TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 366/2015-RA-L

Sucre, 06 de julio de 2015


Expediente                : Cochabamba 106/2010        

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Cristóbal Llanos y otros

Delito                : Robo Agravado


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 29 y 30 de enero, 13 de marzo y 27 de julio de 2010, cursantes de fs. 626 a 634 vta., 635 y vta., 669 a 670 y 694 a 695, Cristóbal Llanos, Peter Omar Calucho Gandarillas y Germán Romero Vargas, respectivamente, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 109/2009 de 23 de octubre de fs. 581 a 594 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 incs. 1) y 2) del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)        En mérito a la acusación pública (fs. 6 a 8 vta.), concluida la audiencia del juicio oral, el Tribunal Cuarto de Sentencia de la entonces Corte Superior del  Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia 29/2008 de 3 de octubre (fs. 237 a 242), por la que declaró a los imputados Cristóbal Llanos, Peter Omar Calucho Gandarillas y Germán Romero Vargas, autores y culpables del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 inc. 2) del CP, condenándolos a la pena privativa de libertad de diez años a cumplir en la cárcel pública de “El Abra” de la ciudad de Cochabamba, con costas.


b)        Contra la citada Sentencia, los imputados Peter Omar Calucho Gandarillas, Cristóbal Llanos y Germán Romero Vargas, interpusieron recursos de apelación restringida (fs. 336 a 344 vta., 352 a 357 y 422 a 431), resueltos por Auto de Vista 109/2009 de 23 de octubre (fs. 581 a 594 vta.), pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Cochabamba, que declaró improcedentes los recursos planteados, complementado por Auto de 4 de enero de 2009 (fs. 599 y vta.).


c)        Notificados los imputados Cristóbal Llanos, Peter Omar Calucho Gandarillas y Germán Romero Vargas, con el Auto complementario el 4 de enero, 8 de marzo y 21 de julio de 2010 (fs. 600, 638 y 682), interpusieron recursos de casación el 29 y 30 de enero, 13 de marzo y 27 de julio de 2010, los cuales son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1. Recurso de casación de Cristóbal Llanos.


  1. Luego de realizar un resumen de los motivos que fueron objeto del recurso de apelación restringida, denuncia que el juicio se realizó sin la presencia del secretario del Tribunal de Sentencia y la auxiliar que participó como secretaria no tenía capacidad legal para actuar en el juicio, aclarando que recién se enteró cuando fue notificado con la sentencia; es decir, la funcionaria citada intervino usurpando funciones y de manera ilegal vulnerando los arts. 329, 330, 360, 361, 671 inc. 8) y 358 del Código de Procedimiento Penal (CPP), aspecto que no fue considerado por el Tribunal de alzada pese a que se reclamó en apelación restringida.        


  1. Refiere también que, en apelación restringida denunció defectuosa valoración de la prueba, por cuanto la prueba testifical no se valoró de manera descriptiva, analítica e intelectiva, habiéndose vulnerado principios procesales, normas sustantivas y adjetivas a tiempo de dictarse la Sentencia, que se traducen en la vulneración de los principios de legalidad, debido proceso e igualdad; es decir, simplemente se redactó e indicó las pruebas; pero, no se las describió; consiguientemente, la Sentencia no tiene la relación del nexo causal de las declaraciones y las contradicciones existentes; agrega, que no se valoró la prueba de manera individual, no explicó por qué se acoge una determinada prueba y se desecha otra, no realizó una relación de toda la prueba de manera sistemática y explicar por qué creo convicción o no; por otra parte, no se tomó en cuenta que ninguno de los testigos de cargo le identificaron como el autor del robo, además incurrieron en contradicción respecto a la presencia de armas cuando existe indicio de que sólo había un arma; tampoco se aplicó en la valoración las reglas de la sana crítica o libre convicción como son la experiencia, la sicología y la lógica, omitiendo también su cumplimiento por el Tribunal de alzada. Cita como precedente el Auto de Vista de 16 de julio de 2008 dictado por la Sala Penal Tercera de Cochabamba.  

  1. A tiempo de complementar el recurso de casación (fs. 635 y vta.), refiere que el Auto de Vista debió dictarse dentro de los veinte días de realizada la fundamentación del recuso de apelación restringida conforme establece el art. 411 del CPP; en el caso, el Auto de Vista lleva por fecha 23 de octubre de 2009; sin embargo, se registró en el libro de tomas de razón el 10 de diciembre de 2009, lo que implica que se puso fecha antedatada, vulnerándose los arts. 411 y 160 del CPP. Cita el Auto Supremo “703/2004” que se encuentra en la Gaceta Judicial 1912. 


II.2. Recurso de casación de Peter Omar Calucho Gandarillas. 


  1. Expresa que el Auto de Vista es una simple descripción y copia de los hechos y de la sentencia, olvidando que dentro de sus atribuciones no está la de revalorizar la prueba, viciando de nulidad el proceso al revisar prueba y asignarle un valor.


  1. Con relación al punto A, el Auto de Vista refirió que el reclamó debió realizarse en su momento oportuno; esto es, en el desarrollo del juicio; sin embargo, no tuvo conocimiento que la auxiliar estaba fungiendo como secretaria, no siendo su responsabilidad ni competencia; por otra parte, señala que fue juzgado por el delito de Robo; no obstante, en el despacho instruido con el que se le notificó habla de Samuel Gonzales Álvarez, quien hubiere cometido el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, extremo que atenta sus derechos y garantías constitucionales como el debido proceso, seguridad jurídica y seguridad de procesamiento.


II.3. Recurso de casación de Germán Romero Vargas. 

El recurrente refiere que, en apelación restringida denunció que la Sentencia no individualizó el grado de participación de cada uno de los imputados, generando duda razonable, convirtiéndola en una resolución defectuosa; asimismo, en su fundamentación hizo hincapié en el grado de peligrosidad de los encausados y no así en la valoración integral de la prueba; por otra parte, demostró defectuosa valoración de la prueba signada como A-1, A-3, A-4, A-13 y A-14, las que fueron consideradas para la fundamentación, no obstante que debieron ser excluidas; agrega, que las pruebas A-7 y A-8 se encuentran viciadas de nulidad y no ameritaban valoración porque fueron obtenidas dolosamente; finalmente, expresa que el Tribunal de Sentencia llegó a la convicción de que todos los implicados cometieron el hecho delictuoso al mismo tiempo y en la misma forma, extremo que es inadmisible; por cuanto, la norma refiere que debe individualizarse a cada acusado y su participación en el hecho; en el caso, no se indicó los actos propios de cada imputado, vulnerándose normas del CPP, dando lugar a la duda razonable o el indubio pro reo, prueba defectuosa y procedimientos viciados de nulidad, considerando -en su criterio- que debió ser absuelto. 


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia. 2) La tarea encomendada por ley a este Tribunal de justicia referida precedentemente. 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


El recurso de casación, condiciona su admisión al cumplimiento de los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, constituyendo el plazo para su interposición y la obligación de señalar la contradicción con los precedentes citados en términos precisos, requisitos que deben ser examinados por el Tribunal Supremo de Justicia, porque del cumplimiento de los mismos depende que esta instancia, declare admisible o inadmisible el recurso, situación que tiene trascendental importancia a objeto de que este Tribunal pueda confrontar sobre la base de criterios ciertos y objetivos, la veracidad o no de cada uno de los motivos que hacen al recurso de casación.


IV.1.        Del recurso de casación de Cristóbal Llanos.  


En lo relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, se constata que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista complementario el 25 de enero de 2010 (fs. 600), interpuso el recurso de casación el 29 el que fue complementado el 30 del mismo mes y año, conforme consta en los cargos (fs. 634 vta. y 635 vta.); en consecuencia, dentro del plazo de cinco días que establece el primer párrafo del art. 417 del CPP.


Con relación a los motivos primero y tercero, el recurrente denuncia que el juicio se realizó sin la presencia del secretario del Tribunal de Sentencia y la auxiliar que participó como secretaria no tenía capacidad legal para actuar en el mismo, habiendo intervenido de manera ilegal usurpando funciones vulnerando los arts. 329, 330, 360, 361, 671 inc. 8) y 358 del CPP, aspecto que no fue considerado por el Tribunal de alzada; por otra parte, señala que el Auto de Vista debió dictarse dentro de los veinte días de realizada la fundamentación del recurso de apelación restringida conforme establece el art. 411 del CPP; en el caso, el Auto de Vista lleva por fecha 23 de octubre de 2009; sin embargo, se registró en el libro de tomas de razón el 10 de diciembre de 2009, lo que implica que se puso fecha antedatada, vulnerándose los arts. 411 y 160 del CPP. Cita el Auto Supremo “703/2004” que se encuentra en la Gaceta Judicial 1912; sin embargo, los motivos no contienen suficiente argumentación jurídica, limitando su accionar a citar la vulneración de las normas procesales referidas, sin precisar cuál sería la afectación material con el pronunciamiento del Auto de Vista impugnado, si bien invoca el Auto Supremo “703/2004” que data de 24 de noviembre para el motivo tercero, no expresa la presunta contradicción que existiría entre el Auto de Vista recurrido y el precedente señalado, incumpliendo así con los requisitos de admisibilidad del recurso de casación establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP; en consecuencia, los motivos devienen en inadmisibles; Además con relación a que el Auto de Vista se hubiera emitido fuera del plazo legal establecido por el art. 411 del CPP, se debe tener presente que a partir de la doctrina legal contenida en los Autos Supremos 240 de 12 de marzo de 2009, 259 de 6 de mayo de 2011 y 254 de 2 de octubre de 2013 entre otros, sostenida de manera uniforme por este Tribunal, en materia penal, el incumplimiento de plazos no acarrea la pérdida de competencia, menos la nulidad de lo actuado, sino la retardación de justicia que amerita la responsabilidad administrativa o penal de los funcionarios negligentes.


En cuanto al segundo motivo, expresa que en apelación restringida denunció defectuosa valoración de la prueba testifical; por cuanto, no se valoró de manera descriptiva, analítica e intelectiva, habiéndose vulnerado principios procesales, normas sustantivas y adjetivas a tiempo de dictarse la sentencia, que se traducen en la vulneración de los principios de legalidad, debido proceso e igualdad; añade que, el Tribunal de Sentencia no tomó en cuenta que ninguno de los testigos de cargo le identificaron como el autor del robo, además incurrieron en contradicción respecto a la presencia de armas, tampoco se aplicó en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica o libre convicción como son la experiencia, la sicología y la lógica. Cita como precedente el Auto de Vista de 16 de julio de 2008 dictado por la Sala Penal Tercera de Cochabamba.  

El motivo en análisis, se limita a señalar de manera general la vulneración de principios procesales, normas sustantivas y adjetivas a tiempo de dictarse la Sentencia, traducidos en la vulneración de los principios de legalidad, debido proceso e igualdad; no obstante, no expresa de manera clara y concreta qué normas sustantivas y adjetivas se hubiesen vulnerado, en qué consistiría la vulneración de los principios referidos, su connotación constitucional y el resultado dañoso; por otra parte, invoca como precedente el  Auto de Vista de 16 de julio de 2008, dictado por la Sala Penal Tercera de Cochabamba; sin embargo, no existe constancia de que el precedente invocado esté debidamente ejecutoriado; por consiguiente, al existir la posibilidad de ser recurrido en casación puede ser objeto de modificación de ahí porqué el Auto Supremo Nº 211 de 4 de abril de 2004 a manera de ilustración señaló: “Tan marcada y evidente es la incompatibilidad para determinar si verdaderamente existe contradicción entre los precedentes y el A.V. de fs. 375-377 objeto del recurso de casación, que a esto se suma la duda de que los Autos de Vista invocados como precedentes a fs. 378-379 y 381-384 de obrados, se hallan debidamente ejecutoriados, en los términos que previene el art. 126 de la Ley N° 1970, concordante con el art. 515 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, qué validez podría tener una resolución judicial susceptible de modificación por recursos ulteriores, si ésta es ofrecida como precedente?; el entendimiento doctrinario y sentido interpretativo del tercer periodo del art. 416 del Código de Procedimiento Penal, radica en buscar la uniformidad de la jurisprudencia y en tal virtud el presupuesto indispensable es que dichos precedentes invocados por los recurrentes en casación, estén debidamente ejecutoriados, lo que supone del tribunal la exigencia del requisito, y con mayor sigilo si se invocan como precedentes Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Distrito del país en sus Salas Penales”; en consecuencia, el motivo deviene en inadmisible.   


IV.2. Del recurso de casación de Peter Omar Calucho Gandarillas. 


Respecto al plazo para la interposición del recurso de casación, se constata que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista complementario el 8 de marzo de 2010 (fs. 638), interpuso el recurso de casación el 13 del mismo mes y año, conforme consta en el cargo (fs. 670); en consecuencia, dentro del plazo de cinco días que establece el art. 417 del CPP.


En cuanto a los motivos denunciados, el recurrente de manera general expresa que el Auto de Vista es una descripción y copia de los hechos y la Sentencia, viciando de nulidad el proceso al revisar prueba y asignarle un valor; por otra parte, cuestiona que la auxiliar del Tribunal de Sentencia fungió como secretaria, no siendo su responsabilidad ni competencia; agrega, que fue juzgado por el delito de Robo; no obstante, en el despacho instruido con el que fue notificado hace referencia al proceso penal seguido contra Samuel Gonzales Álvarez, quien hubiese cometido el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, extremo que atenta sus derechos y garantías constitucionales como el debido proceso, seguridad jurídica y seguridad de procesamiento; sin embargo, no explica fundadamente qué prueba fue objeto de revalorización por el Tribunal de alzada y si esa valoración afectó el resultado del fallo; asimismo, no contiene carga argumentativa respecto a la afectación material que le hubiese ocasionado la participación de la auxiliar como secretaria en el desarrollo del juicio y la notificación con el despacho instruido, citando simplemente la vulneración de los principios constitucionales sin proveer los antecedentes de hecho, no detalla con precisión en qué consistente la restricción o disminución de los principios supuestamente vulnerados y el resultado dañoso emergente de los mismos; finalmente, no invoca precedente alguno conforme establecen los arts. 416 y 417 del CPP, incumpliendo los requisitos de admisibilidad del recurso de casación; en consecuencia, este Tribunal no puede abrir su competencia para ingresar al análisis de fondo.


IV.3. Del recurso de casación de Germán Romero Vargas. 


En cuanto al plazo para la interposición del recurso de casación, se constata que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista complementario el 21 de julio de 2010 (fs. 682), interpuso el recurso de casación 27 del mismo mes y año, conforme consta en el cargo (fs. 694); en consecuencia, dentro del plazo de cinco días que establece el art. 417 del CPP.


Respecto al motivo en cuestión, expresa que en apelación restringida denunció que la Sentencia no individualizó el grado de participación de cada uno de los imputados, generando duda razonable convirtiéndola en una resolución defectuosa; en la fundamentación resaltó el grado de peligrosidad de los encausados y no valoró de  manera integral la prueba judicializada; por otra parte, demostró defectuosa valoración de la prueba signada como A-1, A-3, A-4, A-13 y A-14, pese a ello, fueron consideradas en Sentencia; agrega, que las pruebas A-7 y A-8, se encuentran viciadas de nulidad y no ameritaban valoración porque fueron obtenidas dolosamente, vulnerándose normas del CPP.


El recurrente conforme el motivo anotado, denuncia defectos de sentencia como errónea aplicación de la ley sustantiva por falta de individualización de los encausados en el hecho atribuido y defectuosa valoración de la prueba; sin embargo, carece de carga argumentativa; por cuanto, no explica de manera clara y fundamentada cuál sería el agravio ocasionado por el Auto de Vista impugnado con relación a los defectos denunciados, tampoco cumple con la obligación de citar precedentes contradictorios que ameriten la presunta contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado, incumpliendo con los requisitos de admisibilidad del recurso de casación establecidos por los arts. 416 y 417 del CPP; en consecuencia, no corresponde ingresar al análisis de fondo.

POR TANTO


La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Cristóbal Llanos, Peter Omar Calucho Gandarillas y Germán Romero Vargas, cursantes de fs. 626 a 634 vta., 635 y vta., 669 a 670 y 694 a 695.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA