TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 393/2015-RRC-L

Sucre, 04 de agosto de 2015


Expediente                        : Potosí 54/2010

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Henry Wilson Buergo Sagardia y otros

Delitos                        : Robo y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina

       

RESULTANDO


Por memoriales presentados el 27 de agosto y 4 de septiembre, ambos de 2010, cursante de fs. 259 a 261 vta. y fs. 284 a 300 vta., los imputados Henry Wilson Buergo Sagardia y Vladimir Garvizu Vargas, a su turno, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 34/2010 de 15 de julio, de fs. 239 a 242, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Banco de Crédito de Bolivia S.A. representado por Juan Carlos Bustillos Murillo, contra los recurrentes y José Aurelio Ayllón, por la presunta comisión de los delitos de Robo y Robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 331 y 332 inc. 2) del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a)   Por Sentencia 08/2010 de 20 de abril (fs. 146 a 187 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, declaró a los imputados Henry Wilson Buergo Sagardia, Vladimir Garvizu Vargas y José Aurelio Aylllón Casazola, absueltos de la comisión de los delitos de Robo y Robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 331 y 332 inc. 2) del CP, más costas al querellante.


b)   Contra la mencionada Sentencia, el apoderado legal del Banco de Crédito de Bolivia S.A., Johnny Martínez Tapia, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 192 a 198 vta.), resuelto por Auto de Vista 34/2010 de 15 de julio (fs. 239 a 242) dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que declaró procedente el recurso planteado y en el fondo anuló totalmente la Sentencia absolutoria, disponiendo la reposición del juicio mediante reenvió ante el Tribunal Segundo de Sentencia.


I.1.1. Motivos del recurso.


Del memorial del recurso de casación presentado por Vladimir Garvizu Vargas y del Auto Supremo de admisión 273/2015-RA-L de 3 de junio (fs. 310 a 315 vta.), se extraen los motivos admitidos con relación al memorial interpuesto por el precitado, a ser analizados en la presente Resolución; sobre los cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis, conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


1)   En el Cuarto Considerando del Auto de Vista se realizó una revalorización de la prueba, vulnerando sus derechos a la defensa y al debido proceso, usurpando funciones propias del Tribunal de Sentencia; condenándolo sin haber visto y oído de modo directo los elementos probatorios y sin tener competencia para el conocimiento de los hechos, su existencia y responsabilidad; desnaturalizando el medio de impugnación y provocando defecto de la resolución, conforme determina el art. 370 inc. 6) del CPP; alegando que las bolsas autosellantes encontradas cortadas en el basurero no debieron haber sido excluidas del proceso, en aplicación de lo dispuesto por el art. 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), puesto que fueron entregadas a requerimiento del fiscal; en virtud a lo cual, determina que el Tribunal de Sentencia no las valoró adecuadamente en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida, la cual no vulneró ninguna garantía procesal ni constitucional; además que incluso los imputados reconocen la existencia de tales bolsas.


Asimismo, expresa que los acusados Henry Buergo y José Aurelio Ayllón, a tiempo de recibir el dinero no cumplieron con la normativa interna, como es identificar a la persona que cumple con la entrega y revisar que las bolsas no tangan ningún corte ni alteración y confrontar con la hoja de transporte de la Empresa; de manera susceptible la hoja fue firmada únicamente por Ayllón y no por Henry Buergo, y más extraño es que verificaron el monto en bolivianos; pero, no el de dólares americanos; es más no podían cerrar la bóveda hasta cuadrar las diferencias.


Se expresa que no se verificó ni cotejó la seguridad de los yutes y las bolsas de plástico y menos se cumplió con el Manual de Funciones, sólo con relación a los dólares; y, en el juicio oral entraron en serias contradicciones con referencia a quien hubiere abierto las bolsas.


Invoca los Autos Supremos 450 de 19 de agosto, 104 de 20 de febrero, ambos de 2004, 373 de 6 de septiembre de 2006, que estaría referidos a la imposibilidad de revalorizar prueba en etapa de apelación.


2)   El fallo de alzada incurre en insuficiente fundamentación, puesto que sostiene que la Sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados, sin demostrar dicha aseveración, citando el art. 370 inc. 6) del CPP; incurriendo en error, puesto que antes de decir cuál es la base de su apelación, indican que la amplia jurisprudencia establece sin señalar cuál es esa jurisprudencia; se refiere a la prueba consistente en las bolsas autosellantes y las hojas de transporte, las cuales nunca fueron consideradas por los Ejecutivos del Banco, como por los investigadores asignados al caso; y sin embargo, recién ahora, en etapa de apelación, si lo hacen los Vocales


No se indica cómo su persona hubiere cometido el delito que se le atribuye y con qué pruebas se sustenta aquello; ni prueba testifical que lo identifique como la persona que rompió los precintos de la bolsa de yute que contenía una bolsa autosellante, y que sacó $us. 100.000.- (cien mil dólares estadounidenses) y que luego la hubiere cerrado; lo que motivó su absolución.


Refiere que el Auto de Vista anula la Sentencia absolutoria y viola los derechos al debido proceso y seguridad jurídica, mencionando algunos Autos Supremos en unos cuantos renglones para cada caso específico; empero, no explica el motivo de la nulidad en que se basa, pretende basar su nulidad en el Auto Supremo 374 de 22 de junio de 2004 sin motivar los hechos y derechos que dan lugar a esa nulidad, invocado de forma ultra petita, puesto que no fue citado por el apelante, rompiendo los principios de objetividad, equidad y justicia, así como el debido proceso.


En el fallo de alzada se afirma que en la Sentencia no existió una enunciación del hecho, extremo falso que sólo sirvió de argumento para anular una justa Resolución; por lo que, se violaron los arts. 124, 173 y 370 inc. 3) del CPP. Invoca el Auto Supremo 479 de 8 de diciembre de 2005.


I.1.2. Petitorio.


Por lo expuesto, el recurrente solicita que una vez admitido el presente recurso, se deje sin efecto el Auto de Vista 34/2010 de 15 de julio, dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí y se mantenga incólume la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 273/2015-RA-L de 03 de junio, cursante de fs. 310 a 153, este Tribunal admitió uno de los dos motivos denunciados en el recurso de casación, por parte del imputado Vladimir Garvizu Vargas, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Desarrollado el juicio oral, el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dictó la Sentencia 08/2010 de 20 de abril,  que declaró a los imputados Henry Wilson Buergo Sagardia, Vladimir Garvizu Vargas y José Aurelio Aylllón Casazola, absueltos de la comisión de los delitos de Robo y Robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 331 y 332 inc. 2) del CP, más costas al querellante; de acuerdo a los siguientes fundamentos, relativos a los motivos a analizarse:


a)   Quedó demostrado que el jueves 9 de octubre de 2008, llegó e ingresó al Banco de Crédito de Potosí, la remesa de ocho millones de bolivianos y de un millón de dólares, de los cuáles, el monto en dólares, objeto de juzgamiento en el presente proceso, en el que se acusa por los delitos de Robo y Robo Agravado, sosteniendo que los tres imputados, de forma conjunta se hubiesen apropiado de dicha remesa, la suma de $us. 100.000.- (cien mil dólares estadounidenses), con distribución de roles. Sin embargo, del análisis de la prueba legalmente introducida al presente juicio, ni el fiscal y menos el acusador particular pudieron demostrar con elemento alguno, primero que el hecho hubiere ocurrido tal cual describen en sus proposiciones acusatorias, es decir, que los tres acusados hubieran planificado el ilícito, siguiendo roles; explicando que el primero de ellos, Vladimir Garvizu Vargas, conocedor de la llegada de la remesa ese día, al momento de hacerse el transbordo y/o luego ingresar el vehículo carry de Brinks de la ciudad de Potosí, hubiere abierto el yute y luego de hacer un corte en lugar no autorizado en la bolsa de plástico autosellante y debidamente precintada, habría sacado un paquete que contenía $us. 100.000.- (cien mil dólares estadounidenses) y se lo guardó en su poder.


b)   De todas las pruebas analizadas, no existe una sola literal y menos testifical que acredite los aspectos denunciados, pues los funcionarios del Brinks de la Estación, en sus declaraciones, fueron claros al manifestar que si bien vieron ingresar a Vladimir Garvizu Vargas, a la parte de atrás del carry, pero lo hizo junto a funcionarios y policías de seguridad; siendo además recién en ese momento, asignado por Villafuerte, responsable de la empresa Brinks, para que entregue la remesa al Banco de Crédito. Menos prueba material que haga presumir lo denunciado; como serían las bolsas de plástico que contenían la remesa en dólares para apreciar objetivamente el corte ilegal o boquete en lugar distinto al autorizado, o traslado que supuestamente hizo Garvizu para sacar el dinero, pues dicha prueba no fue introducida a este juicio; consiguientemente, todo lo dicho y señalado por testigos y literales, con relación a estas bolsas de plástico, carece de todo valor probatorio al no existir materialmente en este juicio, dichas bolsas de plástico; sin hacer mención al procedimiento de cómo hubiese obtenido finalmente el fiscal, dichas bolsas de plástico.


c)   Tampoco se estableció con certeza que una vez ingresado el dinero al Banco y a la bóveda junto a los tres acusados, luego de acomodar la remesa en bolivianos, Buergo no observó que la bolsa de plástico fue abierta en un lugar indebido, y siguió con la entrega del mismo a Ayllón, quien igualmente como ya sabía de este hecho, no observó y siguió el procedimiento, para finalmente Garvizu sacar los $us. 100.000.- (cien mil dólares estadounidenses) en una bolsa de yute bajo el brazo. Aspectos descritos en la acusación fiscal y particular, que no demostraron la existencia real de las bolsas de plástico para poder establecer la situación.


d)   Tomando en cuenta que el delito de Robo exige como requisito, la existencia de fuerza en las cosas, violencia o intimidación en las personas, elemento legal no demostrado por los acusadores, al no existir materialmente esas bolsas de plástico en el presente caso. Más aún cuando el propio investigador Adalid Huarayo Cazorla, evidenció el 10 de octubre de 2008 que no existió violencia en instalaciones de la entidad bancaria. Por lo cual, al no haberse demostrado este primer requisito del tipo penal Robo, como es la fuerza en las cosas, menos violencia o intimidación en las personas, tampoco se puede ingresar al estudio de Robo Agravado, cuando la exigencia legal primaria de Robo no se cumplió.


e)   De toda la prueba introducida al juicio, siguiendo el fundamento fáctico de las dos acusaciones, no se encuentra elemento probatorio que acredite que una vez concluida la recepción de la remesa, Vladimir Garvizu Vargas hubiere salido del Banco con los $us.100.000.- (cien mil dólares estadounidenses), pues el ingreso de éste y de las autoridades superiores del Banco, contaminaron totalmente el escenario del hecho, más aún, cuando el 9 de octubre de 2008, al terminar la recepción, José Aurelio Ayllón volvió a ingresar dos veces nuevamente, y una de ellas, junto a José Luis Choque, a preparar dineros para el día siguiente. El 10 del mismo mes y año, ingresaron nuevamente a recoger ese dinero, para luego ingresar Henry Wilson Buergo Sagardia con Guelly Villca a sacar dineros para el normal funcionamiento de los cajeros, tanto en bolivianos como en dólares, y cuando extraía los dólares, José Aurelio Ayllón se dio cuenta del faltante y recién dio aviso a sus superiores, quienes igualmente ingresaron hasta la bóveda a buscar esos dineros; es decir, que concluida la recepción y conforme a las pruebas introducidas, mal se puede presumir la culpabilidad sólo de los tres acusados, cuando luego del supuesto hecho, varias personas ingresaron a la bóveda, como se tiene probado precedentemente.


f)   No se llegó a establecer la existencia de prueba pericial de huellografía y otros, en dichas bolsas que correspondan mínimamente a uno de los acusados, pues la misma no se presentó en el juicio, como lo hace conocer el propio policía Huarayo, al señalar que los funcionarios del Banco recién dieron aviso del hecho en la tarde del viernes 10 de octubre de 2008, oportunidad en la cual, todo el escenario ya estaba contaminado; aspecto que impidió proceder a levantar huellas del lugar.


g)   Por lo señalado, corresponde aplicar el principio pro reo, el cual establece que en caso de duda, como ser la insuficiencia probatoria, se debe favorecer a los imputados; y en el caso, el juzgador no está seguro de lo denunciado y así lo fundamentó en la Sentencia; por lo que, corresponde emitir un fallo absolutorio.


II.2. Del recurso de apelación restringida de la acusadora


Johnny Martínez Tapia, apoderado legal del Banco de Crédito de Bolivia S.A.,  planteó recurso de apelación restringida (fs. 192 a 198) contra la Sentencia 08/2010 de 20 de abril, bajo los siguientes argumentos:


1)   Denuncia errónea aplicación de la ley sustantiva, prevista por el art. 370 inc. 1) del CPP, con relación a los arts. 331 y 332 inc. 2) del CP, puesto que la Sentencia concluyó con que el Banco de Crédito, no hubiere llegado a demostrar los ilícitos endilgados, manifestando una serie de imprecisiones y contradicciones en la Sentencia, puesto que el juzgador determinó la absolución en aplicación del principio pro reo, cuando los hechos se encuentran respaldados por indicios precisos y concordantes que llevan a la conclusión fáctica descrita en el Considerando 1.


2)  Se reconoce el ingreso de un millón de dólares, lo que era de pleno conocimiento de los imputados Henry Wilson Buergo Sagardia y José Aurelio Ayllón, ambos más Vladimir Garvizu Vargas que se encontraban en la bóveda, marco de la puerta de la bóveda y ante bóveda, contradicciones que se expresaron de manera redundante.


3)  Manifiesta que en el fallo de mérito existen una serie de imprecisiones, falencias e incongruencias; de donde se deduce que el tipo penal perfectamente se halla adecuado, por lo que existe error in judicando; por lo tanto, el fallo objeto de la apelación merece ser revocado y dictarse Sentencia condenatoria, ya que las declaraciones de los testigos de cargo se adecúan al día de los hechos así como pruebas aportadas; por lo que, no es evidente que no se hubiere identificado quién fue el causante del ilícito, ya que la prueba aportada fue suficiente para generar en el Tribunal, la condena. Por otra parte, de acuerdo a la doctrina aplicable, los delitos juzgados son dolosos; y en el caso de autos, se demostró la sagacidad y perfección con la que se cometió el ilícito; por consiguiente, es uno de los elementos que hace que la Sentencia sea revocada.


4)   La Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, art. 370 inc. 6) del CPP, puesto que en lo concerniente a la fundamentación probatoria, hace mención expresa a los testigos, quienes manifestaron claramente sobre los hechos acusados el 9 de octubre de 2008, porque el Sub Oficial Sebastián Quispe, manifestó que los imputados hicieron ingresar el dinero al Banco; es decir, estaban en el lugar de los hechos y fueron quienes sustrajeron el mismo. Asimismo no se valoraron las pruebas autosellantes por haber sido excluidas; sin embargo, en la Sentencia se hace mención a ellas, indicando que fueron presentadas y entregados los objetos a la autoridad competente; por lo que, el razonamiento expuesto por el A quo no tiene lógica ni razón alguna, ya que lo único que se excluyó fueron las bolsas con una anacrónica resolución; empero, las actas de entrega de las bolsas auto sellantes no se excluyeron; extremo que el Tribunal de juicio no valoró; como tampoco se dio valor a cada una de las pruebas introducidas al verificativo oral.


5)  Que la Sentencia carece de fundamentación, porque no se consideraron ni valoraron las pruebas relevantes que fueron legalmente introducidas al juicio. Y respecto a la doctrina aplicable, señala que si se demostraron los hechos, el Tribunal no puede suponer; sino, establecer los puntos que fueron probados, todo acto contrario al art. 370 inc. 1) del CPP, es nulo de pleno derecho ya que se estaría violando el art. 124 del CPP, puesto que es una obligación legal que se dicte Sentencia condenatoria fundamentada.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


Radicada la causa ante la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida formulado por el acusador particular, emitiendo el Auto de Vista 34/2010 de 15 de julio, declarándolo procedente y anulando totalmente la Sentencia impugnada, de acuerdo a los siguientes argumentos:


i)  La Sentencia contiene contradicciones entre los hechos probados con la valoración de la prueba y la parte resolutiva, ingresando no solamente en el defecto previsto en el “inc. 6)”; sino, en una contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, pues al día siguiente que se suscitó la pérdida de los $us. 100.000.- (cien mil dólares estadounidenses) fue de conocimiento de los empleados de la entidad bancaria, primeramente por información de las empleadas de limpieza de la Empresa “TOTES”, que las bolsas plásticas codificadas por seguridad y que habían sido utilizadas para el transporte de la remesa, ya no se encontraban en el interior del Banco, cosa contraria al resto de las bolsas plásticas que contenía el dinero en bolivianos, las cuales aún permanecieron en la azotea del edificio, puesto que recién se las iba a depositar en los carros basureros. Pues al no encontrar las bolsas plásticas, por instrucciones del imputado Henry Wilson Buergo Sagardia, varios compañeros de trabajo se constituyeron en el botadero de basura, ubicado en el Plan 2000 de la ciudad de Potosí, logrando de manera sorprendente encontrar las mismas bolsas de lo dólares americanos, donde advirtieron que habían dos cortes, uno en la parte superior y otro al costado en el mismo lugar, y realizado el examen pertinente por el perito Favio Adalid Huraño C., éste afirmó que cada bolsa tenía un corte con bordes regulares, que se los hizo en la parte superior de las bolsas, donde dice: “prohibido el corte”, y lo más extraño es como éstas salieron del Banco para ir a parar al botadero. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia, siendo importante y de mucha relevancia estos hechos, dispuso la exclusión probatoria de estas bosas encontradas en el botadero, por violar el procedimiento en la obtención de las bolsas de plástico que contenía los dólares americanos; pero, en la parte considerativa de la Sentencia, admitió la existencia de bolsas; sin embargo, las excluyó sin tomar en cuenta la segunda parte del art. 184 del CPP concordante con el art. 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), ya que dicha prueba habría sido entregada por Jorge Garnica a requerimiento del fiscal Sergio Iporre, donde probablemente se hubiere labrado el acta de entrega firmado por éste y con las demás formalidades de ley, en cumplimiento a la norma procesal antes indicada; incurriendo con ello, el Tribunal de juicio, en inadecuada valoración que impidió la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida, además que no tomó en cuenta que esta prueba en ningún momento procesal vulneró ninguna garantía procesal o constitucional y tiene que ver directamente con los hechos, porque fueron los mismos empleados del Banco, quienes encontraron las bolsas plásticas en el botadero y entregaron al señor Garnica, quien era el Jefe de Operaciones de la entidad Bancaria; y éste las entregó a requerimiento del Ministerio Público; empero, el Tribunal a quo las excluyó aplicando erróneamente el art. 180 del CPP.


ii)   De la revisión del acta del juicio oral, se tiene que los imputados Henry Buergo Sagardia y José Aurelio Ayllón, a tiempo de recibir el dinero, no cumplieron con la normativa que tienen internamente, y dentro de esas instrucciones, estaba identificar a la persona que entrega el dinero; segundo, revisar que las bolsas que reciben no tenga ningún corte ni alteración en las bosas; tercero, confrontar con la hoja de transporte de la Empresa, donde indica que los números de las bolsas como precintos de seguridad, lo que deben realizar para identificar los números de bolsas que llegan y dar su conformidad, el Supervisor y Jefe de Bóveda, en este caso Buergo y Ayllón, ya que fueron ellos, quienes recepcionaron la remesa tanto en bolivianos como en dólares americanos, pero de manera susceptible, la hoja de transporte fue firmada únicamente por José Aurelio Ayllón y no así por Henry Wilson Buergo Sagardia, ya que son los únicos funcionarios que saben cuándo de dinero hay en la Bóveda; y lo más extraño, es como pudieron contar o verificar los Bs. 8.000. 000.- (ocho millones de bolivianos) y no así los paquetes que contenían los dólares americanos, es más, no podían cerrar la bóveda sin que estén cuadradas las diferencias; pues su obligación era contar el dinero para recién cerrar la misma y dar su conformidad firmando ambos imputados; en la especie, no cumplieron con el procedimiento establecido para la recepción de dineros, ya sea en bolivianos o en dólares americanos.


iii)  El Tribunal de Sentencia, en la parte considerativa, manifestó que estando el dinero en la bóveda del Banco, Ayllón se mete dentro de ella y los otros dos, quienes a su turno; es decir, Garvizu y Buergo procedan a aperturar las bosas de yute, sacando las respectivas hojas de transporte así como las bolsas de plástico y vaciar el dinero al piso, primero, de bolivianos para luego Ayllón los acomode dentro de la bovedilla al interior de la bóveda en su lugar respectivo,  verificando que todo esté  conforme posteriormente, el  Tribunal a quo sostiene que no ocurrió igual procedimiento respecto a los dólares americanos, con relación a los cuales, no se verificó ni cotejó la seguridad de los yutes y de las bolsas de plástico, menos cumplieron el Manual de sus específicas funciones, quienes en el juicio oral entraron en serias contradicciones en lo concerniente a que se hubieren abierto las bolsas; pero, en la declaración del juicio oral, indican que Garvizu abrió las de yute sacando las hojas de transporte y Buergo las de plástico, quien además señala que las hojas de transporte se encontraban en las bolsas de plástico y no en las de yute; sino,  después sostienen que las bolsas las dobló Garvizu y éste las hubiere sacado bajo el brazo, fuera del Banco, para luego entregar a la Empresa, extremo que también fue visto por una de las empleadas de la empresa de limpieza TOTES, quien indicó que al salir del Banco, concretamente en la puerta, se encontró con Garvizu, quien salía con bolsas dobladas en la mano derecha, manifestándole que eran para enviar a la ciudad de La Paz.


iv)  Se advierte que se pronunció Sentencia sustentada en defectuosa valoración de la prueba, vulnerando lo previsto por los arts. 171 y 173 del CPP, incurriendo en el defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, y al no contener los elementos de prueba necesarios para subsanar los defectos en que incurrió el Tribunal de Sentencia, como las contradicciones entre los hechos probados con la valoración de la prueba y la parte resolutiva del fallo, ingresando no sólo en el defecto previsto señalado sino también en contradicción en su parte considerativa y la parte resolutiva, ya que el Tribunal a quo no presenta de manera adecuada los razonamientos que le indujeron al pronunciamiento de una Sentencia absolutoria, corresponde anular el fallo de mérito en aplicación de lo preceptuado por el art. 413 del CPP y disponer la reposición del juicio por otro Tribunal, debiendo cumplirse los principios del debido proceso, de inmediación y contradicción que rigen el proceso y el circuito probatorio en base a un nuevo criterio de valor emergente de la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica, vale decir, la experiencia, conocimiento, entendimiento lógico y la ciencia del juzgador en la apreciación de las pruebas, de lo contrario, se debe reponer el juicio, tal como disponen los Autos Supremos 144/2006 y 535/2006.


v)   Asimismo el Auto Supremo 374 de 22 de junio de 2004 establece que cuando se constaten defectos de Sentencia, así como absolutos y de procedimiento, que no sean convalidables, se anula la Sentencia y se dispone la reposición de juicio por otro Tribunal.


III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


Con la finalidad de cumplir la tarea de unificar la jurisprudencia contenida en el Auto de Vista ahora impugnado; a continuación se analizarán los agravios que fueron denunciados por el recurrente Vladimir Garvizu Vargas y admitidos en el Auto Supremo 273/2015-RA-L de 3 de junio, relativos a que el Auto de Vista incurrió en revalorización de la prueba y en insuficiente motivación. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de alzada, corresponde dilucidar si los extremos denunciados son evidentes y si constituyen contradicciones con los precedentes invocados y/o vulneraciones de derechos fundamentales, a fin de dejar sin efecto o declarar infundado el recurso intentado.


III.1.Identificación de los precedentes contradictorios invocados relativos a la revalorización de la prueba en alzada.


El recurrente invocó como precedentes contradictorios los siguientes:


Auto Supremo 450 de 19 de agosto de 2004, cuya doctrina legal establece lo siguiente: Que conforme a la normativa legal vigente, la apelación restringida, por su naturaleza y finalidad legal, es esencialmente de puro derecho, motivo por el cual, en su análisis, el Tribunal no puede retrotraer su actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos y pruebas fácticas que ya fueron sometidos al control oral, público y contradictorio por el órgano judicial de sentencia. Consecuentemente, no existe la doble instancia y, por ello, el Tribunal de Alzada se encuentra obligado a alguna de las siguientes decisiones: a) Anular total o parcialmente la sentencia ordenando la reposición del juicio por otro juez o tribunal cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; b) Cuando la nulidad sea parcial, indicar el objeto concreto del nuevo juicio; c) Cuando sea evidente que, para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, resolver directamente el caso.


Consecuentemente; En aquellos supuestos en que el Tribunal de alzada comprueba la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, por cuyo motivo tenga la convicción plena de la culpabilidad del imputado, no es pertinente anular totalmente la sentencia y disponer que se abra nuevo juicio sino dar cumplimiento a lo establecido por la última parte del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, dictando directamente una nueva sentencia que defina la situación jurídica del imputado".


El Auto Supremo 104 de 20 de febrero de 2004 señala: “Que, de acuerdo con la nueva concepción doctrinaria, la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la substanciación del juicio o la sentencia; no siendo la resolución que resuelve la apelación restringida el medio impugnativo idóneo para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho a cargo de los jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la ley. Por ello, no existiendo doble instancia en el actual sistema procesal penal, el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional ya sea a anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, se entiende por no requerir la práctica de prueba de ninguna naturaleza, podrá resolver directamente”.


Finalmente el Auto Supremo 373 de 6 de septiembre de 2006: “Que de acuerdo a la filosofía de la Ley 1970 y a la línea doctrinal sentada por este Alto Tribunal de Justicia la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio razón por la que es absolutamente imprescindible que los Tribunales de Sentencia y apelación fundamenten su resolución consignando cada uno de los puntos acusados en la impugnación; debiendo ser la fundamentación clara, sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo y se refieran a cada uno de los puntos señalados en el recurso de apelación restringida. La línea jurisprudencial establecida por este Alto Tribunal de Justicia se encuentra en el Auto Supremo Nº 562/2004 que señala: Las normas procesales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio; si en obrados se observan defectos de procedimiento que constituyen defectos absolutos y atentan derechos fundamentales, deben ser corregidos de oficio por el Tribunal de alzada o el de casación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, aunque el recurrente no hubiera efectuado reclamo oportuno para su saneamiento, facultad que está restringida para casos donde se encuentren violaciones flagrantes al debido proceso y existan defectos absolutos que determinen nulidad. Además en ningún fallo puede omitirse la fundamentación del mismo, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa con la resolutiva".


III.2. Labor de control de logicidad por parte del Tribunal de alzada ante la denuncia de errónea valoración de la prueba y la obligación de la carga argumentativa del apelante.


Aunque la apreciación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas (intangibilidad de la prueba y de los hechos) de la Sentencia son inatacables en apelación restringida; empero, están sujetas al control de logicidad a cargo del Tribunal de apelación, que verificará a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, el proceso lógico seguido por el juzgador en su razonamiento a través del examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la Sentencia, cotejando si en su fundamentación se observaron las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia.


Pues bien, el juzgador debe observar los principios lógicos supremos o leyes supremas del pensamiento que gobiernan la elaboración de los juicios y otorgan base cierta para determinar cuáles son, necesariamente, verdaderos o falsos. A decir del profesor De la Rua, las leyes del pensamiento son leyes a priori  que están constituidas por las leyes fundamentales de coherencia y derivación, por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. (De la Rua, Fernando. Teoría General del Proceso. Editorial Depalma, Buenos Aires 1991. Pág. 154-158). 


Asimismo, en relación a las leyes de la psicología, el Tribunal o Juez tiene el deber de aplicarlas en la valoración de las pruebas, no siendo necesario que indique cuál sea el procedimiento psicológico empleado; además, de aplicar las normas de la experiencia, que son los juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia; pero, independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos. (Arroyo, Gutiérrez José Manuel y Rodríguez, Campos Alexander. Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal. Editorial Jurídica Continental. San José-Costa Rica 2003. 2da. Edición. Pág. 91).


En el ordenamiento jurídico boliviano, el sistema de valoración de la sana crítica, se encuentra establecido en el art. 173 del CPP, que refiere: “El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida” (sic); lo que implica, que el juzgador debe observar las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia en la emisión de la Sentencia, que podrá ser impugnada, cuando la parte considere que no fueron aplicadas correctamente.


Consiguientemente, ante la denuncia de errónea valoración de la prueba por la incorrecta aplicación de las leyes del pensamiento humano respecto a la sana crítica, que además deberá contener necesariamente la identificación de cuáles los elementos de prueba incorrectamente valorados, así como la solución pretendida; el Tribunal de alzada, verificará si los argumentos y conclusiones de la Sentencia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, y de evidenciar el reclamo, determinará la nulidad de la Sentencia y la reposición del juicio, ante la prohibición de corregir directamente el defecto, conforme dispone el art. 413 del CPP; en cambio de resultar incorrecta la denuncia, dispondrá su rechazo y confirmará lo resuelto en Sentencia por el A quo.


Este entendimiento ha sido ampliamente desarrollado en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, que señala: “El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.


Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente a admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.


Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez” (las negrillas son nuestras).


Por lo señalado precedentemente, el Tribunal de alzada tiene la obligación de efectuar la labor de control de logicidad ante la denuncia de errónea valoración de la prueba; como también resulta inexcusable para el recurrente señalar e identificar qué elementos de prueba fueron incorrectamente valorados y cuál la solución que pretende; es decir, precisar qué partes de la decisión incurrieron en errores lógico-jurídicos en el que se aplicaron de manera inadecuada las reglas de la sana crítica, con el correspondiente análisis lógico buscado; y no referirse a aspectos procesales que no vayan a tener incidencia en el fondo del litigio; de ser así, el Tribunal de apelación determinará por declarar inadmisible, si pese a haber otorgado el plazo de tres días para la subsanación del recurso persistió el incumplimiento de lo observado.


III.3.Identificación del precedente contradictorio relativo a la falta de debida motivación.


El Auto Supremo 479 de 8 de diciembre de 2005, invocado en el segundo de los motivos admitidos, señala: En la función jurisdiccional respecto a las resoluciones que se emitan es imprescindible que los Tribunales de Justicia apliquen las normas positivas de acuerdo a lo previsto por el artículo 228 Constitucional, dando aplicación preferente a la normativa Constitucional; consiguientemente, la carga de la prueba corresponde al acusador público o privado o a ambos, y en aplicación del principio constitucional de inocencia un procesado no puede ser considerado ni tratado como culpable, menos como delincuente, mientras no exista sentencia condenatoria que adquiera la calidad de cosa juzgada formal y material; consecuentemente del estado de presunción de inocencia deriva el hecho de que la carga de la prueba no le corresponde al imputado sino al acusador.


Se consideran defectos absolutos cuando en la resolución, sea sentencia o Auto de Vista, no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten los alcances de la resolución basados en normas sustantivas, adjetivas penales o correspondan a Convenios o Tratados Internacionales, omisión que se constituye en defecto insalvable porque genera incertidumbre a los sujetos procesales, este defecto se inscribe en el artículo 370 inciso 5) en relación al artículo 169 inciso 3) ambos del Código de Procedimiento Penal.


El juicio oral, público y contradictorio, conforme dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio; consecuentemente el tribunal de alzada, velando por su observancia y la economía procesal, debe proceder anular únicamente cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, cuando exista violación al debido proceso que amerite valoración probatoria deberá anular total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal. Lo contrario significaría incurrir en violación procesal establecida en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal e incorrecta aplicación del artículo 413 del mismo cuerpo legal.


Resulta perjudicial y contradictorio contra el principio de celeridad que rige el juicio oral público y contradictorio el anular la Sentencia indebidamente por defectos que hayan sido convalidados por las partes. Más aún cuando existe error injudicando en la Sentencia impugnada en apelación restringida que fácilmente puede ser subsanado anulando la Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia y dictando una nueva de acuerdo a ley”.


De la doctrinal legal aplicable contenida en los Autos Supremos glosados precedentemente, es posible determinar que el derecho a una debida fundamentación es un elemento esencial del debido proceso, se encuentra consagrado en los arts. 115.II, 117.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); se trata del derecho de todo ciudadano a contar con resoluciones debidamente motivadas, de tal manera que brinden certeza de su contenido y alcances de la decisión asumida.


Tiene la finalidad de precautelar el juzgamiento adecuado, justo, equitativo, oportuno, efectivo y eficaz de los ciudadanos, asegurando que toda persona involucrada en un proceso, reciba del órgano competente o administradores de justicia, la protección oportuna de sus derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, materializada en una decisión justa y ecuánime. Dichos presupuestos constituyen un límite para el poder del Estado frente al individuo, y por tanto, constriñe a las autoridades públicas a desarrollar sus actividades ajustadas al cumplimiento del núcleo esencial o duro del debido proceso en su triple dimensión, sometidas siempre; entre otros, al principio de legalidad, como elemento componente del anterior, ajustando su actividad al acatamiento irrebatible de lo que la ley manda.


En ese orden, por mandato de lo preceptuado por el art. 124 del CPP, los jueces y tribunales de justicia están obligados a expresar en sus resoluciones, los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones, así como citar las normas que sustentan la parte resolutiva o dispositiva del fallo; fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes. Es una premisa consolidada por este Órgano de justicia ordinaria; que todas las resoluciones, entre ellas, las emitidas por el Tribunal de alzada, deben cumplir con esta exigencia constitucional, emitiendo criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentra en el recurso de casación, en virtud a lo establecido por el art. 398 del CPP.


III.4.Determinación de presunta existencia de contradicción entre el Auto de Vista recurrido y los precedentes contradictorios recientemente glosados.


Ahora bien, el caso objeto de análisis basará su argumentación en dos de los motivos admitidos por este Tribunal Supremo de Justicia, verificando que las denuncias contenidas en ellos, contradicen la doctrina legal invocada en cada caso.


III.4.1. El primer aspecto cuestionado, se refiere a la supuesta revalorización de la prueba en la que hubiera incurrido el Tribunal de alzada a tiempo de resolver la apelación restringida planteada por el representante legal del acusador particular, cuando determinó la nulidad de la Sentencia de mérito y el reenvío del caso a otro Tribunal de Sentencia para la reposición del juicio oral. Los argumentos esgrimidos en el presente recurso de casación se resumen a los siguientes:


El Tribunal de apelación lo condenó sin haber visto ni oído de modo directo, los elementos probatorios y sin tener competencia para ello, provocando a su decir, defecto de la resolución contenido en el art. 370 inc. 6) del CPP.


Alegó que las bolsas autosellantes encontradas cortadas en el basurero, no debieron haber sido excluidas del proceso, puesto que fueron entregadas al Fiscal de forma legal, previo requerimiento. Estableciendo con ello, que no se valoró la prueba en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida, pues además los imputados reconocieron la existencia de tales bolsas.


Expresa que los acusados Henry Buergo Sagardia y José Aurelio Ayllón, no cumplieron con la normativa interna del Banco a tiempo de recepcionar el dinero, como es identificar a la persona que cumple con la entrega y revisar que las bolsas no tengan ningún corte ni alteración y confrontar la hora de transporte de la Empresa; y que de manera susceptible, la hoja fue firmada sólo por Ayllón y no así por Buergo, quienes extrañamente verificaron el monto en bolivianos más no el de dólares americanos; es decir, cerraron la bóveda sin cuadrar las diferencias.


Que se encontraron contradicciones respecto a quien hubiere abierto las bolsas.


Previo a realizar la subsunción del caso concreto a la doctrina legal aplicable, resulta necesario tener presente que la labor de valoración probatoria le corresponde de manera privativa a los jueces y tribunales de juicio, no pudiendo los Tribunales de alzada suplir dicha función, al no ser viable retrotraer su actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos y pruebas fácticas que ya fueron sometidos al contradictorio, en cuyo caso, cuando se detecte que el A quo no cumplió adecuadamente su obligación de valoración probatoria de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la lógica, la psicología y la experiencia, entonces corresponderá asumir una de las opciones descritas en el Auto Supremo 450 glosado en el Fundamento Jurídico III.1, esto es, anular total o parcialmente la sentencia, si es parcial, entonces deberá además indicar el objeto concreto del nuevo juicio; y cuando no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente el caso, dictando otra resolución.


Dicho ello, corresponde a continuación revisar los argumentos del Auto de Vista impugnado a efectos de determinar si en efecto, incurrió en revalorización de la prueba y contradijo los precedentes invocados, o si al contrario, el Tribunal de alzada ajustó su accionar a la doctrina y normativa legal vigente. En ese orden, de la revisión de los argumentos esgrimidos en dicho fallo, se acredita que dicho fallo, detectó una errónea valoración probatoria de parte del Tribunal de Sentencia, explicando a continuación, cuáles fueron las limitaciones u omisiones del a quo, refiriéndose a los elementos probatorios que sufrieron la insuficiencia valoratoria; pues de lo contrario, si es que los Vocales hubieran omitido referirse directamente a la prueba que consideran legítima, la Resolución de alzada, incurriría en una deficiente labor de control sobre la ejecución de la valoración por parte del inferior; lo que de ninguna manera implica haberse procedido a una revalorización, habida cuenta que, no se encuentra entre los fundamentos establecidos en el Auto de Vista, que se hubiere otorgado un valor determinado a ninguna prueba.


Específicamente, con relación a la cual, los Vocales señalaron que existen contradicciones en el fallo de mérito entre los hechos probados y la valoración de la prueba y la parte resolutiva de la Sentencia, explicando adecuadamente las razones que llevaron a dicha conclusión, como es, que al día siguiente de suscitada la pérdida del monto en dólares americanos, los empleados del Banco conocieron el hecho, primero por información de las empleadas de la limpieza de la Empresa TOTES que constataron que las bolsas plásticas codificadas por seguridad y que habían sido utilizadas para el transporte de la remesa, ya no se encontraba en el interior del Banco, cosa contraria al resto de las bolsas plásticas que contenía el dinero en bolivianos, los cuales aún permanecieron en la azotea del edificio, puesto que recién se lo iba a depositar en los carros basureros.


Agregando a continuación que al no encontrar las bolsas plásticas que contenían los dólares americanos, por instrucciones de Henry Wilson Buergo Sagardia, varios compañeros de trabajo, se constituyeron en el botadero de basura, donde detectaron las mismas y advirtieron sus cortes, los cuales luego fueron analizadas por el perito Flavio Adalid Huraño C., quien sostuvo que se procedió a cortar en lugar prohibido; sosteniendo que resulta extraño la forma en la que salieron del Banco, dichas bolsas, para ir a parar al basurero.


Por lo señalado, alega que no se debió proceder a excluir la prueba consistente en las bolsas encontradas en el botadero, fundamentando razonablemente sobre las razones para dicha determinación, en sentido que la misma fue recolectada de acuerdo a las previsiones contenidas en el art. 184 del CPP, concordante con el art. 16 de la LOMP, ya que dicha prueba fue entregada por Jorge Garnica a requerimiento del Fiscal asignado al caso, quien labró un acta de entrega firmada por éste, con todas las formalidades de ley.


Con dichos fundamentos, los Vocales afirmaron que el Tribunal de Sentencia no valoró adecuadamente la prueba, en base a la apreciación conjunta y armónica de los elementos probatorios esenciales producidos en juicio, previo análisis detallado de la valoración realizada durante el juicio e indicando expresamente las insuficiencias en la que incurrieron las autoridades citadas, aludiendo a diferentes medios probatorios, como son, testificales, documentales, de peritaje y otras.


Considerando que lo desarrollado no resultaba suficiente, posteriormente, el mismo Tribunal revisor, complementó lo señalado en sentido que los imputados Henry Wilson Buergo  Sagardia y José Aurelio Ayllón, a tiempo de recibir el dinero, incumplieron con el Manual específico de funciones, explicando detalladamente cuáles fueron las omisiones cometidas por ellos, que provocaron a decir, del Ad quem, susceptibilidades, como el hecho que ambos hubieren cerrado la bóveda sin antes haber cuadrado el dinero en dólares estadounidenses.


Extremos señalados que, tal como se dijo anteriormente, de ninguna forma, constituyen revalorización de la prueba, puesto que no existe otra forma de control de dicha labor, sin ingresar a su análisis y explicación de insuficiencia de la misma; pues resulta imprescindible realizar una descripción de ella, para luego detectar y demostrar la deficiente labor del Tribunal de juicio; sentando las bases fácticas para establecer la forma en la que debe subsanarse dicha obligación.


En ese orden, previo a determinar que en el proceso penal se pronunció una Sentencia, sustentada en defectuosa valoración de la prueba, vulnerando la previsión contenida en los arts. 171 y 173 del CPP, incurriendo en el defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, admite que dicho fallo, no contiene los elementos de prueba necesarios para subsanar los defectos en que incurrió; reconociendo con ello, que su función se encuentra limitada al control de la logicidad; empero, que no tiene competencia para emitir directamente un nuevo fallo, cambiando la situación jurídica de los imputados, al no tener competencia para ello, considerando que la Sentencia contiene contradicciones y que no contiene los elementos de prueba necesarios para ser subsanados en alzada, apoyando su accionar en al Auto Supremo 374 de 22 de junio de 2004, explicando coherentemente que como en el caso, cuando se constaten defectos de sentencia así como absolutos y de procedimiento, no convalidables, debe anularse la Sentencia; procediendo de esa forma, de manera correcta y legal, acorde a lo determinado en los precedentes contradictorios invocados en el motivo que se analiza; reconociendo que al no poder enmendar directamente los errores del A quo, corresponde anular totalmente la Sentencia, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal.


Por todo lo expuesto, al no evidenciarse contradicción alguna con la doctrina legal invocada, corresponde declarar sin mérito el presente motivo.


III.4.2.Con relación a la denuncia de supuesta insuficiente fundamentación en la que supuestamente hubiere incurrido el Tribunal de alzada, a tiempo de pronunciar el Auto de Vista ahora impugnado, puesto que a decir del recurrente:


Alega que la Sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados, sin  demostrar dicha aseveración, basando ello en la amplia jurisprudencia, sin señalar cuál es esa jurisprudencia, refiriéndose a las bolsas autosellantes y a las hojas de transporte, prueba que jamás fue considerada por los ejecutivos del Banco como por los investigadores asignados al caso.


Respecto a tal denuncia, corresponde señalar que específicamente no se detecta la insuficiencia en la motivación, puesto que tal como se explicó anteriormente, el Tribunal de alzada explicó de manera razonada y sistemática la razón por la cual, consideró que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados a tiempo de realizar la labor de control de logicidad de la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia, apoyando su determinación con la invocación de Autos Supremos específicos, entre ellos, el Auto Supremo 374 de 22 de junio de 2004, del cual, refirió que ante la presencia de defectos de Sentencia, absolutos y de procedimiento insubsanables, corresponde anular la Sentencia.


Cabe hacer notar que la labor del Tribunal de alzada a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, es la detección de disposiciones legales consideradas violadas o erróneamente aplicadas; no siendo requisito imprescindible que deba realizar un ampuloso análisis sobre la doctrina legal aplicable o la jurisprudencia constitucional citada en dicho fallo; sin duda, ello reforzará la motivación del mismo; empero, no resulta un canon obligatorio; sin embargo de ello; en el caso de análisis determinó la nulidad de la Sentencia, exponiendo los motivos para tal decisión, complementando con doctrina legal aplicable.


Con relación a que se refirió a las bolsas autosellantes y a las hojas de transporte, que a decir del recurrente, nunca fueron consideradas por los Ejecutivos del Banco ni por los investigadores asignados al caso, cabe resaltar que de ello, no se denota que se tratara de una insuficiente fundamentación, pues precisamente el Auto de Vista arribó a la conclusión que dicha prueba fue excluida de manera incorrecta por parte del Tribunal de la causa, siendo indistinto que la misma hubiera sido considerada por los sujetos procesales que indica; puesto que dicha prueba debe estar circunscrita a los aspectos expresados en las acusaciones y la proposición de prueba en las etapas pertinentes, no siendo determinante si las mismas hubieren sido consideradas o no por los acusadores.


Asimismo indica el recurrente que el Auto de Vista no indica cómo su persona hubiere cometido el delito que se atribuye y con qué pruebas sustenta aquello.


Dicho extremo refrenda la forma correcta en la que actuó el Tribunal de alzada, puesto que al reconocer que no tiene competencia para dictar directamente un nuevo fallo, reparando la errónea actuación del Tribunal inferior, menos podría determinar la culpabilidad de los imputados, al no poder revalorizar las pruebas producidas en juicio; extremo que no implica de modo alguno, insuficiencia en la fundamentación.


Refiere que el Auto de Vista pretende anular la Sentencia mencionando algunos Autos Supremos; empero, sin explicar el motivo de la nulidad, pretendiendo basar su nulidad en el Auto Supremo 374 de 22 de junio de 2004, sin motivar los hechos y derechos que dieron lugar a dicha nulidad, invocando ultra petita el precitado fallo supremo.


Con relación a ello, no resulta evidente que el Auto de Vista hubiere anulado la Sentencia en mérito al Auto Supremo 374 de 22 de junio de 2004; al contrario, lo hizo por haber constatado errónea valoración probatoria incurrida en la Sentencia; explicando detalladamente las razones por las cuáles arribó a dicha conclusión, realizando una explicación lógica sobre la valoración de los elementos probatorios ejecutada por el Tribunal de Sentencia; sustentando el fallo en las normas adjetivas pertinentes a los defectos insubsanables de la Sentencia y en doctrina legal aplicable, siendo perfectamente posible que utilice fallos invocados o no invocados en la apelación restringida, sin que ello implique actuación ultra petita, puesto que tanto la doctrina como la jurisprudencia resultan ser válidas a efectos de enriquecer el fallo a emitirse.


Alega que el fallo de alzada, sustentó su nulidad en el hecho que no existió una enunciación del hecho.


Extremo que no condice con los argumentos del Auto de Vista, pues de todo lo expuesto, queda perfectamente claro que el fallo de alzada no basó su nulidad en dicho extremo; sino más bien -como se dijo en el argumento que antecede- el Tribunal de apelación advirtió que en el proceso se ha pronunciado Sentencia sustentando en defectuosa valoración de la prueba, lo que hubiese vulnerado lo previsto por los arts. 171 y 173 del CPP incurriendo así en el defecto previsto por el art. 370 numeral 6) del referido cuerpo legal; además, constataron los de alzada que, el Tribunal a quo ingreso en contradicción en su parte considerativa y la parte resolutiva ya que no presenta de manera adecuada los razonamientos que los indujeron a disponer una resolución absolutoria; por lo que en el Auto de Vista ahora impugnado, realizando un efectivo control de legalidad y conforme a los principios que rige el juicio oral,  dispone que un nuevo Tribunal conozca el juicio y pronuncie una nueva resolución en base a un nuevo criterio de valor emergente de la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica. Consiguientemente, este Tribunal evidencia que la nulidad también cuestionada, no se sustenta en que, no existió una enunciación del hecho como alega falsamente el recurrente.      


De lo señalado, realizando una contrastación entre lo demandado y lo resuelto por el Tribunal de alzada es posible determinar que no es evidente que el Tribunal de alzada, hubiere incurrido en revalorización de la prueba y menos en carencia de una debida motivación, al contrario emitió una Resolución respetuosa de la doctrina legal aplicable como de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales del recurrente, en observancia de los requisitos de logicidad y completitud, habiendo ejercido un control adecuado de la labor del Tribunal de Sentencia, deviniendo este motivo en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el  art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación formulado por Vladimir Garvizu Vargas, de fs. 284 a 300 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA