicia o este Tribunal en forma posterior, conforme exige el Auto Supremo 211 de 6 de abril de 2004; a cuyo efecto, corresponde declarar su inadmisibilidad.


Por último, es preciso aclarar que, conforme los alcances del contenido del art. 416 del CPP, las Sentencias Constitucionales no constituyen precedentescontradictorios susceptibles de análisis respecto al Auto de Vista recurrido, razón por la cual las mencionadas por el recurrente no fueron consideradas a efectos de considerar la admisibilidad del recurso.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación que se verifica de fs. 610 a 618, formulado por Yonny Villarroel Parada y Martha Nery Aguilera de Villarroel. 

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA