TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 381/2015-RA-L

Sucre, 06 de julio de 2015


Expediente        : Cochabamba 153/2010

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Leonel Miranda Cuevas

Delito        : Robo Agravado


RESULTANDO


Por memorial presentado el 22 de mayo de 2010, cursante de fs. 66 a 68 vta., Leonel Miranda Cuevas, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 69/2009 de 31 de julio, de fs. 59 a 60, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 inc. 2) del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


  1. En mérito a la acusación pública (fs. 2 a 4), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia 16/2008 de 30 de abril (fs. 38 a 41), por la que declaró al imputado, Leonel Miranda Cuevas, autor y culpable de la comisión del delito de Robo, previsto y sancionado por el art. 331 del CP, condenándolo a la pena privativa de libertad  de seis años, a cumplir en el penal de San Sebastián de la ciudad de Cochabamba, más costas a favor del Estado, una vez que la Resolución adquiera ejecutoria.


  1. Contra la mencionada Sentencia 16/2008 de 30 de abril, el acusado Leonel Miranda Cuevas, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 49 a 50 vta.), resuelto por Auto de Vista 69/2009 de 31 de julio (fs. 59 a 60) dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que declaró improcedente la apelación interpuesta.


  1. Notificado el recurrente con el referido Auto de Vista recurrido el 18 de mayo de 2010 (fs. 64), interpuso recurso de casación el 22 del mismo mes y año, cuyos argumentos son motivo del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Alega que el Auto de Vista recurrido fue emitido fuera del plazo legal de veinte días otorgado por el art. 411 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pues la fecha inserta en el mismo, como es 31 de julio de 2009, no es la correcta, lo que es posible evidenciar del registro en el libro de Tomas de Razón, que se encuentra fechado como 4 de septiembre de 2009; es decir, más un mes después de la fecha en se emitió el fallo; además de lo cual, la notificación realizada a la representante del Ministerio Público y a su abogado se diligenció el 9 de septiembre de 2009; fallo que además vulneró lo previsto por el art. 160 del CPP, ya que no fue notificado al día siguiente de su emisión. Invoca al efecto el Auto Supremo 703/2004 de noviembre de 2004.


  1. Agrega que el representante del Ministerio Público a cargo de la investigación es Irving Avendaño Prado y uno de los miembros del Tribunal de alzada, como es, Eloy Moisés Avendaño Menchaca, resulta ser padre del precitado Fiscal, mismo que pese a estar contaminado al tener parentesco con el fiscal, suscribe el Auto de Vista ahora impugnado, confirmatorio de la Sentencia de primera instancia, incurriendo en falta muy grave tipificada por el art. 39 inc. 1) de la Ley 1817, lo que vulnera lo preceptuado por el art. 316 inc. 3) del CPP, así como el debido proceso por restricción al Juez natural y el principio de imparcialidad; por lo que, en aplicación de lo previsto por el art. 403 inc. 6) del CPP, plantea el presente recurso, apoyado en la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 97/2004, que estaría referida a la procedencia del recurso de casación de manera excepcional, ante denuncia de defectos absolutos.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto, inadmisible para su consideración de fondo.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el presente recurso de casación fue presentado dentro del plazo de cinco días y ante la Sala que lo dictó, teniendo en cuenta que el ahora recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 18 de mayo de 2010 (fs. 64), presentando su recurso el 22 del mismo mes y año; cumpliendo de esta manera, con lo preceptuado por el art. 417 del CPP.


En cuanto al primer motivo denunciado por el recurrente, referido; por un lado, a que el Tribunal de alzada emitió el Auto de Vista que resuelve su recurso de apelación restringida, fuera del plazo legal otorgado por el art. 411 del CPP; y por otro, que no se le notificó al día siguiente de su emisión, citando en calidad de precedente contradictorio, el Auto Supremo 703/2004 de 24 de noviembre; pues si bien, el recurrente invocó un Auto Supremo y realizó una explicación adecuada sobre los hechos generadores del agravio; sin embargo, no realizó ninguna labor de contraste entre los actuados procesales que le generaron vulneración con los fundamentos de dicha doctrina legal; no siendo suficiente la enunciación de que el fallo fue emitido fuera de plazo, puesto que además se debe demostrar que dicha falta, contradice lo estimado en el Auto Supremo invocado, del cual, solamente se limita a citarlo, sin glosar siquiera su doctrina legal aplicable ni explicar mínimamente en qué consiste la misma; y por tanto, de qué forma se la contradijo; deficiencia que impide a este Tribunal cumplir la labor que le asigna la ley, por incumplimiento de los requisitos de admisión previstos por los arts. 416 y 417 del CPP. Además con relación a que el Auto de Vista se hubiera emitido fuera del plazo legal establecido por el art. 411 del CPP, se debe tener presente que a partir de la doctrina legal contenida en los Autos Supremos 240 de 12 de marzo de 2009, 259 de 6 de mayo de 2011 y 254 de 2 de octubre de 2013 entre otros, sostenida de manera uniforme por este Tribunal, en materia penal, el incumplimiento de plazos no acarrea la pérdida de competencia, menos la nulidad de lo actuado, sino la retardación de justicia que amerita la responsabilidad administrativa o penal de los funcionarios negligentes.


En cuanto al segundo motivo de los denunciados por el recurrente, concerniente a que uno de los miembros del Tribunal de alzada es padre del Fiscal que estuvo a cargo de la Dirección de la investigación; aspecto que debió haber dado lugar a la excusa de la citada autoridad por tener parentesco con el representante del Ministerio Público; el no haberlo hecho, señala que implica falta muy grave tipificada por el art. 316 inc. 3) de la Ley 1817 y vulnera lo preceptuado por el art. 316 inc. 3) del CPP, así como el debido proceso por restricción al Juez natural e imparcial; por lo que, en aplicación de lo preceptuado por el art. 403 inc. 6) del CPP, plantea el presente recurso de casación.


Ahora bien, resulta imprescindible dejar claramente establecido que conforme dispone el art. 416 del CPP, el recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las los Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales similares o por el Tribunal Supremo de Justicia; para lo cual, el o los recurrentes quedan constreñidos a invocar el precedente contradictorio a tiempo de plantear su recurso de apelación restringida; regla que encuentra su excepción en aquellos casos en los cuales, los agravios denunciados se producen en la Resolución emergente del recurso de apelación restringida, en los que, la obligación de invocar los precedentes contradictorios a tiempo de plantearse recurso de alzada, conforme prevé el art. 416 del CPP.


Dicho ello, corresponde señalar que en vista de que, los agravios denunciados por el recurrente se refieren exclusivamente a vulneraciones cometidas en su contra a partir de la emisión de la Resolución de alzada ahora impugnada; quedaba exento de invocar el precedente contradictorio a tiempo de plantear su apelación restringida; sin embargo, dicha omisión no alcanza a su recurso de casación, el que sí subsiste dicha exigencia, conforme exige la normativa procesal penal; con relación a lo cual, de la revisión de antecedentes se denota que el impugnante no invoca ningún Auto Supremo, cuyo contenido contraste con los argumentos del Auto de Vista o de los actuados procesales realizados por el Tribunal de alzada; lo que no se cumplió en el presente caso; por lo tanto, implica la inadmisibilidad del motivo en análisis por incumplimiento a los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP.


Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, en denuncias de vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales vinculados a defectos absolutos no susceptibles de convalidación, es posible ingresar al fondo de lo demandado, aun cuando no se invocaron precedentes contradictorios, en aquellos casos en los que se cumplan con los supuestos de flexibilización explicados en el apartado IV de la presente Resolución, tal como entendió la parte ahora recurrente, la que al momento de interponer su recurso acude a dichos criterios, apoyándose en el Auto Supremo 97/2004, el que no obstante de tratarse de una Resolución que resuelve un recurso de casación de admisibilidad; sin embargo, pese a que no puede considerarse como precedente contradictorio; empero, demuestra la forma de cómo este Tribunal Supremo de Justicia aplica dichos criterios en sus autos supremos que resuelven la admisión de los recursos de casación, por supuestos de flexibilización.


En ese orden, se tiene que el recurrente, acude a estos supuestos extraordinarios; sin embargo, a efectos de su consideración  no tomó en cuenta que este Tribunal ha establecido ciertos presupuestos para su consideración, cuando se trata de denuncia de vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales que constituyen defectos absolutos no susceptibles de convalidación que provoquen un resultado dañoso a alguna de las partes, requisitos de deben ser acatados disciplinadamente a tiempo de plantear el recurso; lo que no ocurrió en el caso concreto; puesto que, se observan falencias en el planteamiento del presente agravio que no pueden ser suplidas de oficio ni con la mera referencia de vulneración del principio constitucional del debido proceso y valoración probatoria; por cuanto, que como se estimó, a efectos de ingresar al fondo de los agravios, los recurrentes tienen deber de cumplir los presupuestos explicados, los cuáles en el caso fueron omitidos; puesto que, a más de señalarse de forma general, los hechos y el derecho supuestamente vulnerado, de ninguna manera precisan en qué consistiría la restricción o disminución de los citados derechos, y menos el resultado dañoso emergente de los supuestos defectos, derivando en que estos motivos resulten inadmisibles. Así como tampoco demuestran de qué forma los actos denunciados lesionaron sus derechos fundamentales y que ello implique la presencia de defectos absolutos no susceptibles de convalidación; pues la sola denuncia de vulneración del debido proceso por restricción al Juez natural y principio de imparcialidad, no resulta suficiente para ser considerado y analizado en el fondo, ante las omisiones anotadas precedentemente; por lo tanto, tampoco resultan aplicables los supuestos de flexibilización; convirtiendo el presente motivo en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE, el recurso de casación interpuesto por Leonel Miranda Cuevas, cursante de fs. 66 a 68 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA