TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 391/2015-RRC-L

Sucre, 04 de agosto de 2015


Expediente                        : Potosí 44/2010

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros 

Parte Imputada                : Juan Calcina Ramos

Delitos                : Delitos contra el Medio Ambiente y otro  

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 28 de agosto de 2010, cursante de fs. 93 a 94, Juan Calcina Ramos, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 33/2010 de 10 de julio, de fs. 85 a 87, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Teodoro Veniz Belén, Martha Veniz Lupa y Cantalicio Choque Villca contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos Contra el Medio Ambiente y la Salud Pública, previstos y sancionados por los arts. 105 inc. a) con relación al art. 20 inc. a) de la Ley 1333 de Medio Ambiente y art. 216 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)   En mérito a la acusación fiscal (fs. 1 a 3) y particular presentada por Teodoro Veniz Belén, Martha Veniz Lupa y Cantalicio Choque Villca (fs. 17 a 18 vta.), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Tribunal de Sentencia de Uyuni del Distrito Judicial de Potosí, pronunció la Sentencia 01/2010 de 27 de mayo (fs. 61 a 67), por la que declaró al imputado Juan Calcina Ramos, autor y responsable de la comisión de los delitos contra el Medio Ambiente y contra la Salud Pública, previstos y sancionados por los arts. 105 inc. a) con relación al art. 20 inc. a) de la Ley 1333 de Medio Ambiente y art. 216 del CP, condenándolo a la pena de tres años de presidio a cumplir en el recinto penitenciario de Uyuni, con costas, daños y perjuicios en favor de las víctimas, averiguables en ejecución de Sentencia. En aplicación del art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP), le otorgó el beneficio de la suspensión condicional de la pena, bajo las reglas previstas por el art. 24 del CPP.


b)  Contra la referida Sentencia, el imputado Juan Calcina Ramos, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 70 a 72), resuelto por Auto de Vista  033/2010 de 10 de julio, emitido por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando la formulación de recursos de casación.


I.1.1. Motivo del recurso.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 267/2015-RA-L de 3 de junio (fs. 104 a 106 vta.), se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del CPP.


El recurrente refiere que el Tribunal de apelación, no ingresó al análisis de los fundamentos de su recurso de apelación restringida en el cual denunció que no renunció a las pruebas documental y pericial (sobres D1, D3, D4, D5, D6, al Dr. Psiquiatra Alfonso Barrios, Dr. Neurocirujano Dulfredo Pinto, Andrés Flores Aguilar y Omar León, Médicos Forenses del Instituto de Investigaciones Forenses de Potosí), negándole su introducción y siendo devueltas a la conclusión del juicio, documentos a los que nunca renunció. Argumenta que el Auto de Vista carece de equidad y sindéresis en su análisis, ya que los testigos de descargo manifestaron que al momento del hecho, no se encontraba con facultades mentales sanas; así, Ángel Leaño señaló haberle acompañado a sus tratamientos médicos y los documentos hubiesen demostrado los pormenores, especialmente del Dr. Dulfredo Pinto, quien realizó su tratamiento; la certificación del Dr. Alfonso Barrios que debía explicar sobre esta certificación, y la obligación de determinar su salud mental mediante un dictamen; con la negación de la introducción de las referidas pruebas, alega que coartaron su derecho a una defensa amplia, suprimiendo sus derechos a ser oído, aspecto que manifiesta, no fue considerado por los de alzada, constituyendo un defecto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP.

 

I.1.2. Petitorio.


Solicita a este máximo Tribunal de Justicia, resuelva su recurso de manera “sinderética” (sic)  conforme los datos fidedignos del proceso.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 267/2015-RA-L de 3 de junio, cursante de fs. 104 a 106 vta., este Tribunal admitió por flexibilización el primer motivo del recurso formulado por el imputado para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Desarrollado el juicio oral, el Tribunal de Sentencia de Uyuni de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dictó Sentencia condenatoria contra Juan Calcina Ramos por la comisión de los delitos contra el Medio Ambiente y contra la Salud Pública, concluyendo que: i) El 19 de noviembre de 2008, el imputado vertió el insecticida CYPERTRIN en el tanque de agua potable; ii) El imputado manifestó su arrepentimiento señalando que el día del hecho se encontraba ofuscado, sin que tal hecho fuera demostrado pese al ofrecimiento de pericias médicas que no fueron producidas; iii) No se tomaron en cuenta las pruebas adheridas a la documental MP-1 por no haber sido ofrecidas en la acusación; iv) El imputado carece de antecedentes penales o policiales, es hijo único, agricultor y ganadero, dedicado al cuidado de su madre y padece de ataques y desmayos periódicos; v) En el presente caso, al verter veneno se comete un delito común e indeterminado con relación a las víctimas, donde se busca proteger la salud pública y, al ser un delito de peligro y no de resultado, quedó consumado cuando el imputado hecho la sustancia tóxica al agua potable del estanque destinado al consumo de la población, cumpliéndose con la previsión del art. 105 inc. a) de la Ley 1333 del Medio Ambiente; vi) La sustancia CIPERTRYNE no se encuentra en la lista de sustancias permitidas, no estando permitida su utilización; vi) El art. 216.2) del CP, señala que incurre en privación de libertad de 1 a 10 años la persona que envenena, contamina o adultera aguas destinadas a consumo público; por lo cual, el imputado acomodó su conducta al tipo penal; vii) El imputado no actuó con dolo, estando su conducta enmarcado en la culpa conforme el art. 15 inc. 2) del CP; viii) El imputado no demostró encontrarse dentro de las causales de error de tipo o error invencible; y, ix) El hecho existió y se identificó a su autor y, tratándose del envenenamiento del estanque de agua que provee a toda la comunidad, se atentó contra los derechos de una comunidad protegida por la Constitución Política del Estado (CPE). 

 

II.2.Del recurso de  apelación restringida interpuesto por Juan Calcina Ramos.


En su recurso cursante de fs. 97 a 99, el imputado denunció los siguientes agravios:


i)    Se coartó su derecho a la defensa, debido a que el Tribunal de juicio clausuró la etapa de juicio, sin que su persona hubiere renunciado a las pruebas de descargo ofrecidas por su persona, como la prueba pericial del Dr. Dulfredo Pinto, médico neurólogo; sin embargo, el Tribunal de juicio dispuso como una supuesta renuncia la presentación de las pruebas, sólo se procedió al desfile de la prueba signada como ID, clausurándose después el período probatorio vulnerando el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa.     


ii)   Teodoro Veniz Belén, Martha Veniz Lupa de Huayllani y Catalino Choque Villca, al interponer la querella el 7 de junio de 2009, fungían como autoridades; empero, cuando formularon la acusación particular dejaron de serlo, careciendo de legitimación activa en calidad de acusadores particulares; por cuanto, la excepción que fue rechazada por el Tribunal, no se encuentra resuelta conforme a derecho.


II.3.Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista 033/2010 de 10 de julio, en el cual determinó: i) Revisado el memorial de ofrecimiento de prueba y las actas del juicio, varios de los testigos de descargo depusieron su testimonio, faltando tres de ellos, sin que se advierta solicitud expresa de la defensa para la declaración de los testigos ofrecidos; también resulta cierto que el Presidente del Tribunal determinó intempestivamente la clausura del término probatorio, aspecto que hizo notar la Fiscalía revocándose la determinación; sin embargo, el imputado no manifestó tener que hacer declarar a más testigos, como tampoco solicitó la suspensión del juicio conforme rige el art. 335 del CPP, renunciando de manera implícita a la producción de más prueba testifical limitándose a señalar que no renunciaron a la misma, manifestando su solicitud de que el Dr. Dulfredo Pinto emita un informe sobre las razones de la medicación del imputado mediante exhorto. Este ofrecimiento de prueba no fue realizado conforme el art. 209 del CPP, puesto que pudo ofrecerla como anticipo de prueba o en juicio, debiendo solicitar al Tribunal la designación como perito al Dr. Dulfredo Pinto o a cualquiera ofrecido oportunamente precisando los puntos de pericia para que a su vez las partes propongan su puntos de pericia u observen las fijadas por la defensa corriendo los trámites previstos por los arts. 204 al 215 del CPP, trámite de ley omitido por el imputado; y, ii) La observación a la legitimación activa de los acusadores particulares debió ser observada en el momento procesal oportuno; es decir, cuando fueron notificados con la acusación particular y, al no hacerlo convalidó su actuación conforme prevé el art. 170 incs. 1) y 2) del CPP; además, que esta situación no está prevista como defecto de Sentencia dentro de los señalados por el art. 370 del CPP.

Con esos argumentos, declaró improcedente el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia impugnada.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA


El recurso de casación formulado por la parte imputada fue admitido por este Tribunal ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, teniendo en cuenta que el recurrente denunció el quebrantamiento de su derecho a la defensa que recae en la restricción o disminución de derechos y garantías fundamentales, porque el Tribunal de alzada no hubiese considerado su denuncia planteada en apelación respecto a que nunca renunció a la prueba documental y pericial, correspondiendo previo el análisis de caso establecer los alcances del derecho a la defensa.


III.1. El derecho a la defensa en el proceso penal.


El derecho a la defensa se halla definido como el: "(...) derecho público constitucional que asiste a toda persona física a quien se le pueda atribuir la comisión de un hecho punible, mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se les concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el derecho constitucional a la libertad del ciudadano" (Gimeno Sendra, Vicente, El derecho de defensa en "Constitución y proceso", Madrid, 1988, página 89), se constituye en un derecho básico del ciudadano de rango constitucional y de protección especial, pues la CPE establece en el art. 109.I que: "Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección"; motivo por el cual en su art. 115.II señala que: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones" y el art. 119.II prevé que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.


Esto significa, que dentro del proceso penal, la función defensiva le corresponde a toda persona a quien se le atribuya la comisión de un hecho delictivo; lo que implica, que dentro de cualquier ordenamiento jurídico penal, en el que se reconozcan derechos y garantías, de manera inevitable ha de reconocerse el derecho al imputado de ejercer el derecho a la defensa reconocido constitucionalmente y por tratados internacionales, habida cuenta que: "El derecho de defensa cumple, dentro del proceso penal, un papel particular: por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás. Por ello, el derecho de defensa no puede ser puesto en el mismo plano que las otras garantías procesales. La inviolabilidad del derecho a defensa es la garantía fundamental con la que cuenta el ciudadano, porque es el único que permite que las demás garantías tengan una vigencia concreta dentro del proceso penal" (Binder, Alberto M., Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad-Hoc S.R.L., 1993, página 151).


En el ordenamiento interno, el art. 5 del CPP, establece que el imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las Convenciones y los Tratados Internacionales vigentes y ese Código le reconocen desde el primer acto del proceso hasta su finalización, entendiéndose como primer acto del proceso cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; en esa lógica, el ejercicio del derecho a la defensa se proyecta en bloque en todo el ámbito procesal penal, siendo la defensa expansiva y polivalente, habida cuenta que se encuentra reconocida en una fase del proceso como en otra, incluida la investigativa pues: "La defensa en juicio debe poder ser ejercida a lo largo de todo el proceso, de manera particularmente intensa, durante la investigación, ya que las posibilidades de afectación de todas las garantías procesales se dan primordialmente en esta etapa". (Binder, Alberto M., Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad-Hoc S.R.L., 1993, página 158).


En cuanto se refiere a los alcances del derecho a la defensa, el Tribunal Constitucional, a partir de la Sentencia Constitucional 1534/2003-R, de 30 de octubre manifestó que es la: ”(...) potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos; interpretación constitucional, de la que se extrae que el derecho a la defensa alcanza a los siguientes ámbitos: i) el derecho a ser escuchado en el proceso; ii) el derecho a presentar prueba; iii) el derecho a hacer uso de los recursos; y iv) el derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal".


III.2. Análisis del Caso Concreto.


Ingresando en el análisis de fondo del recurso interpuesto, se tiene que el recurrente argumenta que el Tribunal de alzada no ingresó en análisis de su denuncia de violación a su derecho a la defensa por parte del Tribunal de Sentencia, debido a que se le negó la introducción de pruebas que en su planteamiento hubiesen demostrado que no se encontraba con sus facultades mentales sanas al momento de la comisión del hecho, pruebas a las cuales nunca renunció; sin embargo, este aspecto no fue considerado tanto por el Tribunal de Sentencia como de apelación. A efecto de establecer si la denuncia resulta o no evidente, en principio es necesario acudir al contenido del recurso de apelación restringida a objeto de determinar cuál la denuncia concreta argumentada por el recurrente y los fundamentos de la Resolución impugnada que resolvió ese punto, a los fines de verificar si evidentemente se vulneró o no su derecho a la defensa.

Entre los motivos alegados en el recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado cursante de fs. 97 a 99, consta que en su punto 1, señala que el Tribunal de juicio dispuso la clausura de la etapa de recepción de prueba cuando su persona nunca hizo renuncia a ninguna prueba ofrecida, entre ellas la pericial del Dr. Dulfredo Pinto de la cual se solicitó su recepción en la ciudad de Potosí, por ser el lugar donde reside y trabaja, así como la prueba de los testigos Dr. Alfonso Ramos Villa, Dr. Omar León y Dr. Andrés Flores Aguilar, haciendo notar en audiencia que no renunciaría a estas pruebas, no siendo válida la suposición del Tribunal que renunció a las mismas. Alega que las pruebas documentales, de las cuales enfatizó en juicio que no renunciaría, serían dadas a conocer mediante la modalidad con la declaración de los peritos nombrados, empero en el desfile probatorio sólo se admitió la prueba signada como ID, y las demás no fueron desfiladas ni excluidas, simplemente se clausuró la etapa de recepción probatoria. Asimismo, el recurrente refiere que el Presidente del Tribunal “cuando se pretendía reanudar para las conclusiones, ha reanudado la etapa de las pruebas” (sic), disponiendo, sin la existencia de votos, la “reposición de una resolución que en los hechos no existe…” (sic).


Sobre este punto, el Tribunal de alzada como se tiene descrito en el acápite II.3 de la presente resolución, procedió a la revisión de las actas de juicio así como del memorial de ofrecimiento de prueba, advirtiendo que el Presidente del Tribunal de juicio determinó la clausura de la etapa de producción de prueba, pero dejó sin efecto dicha resolución ante la observación realizada por el representante del Ministerio Público; sin embargo, el imputado no solicitó la suspensión del juicio, conforme señala el art. 335 del CPP, manifestando que el Dr. Dulfredo Pinto emita un informe mediante exhorto respecto a la medicación del imputado, concluyendo que el ofrecimiento de la prueba pericial no fue ofrecida dentro de los términos previstos por el art. 209 del CPP, es decir, ofrecerla como anticipo de prueba o en juicio solicitando la designación del Dr. Pinto como perito y precisando los puntos de pericia, para que las partes pueden proponer sus puntos de pericia u observen las fijadas, ello de conformidad a las previsiones de los arts. 204 al 215 del CPP, trámite que fue omitido por el imputado; por cuanto, la decisión del Tribunal de juicio al rechazar la prueba pericial, fue conforme a ley, sin vulnerar derecho o garantía constitucional.


Ahora bien, revisadas las actas de audiencia de juicio, se tiene que el 24 de mayo de 2010, reiniciando la audiencia a hrs. 14:40, el Presidente del Tribunal de Sentencia dio por clausurada la etapa de producción de prueba, seguidamente el representante del Ministerio Público señaló con carácter previo se indique si la defensa iba a renunciar a la demás prueba, a cuyo efecto la defensa señaló que no existía una renuncia expresa y solicitó el envío de exhorto a la ciudad de Potosí para que el citado médico emita informe respecto al tratamiento realizado al imputado; realizadas las exposiciones de la parte acusadora, del fiscal y de los miembros del Tribunal, el Presidente del tribunal rechazó la solicitud de pericia del Dr. Dulfredo Pinto mediante exhorto, en el entendido de que la pretensión debía estar sujeto a las reglas de la pericia, es decir con la presentación de los informes de los peritos para luego ofrecerlos como testigos, así en juicio darse lectura a sus informes para permitir la formulación de preguntas o aclaraciones; o ante la imposibilidad de su asistencia, requerirse como anticipo de prueba o durante el juicio recibiéndole su juramento con previa precisión de los puntos de pericia; asimismo, por el principio de inmediación, se requería conocer al perito, que preste su juramento, saber sobre que iba a informar y cuál su procedimiento, por esas razones dicha prueba debía producirse conforme al Código de Procedimiento Penal. 


De todo lo expuesto, se advierte que, la supuesta falta de análisis del Tribunal de alzada sobre este motivo, no resulta evidente conforme los datos del proceso; por el contrario, se pronunció con la suficiente fundamentación, al igual que el Tribunal de Sentencia que expuso las razones del rechazo de producir la pericia mediante exhorto por encontrarse fuera de las previsiones de la normativa procedimental penal contenidos en los arts. 209 y siguientes del CPP, pues debe considerarse que la producción de prueba no puede estar sujeta a voluntad de las partes, motivo por el cual el legislador, previendo el derecho a la amplia defensa, estableció diferentes momentos procesales para su ofrecimiento y posterior producción o judicialización en juicio; en ese contexto, el citado art. 209 del CPP, señala quienes pueden designar peritos y los alcances de tal prueba, señalando de forma expresa su proposición por las partes; y, ante tal propuesta, el fiscal en la etapa preparatoria -siempre que no se trate de un anticipo de prueba- o el Juez o Tribunal, en cualquier etapa del proceso, serán las autoridades que los designen, fijando con precisión los temas de pericia y el plazo para su presentación; de igual manera, en observancia de los principios de igualdad, contradicción y legalidad, las partes podrán proponer u objetar los temas de pericia. 


A lo señalado, debe agregarse que en el régimen procesal penal, el ejercicio probatorio se encuentra subyacente al principio de legitimidad que presupone que "Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código. No tendrá valor de prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito" (art. 13 del CPP), disponiéndose para ese ejercicio instrumentos que operan desde el prisma del ejercicio del derecho a la defensa, bajo las formas procesales previstas en los arts. 171 referido a la libertad probatoria, 172 concerniente a las exclusiones probatorias del CPP; y, respecto a las pericias desde el art. 209 al 215 del CPP.


En consecuencia, no resulta excusable al recurrente que la pretendida realización de una pericia se efectúe mediante exhorto en menoscabo del derecho de las otras partes, no siendo posible que a través del simple planteamiento de una crítica que a posteriori se haga sobre la forma en cómo considera debió producirse tal prueba en el trayecto del proceso, en completa inobservancia de las normas que regulan su proposición, realización e introducción, se alegue la vulneración de su derecho a la defensa, cuando su planteamiento no condice con lo realizado por el propio imputado, quien por su negligencia o descuido, omitió cumplir con lo dispuesto por ley para asegurar su amplia defensa, falta que no es atribuible al Tribunal de Sentencia que asumió una decisión dentro de los marcos legales y que fue analizado y corroborado por el Tribunal de apelación.


Bajo tales parámetros, este máximo Tribunal concluye que el Tribunal de alzada no ha quebrantado el marco procesal concerniente a su labor de ejercer control sobre la Sentencia al momento de responder la denuncia de vulneración a su derecho a la defensa; analizando y resolviendo la denuncia del imputado con la suficiente fundamentación y en observancia de la norma procesal penal, así como precautelando los derechos y garantías de las partes intervinientes en el presente proceso con total ecuanimidad; en consecuencia, al no ser evidente la falta de análisis de los fundamentos expuestos por el recurrente en su recurso de apelación restringida, menos la vulneración del derecho a la defensa considerando su contenido y alcances, expuestos en el acápite III.1 de la presente Resolución, el motivo traído en casación deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Juan Calcina Ramos, cursante de fs. 93 a 94.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA