TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 377/2015-RA-L

Sucre, 06 de julio de 2015


Expediente                : Cochabamba 141/2010        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro 

Parte Imputada        : Rolando Delfín Goitia Arze y otros

Delitos        : Estafa y otro


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 9 y 10 de julio de 2010, cursantes de fs. 1405 a 1410 vta. y de fs. 1416 a 1417, Rolando Delfín Goitia Arze y Emilio Ari Condori, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 42/2010 de 10 de mayo, de fs. 1395 a 1398, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Ramón Quispe Mamani Alcalde de la Provincia de Tacopaya contra Rolando Delfín Goitia Arze, Emilio Ari Condori, Santiago Ugarte Medrano, Jhonny Amilcar Scheneider Mejía y Nereyda Gabriela Mercado García  por la presunta comisión de los delitos de Estafa, Incumplimiento de Contrato, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica, Concusión, Beneficio en razón del Cargo, previstos y sancionados por los arts. 335, 222, 150, 154, 224, 151 y 147 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación fiscal (fs. 14 a 18) y particular presentado por Ramón Quispe Mamani H. Alcalde de Tacopaya (fs. 32 a 39), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Tribunal de Sentencia de la Provincia de Quillacollo perteneciente a la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia 30/2009 de 01 de septiembre (fs. 1290 a 1304), por la que declaró a los imputados Rolando Delfín Goitia Arze, autor y culpable de la comisión de los delitos de Estafa e Incumplimiento de Contrato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 222 del CP, en concurso real, condenándole a una pena privativa de libertad de cinco años de reclusión a cumplir en la cárcel pública de “San Sebastián” (varones) de la ciudad de Cochabamba, con costas y responsabilidad civil averiguables en ejecución de Sentencia; a Jhonny Amilcar Schneider Mejía y Emilio Ari Condori, autores y culpables de la comisión de los delitos de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 150 y 224 del CP, condenándoles a una pena privativa de libertad de tres años de reclusión y doscientos días de multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, con costas y responsabilidad civil averiguables en ejecución de Sentencia, en cumplimiento del art. 366 del CPP, pueden solicitar el beneficio de la suspensión condicional de la pena; por otro lado, los declaró absueltos de  culpa y pena de la comisión de los delitos de Beneficio en razón del cargo, Concusión e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados por los arts. 147, 151 y 154 del CP, sin costas por ser excusable; asimismo declaró Nereida Gabriela Mercado García, absuelta de culpa y pena de la comisión de los delitos de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública, Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica, Concusión y Beneficio en razón del cargo, previstos y sancionados por los arts. 150, 154, 224, 151 y 147 del CP, sin costas por ser excusable.

  1. Contra la referida Sentencia, Emilio Ari Condori, Rodolfo Delfín Goitia Arze y Jhonny Amilcar Schneider Mejía, interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 1324 a 1325 vta.;  fs. 1332 a 1342 vta. y de fs. 1355 a 1356 vta.); resuelto por Auto de Vista de 42/2010 de 10 de mayo (fs. 1395 a 1398), emitido por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que declaró improcedentes los recursos de apelación restringida.


  1. Notificados los recurrente Rolando Delfín Goitia Arze y Emilio Ari Condori con el mencionado Auto de Vista el 05 de julio de 2010 (fs. 1399), interpusieron recurso de casación el 09 y 10 de los citados mes y año, los cuales son objeto del presente análisis de admisibilidad. 


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


II.1 Recurso de casación de Rolando Delfín Goitia Arze.


Argumenta que la Sentencia incurre en el defecto de errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 335 del CP), no pudiendo condenarle por el delito de Estafa al no existir los elementos configurativos de engaño, error y ardid, en razón a que el contrato de obra suscrito entre Rolando Delfín Goitia Arze como representante de la empresa “Constructora Goitia Arce” y el Alcalde Municipal de Tacopaya Santiago Ugarte Medrano para la construcción de unidades educativas, se encontraba garantizada con una póliza de seguros de la empresa Adriática en caso de cualquier incumplimiento de la obra y, que en la cláusula vigésima segunda del contrato se estableció que en caso de controversia se acudiría a la vía coactiva fiscal, además de existir otras cláusulas que preveían la resolución del contrato y las penalidades generadas en caso de incumplimiento; en ese sentido, al existir un contrato suscrito  conforme el art. 450 del Código Civil y ante el surgimiento de causas de incumplimiento, su persona incurrió en el delito de Incumplimiento de Contrato previsto por el art. 222 del CP; pero, jamás en el delito de Estafa, porque no existió engaño o artificio que fortalezca el error del municipio de Tacopaya generando un acto de disposición patrimonial como pretendió el Tribunal de Sentencia, además que el asesor legal de la Alcaldía fue quien redactó el contrato, consignando las garantías necesarias en caso de incumplimiento. Señala que la Sentencia concluyó que el imputado, al margen de no haber cumplido con el contrato, con planillas que no reflejaban la realidad de avances de obra, indujo en error para que el Ministerio de Hacienda realice pagos por ítems no ejecutados, logrando la cancelación del 87% cuando sólo existió un avance del 60%, pagándosele Bs. 1´176.760,25.- (un millón ciento setenta y seis mil setecientos  sesenta 25/100 bolivianos) y lo ejecutado alcanzaba a Bs. 826.832,50.- (ochocientos veintiséis mil ochocientos treinta y dos 50/100 bolivianos), sobre el particular, alega que el imputado jamás elaboró planillas de avance de obra por lo tanto no puede atribuírsele el delito de Estafa.


Transcribiendo la doctrina legal del Auto Supremo 241 de 1 de agosto de 2005 y la previsión del art. 335 del Código de Procedimiento Penal (CPP), añade que no se demostró por ningún medio probatorio la comisión del delito de Estafa, además que el Incumplimiento de Contrato y la Estafa son tipos penales excluyentes, siendo inexistentes los elementos constitutivos previstos por el art. 335 del CP; señala que el Tribunal de Sentencia no encontró fundamentos para extraer medios probatorios que sustenten la existencia de artificio o engaño para la suscripción del contrato de obra, existiendo cláusulas para cubrir desfases económicos en caso de incumplimiento, citando al tratadista Welzel y la teoría finalista, alega que en ningún momento existió la intención del hecho, y en el caso de autos sólo se acomoda al tipo penal de incumplimiento de contrato y no al de estafa. Concluyendo su recurso cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 241 de 1 de agosto de 2005 y de “10 de agosto de 2000” (sic) que acompaña al recurso de casación.


II. 2 Recurso de casación de Emilio Ari Condori.


Refiere que el Auto de Vista al declarar improcedente su recurso de apelación restringida y confirmar la Sentencia, vulnera los arts. 124 y 169 inc. 3) del CPP y sus derechos fundamentales por no ajustarse a la verdad histórica de los hechos, no habiéndose demostrado en el juicio el iter criminis; refiere que el Ministerio Público ni el acusador particular demostraron la comisión de los delitos de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas y Conducta antieconómica debido a que los hechos no se acomodan a estos tipos penales con relación al art. 20 del CP. Manifiesta que la valoración probatoria realizada por los Tribunal de juicio y alzada no se enmarca en las previsiones de los arts. 124 y 359 del CPP, que a decir del tratadista Julio Mair, la libre convicción exige fundamentación de la decisión donde se expresan los motivos por los que se decide de una u otra manera, mencionando los elementos probatorios para arribar a un fallo; agrega que este deber debe centrarse en los hechos probados y no en apreciaciones subjetivas. En el otrosí segundo, refiere que en apelación restringida anunció el recurso de casación invocando el precedente contradictorio.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Con relación al cumplimiento de plazos, en el caso de autos, se constata que ambos recurrente cumplen con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta que fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 05 de julio de 2010 (fs. 1399), presentando sus recursos de casación el 09 y 10 de julio del mismo año; es decir, dentro del plazo de cinco días previstos por el art. 417 del CPP.


En cuanto a los argumentos de los recursos de casación, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, la cita del precedente contradictorio; y, principalmente, la explicación, en términos claros y precisos, referidos a la posible contradicción entre el Auto de Vista impugnado y la doctrina legal aplicable de los precedentes contradictorios, que permitan a éste máximo Tribunal, emitir un pronunciamiento final sobre las cuestiones planteadas.


IV.1 Recurso de casación de Rolando Delfín Goitia Arze.


Como se tiene precisado en el acápite III de la presente resolución, existen requisitos ineludibles que deben ser cumplidos por los recurrentes al momento de interponer el recurso de casación, en el caso de autos, el recurrente si bien cita y transcribe parte de la doctrina legal del Auto Supremo 241/2005; sin embargo  no señala puntualmente donde radicaría la contradicción de tales fundamentos con los razonamientos del fallo que impugna, aspecto que no puede subsanarse de oficio por el Tribunal de casación, al ser un requisito procedimental cuyo cumplimiento atañe a la parte recurrente conforme se tiene previsto en los arts. 416 y 417 del CPP, cabe precisar que la norma procedimental es clara al señalar que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista contrarios a otros precedentes y que dicha contradicción será entendida cuando en una situación de hecho similar (supuestos fácticos análogos), el sentido jurídico asignado por la resolución recurrida no coincide con la doctrina del precedente por aplicación de una norma distinta o la aplicación de la misma; pero, con un alcance diverso; siendo obligación de quien recurre señalar en términos claros esa posible contradicción, aspecto que no se advierte en el recurso en análisis; por cuanto, el mismo deviene en inadmisible.

IV. 2 Recurso de casación de Emilio Ari Condori.


Partiendo de los presupuestos formales previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, se evidencia que el recurrente inicialmente omite señalar algún precedente contradictorio y, en segundo término, como consecuencia de esta falencia, no existe una explicación de la supuesta contradicción en que hubiere ingresado el Tribunal de alzada respecto de la jurisprudencia sentada por este máximo tribunal de justicia, no resulta suficiente la manifestación del imputado que en apelación restringida invocó el precedente, siendo la normativa citada totalmente clara respecto al cumplimiento de los requisitos que legitiman el recurso de casación como son: la invocación del precedente y la exposición, en términos claros y concretos, de la contradicción entre los fundamentos del Auto de Vista y los razonamientos contenidos en la doctrina legal del precedente; señalando el sentido jurídico distinto asignado por el Auto de Vista, sea por la aplicación de normas distintas o de una misma con diverso alcance, en ese sentido, no se advierte que el impugnante demuestre la posible existencia de error o ausencia de argumentos en la resolución que recurre, omisiones que derivan en la inadmisibilidad del recurso.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Rolando Delfín Goitia Arze y por Emilio Ari Condori, cursante de fs. 1405 a 1410 vta. y fs. 1416 a 1417.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA