TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 395/2015-RRC-L

Sucre, 04 de agosto de 2015


Expediente                        : Santa  Cruz 79/2010        

Parte Acusadora                : Brink´s Bolivia S.A., representado por Mario Montaño Aroyo 

Parte Imputada                : Adith Orellana Espada

Delitos                        : Manipulación Informática y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 11 de mayo de 2010, cursante de fs. 409 a 412 vta., Adith Orellana Espada, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 66 de 22 de abril de 2010, de fs. 400 a 401, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por la empresa Brink´s Bolivia S.A, representada por Mario Montaño Aroyo contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Manipulación Informática, Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 363 Bis, 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1 Antecedentes


a)  En mérito a la acusación particular presentada por Mario Montaño Arroyo  representante de la empresa Brink´s Bolivia S.A. (fs. 245 a 250), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 14/2009 de 18 de diciembre (fs. 337 a 344), por la que declaró al imputado Adith Orellana Espada, autor y culpable de la comisión del delito de Manipulación Informática, previsto y sancionado por el art. 363 Bis. del CP, condenándole a la pena de tres años y seis meses de reclusión a cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, con costas a calificarse en ejecución de sentencia, una vez ejecutoriada la misma habilitará la reparación del daño; asimismo, se lo declaró absuelto de culpa y pena por la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP, en aplicación del art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena.


b)  Contra la referida Sentencia, Mario Montaño Arroyo en representación de la empresa Brink´s Bolivia S.A. y el imputado Adith Orellana Espada, formularon recursos de apelación restringida (fs. 349 a 351 vta. y de fs. 381 a 385 vta.), resueltos por Auto de Vista 66/2010 de 22 de abril (fs. 400 a 401), emitido por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, que declaró improcedentes los recursos de apelación restringida.


I.1.1 Del motivo del recurso


Del memorial de casación y del Auto Supremo de admisión 242/2015-RA-L de 3 de junio (fs. 426 a 428), se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del CPP.


Luego de transcribirse parte del Auto de Vista con relación al primer punto de su apelación restringida, el recurrente indicó que los Vocales ingresaron de manera totalmente errónea, a la aplicación de la ley sustantiva, ya que no realizaron un examen de la subsunción del hecho al tipo penal acusado, que requiere la manipulación del sistema informático y no, como manifestaron el Juez y perito; sino, lo que se manipuló fue el sistema electromecánico de la carga de billetes, además de no haberse demostrado uno de los elementos del tipo penal referido a que se tenía que dar: “un resultado incorrecto o evite un proceso tal cuyo resultado habría sido incorrecto” (sic), resultando contradictorio a los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006 y 317 de 13 de junio de 2003, debido a que no se resolvió la impugnación a la Sentencia en cuanto a la errónea subsunción realizada por el Juez; hecho que se resalta de la lectura del Auto de Vista en la que en contraposición de la doctrina invocada, no se motiva expresa, clara, completa, legitima y de forma lógica las razones del porqué de su Resolución.

    

I.1.2. Petitorio.


El recurrente, solicitó se deje sin efecto en parte el Auto de Vista recurrido, disponiendo que la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dicte uno nuevo declarándole absuelto de toda culpa.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 242/2015-RA-L de 3 de junio, éste Tribunal declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Adith Orellana Espada, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1. De la Sentencia.


Una vez concluido el debate del juicio oral, el Juez Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró al imputado Adith Orellana Espada, autor y responsable de la comisión del delito de Manipulación Informática, estableciendo los siguientes hechos probados:


Primero, que Adith Orellana Espada trabajaba en Brink´s Bolivia S.A. cumpliendo la función de portavalor hasta el 12 de julio de 2007. Segundo, que como función principal establecida en el punto 9 del manual de funciones, estaba la de realizar las cargas a los cajeros automáticos e introducir los datos correctamente al sistema; precisamente esa función es la que no fue cumplida por el imputado, lo que dio lugar al presente proceso penal. Tercero, que entre “julio y julio de 2007” (sic), el imputado debía entregar todos los cajeros a su cargo al nuevo portavalor, porque el cumpliría otra función en la Empresa; sin embargo, se reservó cinco cajeros para seguir administrando y estos eran de acuerdo a su ubicación, los siguientes: Mercado Abasto, Fortaleza, Refinor, Huérfanos y Sur Fidalga. Cuarto, que según los arqueos de 7, 9 y 11 de julio de 2007, el imputado sustrajo de dichos cajeros 350 piezas de cortes de $us 100.- (cien dólares estadounidenses) que ascendieron a la suma de $us 36.500.- (treinta y seis mil quinientos dólares estadounidenses), no ingresando los datos al sistema correctamente. Quinto, que conforme a la prueba pericial técnica, el sistema no reporta cantidad de billetes solo volumen; con lo cual no existe un mecanismo dentro del mismo sistema para conocer si efectivamente las cargas realizadas o dinero físico, tienen correspondencia igual a los datos ingresados al sistema. Sexto, que de lo anterior se concluye que el imputado para no ser advertido, los billetes sustraídos fueron en varias cargas, durante un lapso de tiempo no determinado, aunque las fechas del descubrimiento de la irregularidad fueron del 7 al 11 de julio de 2007. Séptimo, como un hecho probado adicional y que incluso fue reconocido por el mismo imputado es que durante  un tiempo cumplía la doble función de chofer y portavalor, lo que facilitaba más aun la posibilidad de desviar la ruta. Octavo, que el portavalor tenía una llave electrónica y era el único autorizado para pedir la clave de acceso.


Asimismo, como parte del recurso de casación está relacionado a que el Tribunal de alzada no verificó correctamente la subsunción de los hechos al tipo penal de Manipulación Informática, se procede a extractar el considerando cuarto de la Sentencia apelada:


El tipo penal previsto en el art. 363 Bis (Manipulación Informática), tiene como elemento material y verbo nuclear, manipular o transferir datos informáticos que conduzcan a un resultado incorrecto; como otro elemento material esta la transferencia patrimonial; es decir, si se realiza la manipulación será para conseguir un resultado cual es la transferencia patrimonial, que a su vez ocasionará un perjuicio a la víctima. El elemento subjetivo es que el agente con la realización del tipo busca un beneficio indebido; vale decir, la ideación y ejecución del hecho es por eta razón, entonces si hay transferencia patrimonial desde luego que representará un beneficio indebido; pues lo contrario si solo se realiza la manipulación; pero, no consigue la transferencia de patrimonio no se consuma el delito, en cuyo caso quizás si se puede hablar de una tentativa tomando en cuenta que se trata de un delito de resultado. En el caso de autos, si bien el mecanismo de la carga a la bandeja es manual o mecánico; sin embargo, el ingreso de datos al sistema es informático, quiere decir si se ingresa datos falsos, se va a tener un resultado incorrecto, porque la existencia física no va a reflejar lo que en el sistema esta digitado; ahora bien lo que el imputado realizó es precisamente aquello, ingresar una cantidad de billetes al sistema de acuerdo a la hoja que viene en la bolsa sellada; pero, carga en la bandeja con otra cantidad inferior y para que parezca en cuanto a volumen normal introducía papel envuelto con liga y a su vez ese procedimiento produjo un desplazamiento patrimonial a su favor con la sustracción de billetes, ocasionando perjuicio a la empresa Brink´s  S.A Bolivia que es quien responde frente al Banco; con lo cual se cumplieron los elementos materiales del tipo y también el subjetivo, pues ha existido siempre intención de obtener un beneficio indebido con este mecanismo, donde se observa claramente el dolo, desde un inicio, no hay como escudarse en el error o la culpa, ya que la experiencia en el manejo le permitió perfeccionar el mecanismo ya referido. Un dato que pone en descubierto el dolo, es que inicialmente para no ser descubierto él se reserva la administración de cinco cajeros, siendo que ya debía entregarlos al nuevo portavalor; en consecuencia el imputado adecuo su conducta al ilícito de Manipulación Informática.


II.2. De la apelación restringida.


Por memorial que cursa de fs. 381 a 385 vta., el imputado interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia pronunciada, teniendo como fundamentos de los agravios denunciados en dicha etapa y que son motivo de casación, que:


En la sentencia el Juez inobservó y aplicó erróneamente la ley sustantiva [art. 370 incs. 1), 4), 5) y 6) de la Ley  1970], señalando que existe errónea calificación de los hechos al tipo penal acusado, pues este en su aspecto subjetivo es un delito doloso, además de que se requiere la manipulación de datos informáticos, en consecuencia para la configuración de este ilícito necesariamente debe efectuarse una manipulación o alteración de datos informáticos; sin embargo, esta manipulación como lo explicó el consultor técnico propuesto por la acusación puede ser en los datos informáticos de entrada de procesamiento o de salida, y de acuerdo los datos del proceso y por las mismas declaraciones de los testigos de cargo nunca existió una alteración o manipulación de datos informáticos, menos que acredite que el recurrente sea el que hubiere manipulado dichos datos, en consecuencia no existe una correcta adecuación de su conducta al tipo penal condenado.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


Radicada la causa en la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, resolvió el recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado y los querellantes, mediante Auto de Vista 66 de 22 de abril de 2010, teniéndose como fundamentos los siguientes:


Con relación a la inobservancia de la ley sustantiva, la misma resulta no ser cierta pues la ley se viola cuando media desconocimiento de una norma jurídica, sea en su existencia, en su validez o en su significado. Hay falta aplicación cuando media error al calificar el hecho del proceso o en la elección de la norma, que le fuere aplicable. En el caso en análisis no se presentó ninguno de estos supuestos; además que como se tiene claramente señalado todo lo relativo a la determinación del material fáctico, así como lo atinente al ejercicio de los poderes discrecionales queda excluido de la órbita de control en apelación restringida; siendo únicamente controlables por el Tribunal ad quem, el examen de la motivación en que las conclusiones fácticas se fundan.


En el presente caso el Tribunal a quo, llegó al convencimiento por la prueba aportada, que el hecho únicamente se subsumía al tipo penal previsto en el art. 363 Bis del CP, pues la conducta desplegada por el procesado, conforme a los hechos probados, señalando que en su función de porta valor sustrajo 350 piezas de cortes de $us. 100.- (cien dólares estadounidenses) de los cajeros, ingresando para ello datos erróneos al sistema. Nótese asimismo, que el verbo rector del tipo previsto en el art. 363 Bis del CP, es la obtención de un beneficio para sí o un tercero, como consecuencia de la manipulación de un procesamiento o transferencia de datos informáticos que conducen a un resultado incorrecto; consiguientemente, las conductas previstas en los arts. 345 y 346 del CP y acusadas como inobservadas, quedan excluidas, por subsumirse solo en el referido penal de manipulación informática.


Asimismo en el numeral II el Tribunal de alzada estableció que, en cuanto al motivo de apelación del recurrente, quien denuncio la errónea aplicación del art. 363 Bis del CP, como se tiene precisado supra, la conducta del proceso quedo subsumida dentro del tipo penal señalado, al haberse manipulado el procesamiento de carga de dinero en los cajeros al no tener una correspondencia entre el dinero y los datos ingresados, rechazando en consecuencia dicho agravio.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


Establecido el ámbito de análisis en el Auto de Admisión y considerando la problemática en el recurso de casación, se ingresa a resolver esta en los siguientes términos:


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por el art. 42.I inc. 3) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, actuales Tribunales Departamentales de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en materia procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios; será de aplicación obligatoria para los Tribunales y Jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


III.2 De los precedentes invocados.


Auto Supremo 342 de 28 de agosto 2006, dictado dentro del proceso penal seguido por J.C.Q. contra E.M.M. y otro, por la presunta comisión de los delitos de Perturbación de la Posesión y otros, Resolución que tiene como antecedente fáctico que la Sentencia emitida en dicho proceso incurrió en inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, por la existencia de valoración defectuosa, insuficiente y contradictoria de la prueba conforme establece el art. 370 en sus incs. 1), 5) y 6) del CPP; toda vez, que la parte querellante no hubiese ofrecido prueba durante el desarrollo del juicio; por lo cual, no hay fundamento para dictar una Sentencia condenatoria vulnerando la Constitución Política del Estado en sus arts. 6.II, 7 y 16.I, y arts. 124, 169 inc. 3), 173, 370 incs. 1), 5) y 6), 363 incs. 1) y 3) del CPP, referidos al debido proceso, a la garantía de la no autoincriminación, el derecho a la tutela efectiva, a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa. Estas denuncias generaron la emisión de la siguiente doctrina legal:


Las resoluciones, para ser válidas, deben ser motivadas. Esta exigencia constituye una garantía constitucional, no sólo para el acusado sino también para el Estado, en cuanto tiende a asegurar la recta administración de justicia.


La exigencia de motivación constituye una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al juez el material necesario para ejercer su control, y sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


En virtud de éstas razones, la ley procesal consagra la exigencia de motivación de las sentencias, amenazando la infracción a dicha regla, con la nulidad conforme reza el artículo 370.5) Código de Procedimiento Penal.


La motivación, a la vez que un requisito formal, que en la sentencia no se puede omitir, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico (Claría Olmedo). Es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión y que se consigna habitualmente en los "considerandos" de la sentencia. Motivar es fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución.


La motivación debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica.


a) Expresa : Porque el juez, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan la condena o a la absolución, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


b) Clara: En la sentencia, el objeto del pensar jurídico debe estar notoriamente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la lean, aún sea por los legos.


c) Completa: La exigencia comprende a todas las cuestiones fundamentales de la causa y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar y habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los motivos sobre un punto esencial de la decisión.


Esto no implica que los hechos secundarios queden excluidos; la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprende el iter a través del cual el juez llega a la conclusión sobre el hecho principal. El error sobre el hecho secundario será relevante sólo en la medida en que repercuta o influya sobre el asunto principal.


La motivación, para ser completa, debe referirse al hecho y al derecho, valorando las pruebas y expresando las conclusiones a las que arribe el Tribunal luego de un examen sobre la subsunción del hecho comprobado en un precepto penal y sobre las consecuencias jurídicas que se derivan de su aplicación.


d) Legítima: La legitimidad de la motivación se refiere tanto a la validez intrínseca de las pruebas valoradas en la sentencia, como a que ellas provengan del debate. La prueba invocada debe ser válida. La sentencia que se funde en prueba ilegal es una sentencia ilegalmente motivada. Por lo tanto, la sentencia que se funda en una prueba procesalmente ilegítima, no está debidamente motivada. Si el defecto recae sobre un aspecto esencial de sentencia, procederá la anulación de ésta.


También, por supuesto, será ilegítima la motivación si se funda en prueba obtenida por un procedimiento ilegítimo y violatorio de las normas constitucionales que consagran las garantías del debido proceso.


Al respecto, señala Maier: "...que a la verdad solo se puede arribar por los medios y en la forma que la ley permite; que, de haberse incorporado al procedimiento un elemento de prueba mediante un acto irregular o mediante un acto regular, cuya posibilidad de realización provenga necesaria y directamente del conocimiento adquirido por un acto irregular, él es invalorable para fundar una decisión judicial en perjuicio del imputado".


e) Lógica: Finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las pruebas producidas durante el juicio de un modo integral conforme a las reglas de la sana crítica y expondrá los razonamientos en que fundamenta su decisión, es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia.


Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003, dictado dentro del proceso penal seguido por H.A.M de Cotoca contra L.B.G, por la presunta comisión del delito de Falsedad Ideológica y otros, resolución en la que se emitió la siguiente doctrina legal:


Que de acuerdo a la nueva concepción doctrinaria la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los Jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley. Por ello no existe la doble instancia y el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los siguiente aspectos: anular total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; cuando la nulidad sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio; y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente.


Conclusivamente, "En aquellos supuestos en que el Tribunal de alzada se incline por anular parcialmente la sentencia del Juez o Tribunal de Sentencia, sea por la imposibilidad de reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; por mandato del primer y segundo periodo del art. 413 de la Ley Procesal Penal, deberá indefectiblemente indicar el objeto concreto de nuevo juicio y remitir obrados a otro Juez o Tribunal para la reposición del mismo, en el marco de las garantías procesales, constitucionales y supranacionales que establecen los instrumentos internacionales". Cumplimiento que importa tener que salvar los vicios procedimentales y los fundamentos del hecho del proceso contenidos en la ratio decidendi de la presente decisión.


Respecto de los precedentes invocados al corresponder a una situación de hecho similar al denunciado (Falta de fundamentación e incorrecta subsunción del tipo penal), corresponde ingresar a considerar el fondo de la problemática planteada a los fines de establecer la presunta existencia de las contradicciones alegadas.    


III.3. La debida fundamentación  y motivación de las resoluciones judiciales.


El art. 180.I de la CPE, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, refiriéndose a la fundamentación y motivación, refiere: “…constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales”.


El mismo autor citando a Joan Pico I Junoy,  manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.


Ese entendimiento fue asumido por este Tribunal mediante varios Autos Supremos, entre otros el Auto Supremo 218/2014 de 4 de junio, que refiere: “Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal estableció (…), entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica”.


III.4. Análisis del caso planteado.


Ante la denuncia que el Auto de Vista en la Resolución del primer punto de su apelación restringida, incurrió en errónea aplicación de la ley sustantiva, ya que no realizaron un examen de la subsunción del hecho al tipo penal acusado que requiere la manipulación del sistema informático contradiciendo lo establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006 y 317 de 13 de junio de 2003, debido a que no se hubiese resuelto la impugnación en cuanto a la errónea subsunción realizada por el Juez; hecho que se resalta de la lectura del Auto de Vista en la que en contraposición de la doctrina invocada, no se motiva expresa, clara, completa, legitima y de forma lógica las razones del porqué de su resolución.

El Auto de Vista impugnado a tiempo de resolver el agravio relativo a la errónea adecuación de los hechos al tipo penal acusado, señaló: “En el presente caso el Tribunal a quo, llegó al convencimiento por la prueba aportada, que el hecho únicamente se subsumía al tipo penal previsto en el art. 363 Bis del CP, pues la conducta desplegada por el procesado, conforme a los hechos probados, señalando que en su función de porta valor sustrajo 350 piezas de cortes de $us. 100.- (cien dólares estadounidenses) de los cajeros, ingresando para ello datos erróneos al sistema. Nótese asimismo, que el verbo rector del tipo previsto en el art. 363 Bis del CP, es la obtención de un beneficio para sí o un tercero, como consecuencia de la manipulación de un procesamiento o transferencia de datos informáticos que conducen a un resultado incorrecto; consiguientemente, las conductas previstas en los arts. 345 y 346 del CP y acusadas como inobservadas, quedan excluidas, por subsumirse solo en el referido penal de manipulación informática. Asimismo, en el numeral II el Tribunal de alzada estableció que, en cuanto al motivo de apelación del recurrente, quien denuncio la errónea aplicación del art. 363 Bis del CP, como se tiene precisado supra, la conducta del proceso quedo subsumida dentro del tipo penal señalado, al haberse manipulado el procesamiento de carga de dinero en los cajeros al no tener una correspondencia entre el dinero y los datos ingresados, rechazando en consecuencia dicho agravio”.


Del razonamiento arribado por el Tribunal de alzada, se tiene que la citada conclusión es producto del análisis del considerando cuarto de la Sentencia apelada donde se desarrolló tanto los elementos objetivos como subjetivos del tipo penal de manipulación, mismo que contrastados con los hechos probados establecieron con plena convicción la responsabilidad penal del imputado en el ya citado delito, acreditándose en consecuencia que no es evidente el agravio denunciado por el recurrente; es decir, el Tribunal de alzada sí dio respuesta fundamentada y motivada, la misma que conforme a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, no es preciso que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales; sino, ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados; caso acontecido en el presente proceso, pues a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida formulado por el imputado y particularmente en lo referente a la inobservancia de la adecuación de su conducta al tipo penal de Manipulación Informática, estableció de manera inequívoca que Adith Orellana Espada, en su condición de portavalor de la empresa Brink´s S.A. teniendo la administración de cinco cajeros automáticos que debían ser entregados al nuevo funcionario, manipuló ingresando datos falsos al sistema (cantidades mayores de dinero) pues estos no coincidían con el total de billetes introducidos en la bandeja, cuyos hechos fueron descubiertos el 2007, esa acción es típica porque se vio y analizó como ya se dijo tanto los elementos objetivos como subjetivo del ilícito acusado y condenado; en consecuencia, el recurso deviene en infundado al no ser evidente la falta de motivación en cuanto a la subsunción del tipo penal de Manipulación Informática.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art.  419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Adith Orellana Espada.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA