TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 397/2015-RRC-L

Sucre, 13 de agosto de 2015


Expediente                        : Beni 11/2008

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Joaquín Antonio Iriarte Gastelú

Delito                : Peculado y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 27 de septiembre de 2008, cursante de fs. 534 a 538, José Antonio Iriarte Gastelú interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 027/2008 de 20 de septiembre de fs. 502 a 507 vta., pronunciado por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Consejo de la Judicatura de Beni contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Prevaricato, Peculado e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados por los arts. 142, 173 y 154 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)   Por Sentencia 012/2007 de 20 de diciembre (fs. 343 a 348 vta.), el Tribunal de Sentencia de Guayaramerin de la ex Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, declaró a Joaquín Antonio Iriarte Gastelú, autor y culpable de la comisión de los delitos de Peculado, Prevaricato e Incumplimiento de Deberes, condenándole a la pena de seis años de reclusión a cumplir en la Cárcel Pública de varones “Mocovi” de Trinidad, más el pago de 150 días de multa a razón de Bs. 2 por día, con costas a calificarse en ejecución de sentencia.


b)   Contra la mencionada Sentencia, el imputado Joaquín Antonio Iriarte Gastelú, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 466 a 479 vta.), resuelto por Auto de Vista 027/2008 de 20 de septiembre (fs. 502 a 507 vta.), emitido por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia, motivando la formulación de recurso de casación.

I.1.1. Motivos del recurso


Del memorial de recurso de casación (fs. 534 a 538) y del Auto Supremo 127/2014 de 17 de abril (fs. 626 a 630), dictado en el caso de autos, se extraen las siguientes denuncias sobre las cuales este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP):


1)   De manera previa, manifestando que el Auto de Vista viola normas de orden público y desconoce la jurisprudencia sentada por este máximo Tribunal, el recurrente cita los Autos de Vista 029/2004, 0369/2001, 060/2003 y los Autos Supremos 593/2003, 499/2003, 6/2006, 444/2005, 431/2005, 133/2005, 139/2005 y 401/2003;  alegando que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso reclamado en su recurso de apelación restringida, incurriendo en el defecto absoluto de incongruencia omisiva.


2)   El Tribunal de alzada no consideró su reclamo sobre la falta de citación a una audiencia cautelar para ser escuchado por el juez natural jurisdiccional y así conocer la sindicación e imputación formal, impidiéndole refutar o acreditar la inexistencia de las circunstancias fundamentadas por el Fiscal, conforme sostiene la Sentencia Constitucional (SC) 760/2003 de 4 de junio;   incurriendo en errónea aplicación de la ley penal y vulneración del art. 16. IV de la Constitución Política del Estado (CPE).


3)  Alega la vulneración de los arts. 329, 398, 399 y 400 de Código de Procedimiento Civil relacionado con los arts. 1287 a 1296 del sustantivo civil en razón a que el tribunal de alzada no reparó que la abogada apoderada del Consejo de la Judicatura carecía de poder para representar a la entidad acusadora siendo su participación irregular, sin cumplir con los requisitos legales, lo que constituye el defecto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP.


4)  Sostiene que la prueba “MP-17” sobre la que se basó la sentencia condenatoria, fue ilegalmente obtenida sin que exista el requerimiento para su extensión en fotocopias legalizadas por parte del Secretario del Juzgado Cautelar de Riberalta; de igual manera, no se consideró el informe del referido secretario donde indica que nunca recibió requerimiento fiscal para la certificación o extensión de fotocopias legalizadas; asimismo, las pruebas “MP-18, MP-21, MP-12, MP-15 y MP-3” corresponden a fechas que difieren con la data del requerimiento fiscal y más aún, la prueba MP-25 que sustentaba la obtención de las demás pruebas, fue excluida, existiendo errónea valoración probatoria y vulnerándose las reglas de la sana crítica, aspecto omitido en el pronunciamiento del fallo impugnado; al efecto invoca el Auto de Vista 060/2003 emitido por la Sala Penal de la ex Corte Superior de Distrito de Beni.


5)   Alega que el Auto de Vista ingresa en contradicción por no realizar un análisis detallado de su denuncia de contradicción de la Sentencia en sus acápites “hechos probados”, defecto previsto por el art. 370 inc. 8) del CPP.


6)   Que el Tribunal de alzada omitió pronunciarse sobre la prueba presentada en su recurso de apelación restringida que acredita el pago de pasajes y viáticos realizado por un juez del Tribunal de juicio a un testigo para que fuese a declarar a Guayaramerin, cita como precedente la Sentencia Constitucional 491/2003 de 15 de abril que alude al juez natural imparcial e independiente como elemento de la garantía del debido proceso.    


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita se “ANULE TOTALMENTE LA INJUSTA SENTENCIA por errónea e inobservancia y mala aplicación de la ley por falta de valoración de las pruebas instrumentales obtenidas ilícitamente o con vicios de nulidad absolutos, o caso contrario la nulidad de obrados hasta que se lleve acabo la audiencia cautelar o se PRONUNCIE RESPECTO A LA EXTINCCION DE LA ACCION PENAL…” (sic).


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 127/2014 de 17 de abril emitido por la Sala Penal Liquidadora, cursante de fs. 626 a 630, se admitió el recurso formulado por el imputado en cumplimiento a lo dispuesto por el Auto Constitucional 309/2013 de 20 de septiembre emitida dentro de la Acción de Amparo Constitucional interpuesto por Joaquín Iriarte Gastelú.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Desarrollado el juicio oral, el Tribunal de Sentencia de Guayaramerin de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, emitió la Sentencia condenatoria contra Joaquín Antonio Iriarte Gastelú por la comisión de los delitos de Peculado, Prevaricato e Incumplimiento de Deberes, siendo condenado a la sanción de seis años de reclusión, en cuyas conclusiones estableció los siguientes hechos probados:


a) El imputado, desde el mes de abril de 2003 a noviembre del 2006 recibió personalmente las fianzas económicas impuestas a los imputados en su condición de juez de instrucción cautelar, sin realizar los depósitos conforme instruye la ley y sus reglamentos, incluso en algunos casos el Actuario de su despacho no tenía conocimiento de los mismos. 


b) Realizó devoluciones de forma ilegal y directa a los imputados, abogados o terceras personas, mediante la suscripción de recibos.


c)  Devolvió parte de las fianzas depositadas por los imputados y no así su totalidad.


d)  Cuando suplía al titular del Juzgado Primero de Instrucción Mixto de Guayaramerín, solicitó a la Secretaria de ese Juzgado un préstamo de Bs. 1.000 proveniente de las fianzas depositadas por Sohars Padilla.


e) Realizó una Audiencia de Inspección ocular en el fundo rústico “Los Penocos” sin la presencia del representante del Ministerio Público y del Secretario del Juzgado.


f)  En la citada audiencia procedió a la división y partición de ganado vacuno entre las partes, sin haber señalado la segunda audiencia para tal efecto.


g)  No llevó a cabo la audiencia de reconstrucción de los hechos señalada conjuntamente con la audiencia de inspección ocular  de 25 de septiembre de 2006.


h)  Dispuso la incautación de Bs. 6.633 dentro del proceso seguido por el Ministerio Público contra Wilson Franco Nogales  sin que se demuestre el acta de entrega del dinero a Bienes Incautados.


i)  De igual manera dispuso la devolución de una motocicleta marca Suzuki al imputado dentro del proceso seguido por el Ministerio Público contra Luis Suárez Pereira sin demostrar el acta de entrega y recepción del juzgado y del imputado.


II.2.Del recurso de apelación restringida.


El imputado Joaquín Antonio Iriarte Gastelú interpuso recurso de apelación restringida (fs. 466 a 479 vta.); en cuyos argumentos, denunció como agravios:


1)  a excepción de extinción de la acción penal que interpuso fue rechazada por el Tribunal de Sentencia sin la debida fundamentación y de manera contraria a la jurisprudencia presentada para el caso; vulnerando su derecho a la defensa y a recurrir, interponiendo al efecto recurso de apelación incidental; empero, el Tribunal de Sentencia no remitió su impugnación, con el argumento que deben elevarse los antecedentes de manera conjunta con el recurso de apelación restringida.


2) El incidente de actividad procesal defectuosa por falta de resolución e inexistencia del acta de audiencia de medida cautelar donde debió determinarse su situación jurídica, fue rechazado por el Tribunal de Sentencia sin ninguna fundamentación, omisión de la realización de la audiencia que le impidió realizar observaciones a la imputación, vulnerándose su derecho a la defensa previsto por el art. 16. IV de la CPE concordante con el art. 8. II. 7 del Pacto de San José de Costa Rica y el art. 169 del CPP.


3) Existe mala aplicación de la ley, debido a que el Tribunal de Sentencia aceptó indebidamente la personería de la abogada querellante en representación del Consejo de la Judicatura, en franca vulneración de los arts. 329, 398, 399, 400 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y de los arts. 1287 al 1296 del Código Civil; además al no adjuntarse el testimonio junto a la acusación particular o querella debió tenerse la misma por abandonada, incurriendo en el defecto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP.


4) El Tribunal de Sentencia permitió la incorporación de prueba del Ministerio Público ilegalmente obtenida como las pruebas “MP-17, MP-18”, Informe del Secretario del Juzgado de Instrucción Cautelar de Riberalta, “MP-21, MP-12, MP.15, MP-3 y MP-25”.


5) Defectuosa valoración de la prueba testifical de Ricardo Chávez Alvis, Javier Echalar Justiniano, Pedro Negrete Yori, Gustavo Álvarez Roca, Marco Antonio Torres Saenz, Petrona Cartagena de Negrete y Milton Medina Valda.

6)  Vulneración de su derecho a la defensa y debido proceso al imponer a sus abogados defensores multas  coartándoles su derecho a la réplica, restringiendo sus peticiones, etc., quienes renunciaron ante la presión y arbitraria actuación de los jueces del Tribunal de sentencia; además no se le concedió tiempo para que el abogado defensor público pueda coordinar y revisar todo lo realizado hasta el momento, empeorando cuando se determinó su aprehensión.


7) Inobservancia y errónea aplicación de la Ley penal sustantiva debido a que en el punto VI de la Sentencia titulado “Adecuación normativa de la conducta del imputado” justificaron la ilicitud de la prueba viciada de nulidad como es la certificación del secretario del juzgado cautelar de Riberalta, de igual manera se introdujo todas las pruebas literales objetadas por la defensa, con este acto el Tribunal de Sentencia incurrió en defectuosa valoración de la prueba [art. 370 inc. 6) del CPP].


8)  Incongruencia y contradicción de la Sentencia [art. 370 inc. 8) del CPP], en razón a que en el Punto “Hechos Probados” num. 2, el Tribunal determinó que se suscribieron de manera ilegal recibos personales de las fianzas económicas y, luego en el acápite “adecuación normativa de la conducta del imputado” num. 10, señaló que se devolvieron las sumas entregadas en calidad de fianzas, surgiendo la contradicción primero al decir que es ilegal y luego refirió que los descargos son correctos. Asimismo, afirmaron que se realizó una audiencia de División y Partición de ganado vacuno y, luego sostienen la “supuesta audiencia”; es decir, se realizó o no la misma.


9) “Imparcialidad” de un juez técnico debido a que, en el proceso disciplinario donde fue suspendido, el Tribunal sumariante estaba conformado por el Juez Willy Alejandro Vargas Suárez  (prueba MP-13) quien también funge como juez técnico en el presente proceso, emitiendo un criterio anticipado en la Sentencia de 26 de mayo de 2004 del Tribunal Sumariante de la Dirección del Consejo de la Judicatura; por otra parte, solicitó como testigo a este juez, quien también desempeñó funciones de juez cautelar y, quien procedía al cobro de las fianzas para depositarles en una cuenta personal, según declaración de su ex secretaria, pero se excluyó esta situación alegando el art. 171 del CPP. De otra parte, el testigo Gustavo Álvarez Roca, mediante declaración voluntaria ante Notario de Fé Pública, manifestó que el citado juez le canceló la suma de Bs. 140.- por concepto de viáticos para que declare en el presente caso, aspecto que demuestran la vulneración del Juez Natural y los principios de imparcialidad probidad, rectitud, e independencia [arts. 316 inc. 5) y 11 del CPP; 116 de la CPE concordante con los arts. 747 y 749 del Código de Procedimiento Civil (CPC)].


II.3.Del Auto de Vista impugnado.


Radicada la causa en la Sala Penal de la ex Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, esta resolvió el fondo del recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista 027/2008 de 20 de septiembre, en el cual concluyó:


a)  No resultó evidente la falta de pronunciamiento sobre la extinción de la acción por parte del Tribunal de Sentencia, conforme consta en el acta de audiencia de juicio donde la misma fue resuelta determinándose su rechazo observando lo señalado por la SC 0033/2006-R de 11 de enero, sin que el solicitante señalara con precisión las pruebas que demuestren la mora o dilación procesal  atribuible al Ministerio Público o al Órgano Judicial, si bien ofreció las pruebas documentales presentadas por el Ministerio Público, las mismas no fueron aún judicializadas por no tener el valor de prueba requerida, por lo cual el rechazo del Tribunal de Sentencia no vulneró norma legal alguna.


b) Respecto a la vulneración de su derecho a la defensa  debido a que no fue escuchado en la etapa preparatoria, cabe tener presente que, las medidas cautelares en el caso de autos, se sujetan al art. 392 del CPP (Juzgamiento de los jueces), resultando que el fiscal no solicitó ninguna medida, gozando el imputado de libertad, además que las medidas cautelares no inhabilitan asumir defensa.


c) Con relación a la impersonería de la abogada representante del Consejo de la Judicatura, no resulta cierto porque el Poder 588/2007 es un poder correcto (fs. 274 a 277), pues revoca otro poder y, a la vez otorga poder a favor de la abogada apoderada Iris Siles Álvarez, suscrito de conformidad a los arts. 827 inc. 2) y primera parte del 828 del Código Civil donde el mandante otorgó las mismas facultades y otras al nuevo mandatario, sin evidenciarse ninguna irregularidad o violación de alguna norma, por cuanto no existió mala aplicación de la ley al aceptar la representación de la abogada apoderada.


d) En lo concerniente a la ilegalidad en la obtención de la prueba, debe tenerse presente que la prueba “MP17” consistente en fotocopia legalizada del requerimiento de la fiscal Nicki Salvatierra, si bien no cuenta con orden del Juez, sólo fue señalada referencialmente; por otro lado, otras pruebas que corresponderían a otros procesos pudieron ser desglosadas, fotocopiadas, legalizadas y presentadas dentro del proceso, actos procesales válidos que se encuentran previstos dentro del ordenamiento jurídico, al no haberse fundado la sentencia en las pruebas observadas, no corresponde el análisis de  la ilegalidad o legalidad de la obtención de las otras pruebas.


e) Sobre la defectuosa valoración de la prueba testifical, tampoco resulta evidente porque el Tribunal de juicio realizó una valoración armónica de las pruebas, otorgándole valor a cada una de ellas conforme dispone el art. 173 del CPP, más aún tomando en cuenta que, lo expresado por el apelante sobre la devolución de varias fianzas y otros muebles, estos no se realizaron conforme el procedimiento legal apropiado, sino como se tratara de actos personales, conducta que compromete su participación en los ilícitos acusados.


f)  Respecto a la inobservancia o errónea aplicación de la ley, con relación a los certificados de las gestiones 2004 y 2005, éstos adquirieron vigencia cuando fueron presentados ante el Tribunal, guardando las formalidades legales, aspecto aclarado en un punto anterior de este fallo. Sobre el hecho de que fueron prueba dentro de otros procesos y se estarían contaminando, no es evidente por cuanto probaron algo en el proceso disciplinario. Respecto al principio del árbol envenenado, la jurisprudencia constitucional ha modulado su entendimiento, estableciendo que se pueden excluir las pruebas ilegales y continuar con las obtenidas legalmente; la afirmación de que las fianzas debían mantenerse en el despacho del Juez no resulta una aberración, puesto que era una práctica seguida en muchos juzgados hasta el momento en que el Consejo de la Judicatura aperturó cuentas bancarias a ese fin.


h) No se advirtió incongruencia de los puntos 2 y 6 de los hechos probados alegada por el apelante, habida cuenta que el punto 2 se refiere a la devolución directa de los dineros de las fianzas con recibos personales y el punto 6 alude a la audiencia realizada con la familia Negrete, puntos disímiles que prueban hechos diferentes; sobre la incongruencia se tiene que el imputado fue condenado por los delitos acusados y no por otros.


i) Respecto a la imparcialidad del juez técnico Willy Alejandro Vargas Suárez, si bien formó parte del Tribunal disciplinario, los hechos conocidos caen en el área administrativa y no jurisdiccional, de ello fue que la sanción fue la suspensión y no una pena, además que el imputado tuvo la oportunidad de recusar al juez. Según la Sentencia Constitucional 0491/2003, este Tribunal considera que no se incumplió con el derecho al Juez natural; por todo lo expuesto, el Tribunal de Sentencia no vulneró norma alguna, menos las que señala el apelante.


Con esos argumentos, el Tribunal de alzada declaró improcedente el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia impugnada.


III. VERIFICACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


Este Tribunal admitió el presente recurso mediante Auto Supremo 127/2014 de 7 de abril, abriendo su competencia bajo los presupuestos de flexibilización en cumplimiento del Auto Constitucional 309/2013 de 20 de septiembre (fs. 611 a 617), a objeto de verificar la posible vulneración de derechos y garantías, emergente del pronunciamiento del Auto de Vista impugnado al momento de resolver los agravios del recurso de apelación restringida formulado por el imputado; correspondiendo verificar si resultan o no evidentes las denuncias efectuadas por el recurrente.


III.1. Sobre la denuncia de falta de pronunciamiento del Tribunal de alzada respecto a la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.


Sobre este tópico, revisado el texto del Auto de Vista impugnado, se advierte que en el primer punto del segundo Considerando, el Tribunal de alzada se pronunció sobre este motivo, manifestado que el Tribunal de sentencia emitió resolución de rechazo a la excepción de extinción de la acción por duración máxima del proceso, conforme constaría en el acta de audiencia de juicio oral, habiéndose tramitado la misma en observancia de los arts. 314 y 407 del CPP, constando la reserva de recurrir; empero, el Tribunal de Sentencia sustentó que el rechazo se debió a que el solicitante de la excepción incumplió con su obligación de señalar las pruebas que se encontrarían en actuados o en presentar aquellas que demuestren que la dilación fue originada por el Ministerio Público o por el Órgano Judicial y, si bien ofreció las pruebas presentadas por el Ministerio Público, éstas aún no fueron judicializadas. 


Cotejados los antecedentes que cursan en obrados, ciertamente en la audiencia de juicio oral de 29 de noviembre de 2007, el abogado de la defensa interpuso la excepción de la extinción de la acción por duración máxima del proceso (fs. 287 vta.), que fue declarada improbada mediante Auto de la misma fecha (fs. 291 vta. a 293 vta.), existiendo constancia de la reserva de apelación incidental contra esta resolución que, conforme se tiene descrito precedentemente fue debidamente considerada por el Tribunal de alzada. Por otro lado, se tiene que el ahora recurrente, nuevamente interpuso esta excepción ante la Sala Penal de la ex Corte Suprema de Justicia el 26 de abril de 2011, mediante memorial cursante de fs. 548 a 550 vta., mereciendo el proveído de 27 de abril del citado año, por el cual se hacía conocer al imputado que el Tribunal de casación ya no era competente para conocer y resolver ese tipo de excepciones, conforme la nueva línea jurisprudencial establecida en la Sentencia Constitucional 1716/2010 de 25 de octubre; remitiéndose los antecedentes al Tribunal de Sentencia de la ciudad de Riberalta para su resolución. El Tribunal de Sentencia de esa ciudad, emitió la resolución de 25 de noviembre de 2011, por el cual determinó rechazar la solicitud y declarar no ha lugar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso (fs. 152 a 155 vta. del anexo correspondiente al proceso incidental), fallo que fue apelado en la vía incidental, mereciendo el Auto de Vista 31/2012 de 20 de septiembre emitido por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que declaró su improcedencia confirmando la resolución apelada (fs. 216 a 218 del referido anexo). 


También se advierte, que mediante memorial de 25 de febrero de 2014, el imputado opuso nuevamente la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso ante el Tribunal de Sentencia de Riberalta, el cual solicitó la remisión de los antecedentes procesales o fotocopias legalizadas que se encontraban en el Tribunal Supremo de Justicia a efectos de resolver el recurso de casación interpuesto por el imputado, fallo que fue dejado sin efecto mediante Resolución 15/2014 de 12 de junio, emitida por el Juez Primero de Sentencia de Chuquisaca constituido en Tribunal de garantías (confirmado por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0009/2015-S2 de 5 de enero); es así, que el 5 de agosto de 2014, el citado Tribunal de Sentencia resolvió rechazar el incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso incoada por Joaquín Iriarte Gastelú, quien solicitó explicación, complementación y enmienda mereciendo el proveído de 8 de agosto de 2014, que mantuvo incólume el fallo. El 13 de agosto de 2014, el imputado presentó apelación incidental contra la resolución de 5 de agosto, siendo resuelto por Auto de Vista 77/2014 de 19 de diciembre que declaró improcedente la apelación incidental, confirmando la resolución impugnada.


De lo ampliamente expuesto, se advierte que tanto el Tribunal de Sentencia como el Tribunal de alzada resolvieron todas las excepciones de extinción de la acción penal interpuestas por el imputado, no siendo cierta la afirmación de falta de pronunciamiento alegada en el presente recurso de casación, por cuanto el motivo deviene en infundado.


III.2. Respecto a la vulneración del derecho a la defensa por falta de convocatoria para la realización de la audiencia de medida cautelar.


Resolviendo este punto, el Tribunal de apelación concluyó que ninguna medida cautelar contra el imputado fue solicitada en cumplimiento del art. 392 del CPP; en consecuencia, el recurrente se encontraba gozando de libertad para asumir defensa, conforme dispone la Constitución, los Convenios y Tratados Internacionales reconocidos por el art. 5 del CPP, por cuanto consideró que no se vulneró su derecho a la defensa en la etapa preparatoria.  Analizada a su vez la Sentencia, consta que el imputado, en la audiencia de 29 de noviembre de 2007 planteó incidente de nulidad de obrados alegando que debía ser puesto a disposición de un juez cautelar a objeto de que se resuelva su situación jurídica; resolviendo el Tribunal de Sentencia rechazar su solicitud en el entendido que el representante del Ministerio Público no solicitó la realización de tal audiencia en consideración del privilegio previsto por el art. 392 del CPP, del cual gozaba el imputado, habiéndosele hecho conocer la imputación que pesaba sobre él conforme el procedimiento, estando a derecho para asumir defensa. 


Sobre el particular, el citado art. 392 del CPP, resulta ser una prerrogativa  de improcedencia de medidas cautelares de carácter personal que se otorga a los juzgadores en consideración a la función que ejercen; en ese contexto, de los antecedentes no se advierte que se impusiera una medida cautelar de carácter personal al imputado, siendo ilógico el argumento expuesto por el recurrente en el entendido de que no fue puesto ante un Juez Instructor cautelar para resolver su situación jurídica como tampoco se realizó la audiencia de medidas cautelares para hacer notar los defectos procesales y hacer uso de los mecanismos y medios de defensa, vulnerándose su derecho a la defensa, prevista por el art. 16.IV de la CPE, concordante con el art. 8.II.7 del Pacto de san José de Costa Rica, puesto que se encontraba en libertad para asumir defensa y hacer uso de los mecanismos de defensa previstos por ley para impugnar cualquier defecto u error procesal que considerase vulnerador a sus derechos o garantías constitucionales, más aun teniendo en cuenta que el representante del Ministerio Público nunca solicitó la aplicación de medida cautelar alguna; de otra parte, debe tenerse presente que la audiencia de medidas cautelares no tiene por finalidad determinar la responsabilidad penal del imputado, sino la de asegurar su presencia en la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, según se tiene previsto por el art. 221 del CPP, por cuanto la afirmación o cuestionamiento de cómo el Juez de Instrucción pudo determinar que su persona es con probabilidad autor y partícipe del hecho sin haber sido escuchado, se encuentra fuera de contexto y, no resulta un defecto previsto por el art. 169 del CPP en sus cuatro incisos, como alega el recurrente; bajo esos parámetros el motivo deviene en infundado.


III.3. En cuanto a la alegada impersonería de la abogada apoderada del Consejo de la Judicatura.


El argumento referido a que el Tribunal de alzada no reparó en el hecho que la representante del Consejo de la Judicatura carecía de poder suficiente, vulnerándose los arts. 329, 398, 399 y 400 del CPC, relacionado con los arts. 1287 a 1296 del sustantivo civil, no resulta evidente, en razón a que el Tribunal de alzada dio respuesta fundamentada a este agravio, señalando que el Poder 588/2007 que cursa de fs. 274 a 277 de obrados, revocó un anterior poder y, a la vez otorgó poder a favor de la abogada apoderada Iris Siles Álvarez, mismo que se encontraría suscrito de conformidad a los arts. 827 inc. 2) y primera parte del 828 del CC, sin evidenciar ninguna irregularidad o violación de alguna norma que implique una errónea aplicación de la ley al aceptar la representación de la abogada apoderada.


Ahora bien, revisado el referido Poder Notarial, se puede constatar que fue otorgado por el entonces Director Distrital del Consejo de la Judicatura, Otto Riess Carvalho, en el cual se revocó el poder que se otorgó a favor de Julio Méndez Salvatierra y se otorgó Poder a favor de Iris Siles Álvarez con las mismas atribuciones conferidas en el Poder 601/2005 que se encuentra transcrito; entre los que resaltan apersonarse ante los Tribunales de Sentencia de Riberalta, Guayaramerín, Trinidad, Santa Ana de Yacuma, Corte Superior de Justicia de Beni, Juzgados Cautelares Salas Penales, Civil Social, Fiscalía, Policía Judicial o cualquier otro Tribunal del país para iniciar, proseguir y concluir el juicio penal seguido contra Joaquín Antonio Iriarte Gastelú con las prerrogativas descritas para tales efectos, sin que la falta de mención de alguna cláusula expresa deje de surtir efecto legal; evidenciándose la observancia y cumplimiento de los arts. 827 inc. 2) y 828 primera parte del Código Civil. 


Asimismo debe tenerse presente que, la nueva línea jurisprudencial estableció que, en el régimen de nulidades en materia penal, deben observarse principios doctrinales como son el principio de convalidación y el principio de trascendencia, contenidos implícitamente en el art. 167 del CPP, al establecer que: “No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado. En los casos y formas previstos por este Código, las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causen agravio”. (el resaltado nos corresponde); es decir, que las partes que consideren la existencia de un defecto, tienen la obligación de ejercer la acción correspondiente al caso para solicitar el saneamiento o invalidación del acto considerado defectuoso y, en caso de rechazo, hacer uso de los mecanismos de impugnación necesarios previstos por la norma, aspecto que no se advierte en el caso de autos, donde el imputado bien pudo objetar e impugnar la personería; sin embargo, al no hacerlo precluyó su derecho.


Por otro lado, resulta pertinente aclarar que, cuando se alega un vicio o defecto corresponde a la parte afectada demostrar objetivamente que el acto alegado como defectuoso, no podía ser subsanado o convalidado y en su caso, establecer el daño o perjuicio objetivamente ocasionado, esto en observancia también del principio de conservación, de modo que la nulidad siempre será la excepción y la regla la eficacia del acto procesal; o sea, ante una duda razonable, debe optarse por la interpretación propensa a conservar el acto procesal y así evitar la nulidad; es por ello que el proceso penal acusatorio, antes que formalista o solemne debe ser finalista, siendo obligación de los administradores de justicia, constitucionalizar sus resoluciones, aplicando los principios constitucionales sobre las reglas positivas secundarias. De lo expuesto, se concluye que la supuesta carencia del Poder de la representante del Consejo de la Judicatura no resulta evidente conforme concluyó el Tribunal de alzada, siendo este motivo infundado.


III.4.        En relación a la denuncia de ilegalidad de la prueba.


Inicialmente corresponde precisar sobre este motivo traído en casación, que el recurrente realiza una serie de argumentaciones referidas a la supuesta ilegalidad de ciertas pruebas que hubiesen sido logradas sin observarse y cumplirse los requisitos descritos en la norma para su obtención, alegando que el Tribunal de alzada sostuvo que varias pruebas pudieron ser obtenidas de otros procesos y que la prueba “MP 17” se cita referencialmente; sobre este particular, se tiene que los de alzada manifestaron que las pruebas observadas por el imputado no sirvieron de base para fundar la sentencia; por cuanto, no correspondía realizar un análisis de  la ilegalidad o legalidad de su obtención.


Ahora bien, efectuando una revisión de las piezas procesales aducidas como ilegales en su obtención así como de las actas de celebración del juicio oral, se evidencia que el imputado solicitó la exclusión probatoria de las pruebas signadas como “MP 3 y MP 17”, la primera referida a un informe evacuado por el actuario del Juzgado de Instrucción Cautelar y la segunda correspondiente a un Requerimiento Fiscal dirigido al secretario del juzgado, exclusión probatoria que fue rechazada por el Tribunal de Sentencia, con el fundamento de que la prueba “MP 3” fue plenamente identificada por el testigo (actuario del Juzgado) que prestaba su declaración y, respecto a la segunda prueba, al ser un requerimiento fiscal dirigida a un funcionario público que tenía a su cargo los registros de ese juzgado, éste se hallaba compelido a dar cumplimiento al mismo y expedir fotocopias legalizadas de las resoluciones dictadas en ese despacho, estando dentro de los marcos previstos por los arts. 218 y 136 del CPP; por lo tanto, no se encontró ilicitud alguna en dicho acto. De otro lado, se evidencia que la prueba “MP 25” fue excluida, al igual que  la “MP 28 y MP 30” debido a que emergían de la citada prueba “MP 25”. 


Con relación a las pruebas signadas como “MP 12; MP 15; MP 18 y MP 21” se tiene que éstas ni siquiera fueron motivo de objeción y exclusión probatoria por parte del ahora recurrente; por cuanto, si consideraba que fueron obtenidas ilegalmente, en su momento procesal correspondía hacer notar este aspecto y sustentarlo con la debida fundamentación que demuestre su ilicitud y contravención al debido proceso; además que, según se tiene establecido en el punto III. 3 de la presente Resolución relativo al régimen de nulidades, este descuido o negligencia por parte de la defensa, convalidó la judicialización de las citadas pruebas, cabe aclarar que el cuestionamiento del recurrente respecto a con qué pruebas fue condenado, haciendo alusión a la prueba “MP-17”, resulta un extremo alejado de cualquier lógica, puesto que, de la revisión de la Sentencia se tiene que el Tribunal de Juicio arribó a la conclusión de la responsabilidad del imputado en base a varias pruebas tanto documentales como testificales, no siendo la única la mencionada prueba.


En cuanto se refiere a la denuncia de defectuosa valoración de la prueba testifical, el recurrente se limita a señalar que el Auto de Vista omitió y convalidó una defectuosa valoración de la prueba testifical que no cumplía con las reglas de la sana crítica, por no utilizar la mínima lógica jurídica; debe tenerse presente que, cuando se alega la existencia de una defectuosa valoración de la prueba corresponde al impugnante atacar la logicidad de la sentencia impugnada en lo que atañe a la actividad probatoria y su relación con la vulneración de las reglas de la sana crítica racional, las que están constituidas por los principios de la lógica (de no contradicción, tercero excluido, razón suficiente y de identidad), la experiencia común y de la psicología- debiendo establecerse de manera clara y concreta las reglas de la sana crítica que consideraba fueron inobservadas o inaplicadas al momento de valorar las referidas declaraciones señalando de manera concreta donde radicaría el defecto en la valoración de cada uno y cual el fundamento erróneo con el cual el Tribunal de Sentencia valoró defectuosamente cada una de las citadas declaraciones; en razón de ello el Tribunal de apelación sostuvo que todas las pruebas fueron valoradas de manera conjunta y armónica, otorgando valor a cada una de ellas conforme prevé el art. 173 del CPP, tomando en cuenta que, conforme el mismo apelante expresó, varias fianzas y otros muebles fueron devueltos por su persona sin seguir el procedimiento legal apropiado, contrariamente lo hizo como si se tratara de actos personales, lo cual comprometería su participación en los ilícitos endilgados. 


En ese ámbito, no se advierte un argumento específico relacionado a los fundamentos del Auto de Vista que demuestren que el Tribunal de alzada no evidenció y consideró los errores del trabajo mental del juzgador al momento de enlazar, de manera lógica, las inferencias y razonamientos que lo llevaran a asumir determinada posición respecto al nexo existente entre el hecho con que se cuenta y el que se intenta probar; aspectos que resultan inexistentes en el recurso de casación, deviniendo el agravio en una denuncia genérica, sin sustento; más aún, teniéndose presente que el Juez o Tribunal de Sentencia es quien, por el principio de inmediación, advierte si la declaración presentada por el testigo resulta o no creíble otorgándole determinado valor y, junto a las demás pruebas, adquiere cierta convicción, razones que llevan a concluir que el motivo resulta infundado.


III.5.Acerca de la denuncia de contradicción del Auto de Vista al considerar la denuncia de incongruencia de la Sentencia.


El recurrente sostiene que la Sentencia en su punto “Hechos probados” señaló que su persona realizó la devolución de dineros de forma ilegal y directa y, posteriormente, en el acápite “Adecuación normativa de la conducta del imputado” habría manifestado que procedió a la devolución del dinero de manera correcta; igualmente, habría expresado que realizó una audiencia de división y partición de ganado, para luego expresar  “la supuesta audiencia de división y partición de ganado” aseveración que resultaría contradictoria, aspecto sobre el cual el Tribunal de alzada habría incurrido en una contradicción por no realizar una lectura detallada y minuciosa de su apelación.


Al respecto, nuevamente se advierte que la denuncia del recurrente decanta en una exposición genérica y confusa de sus argumentos, puesto que no establece a cabalidad cual sería la contradicción en la que incurrió el Auto de Vista al momento de resolver este punto de su recurso de apelación restringida, limitándose a manifestar que “no dieron una lectura detallada y minuciosa de mi apelación restringida”; es decir, omite establecer de manera concreta qué fundamentos o razonamientos del Tribunal de alzada resultan erróneos o contradictorios; sin embargo, acudiendo a la amplitud en el análisis de este motivo, corresponde precisar que, el Auto de Vista concluyó que no existía incongruencia o contradicción en estos puntos de los hechos probados alegados por el apelante, habida cuenta que el numeral 2 del parágrafo “Hechos probados”, el Tribunal de Sentencia sostuvo que el imputado Joaquín Antonio Iriarte Gastelú procedió a la “devolución de forma ilegal y directa con la suscripción de recibos personales entre el juez y algunos imputados, abogados y/o a terceras personas de las fianzas económicas depositadas en su despacho” (sic) y en el punto de “adecuación normativa de la conducta del imputado” estableció que: “por las pruebas “PIJ-2, PIJ-3, PIJ-5, PIJ-6 y PIJ-7” como descargo se demuestra que el juez acusado devolvió la suma de dinero que fueron entregadas en depósito en calidad de fianza a su persona alcanzando un total de Bs. 28.500” (sic), de lo transcrito se evidencia que en ningún momento se expresa que esa devolución corresponda al total de las fianzas recibidas por el imputado, simplemente señala que “devolvió Bs. 28.500” y, tomando en cuenta a groso modo los montos entregados a su persona como se tiene detallado en un párrafo anterior al descrito precedentemente, la suma es mayor a la devuelta por el imputado, sin considerar que, efectivamente en otros casos devolvió a los imputados, a sus abogados o terceras personas dineros pero no en la totalidad en la que le fueron dados; es en ese sentido, que el Tribunal de Sentencia concluyó que el dinero otorgado en calidad de fianzas fueron manejados por el juez imputado de manera personal.


Respecto a la Audiencia de “división y partición de ganado” revisada la Sentencia, no se evidencia párrafo alguno donde el Tribunal de juicio exprese la existencia de una “supuesta audiencia”, por el contrario afirma de manera categórica que el imputado realizó una audiencia de Inspección ocular del fundo y del ganado vacuno en la hacienda “los Penocos” dentro de un proceso penal por el delito de Abigeato, sin la presencia del representante del Ministerio Público y del Actuario del Juzgado, ordenando que al día siguiente se realizará una audiencia de división y partición del ganado existente, sin que este acto haya sido solicitado por alguna de las partes; realizada la misma se distribuyó el ganado  sin que conste el acta de dicha audiencia, sólo constando la resolución de ese acto firmada sólo por el Juez, debido a que no intervinieron tampoco el fiscal ni el actuario, es en base a estos hechos que se determinó la responsabilidad del imputado con relación a haber dictado resoluciones contrarias a la ley; concluyéndose que el Tribunal de Sentencia no incurrió en contradicción alguna sobre los aspectos considerativos de la Sentencia con la parte dispositiva de esta puesto que existió plena concordancia entre los hechos declarados como probados y la consecuente adecuación de estos a la responsabilidad penal del imputado, no se puede considerar como contradictorio una parte sesgada en la redacción de la Sentencia como realizó el recurrente, cuando lo correcto exige la valoración o interpretación contextual de todo el acápite o considerando, como se tiene precedentemente expuesto, que demuestra que no son reales ni ciertas las afirmaciones expresadas por el recurrente, deviniendo este motivo en infundado.


III.6.Sobre la denuncia de imparcialidad del juez natural.


En cuanto a este motivo, el recurrente sostiene que no se consideró la prueba documental ofrecida con el recurso de apelación restringida por el que acreditaría que uno de los jueces técnicos habría pagado a uno de los testigos para que declare en su contra; sobre el particular, se debe tener presente que, el procedimiento penal ha previsto en su art. 410 que: “Cuando el recurso se fundamente en un defecto de forma o de procedimiento, se podrá acompañar y ofrecer prueba con ese objeto. La prueba se ofrecerá al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él. Se aplicaran las normas previstas para la producción de la prueba en el recurso de apelación incidental”; ahora bien, esta norma establece que, sólo puede presentarse prueba en aquellos casos en los cuales se alegue un error de forma o procedimiento cometido por el inferior, sólo en ese caso el Tribunal de apelación considerará su pertinencia, para ello resulta imprescindible que el apelante señale de manera concreta la prueba relacionándola con el defecto procedimental en concreto que pretende probar. 


En ese contexto, se evidencia que la denuncia del recurrente no está ligada a un defecto de forma o procedimental, puesto que sus argumentos aluden la imparcialidad del juez técnico Willy Alejandro Vargas Suárez que se vería comprometida inicialmente porque habría conformado el Tribunal sumariante de la Dirección del Consejo de la Judicatura donde el imputado fue procesado disciplinariamente y suspendido en sus funciones, aspecto que mereció como respuesta por parte del Tribunal de alzada que “…si bien es cierto que él formó parte del Tribunal disciplinario, éste conoció hechos en el área administrativa y no jurisdiccional, de ahí que la sanción de este proceso fue la suspensión y no una pena, es más el recurrente tuvo la oportunidad de recusar al Juez” (sic), añadiendo que el imputado gozó de su derecho a tener un juez natural dentro de los alcances establecidos por la SC 0491/2003. En ese sentido, al no haber realizado una correcta argumentación de algún defecto de forma o procedimiento en que hubiese incurrido el Tribunal de juicio y el señalamiento expreso de adjuntar prueba que demuestre el mismo, impidieron al Tribunal de apelación conocer este reclamo dentro de los límites de los arts. 410, 411 y 412 del CPP, razón por la cual no señalaron fecha de audiencia de fundamentación, al no ser esta una atribución de oficio del Tribunal de alzada, sino por solicitud expresa de las partes y ante la denuncia de un defecto de forma o procedimiento cometido por el Juez o Tribunal inferior. Este entendimiento se halla también plasmado en el Auto Supremo 350/2006, que en su tercer párrafo señaló: “Este razonamiento se sustenta en el artículo 411 del Código de la materia, que dispone la realización de una audiencia cuya exclusiva finalidad puede ser la producción de la prueba, ofrecida dentro de los límites del artículo 410 del Código de Procedimiento Penal(el resaltado es propio); ello en razón a restringir la posibilidad de introducir prueba en la etapa de apelación, que desvirtuaría la concepción del juicio oral, público y contradictorio, etapa única e idónea para la producción y valoración de la misma.


Por otra parte, conforme el mismo recurrente sostiene, el juez técnico del Tribunal de Sentencia Willy Alejandro Vargas Suárez formó parte del Tribunal sumariante donde se realizó un proceso disciplinario en su contra, con la consecuente determinación de suspender al imputado en sus funciones como juez instructor y cautelar; sin embargo, al iniciarse el juicio oral, siendo de conocimiento del imputado la conformación del Tribunal de Sentencia que lo juzgaría, de los antecedentes del cuaderno procesal no se advierte que Joaquín Antonio Iriarte Gastelu hubiese objetado la participación del juez Willy Vargas Suárez, teniendo la oportunidad de activar la recusación contra el Juez Técnico que según él no era imparcial para conocer y ser parte del Tribunal de Juicio; sin embargo, como se tiene manifestado precedentemente, no existe constancia alguna que permita determinar el planteamiento oportuno de la citada recusación teniéndose presente que la norma procesal penal prevé situaciones en las cuales, el juzgador puede ser recusado, tal es así que el art. 319 en su parte pertinente al caso en análisis, señala: “La recusación podrá ser interpuesta:  (…) 2) En la etapa del juicio, dentro del término establecido para los actos preparatorios de la audiencia; y…”; es decir, que se otorga a las partes la facultad de impugnar legítimamente la actuación de un juez en un proceso, cuando considera que no es apto para conocer y resolver el litigio porque su imparcialidad se encuentra comprometida o está en duda, a cuyo efecto debe fundamentar y probar la causal por lo cual solicita la recusación; en ese entendido, el Tribunal de alzada resolviendo este punto manifestó que: “… si bien es cierto que él formó parte del Tribunal disciplinario, éste conoció hechos en el área administrativa y no jurisdiccional, de ahí que la sanción de este proceso fue la suspensión y no una pena, es más el recurrente tuvo la oportunidad de recusar al Juez” (sic). Bajo tales parámetros, debe entenderse que el imputado convalidó la participación del juez cuestionado, sea porque decidió que su intervención se encontraba dentro de los marcos del juez natural o, por su descuido o negligencia omitió hacer valer sus derechos, esto en concordancia con los principios de convalidación, trascendencia y conservación, en razón a que el recurrente pretende en casación, retrotraer actos procesales cumplidos y consentidos por el mismo, en ese contexto el motivo deviene en infundado.


Estas precisiones permiten concluir que el Tribunal de apelación emitió el Auto de Vista impugnado, obrando correctamente y exponiendo las razones y fundamentos de hecho y derecho que sustentan su decisión, conforme los parámetros establecidos en la misma Sentencia, por lo que, en estricta aplicación de la ley, corresponde declarar infundado el recurso de casación.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Joaquín Antonio Iriarte Gastelu.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA