TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 373/2015-RA-L

Sucre, 06 de julio de 2015


Expediente                : Cochabamba 122/2010        

Parte Acusadora        : Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Antonio” Ltda. 

Parte Imputada        : Jenny Silvia Layme Chipana

Delito        : Falsedad Material y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 01 de septiembre de 2010, cursante de fs. 186 a 188, Jenny Silvia Layme Chipana, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 12 de agosto de 2010, de fs. 170 a 174 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por la Cooperativa Abierta de Ahorro y Crédito “San Antonio” Ltda., contra Jenny Silvia Layme Chipana, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Falsificación de Documento Privado, Uso de Instrumento Falsificado y Estafa con Múltiples Víctimas, previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 200, 203, 335 con relación al art. 346 bis del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación fiscal (fs. 6 a 8 vta.) y particular presentado por Robinson Salas Molina (fs. 37 a 40 vta.), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia 13/2010 de 22 de marzo de 2010 (fs. 115 a 122), por la que declaró a la imputada Jenny Silvia Layme Chipana, autora y culpable de la comisión de los delitos de Uso de Instrumento Falsificado, Estafa y Falsificación de Documento Privado, previstos y sancionados por los arts. 203, 335 y 200 del CP, condenándole a una pena privativa de libertad de cuatro años de reclusión en el Penal de “San Sebastián” (mujeres) de la ciudad de Cochabamba, más la multa de doscientos día a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por día, con costas a favor del Estado y de la víctima una vez ejecutoriada la Sentencia.

  1. Contra la referida Sentencia, Jenny Silvia Layme Chipana y Robinson Salas Molina en representación de la Cooperativa Abierta de Ahorro y Crédito “San Antonio” Ltda., interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 131 a 134 y  fs. 141 a 146); resuelto por Auto de Vista de 12 de agosto de 2010 (fs. 170 a 174 vta.), emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por Jenny Silvia Layme Chipana y Parcialmente Procedente el recurso planteado por la acusación particular; y, en función al art. 414 del Código de Procedimiento Penal  (CPP), emitió nueva Sentencia declarando a la imputada autora y culpable de la comisión de los delitos previstos por los arts. 203, 335 y 200 del CP, en concurso real de delitos, imponiéndole la pena máxima de cinco años de reclusión correspondiente al delito más grave, condena a cumplir en la Cárcel de “San Sebastián” (mujeres), más doscientos días de multa a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por día, a ser pagados en una sola cuota en la Caja de Reparaciones del Poder Judicial dentro del tercer día de ejecutoriada la Sentencia; asimismo, se habilitará el procedimiento para la reclamación de los daños y perjuicios.


  1. Notificada la recurrente Jenny Silvia Layme Chipana con el mencionado Auto de Vista el 27 de agosto de 2010 (fs. 176), interpuso recurso de casación el 01 de septiembre del citado año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad. 


II.  DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1)        Realizando un propio análisis de la Sentencia, argumenta que no se demostró la existencia de los delitos de Estafa y Falsificación de Documento Privado, tampoco se acreditó el Uso de Instrumento Falsificado; asimismo, no se precisó la forma cómo los cometió, lo que deriva en actividad procesal defectuosa concernientes a los defectos previstos en los incs.1), 2), 3), 4), 5) y 6) del art. 370 del CPP, así como de los arts. 37 y 38 del CP, vulnerando sus derechos y garantías del debido proceso y el principio de unidad y congruencia; alega que la imputación y acusación no tiene los mismos argumentos ni son por la comisión de los mismos delitos; además que el Tribunal de Sentencia no se pronunció sobre los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Agravación con múltiples víctimas por los que también fue acusada y absuelta, generándose un vacío legal que atenta contra su derecho a la defensa y la garantía del debido proceso.  Alega que fue condenada por un delito que no fue acusado como es la Falsificación de Documento Privado. Respecto a los defectos de la Sentencia previstos en los incs.1), 2), 3), 4), 5) y 6) del art. 370 del CPP, señala que la Sentencia se basó en simples conjeturas y hechos inexistentes, no se demostró quienes eran los presuntos autores y menos su participación en el hecho; existe contradicción entre la acusación fiscal por unos delitos y otra acusación por la comisión de otros hechos; que la prueba de cargo fue obtenida ilegalmente e incorporada sin observarse las formalidades previstas en el CPP, sin que las mismas fueran individualizadas ni valoradas conforme la sana crítica; que se vulneraron sus derechos y garantías por no realizarse un análisis pormenorizado de la prueba.


2)        Alega que el Auto de Vista sólo dio curso a la apelación de la parte acusadora basado en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, careciendo la Sentencia de fundamentación probatoria intelectiva, debido a que no puede imponerse la pena máxima por no tener antecedentes penales; asimismo, los de alzada no tomaron en cuenta los defectos de la Sentencia y que su persona no tuvo participación, mas al contrario, sería una víctima más por haber sido utilizada.


Concluye su recurso solicitando se “Case el presente recurso y disponga la Sentencia absolutoria de pena y culpa ante otro Tribunal de Sentencia” (sic).


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia. 2) La tarea encomendada por ley a este Tribunal de justicia referida precedentemente. 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se constata que la recurrente cumple con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta que fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 27 de agosto de 2010 (fs. 176), presentando su recurso de casación el 01 de septiembre del mismo año; es decir, dentro del plazo de cinco días previstos por el art. 417 del CPP.


En cuanto a los argumentos del recurso de casación, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, la cita del precedente contradictorio; y, principalmente, la explicación, en términos claros y precisos, referidos a la posible contradicción entre el Auto de Vista impugnado y la doctrina legal aplicable de los precedentes contradictorios, que permitan a éste máximo Tribunal, emitir un pronunciamiento final sobre las cuestiones planteadas; en caso de denuncias de vulneración de derechos y garantías constitucionales, se observará el cumplimiento de los presupuestos de flexibilización contenidos en el acápite III de la presente resolución.

Ingresando en análisis del primer motivo, se evidencia que la recurrente, con escasa técnica recursiva, alega que la Sentencia adolecería de los defectos previstos en el art. 370 incs. 1), 2), 3), 4), 5) y 6) del CPP; porque no se demostró la existencia de los delitos de Estafa y Falsificación de Documento Privado, ni se acreditó el Uso de Instrumento Falsificado o la forma cómo los cometió, argumentos vertidos contra la Sentencia; empero, no manifiesta los agravios en que hubiere incurrido el Tribunal de alzada, puesto que, conforme se tiene previsto en los arts. 416 y 417 del CPP, el recurso de casación es un medio para impugnar el Auto de Vista cuyo sentido jurídico no resulta coincidente con la doctrina sentada por el precedente, aspecto inobservado por la recurrente que además omite invocar precedentes contradictorios y; por lo tanto, señalar esa posible contradicción; de otro lado, la denuncia de violación a los derechos y garantías del debido proceso y el principio de unidad y congruencia por existir contradicción entre “la acusación fiscal por unos delitos y otra acusación por la comisión de otros hechos” (sic) la recurrente no señala específicamente y de manera concreta, los antecedentes generadores del agravio relacionado con cada derecho o garantía aducida como violada; de igual manera no señala la restricción o disminución de los mismos y su resultado dañoso con incidencia en el fallo que impugna; en ese marco, ante el incumplimiento de los requisitos previstos por los citados arts. 416 y 417 del CPP; y, los supuestos de flexibilización para los casos de denuncias de violaciones a derechos y garantías, el motivo deviene en inadmisible.


El segundo motivo, referido a que el Auto de Vista no consideró los defectos de la Sentencia, dando curso a la apelación de la parte acusadora, careciendo la Sentencia de fundamentación probatoria intelectiva al imponerle la pena máxima  pese a no tener antecedentes penales y no tuvo participación en el hecho; tampoco cumple con las disposiciones contenidas en los citados arts. 416 y 417 del CPP, debido a la inexistencia de invocación de precedentes contradictorios y una exposición fundamentada de alguna contradicción de fundamentos en que hubiere incurrido el fallo impugnado con relación a la doctrina emitida por la entonces Corte Suprema de Justicia, falencias de la técnica recursiva contenidas en la totalidad del recurso de casación que impiden el análisis de fondo del presente motivo, deviniendo el mismo en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Jenny Silvia Layme Chipana, de fs. 186 a 188.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA