TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 379/2015-RRC-L

Sucre, 27 de julio de 2015


Expediente                        Potosí 57/2010

Parte Acusadora                Ministerio Público

Parte Imputada                Armando Zuna Cuizara y otro

Delito                        Lesiones Graves y Leves

Magistrada Relatora        Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 29 de septiembre de 2010, cursante de fs. 113 a 115, Armando Zuna Cuizara, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 40/2010 de 10 de septiembre de fs. 91 a 92 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente y Rolando Calle Condori, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 -primera parte- del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a)   Concluida la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal de Sentencia de la Provincia Modesto Omiste del Distrito Judicial de Potosí, pronunció la Sentencia de 6 de abril de 2010 (fs. 43 a 49 vta.), declarando a Armando Zuna Cuizara y Rolando Calle Condori, autores y culpables de la comisión del delito de Lesiones Graves, previsto y sancionado por el art. 271 del CP, imponiéndoles la pena privativa de libertad de tres años y seis meses a ser cumplida en el penal de “Santo Domingo” de la ciudad de Potosí.


b)  Contra la mencionada Sentencia, los imputados Armando Zuna Cuizara y Rolando Calle Condori, interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 51 a 55), observado por Auto de 23 de julio de 2010 (fs. 68) y subsanado por memorial de 1 de agosto del mismo año (fs. 76 a 78). La impugnación fue resuelta por Auto de Vista 40/2010 de 10 de septiembre (fs. 91 a 92 vta.), pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que declaró improcedente el recurso y confirmó la Sentencia impugnada, con costas, motivando con ello la interposición del recurso de casación que es motivo de examen de fondo.


I.1.1. Motivos del recurso.


Del memorial de recurso de casación (fs. 113 a 115) y del Auto Supremo 274/2015-RA-L de 3 de junio (fs. 124 a 127), emanado en el caso de autos, se extraen las denuncias, respecto a las cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis.


El recurrente acusa al Tribunal de alzada, la infracción a los arts. 124 y 398 del  Código de Procedimiento Penal (CPP), en contradicción con los Autos Supremos 562/2004 y 307/2003 relativos a la obligación de fundamentar las Resoluciones y al orden público de las normas procesales y su consiguiente cumplimiento obligatorio; fallos, respecto a los cuales dice fueron incumplidos por el Tribunal de apelación de Potosí. Como aspectos que no fueron atendidos por los de alzada, indica los siguientes:


1)   Denuncia infracción al art. 124 del CPP, en contradicción con los precedentes señalados; toda vez,  que ni el Auto de Vista menos el Tribunal de Villazón fundamentaron cuál fue la participación de cada uno de los imputados, ya que sólo habría sido uno el que pateó y lesionó la mandíbula, sin ser identificado; sostiene que contrariamente, el Tribunal de alzada señaló que los autores fueron identificados en aplicación del art. 20 de la Ley 1768, entendimiento bajo el cual, no existirían cómplice, encubridor ni otros presupuestos de participación. Se cuestiona, si el art. 20 de la Ley 1768 no tenía que aplicarse de manera integral con el art. 24 del mismo compilado legal. Sostiene que constituye defecto absoluto no dar aplicabilidad al ya citado art. 24.


2)   Acusa falta de pronunciamiento respecto a la apelación relativa a la negativa de producción de prueba extraordinaria, ya que el Certificado médico forense no era el idóneo para certificar el trauma maxilofacial; sino, el especialista al cual fue remitido. Que el informe médico maxilofacial, jamás expresó impedimento alguno, ni demostró la incapacidad de 30 días; que cuando se solicitó prueba extraordinaria con la finalidad de que el colegio de la víctima informe sobre su incapacidad y su asistencia al colegio, fue denegada la petición; sobre lo cual señala: “Apelada y no Fundamentada y menos Considerada por el Tribunal Recurrido de la ciudad de Potosí” (sic). Señala que no se respetaron derechos y garantías constitucionales establecidas en el art. 169 inc. 3) del CPP, así como tampoco el debido proceso ni la seguridad jurídica del país. “Y más aún contradice los autos supremos expresados YA QUE  LOS MISMOS OBLIGAN AL DIGNO TRIBUNAL DE CASACIÓN PRONUNCIARSE DE OFICIO CUANDO SE ALEGAN DEFECTOS ABSOLUTOS E INCONVALIDABLES establecidos en el art. 169 en su Num. 3) de…” (sic).


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita, que previa admisión, deliberando en el fondo, se case el Auto de Vista impugnado, a cuyo efecto se proceda al reenvío del juicio a otro Tribunal de Sentencia.


I.2. Admisión del recurso


Conforme el Auto de admisión 274/2015-RA-L de 3 de junio, el análisis de fondo de la presente Resolución, se circunscribirá a la verificación de la denuncia de contradicción en la que habría incurrido el Auto de Vista impugnado respecto a los Autos Supremos 562/2004 y 307/2003, conforme fue expuesto en el Auto admisorio.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.Apelación restringida


A los efectos de la resolución del recurso casacional, corresponde puntualizar, únicamente, los aspectos que serán objeto de verificación en el presente fallo.


a) Como motivo “2” del recurso de alzada, los imputados acusaron la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 24 del CP), porque el Tribunal de Sentencia habría condenado de manera general a los imputados a tres años y seis meses de privación de libertad como autores del delito acusado, sin tomar en cuenta la participación que cada uno tuvo en el hecho, puesto que no se identificó a la persona que habría dado la patada a la víctima ocasionándole la lesión en la mandíbula, por lo que se habría vulnerado la incomunicabilidad (art. 124 del CP), cuyo fundamento es que cada partícipe sea penado conforme su culpabilidad.


b) En el motivo “3” del memorial de apelación restringida, subtitulado como “DEFECTUOSA VALORACIÓN DE LA PRUEBA….”, en el punto “3” cuestionaron la valoración del Certificado Médico Forense y el impedimento otorgado a la víctima en dicho documento, sosteniendo que correspondía al especialista maxilofacial otorgar los días de impedimento, ya que el médico forense no era de la especialidad para poder determinar los 30 días de impedimento otorgados.


II.2.Auto de Vista impugnado


Con base en los motivos precedentes, que fueron parte del recurso de alzada, el Tribunal de apelación, previo resumen de las alegaciones referentes a los defectos de Sentencia descritos en los incs. 2) y 6) del art. 370 del CPP, estableció:


Respecto al Segundo Agravio.- No es evidente, toda vez que el juicio oral, se ha efectuado dentro del correcto marco jurídico procesal, habiéndose individualizado a los partícipes del hecho conforme manda el Art. 83 del Código de Procedimiento Penal, precisando de manera clara los datos generales  de los imputados y por lo tanto suficientemente individualizados por lo que mal se puede aducir como defecto de sentencia. Por otra parte, el Tribunal de Sentencia a tiempo de pronunciar fallo, ha tenido presente el Art. 20 del Código Penal ya que ambos imputados golpearon a la víctima hasta causarle lesiones graves  de consideración ya que el certificado del médico especialista maxilofacial avalada por el Médico forense muestra el grado de lesión con un impedimento de 30 días, requisito esencial para adecuar la conducta de los imputados en el delito de lesiones graves y el certificado médico legal, es la prueba que delimita el tipo penal y el tiempo de incapacidad, por las características y circunstancias del hecho, se ve a las claras la existencia de los elementos motivadores de carácter  subjetivo que les han impulsado a cometer lesiones de magnitud, todo ello demuestra la tarea del dominio del hecho, el curso natural de los hechos con lo cual han actuado deliberadamente de ahí, el reclamo que arguye la parte imputada no es evidente, por tanto inaceptable.


Respecto al Tercer Agravio.- … de la revisión del acta del registro del juicio oral y la valoración descriptiva y analítica de toda la prueba efectuada por el Tribunal de Sentencia, se halla enmarcada estrictamente al Art. 173 del Código de Procedimiento Penal, ya que otorgó el valor correspondiente  a cada uno de los elementos de prueba con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida, orientada a la búsqueda de la verdad histórica  del hecho dentro de los parámetros de absoluta discrecionalidad crítica y analítica, en definitiva, la prueba aportada por las partes cumplió con las formalidades del Código de Procedimiento Penal y por tanto fue valorada  dentro del marco establecido por el Art. 173 del Código Adjetivo de la Materia, …” (sic).


Con esos argumentos, el Tribunal de alzada declaró improcedente el recurso de apelación restringida.


III. ESTUDIO DEL CASO Y JUSTIFICACIÓN DEL FALLO


En el presente caso, la parte recurrente denuncia por un lado que las resoluciones emitidas tanto por el Tribunal de Sentencia como por el Tribunal de alzada, no fundamentaron cuál la participación de cada de los imputados; y por otro, falta de pronunciamiento respecto a la apelación relativa a la negativa de producción de prueba extraordinaria; en cuyo mérito, conforme se tiene del Auto de admisión, corresponde la verificación de  la denuncia de contradicción entre el Auto de Vista impugnado con los precedentes contradictorios, siendo menester en forma previa efectuar las siguientes precisiones de orden legal.


III.1.Precisiones de orden legal.


A los fines de resolver esencialmente el primer motivo de casación planteado por el imputado, corresponde hacer referencia a la regulación normativa en la ley penal respecto a la participación criminal, coautoría y la incomunicabilidad. 


Participación criminal.- Conviene señalar, que conforme la doctrina, la teoría de la participación conforma una parte de la teoría del tipo, que señala que es autor quien realiza -personalmente o de mano propia- las acciones punibles descritas en un tipo penal; sin embargo, la autoría, no se circunscribe meramente al autor individual, sino abarca a quienes utilizan a otros como instrumentos para la ejecución del hecho punible (autoría mediata), a las personas vinculadas entre sí que colaboren en un hecho como autores, (coautores), a quienes intervengan en la comisión de un delito de forma independiente unos de los otros (autoría accesoria), quedando fuera de tipo penal de autoría, los inductores o instigadores y los cómplices, porque su participación tiene carácter distinto al del autor, pues se limita a la contribución o apoyo en la ejecución del hecho.


La legislación boliviana, en el art. 20 del CP, reconoce como autor a:


i) Quienes realizan el hecho por sí solos, es decir, de mano propia.


ii) Conjuntamente (coautores); ejecutan el ilícito dos o más personas de forma conjunta, cada una con dominio del hecho y conforme los roles pactados.


iii) Por medio de otros (autor mediato), no ejecuta directamente el ilícito, sino el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la ejecución del delito, como de un inimputable por ejemplo. 


iv) Los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso (cooperador necesario), en este caso el aporte realizado debe ser imprescindible para la ejecución el ilícito; diferenciándose del coautor, en que éste no participa de forma directa, por tanto no tiene dominio del hecho, únicamente realiza un aporte indispensable. Si bien esta es una forma de participación, la legislación boliviana subsume al cooperador necesario de autoría, en razón de la importancia de su participación esencial en la ejecución del ilícito, motivo por el que le otorga la misma sanción que al autor.


En tanto que, como otras formas de participación criminal, la legislación reconoce al instigador (art. 22 del CP), que es quien induce a otro a cometer el ilícito, estando su responsabilidad condicionada a la ejecución del ilícito por parte del autor, y al cómplice (art. 23 del CP), referido a quien presta ayuda en la ejecución del hecho, ya sea anterior o simultánea, actividad que a diferencia del cooperador necesario, su participación es secundaria, condicionada a la ejecución del ilícito por parte del autor. Todas estas formas de participación difieren unas de otras por sus características objetivas y subjetivas en la ejecución del ilícito.


Coautoría.- De acuerdo al motivo en examen, corresponde precisar que la coautoría, es una forma de autoría, pero con la particularidad de que, el hecho ilícito es ejecutado por dos o más personas, teniendo como requisitos que la finalidad sea común por lo que debe existir un acuerdo para la realización conjunta, el que no necesariamente debe ser expreso ni previo, ya que puede darse durante la ejecución del ilícito de forma tácita (aspecto subjetivo) para lo cual, conforme la teoría de dominio del hecho, hay una división de roles en la ejecución (aspecto objetivo), con la finalidad de asegurar el resultado (cada autor domina el hecho); es decir, ninguno de ellos realiza el hecho de forma individual, aplicándose en este tipo de autoría  el principio de imputación recíproca; toda vez que, al momento de determinarse las penas no se toma en cuenta la participación individual que tenga cada coautor en la ejecución del tipo penal, sino, todo lo que haga cualquiera de ellos es extensible y por lo tanto imputable a los demás, justamente por su participación en igualdad de condiciones al ejecutar de manera directa el ilícito en la parte que le corresponda.


Incomunicabilidad.- La individualización de la responsabilidad penal de cada sujeto, debe ser posterior a la determinación del grado de participación en el ilícito; debiendo realizarse de acuerdo a la culpabilidad de cada individuo, sin importar la de los demás partícipes, debiendo entenderse por culpabilidad la relación directa que existe entre la voluntad y conciencia de la conducta reprochable desplegada por el sujeto, frente a la norma descrita como típicamente antijurídica; es decir, es la conducta reprochable asumida por el autor por desobediencia a la norma descrita como ilícita.


Conforme a lo precedente, la aplicación de la pena debe ser de acuerdo a las circunstancias específicas que concurrieron en el autor al momento de la comisión del ilícito. Estas circunstancias se refieren a las condiciones personales que fundan, excluyan, atenúen o agraven la responsabilidad de cada  autor (en uno de los supuestos descritos en el art. 20 del CP), instigador o cómplice; circunstancias que no son comunicables o aplicables a los demás sujetos, por ser cualidades íntimas inherentes a cada uno de ellos.


Así el art. 24 del CP, al señalar que cada participante debe ser penado conforme su culpabilidad, sin tomar en cuenta la de los demás; señala de forma clara que “Las especiales relaciones, cualidades y circunstancias personales que funden, excluyan, aumenten o disminuyan la responsabilidad, no se comunican entre ninguno de los participantes.”; incomunicabilidad que de igual manera se aplica al instigador y al cómplice, pero tomando en cuenta la falta, justamente las características anteriores en estos últimos, razón por la que la pena se disminuirá conforme a las atenuantes especiales descritas en el art. 39 del CP.


En sentido similar a nuestra normativa, respecto a las circunstancias incomunicables, se pronuncian las demás legislaciones, así por ejemplo, el Código Penal de Guatemala, señala en su art. 30: “Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en factores o caracteres meramente personales del delincuente, o que resulten de sus relaciones particulares con el ofendido, no se comunican a los codelincuentes. Las circunstancias atenuantes o agravantes que resulten de la ejecución material del hecho delictuoso o de los medios empleados para realizarlo, sólo se apreciarán respecto de aquellos partícipes que de ellas tuvieren conocimiento antes o en el momento de la acción.”


III.2.Comprobación de los precedentes invocados vinculados a los motivos acusados.


Siendo el objetivo del recurso casacional el de uniformar la jurisprudencia nacional a través de la interpretación de la norma, corresponde verificar las denuncias de contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados como contradictorios (Autos Supremos 562 de 1 de octubre de 2004 y 307 de 11 de junio de 2003), a partir de la constatación de la existencia de situación fáctica análoga que haga viable la labor de contraste.


En cuanto al Auto Supremo 562 de 1 de octubre de 2004, se tiene que fue emanado luego de que el Tribunal casacional verificó la ausencia de fundamentación en el Auto de Vista, observando además falta de pronunciamiento de los puntos apelados, haciendo referencia a la falta de pronunciamiento puntual y preciso respecto al valor de una prueba producida en el proceso  (sentencia ejecutoriada dictada por el Juez 10º de Partido en lo Civil que fue presentada como prueba fundamental por la procesada para acreditar un incidente prejudicial opuesto, que justificó el motivo por el cual se interrumpió el juicio oral por un año). Con esa base, se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “Las normas procesales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio; si en obrados se observan defectos de procedimiento que constituyen defectos absolutos y atentan derechos fundamentales, deben ser corregidos de oficio por el Tribunal de Alzada o el de Casación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, aunque el recurrente no hubiera efectuado reclamo oportuno para su saneamiento, facultad que está restringida para casos donde se encuentren violaciones flagrantes al debido proceso y existan defectos absolutos que determinen nulidad. Además en ningún fallo puede omitirse la fundamentación del mismo, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa con la resolutiva”.


En cambio, el Auto Supremo 307 de 11 de junio de 2003, emergió de la comprobación por parte del Tribunal casación, que el Tribunal de Alzada, incurrió en pronunciamiento ultra petita al anular la Sentencia en su totalidad, puesto al que haberse determinado en alzada, que el recurso de apelación restringida planteado era inviable (inadmisible), no se encontraba facultado a ingresar a la valoración fáctica del proceso, por no haberse abierto su competencia, más cuando no existían defectos absolutos que den lugar a la nulidad; razón por la que, estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “En ningún fallo puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa con la parte resolutiva, considerando que esta última se constituye en la síntesis de la resolución.


Las normas procesales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio, si en la apelación restringida se observa defectos de procedimiento y el recurrente no ha efectuado reclamo oportuno para su saneamiento ni reserva de recurrir, la apelación es inadmisible, conforme al segundo parágrafo del art. 407 del Código de Procedimiento Penal.


Por otra parte, si bien es cierto que el art. 15 de la Ley de Organización Judicial faculta a los Tribunales de Alzada como de casación revisar de oficio los procesos que llegan a su conocimiento, sin embargo dicha facultad está restringida para casos donde se encuentren violaciones flagrantes al debido proceso y existan defectos procesales absolutos que determinen la nulidad, no siendo correcto anular un proceso sino se encuentra en la situación referida”.


En el caso de autos, tal como se precisó, el recurrente acusa al Tribunal de apelación, la emisión del Auto de Vista sin la debida fundamentación en cuanto a la individualización de los imputados; alegando además, falta de pronunciamiento respecto a la negativa de producción de prueba extraordinaria.


Del análisis de los fallos invocados, se establece que el Auto Supremo 562 de 1 de octubre de 2004, dilucida temáticas similares a las planteadas en el caso de autos, permitiendo con ello la verificación de la denuncia de contradicción con ambos motivos. En cambio, el Auto Supremo 307 de 11 de junio de 2003, tiene supuestos fácticos disímiles a los cuestionados en el recurso de casación en examen; y dado que la impugnación casacional tiene como objeto la unificación de jurisprudencia, por simple lógica se establece la imposibilidad de uniformar jurisprudencia, si no existen situaciones fácticas similares resueltas con distinto enfoque legal, razón por la que el fallo invocado no se constituye en precedente a efectos de la labor de contraste; toda vez, que en atención a lo referido por el art. 416 del CPP, el precedente contradictorio invocado, necesariamente debe corresponder a una situación similar a la acusada como contradictoria, situación que no se da en el caso presente.


III.3.Análisis del caso en concreto.


En el motivo primero, el recurrente acusa al Tribunal de alzada de no fundamentar de forma adecuada el Auto de Vista impugnado, al resolver la denuncia relativa a la errónea aplicación de la norma sustantiva, específicamente al art. 24 del CP, aduciendo que no se dio aplicación a la citada norma, al no señalar cuál fue la participación de cada uno de los imputados, ya que habría sido sólo uno el que pateó y lesionó la mandíbula de la víctima; pero extrañamente, el Tribunal recurrido (se entiende el de alzada) identificó a los autores conforme el art. 20 del CP, cuestionando si tal aplicación no debería hacerse en concordancia con el art. 24 del mismo cuerpo legal, afirmando que bajo el entendimiento de los Vocales, no existiría el cómplice, el encubridor y otros presupuestos de participación, por lo que considera que no se individualizó a la persona que dio la patada.


Analizados los antecedentes, se establece de forma clara que la Sentencia, a fs. 49, explica las razones por las que declaró coautores a los implicados, y dado que únicamente dos fueron sometidos a juicio oral y público, correspondía de forma lógica, hacer referencia a la participación de dichos imputados. Dicho fallo estableció que conforme la víctima, el puñete fue propinado por Armando Zuna Cuizara -el recurrente- en tanto que la patada fue propinada por Rolando Calle Condori, de ahí se tiene que la Sentencia individualizó de forma adecuada a los imputados. De igual forma, de manera totalmente coherente y con apego a la ley, precisó que los tres acordaron la ejecución del ilícito, existiendo comunidad de acción, razón por la que la responsabilidad depende de la comunidad, ya que para que exista participación en un delito, se debe tomar parte o cooperar, estableciendo que en el caso presente hubo una ejecución conjunta, dado que tanto el golpe de puño como la patada, habrían causado lesiones a la víctima, razón por la que consideró que no era aplicable el art. 24 del CP, estableciendo que los imputados eran coautores por su accionar típico, culpable y antijurídico.


Al respecto, el Auto de Vista, analizando la Sentencia, concluyó que el juicio oral se realizó dentro el correcto marco procesal, que los imputados fueron individualizados conforme al art. 83 del CPP, pero además conforme al art. 20 del CP, ya que ambos imputados golpearon a la víctima hasta causarle lesiones graves de consideración, que fueron avaladas por el Certificado Médico Forense que otorgó 30 días de impedimento, razón por la cual su conducta fue adecuada al ilícito de Lesiones Graves; se afirmó que por las características del hecho y sus circunstancias, se establecieron elementos motivadores de carácter subjetivo que les impulsó a cometer las lesiones, demostrándose así el dominio del hecho y la actuación deliberada de los imputados, considerando inaceptables sus reclamos, por lo tanto no evidentes.


Ahora bien, de los argumentos vertidos por el Auto de Vista, se tiene que si bien dicho fallo dejó claras las razones por las que se condenó a la misma pena a ambos imputados, no se refirió al porqué no se aplicó el art. 24 del CP, lo que implicaría efectivamente, una inadecuada fundamentación; sin embargo, este Tribunal ha desarrollado entendimientos respecto a la relevancia de las denuncias frente a las posibles consecuencias de una nulidad, toda vez que, conforme los principios que rigen las nulidades procesales, sólo proceden cuando el daño es de tal magnitud, que únicamente pueda ser reparada con la renovación del acto, en este caso del fallo, toda vez que no es posible concebir la nulidad por la simple nulidad; en ese sentido, es que deben analizarse las denuncias por vulneración a derechos y garantías constitucionales, debiendo establecerse si las mismas tiene o no relevancia constitucional.


En similar sentido se pronunció el Auto Supremo 021/2012-RRC  de 14 de febrero de 2012, que señaló: “... no se puede decretar la nulidad, sino sólo cuando hay un defecto que por haber causado una afectación a un derecho o garantía constitucional se constituye en absoluto; es decir, la nulidad no deriva sólo del quebrantamiento de la forma, pues es necesario que ese quebrantamiento haya afectado los derechos de alguna de las partes y que ésta haya demostrado el agravio para poder solicitar la anulación del acto denunciado de ilegal” (Las negrillas son nuestras).


Conforme a lo anterior, se advierte que la Sentencia tiene como hechos probados que los imputados actuaron de forma conjunta en la comisión del ilícito, dado que deliberadamente atacaron, uno por delante y dos por detrás a la víctima, ocasionándole lesiones de gravedad; conforme refiere el Auto de Vista, ese accionar se encuentra descrito en el art. 20 del CP, cuando refiere que son autores, los que realizan en el hecho de forma conjunta, es decir, lo que se conoce en la doctrina y en la práctica como “COAUTORES”, circunstancia que es ampliamente explicada en el  acápite “III.1.” de este fallo, de ello se tiene que de forma correcta, los imputados fueron individualizados como coautores en la comisión del delito, razón por la que no correspondía considerar su participación de forma individual, razonamiento que es parte de la Sentencia, como también del Auto de Vista.


En cuanto a la aplicación del art. 24 del CP, con la intención de que a cada uno se le aplique la pena conforme a su participación individual; alegación respecto a la cual el Tribunal de alzada no brindó ninguna explicación, se aclara que tal pretensión está lejos de los alcances de dicha norma, pues la misma es aplicable, no al momento de la individualización de los imputados, sino, al momento de aplicar las penas, pero no tomando cada accionar por separado para asignar a cada individúo una sanción conforme su participación; sino con base a las circunstancias personales que obligaron a cada uno a actuar en la comisión del ilícito, por lo que si bien el precitado artículo está relacionado con el art. 20 del CP, dado que inicialmente se precisa la individualización respecto a la participación del imputado, para luego asignar la pena, el precitado art. 24, debe realizarse en concordancia de los arts. 37 a 41 de la norma penal sustantiva; circunstancias que por lógica, al ser inherentes a la intimidad de cada individuo, no pueden ser comunicables o aplicables a los demás.


Por lo señalado precedentemente, ante la advertencia de que, en caso de anularse el fallo, el resultado sería el mismo, este Tribunal considera que no es necesario dejar sin efecto el Auto de Vista, dado que la falta de referencia del art. 24 del CP por parte del Tribunal de alzada, no causó indefensión al imputado, sino tal vez incertidumbre por no aclarar su confusión, lo que no significa un desconocimiento de la doctrina legal aplicable asumida por este Tribunal, puesto que si la falta de una adecuada fundamentación hubiera causado lesión cierta y real, que únicamente hubiera sido posible su reparación vía nulidad, ya que en definitiva otro sería el resultado del fallo, se habría procedido conforme al precedente invocado, caso que no se da en autos, pues el recurrente, si bien demostró una inadecuada fundamentación en el fallo de alzada, no demostró el perjuicio real y cierto que lo haya dejado en indefensión, puesto que como ya se dijo, únicamente el Tribunal de alzada tendría que mejorar fundamentos sin modificar el resultado final del Auto de Vista, ocasionando con la nulidad dilaciones innecesarias en contra del principio de economía procesal, pues si bien es cierto que las normas públicas son de cumplimiento obligatorio, es cierto también que el quebrantamiento de una forma procesal no deriva en nulidad pura y simple, sino es necesario que dicho quebrantamiento haya afectado de forma irreparable derechos o garantías constitucionales, dejando en indefensión al recurrente, situación que no se da en el caso presente; razón por la que se desestima la pretensión y se declara infundado este motivo.


En el motivo segundo, el recurrente alega de forma extremadamente confusa, que el Tribunal de alzada no consideró y menos fundamentó la denuncia relativa a la falta de idoneidad del certificado médico para certificar trauma maxilofacial, que era el especialista, quien debía determinar los días de impedimento; al respecto, se tiene que en el tercer CONSIDERANDO, el Tribunal de apelación al referirse al segundo agravio, señaló que el certificado médico emitido por el especialista demuestra la lesión y que al ser avalado por el médico forense, merecía 30 días de impedimento, prueba que delimitó el tipo penal y el tiempo de incapacidad; afirmación que resulta correcta, por cuanto, el médico forense al ser médico legista, es el profesional idóneo para otorgar días de impedimento, ello conforme a su especialidad en medicina, pero además con base en su conocimiento legal, con apoyo -cuando corresponda- del resultado de exámenes, complementación o diagnóstico de especialistas, acudiendo a protocolos nacionales y/o internacionales que permiten delimitar la gravedad de las lesiones y otorgar los días de impedimento que correspondan, función que no puede ser suplida por un profesional cuya especialidad no sea la medicina forense, por su desconocimiento de la parte legal que hace a la medicina legal; en ese sentido, se advierte que el Tribunal de alzada, si bien no se refirió de forma expresa a las valoraciones médicas, efectuó un pronunciamiento aceptable, razón por la que no resulta evidente la alegación en examen.


En cuanto a la negativa de producción extraordinaria de prueba, respecto a la solicitud de que la unidad educativa a la que asistía la víctima informe sobre la incapacidad de la víctima y su regular asistencia, negativa que habría vulnerado el debido proceso por no respetarse derechos y garantías constitucionales establecidas en el inc. 3) del art. 169 del CPP, se verifica que no fue parte del recurso de apelación restringida, por lo que por simple lógica, no existía razón para que el Tribunal de alzada emita pronunciamiento alguno sin incurrir en pronunciamiento ultra petita, y dado que el recurso casacional únicamente procede contra Autos de Vista que hubieran incurrido en contradicción con alguna fallo precedente en su tarea de control de la legalidad o logicidad de la Sentencia, no hay posibilidad de agravio.


A manera informativa, el art. 169 inc. 3) del CPP, no establece derechos ni garantías, sino simplemente se constituye en norma habilitante a efectos de impugnar una actividad procesal defectuosa vinculada a otra norma, con cuya infracción se vulneran derechos o garantías establecidas en la Constitución Política del Estado o el Código de Procedimiento Penal, pero siempre vinculada a la norma suprema o al bloque de constitucionalidad, de ahí que para impugnar con base en dicha normativa, es esencial acreditar la relevancia constitucional del daño sufrido. De lo señalado se advierte la inexistencia de contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el fallo invocado en calidad de precedente contradictorio,  por lo que corresponde  declarar infundado el motivo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Armando Zuna Cuizara.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA